ACTUALIDAD DE ESPAÑA                         AÑO 2004

10/10/2004: ZP se paga una ronda de popularidad a cuenta del Estado de Derecho

Como ya denunciamos en su día, la reforma penal que incluía el primer proyecto de ley del Gobierno de Rodríguez Zapatero (el referido a la denominada, con sentido del humor, violencia de género) contiene elementos que son, sencillamente, de vergüenza. LPD se posicionó en su día, casi antes que nadie, en las inevitables posturas de la caverna. No tuvo especial mérito. Somos así y, en este caso, lo único que hicismo fue, con nuestro conservadurismo compasivo habitual, plantear cuestiones que habían sido tan obvias desde el siglo XVIII para las sociedades occidentales como la necesidad de que, por una parte, el Derecho penal (el poder punitivo del Estado) sea empleado sólo como última ratio y siempre con todas las garantías para los reos y, por otra, recordando que la consideración de que tal o cual conducta constituya un delito es aconsejable que dependa únicamente de la comisión de ciertas acciones o no (con el añadido, en ocasiones, de la concurrencia en las mismas de unas concretas intenciones o de la existencia de unas concretas situaciones de inferioridad o superioridad que se empleen torcidamente). Tampoco es mucho pedir respetar tres o cuatro pautas básicas que son las que diferencian el poder ejercido en una sociedad democrática y donde se respetan los derechos de los ciudadanos de la Edad Media, el actual Irak (ese faro para todo el Medio Oriente) y, en breve, de España.

Tales posiciones reaccionarias, lo que zafiamente se ha tenido durante los dos siglos y un poquito que ha pervivido indemne la idea de Estado de Derecho, están todavía avaladas por el Tribunal Constitucional en España. Reaccionarios como se les supone (más incluso que la totalidad, incluyendo tanto a la mayoría conservadora como a la minoría soi-disant progresista, del Consejo General del Poder Judicial, que presentó inicialmente batalla, entendiendo ambas facciones que estos aspectos de la reforma eran inaceptables, pero que tras perderla han callado miserablemente), es posible que en el futuro declaren inconstitucionales exotismos tales como que una amenaza proferida en el ámbito doméstico sea delito penado con cárcel y, por si la barbaridad ya era de por sí poca, que sólo lo sea incondicionalmente cuando la profiere el varón contra la mujer, pero no a la inversa. Habiendo eliminado Turquía hace unos años (en la estela de la España de la transición) el último bastión pre-moderno de sistemas penales donde había delitos que sólo podían cometer personas de un determinado sexo (por ejemplo, el adulterio, penado para las mujeres pero no para los hombres), es una alegría al menos para los historiadores que reaparezcan de la mano del nuevo (y bueno) talante. Cualquier investigador que desee asistir a una representación del Medievo judicial en directo, en plan espectáculo etnológico-jurídico, no tiene más que asistir a cualquier sede judicial española y buscar las hordas de eficientes (y bien pagadas) letradas que de oficio proporciona el Estado a las víctimas (sólo a las femeninas) de malos tratos en el ámbito familiar para engrasar debidamente la maquinaria de dislates. Como con el Santo Oficio, de las modernas técnicas de aplicación de la iniquidad en Derecho, han surgido jugosos negocios.

Sin embargo, y con esa posible excepción del Tribunal Constitucional (que, como decimos, nunca se sabe, es capaz de salir con tecnicismos de auto-escuela como el derecho a la igualdad, las garantías penales y la noción de Estado de Derecho para enfrentarse a la reforma), hemos de constatar a estas alturas que LPD se ha quedado ya en solitario como único representante de la carcundia y la caverna.

