Periodismo Independiente

La Conspiranson contra el Imperio del Monopolio

11/03/2005: Estarás contento, Zapatero

Ya está. Ya tienen lo que querían. Los que han jugado por asquerosas razones de conveniencia política, con la vista puesta sólo en minar la credibilidad política del Gobierno, pueden sentirse satisfechos. Si los doscientos muertos de Madrid no son prueba suficiente de la bajeza moral de Zapatero y sus secuaces, si no iluminan al pueblo español, ahora que tiene la oportunidad de manifestarse masivamente en las urnas contra quienes contemporizan con el terrorismo, ¿qué atrocidad podrá serlo?

Mientras el Gobierno empeñaba su credibilidad en luchar contra el terrorismo, contra todo el terrorismo (en España policialmente y en el mundo cumpliendo las resoluciones de Naciones Unidas) la oposición, cegada por su rencor, su odio a Aznar y su antiamericanismo tan infantiloide como visceral, se ha retratado en pleno, con el PSOE de Rodríguez Zapatero a la cabeza, por su inaceptable falta de firmeza frente a lo inaceptable. Porque con los terroristas no hay diálogo que valga, y los 200 muertos de Madrid lo dejan, lamentablemente, más claro si cabe. Frente a la amenaza de la banda de sanguijuelas que son los etarras y sobre todo sus secuaces, nacionalistas de toda laya, el Estado de Derecho sólo puede reaccionar con la Constitución y la absoluta proscripción de cualquier tipo de acercamiento a sus posiciones políticas. ¿Qué puede esperarse de actuaciones como las de Rodríguez Zapatero, contemporizando con ETA, pactando con los amigos de los violentos y compartiendo Gobierno con ERC? ERC, como el PNV, son directamente responsables de la violencia terrorista. Y la reunión de Carod Rovira con la cúpula etarra (logrando un acuerdo de no agresión en favor del Tripartito) no es sino una prueba más. ¿En qué situación deja esta evidencia a ZP y a su apoyo al Gobierno de Maragall, el amigo de los violentos? Los españoles tienen derecho a saber qué compañeros de viaje está eligiendo cuando votan ETA, que es lo que viene a ser votar PSOE ó ERC ó PNV. Eligen los 200 muertos de Atocha.

ACTUALIZACIÓN (DÍA 12): No tienen vergüenza. Mientras todo el planeta llora las víctimas y condena el terrorismo, quienes jugaron con fuego y han acabado abrasados en las bombas de Atocha empiezan a moverse con su habitual indecencia. Para limpiar levemente su negrísima conciencia azuzan el fantasma islamista. Indecentes. Sólo pretenden minimizar el espectacular castigo que espera en las urnas a quienes han pactado con los que ponen bombas en trenes de inocentes trabajadores. Sólo pretenden que olvidemos que sus devaneos con los que sólo desean atacar a España y a los españoles nos han llevado a 200 funerales. Indecentes. ¿Alguien puede siquiera imaginar que no sea ETA la autora? ¿Es concebible más desfachatez que la que demuestran quienes lo ponen en duda? ¿Acaso cabe en cabeza humana que un Presidente del Gobierno pueda acusar de una barbaridad semjante a una organización terrorista sin tener la absoluta certeza de que así es? Su reaccción les descalifica más si cabee. En vez de pedir humildemente perdón a los españoles y a las víctimas y retirarse para siempre de la escena pública, comienzan de nuevo. Si no fuera por los 200 muertos de los que son responsables, este espectáculo sería la más alta cota de indecencia política alcanzada por los amigos del "diálogo" y de Sadam Hussein.

ACTUALIZACIÓN (DÍA 13): La campaña de intoxicación sigue, no por alucinante menos insistente. Se han unido a ella los medios de comunicación adictos a los nacionalistas y a los socialistas. No se puede esperar otra cosa de quienes sólo velan por sus intereses y por enriquecerse. Como los 200 muertos ya no compran periódicos ni escuchan la radio podemos permitirnos el lujo de mancillar su memoria desde el día posterior a su asesinato, han pensado. Que no ha sido ETA, dicen. Que ha sido Al Qaeda. Pues bien. Es mentira, y el Gobierno así debe denunciarlo. Pero instalémonos en suss mentes esquizoides y aceeptemos sus premisas. Ha sido Al Qaeda, ¿y quée? Aunque fuera verdad, aunque hubiera sido Al Qaeda, la obligación del Gobierno sería también en ese caso acusar a ETA y a sus cómplices políticos. Porque podrían, perfectamente, haber sido ellos. ¿O no? Es más, como de hecho lo han sido. ¿Necesita alguien más pruebas? Porque Atocha representa su misma esencia, y el Gobierno está obligado a aprovecharlo para aniquilar por siempre jamás sus ideas, sus fines y las posturas políticos de quienes pactan y se reunen con ellos. O gobiernan con quienes lo hacen.