La maniobra envolvente del Gobierno socialista, que ha logrado en el Congreso (a falta de lo que ocurra en el Senado, pero el precedente permite intuir por donde irán los tiros) aprobar ¡por unanimidad! (o sea, con el voto a favor de la oposición) una reforma penal que sólo por la gran competencia de los tiempos recientes no podemos denominar con absoluta certeza como la más impresentable de las dos últimas décadas en toda Europa, ha sido un éxito. Básicamente, por lo que parece, ha consistido en presentar una ley demencial pero que "vende" imagen de proteger a las mujeres, con la maléfica idea de provocar la reacción del PP que, en el debate público, por razonable que pudiera ser en estos aspectos, quedaría estigmatizada como la de "los que no quieren defender a las mujeres". La estrategia es tan brillante como rastrera e irresponsable, y ha acabado conduciendo a la rendición incondicional del PP.

ZP se ha garantizado el aplauso de los imbéciles y ha logrado transmitir la imagen de que logra incluso, en su ansia infinita de proteger a las mujeres, medio reconducir a los machistas apaleadores que conforman la derecha española. No está nada claro que a medio y largo plazo sea, sin embargo, una estrategia rentable. Porque es de esperar que a la ciudadanía no se le ocultará eternamente que los ejercicios discriminatorios y arbitrarios del poder son indeseables. Y que, además, cuando afectan a llevar a la cárcel a cualquiera, mejor no andarse con bromas.

EStas cosas van por etapas. Las barbaridades penales, en el mundo en que vivimos, no se perciben por la opinión pública, dado los estratos sociales que la dominan, como preocupantes. A fin de cuentas, normalmente, y por supuesto, es algo que sólo afecta a la escoria: inmigrantes, gentes de baja extracción social y económica, con escasos recursos de todo tipo, que son quienes más problemas tandrán de lograr una buena defensa jurídica y caerán por ello en el infame mundo de las actuales asistencias letradas y los acuerdos con la acusación a los que son llevados entre engaños para evitarse males mayores. ¿Qué más da entonces una ley parafascista que permite a las autoridades, de hecho, condenar y encarcelar de manera arbitraria y con el único requisito de una denuncia previa del cónyuge (sólo si es de género femenino, eso sí), que puede estar motivada por los más espurios intereses? Pues poco, la verdad, se piensa inicialmente. A fin de cuentas, algo habrán hecho, que se trata de chusma. Poco importa si están en la cárcel o en la calle, o expulsados del país. Las feministas lo jalean, la corrección política también, y todos contentos.

Pero luego llega siempre un momento en que estas cosas dejan de ser una broma y se convierten en la antesala de que incluso nosotros, los favorecidos, podamos tener algún día un problema muy molesto. Que un conocido, un familiar, de repente, forme parte del 0'01% de personas ricas, formadas y con una posición a las que estas leyes penales (que las carga el diablo porque aunque ya contengan discriminación por razón de sexo en su contenido literal todavía no nos atrevemos a reintroducir en ellas, en esta tendencia nuestra medievalizante, pautas de discriminación por razón de cuna, con lo que fiamos el que no nos toquen a mecanismo "informales" y de tipo social, pero que no aseguran nunca un 100% de eficacia) se les pretendan aplicar. Y, entonces, la cosa cambia. Porque experimentar lo que es que con una simple denuncia, sin pruebas, la dinámica judicial de los juicios rápidos (¡con penas de cárcel en juego fruto de la inflación penal galopnate que nos azota!) y las conformidades más infectas, con fiscales y jueces macdonalizados en sus rutinas condenatorias y todo el aparato del Estado movilizado para solucionar estos problemas a través de una fórmula basada en un incondicional "todos los denunciados a la cárcel, que por algo han sido denunciados" en carne propia, o de nuestros iguales en la sociedad, no es lo mismo. Empieza a ser inquietante. Y no, por ahí no. Habrá que esperar, entonces, a que los dislates generalizados afecten también a las clases pudientes y de bienpensante y autocomplacida moral para que el clima social cambie.

Mientras tanto Rodríguez Zapatero se convierte en el primer Presidente de la democracia española que hace aprobar con orgullo una primera ley que recorta los derechos fundamentales, las libertades de los ciudadanos y que retrotrae a España a épocas felizmente pretéritas.

ABP (València)