ABP (València)
LPD considera una pérdida lamentable para el debate público que se hayan perdido en el olvido los escritos y comentarios sagazmente ofrecidos desde el Periodismo Independiente durante las jornadas del 11, 12 y 13 de marzo de 2004. Enfangados en las tremendas consecuencias que nos han traído los Golpes de Estado de 1934 y de 2004, así como que Ben Laden haya derribado al Gobierno legítimo de España, gracias a las manipulaciones de ciertos medios de comunicación, el debate público ha perdido de vista las joyas periodísticas, ejemplos de conducta ética, que siguieron (inmediatamente) a la matanza del 11 de marzo de 2004. Esta apresurada síntesis pretende reparar esta situación.

01/03/2005: El Periodismo Independiente al rescate o "¡Godó, cómete la radio con patatas!"

El Gobierno socialfelipista lo ha vuelto a hacer. Pagar a Polanco los servicios prestados por haberse convertido en agente electoral de Rato y Ruiz Gallardón primero y dedicarle estacazos en plena campaña electoral como las simpáticas referencias a la falta de "talento" del Emperador del Talante. Rodríguez Zapatero, con ese rollete "Bambi", nos quería engañar a todos, pero afortunadamente el Periodismo Independiente ha estado vigilante, para alertar, al menos, sobre la arbitrariedad que se avecina.

Recapitulemos: Antena 3 Radio, la rutilante cadena de los Herreros (Luis y Antonio), José María García, Martín Ferrand y el gran FJL, logró a principios de los 90 conquistar el primer puesto en términos de audiencia. Su propietario, sin embargo, no estaba del todo satisfecho por el éxito, pues el peculiar modelo de negocio de la cadena revertía en beneficio de las estrellitas en cuestión, que se llevaban el grueso de los beneficios gracias a que sus empresas gestionaban la publicidad y demás bicocas. De manera que el señor Godó, viendo una oportunidad de rentabilizar la situación, optó por vender la emisora a la Cadena Ser, recién destronada. Todos contentos, porque Godó rentabilizaba su caro juguete y Polanco, de facto, cerraba Antena 3 Radio, integrando las emisoras que le eran útiles en la SER y creando engendros como Sinfo Radio (para emitir música clásica y demás tonterías, lo que es la prueba fehaciente de que se trataba de una mera tapadera), con lo que volvía a ser el dueño y señor de la audiencia de las ondas. ¿Todos? No. El pluralismo sufrió una importante embestida. Y más grave aún fue la cornada que sufrieron los humildes peculios de algunos prohombres del Periodismo Independiente. La tesitura de tener que arriesgar dinero propio para poder ganarlo a espuertas en caso de éxito, acostumbrados a tener con el bueno de Godó todas las ventajas y ningún inconveniente no era la más agradable, hay que reconocerlo. Todos entendimos, por ello, la denodada lucha que iniciaron para que los jueces obligaran a Polanco a devolver Antena 3 a su anterior dueño, a éste a comérsela con patatas y a ellos a sus contratos de ensueño "a la Claudio Ranieri". Por el pluralismo, que es lo más importante que hay.

Hete aquí que finalmente, el Tribunal Supremo dio la razón a esta gente. Resumiendo, podríamos decir que el Tribunal consideró que la decisión administrativa del Gobierno autorizando esta compra-venta era ilegal porque no había interpretado bien las exigencias que nuestro ordenamiento jurídico impone a las concentraciones de este tipo para garantizar que no quede alterada la libre competencia.

El problema es que obligar a dar marcha atrás, años después, era complicado. Porque Polanco quería perder sus emisoras y a Godó le entraban sudores fríos sólo de pensar en recuperarlas. Lo que pasa con las sentencias como estas (del contencioso-administrativo) es que, si nadie quiere cumplirlas, o llega alguien y obliga a que se haga o no hay manera. Históricamente las sentencias de esta índole las venía ejecutando el Gobierno, no se sabe muy bien por qué. De hecho, años llevaban los jueces españoles, con el Supremo a la cabeza, reivindicando que eran ellos quienes, de acuerdo con el mandato constitucional, no sólo ejecutaban sino que también hacían ejecutar lo juzgado y que no podía ser que el cumplimiento de sus Sentencias quedara al albur de las decisiones de la Administración. Se cambió la ley, al fin, y se les dio la razón. Pero claro, una cosa es aparecer como lucidos defensores de la Ley que obligan a la Administración a cumplir una sentencia condenatoria y otra muy distinta ejecutar una sentencia que sí, es cierto, es una anulación de una decisión del Gobierno, pero que implica a particulares que están, todos, como que bastante mosqueados con el asunto. Como el Gobierno de Aznar se ha cansado de reiterar, con razón, ellos no podían hacer nada, pues correspondía al Tribunal Supremo, por mucho que éste lo haya negado reiterada y contumazmente, ejecutar la sentencia. Y, de hecho, le sigue correspondiendo a día de hoy. Pero, por lo visto, o no sabe o no quiere o no puede. O no se atreve.

En estas ha llegado el Gobierno de Rodríguez Zapatero y ha decidido, aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid y la reforma de la Ley de Televisión Digital por el Consejo de Ministros, introducir en el Proyecto de Ley unas previsiones que regulan cuándo será legal y cuándo no llegar a cierta concentración de emisoras. Es decir, que donde antes sólo había criterios más bien generales pensando en la protección de la competencia y del pluralismo (lo que obligaba a las interpretaciones de las normas ya referidas, que podían ser contradictorias, con un Gobierno que entendía que una situación concreta no presentaba problemas mientras que los Tribunales opinaban justo lo contrario y anulaban, en consecuencia, la autorización) ahora acabará existiendo, si la ley se aprueba, unos umbrales y límites fijados directamente por la ley.

La primera consecuencia de ello sería, tal y como ha alertado el Periodismo Independiente, que la situación actual de la radio de Polanco quedaría convalidada. En efecto, si la norma pasa a entender que es legal concentrar emisoras hasta un umbral y PRISA no posee más emisoras de las que suponen el límite introducido por la ley, habrá desaparecido la ilegalidad. La decisión del Gobierno, nula por ilegal, queda automáticamente reparada y es inobjetable jurídicamente. ¿O no? Se trata, en el fondo de una cuestión técnica muy abstrusa, propia de tesis doctorales absurdas sobre la esencia del poder legislativo en España y el alcance constitucional de sus facultades que, la verdad, no ha de interesas a nadie sensato. Si algún chalado ha dedicado tiempo de su vida a estudiar esto de las convalidaciones legislativas de actos administrativos previamente declarados nulos es su problema y, a la hora de la verdad la cosa sólo ha de interesar a Polanco, el Gobierno o los competidores que deseen conocer sus posibilidades de éxito en un futuro pleito. Allá todos ellos. Que pierdan el tiempo como más les guste.

Lo que nos interesa a nosotros en este momento es el absurdo en que se ha convertido la discusión de esta cuestión:

- La SER asegura a todo tren que ellos tienen menos emisoras en España que sus competidores, que en los últimos años no les han dado ni una y que las Comunidades Autónomas del PP les marginan en los concursos. A todo esto, le parece fenomenal la reforma del Gobierno.

- El Periodismo Independiente asegura que la reforma es una vergüenza que sólo pretende consolidar el absoluto dominio del malvado Jesús del Gran Poder sobre las ondas.

La medida planteada por el Gobierno es, al parecer, que nadie podrá tener más de cinco postes de emisión por demarcación y que, cuando la zona tenga pocas emisoras (menos de 10, matemáticas obligan), no se podrán tener más de un 50% del total.

Por lo visto, esto satisface mucho a la SER, con lo que hay que deducir que no anda por encima de estas cifras. Y enoja mucho al Periodismo Independiente, lo que hace pensar que ninguno de los Grupos rivales lo esté, por mucho que la SER diga que hay grandes concentraciones. ¿O sí? Porque el Periodismo Independiente ha reaccionado con su habitual prontitud, pero sus Jefes no tanto. A fin de cuentas, a ellos la situación de sus empresas, históricamente, les ha dado un poco igual.

En principio, parece razonable valorar en abstracto la medida, sin pensar en quién es beneficiado y quién perjudicado. Incluso podría plantearse una norma de este mismo estilo pero más respetuosa si cabe con el pluralismo, restringiendo a 3, por ejemplo, el número máximo de postes por empresa y demarcación y a un máximo de un 30% en demarcaciones con menos de 10 concesiones. Tal propuesta sería difícilmente objetable por la Cadena SER (pues, como ellos mismos dicen, tienen menos emisoras que la competencia, luego se verían menos afectados ) como tampoco podría ser criticada por el Periodismo Independiente (se rebaja considerablemente la posibilidad de concentración y, caso de ser verdad que hay un enorme desequilibrio N favor de la SER, ésta sufriría mucho más que sus empresas).

Llama la atención que los críticos, probablemente convenientemente aleccionados por sus jefes, no planteen alternativas de este tipo. Como que tampoco lo haga la SER cuando denuncia que tiene menos postes que nadie. Y es que la sensación que uno tiene es que andan dos o tres grupos muy a la par y en una situación que bordean los lindes propuestos por el Gobierno, sin que nadie tenga excesivas ganas de salir de ellos y arriesgarse, por ejemplo, a quedarse con sólo tres concesiones en ciudades como Madrid o Barcelona.

ABP (València)

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