ACTUALIDAD DE ESPAÑA                         AÑO 2004

24/06/2004: La deriva autoritario-reaccionaria del feminismo ZP

El Consejo de Ministros, si nadie lo remedia, ha decidido proseguir con la deriva demagógica que, en materia de justicia penal, creíamos que ya había llegado a cotas máximas con el Gobierno del Partido Popular (eso sí, siempre con el apoyo sumiso del PSOE en aras de respetar el sacrosanto Pacto por la Justica). Los años de Aznar dejaron el Código Penal de 1995 irreconocible a base de incrementos de penas a mansalva para la pequeña delincuencia y medidas represivas introducidas con calzador con la intención de hacer frente a preocupaciones sociales del momento. Daba igual que se tratara de ablaciones de clítoris o de perros-asesinos. Era indiferente que el problema fueran los malos tratos o la violencia callejera. La solución pasaba siempre por tipificar conductas (que, por lo demás, muchas de ellas ya eran delictivas, pero todo daba igual) e incrementar penas. Y, como de pasada, por introducir medidas de represión respecto de la libre expresión de ciertas ideas (nacionalistas) y de las pretensiones de articularlas políticamente.

El PP ya inició una alocada carrera por convertir el Derecho penal en la única solución del problema, cuya gravedad es imposible minimizar, que supone que haya hombres con tendencia a matar a sus novias, mujeres, o a las cajeras del Supermercado de la esquina. La llamada violencia de género (denominación política y yanuizadamente correcta que tampoco se sabe muy bien a qué se refiere, en concreto, porque parece claro que ni comprende toda la violencia doméstica, ni se puede ceñir sólo a la violencia doméstica) es una realidad.

No parece complicado pretender convencer a la población de que, junto a la educación y medidas de apoyo de todo tipo, es necesario también punir ciertos comportamientos. Es una desgraciada necesidad, dado que las imperfectas sociedades humanas no han alcanzado todavía solucionar ciertos problemas por otras vías que la expeditiva medida de recluir por largo tiempo en condiciones de para-animalidad a algunos de nuestros congéneres. La aceptamos, con pesar. Porque no hay más remedio. Pero siempre como ultima ratio, con un exquisito respeto a las debidas garantías (y muy particularmente a la presunción de inocencia) y atendiendo a las necesarias consideraciones de proporcionalidad. O eso creíamos.

En los últimos años la histeria colectiva que parece haberse apoderado de medios de comunicación y clase política nos ha hecho perder la perspectiva. Y, más grave, nos ha hecho perder esas referencias, pocas, tan básicas. La situación viene ya de hace tiempo y sus tenebrosas consecuencias (mediatas e inmediatas) están apareciendo ya por doquier. Quienes trabajan con el Derecho penal saben que la situación está llegando a cotas realmente preocupantes y francamente inaceptables en un Estado de Derecho. Que se manifiestan en situaciones como las denunciadas no hace mucho por no pocos Colegios de Abogados (que señalan algo tan sencillo de entender en su gravedad como que a día de hoy es más fácil acusar en casos de violencia doméstica que defender, dada la práctica inversión de la carga de la prueba producida) o por los los jueces barceloneses (que han alertado de cómo se han convertido en habituales las denuncias falsas por maltrato para, al amparo de una legislación que dificulta enormemente la defensa de cualquier acusado, obtener ventajas procesales y de fondo en pleitos de otra índole -económica, normalmente, por la cuestodia de los hijos, en otras- entre cónyuges). Y que dan idea de un panorama realmente alarmante. Lo que torna la ausencia de respuesta social frente a estos excesos en, sencillamente, aterradora.

Y, mientras tanto, al Gobierno socialista no se le ocurre otra cosa que dar una vuelta de tuerca más pero, rizando el rizo de la demagogia y del empleo del Derecho penal a la manera del régimen nacionalsocialista alemán (con explícitos fines "educadores" y estableciendo distinciones según la condición personal de los sujetos), preparando una Ley Integral contra la Violencia Doméstica que prevé medidas de "discriminación positiva" acompañadas del consabido e inevitable aumento de penas y eliminación de garantías.

Vamos a dejar de lado la vergonzosa tendencia, que prosigue, de incrementar gratuita e irresponsablemente penas así como de convertir cada vez más conductas en delictivas. Porque, a estas alturas del desbarre, es casi lo de menos. No es ya que estemos llegando al extremo absurdo de que cualquier discusión doméstica que llegue a la emisión del consabido grito (tan reprobable, por otra parte, pero tan poco significativo, por motivos evidentes derivados del acaloramiento y de la tendencia sanguínea de toda discusión castiza) de "te voy a matar" haya de suponer una pena de más de dos años de cárcel (¿a alguien sensato le puede parecer una medida así ponderada y proporcionada?, conviene recordar que con esas penas el ingreso en prisión es imposible de soslayar, de forma que estaríamos enviando dos añitos a la cárcel a cualquiera por unas amenazas que, un un 90% de los casos, carecen de todo fundamento efectivamente amenazante y que se emiten de manera si se quiere alegremente preocupante, pero sin que parezca normal encarcelar a la gente por ello). Es que, según las pretensiones avanzadas, se quiere distinguir entre que la amenaza venga de un hombre o una mujer para modular la pena. Es decir, que cuando dos personas realizan una misma conducta, el reproche que ésta ha de merecer se hace depender del sexo del sujeto agente y, también, del sexo de la víctima.

Al parecer, la constatación (fría estadísitica mediante) de que por cada 100 casos de violencia ejercida por hombres hay unos 40 de violencia ejercida por las mujeres (y téngase en cuenta el sesgo introducido por la tendencia de ciertos parricidas varones de suicidarse a continuación, que al parecer no se da prácticamente nunca cuando el autor del crimen es una mujer), ha hecho pensar a los redactores de la ley que aplicar un Derecho penal de checa a tanta gente no es conveniente y han tratado de reducir su ámbito de aplicación sólo a los varones.

Desgraciadamente es una aspiración de una grosera inconstitucionalidad. La alucinente sensación que provoca asistir a discusiones de estas características, con personas sensatas e inteligentes pretendiendo hacer comulgar a la sociedad con el empleo de la discriminación positiva en el Derecho penal, hace pensar que tiene que haber algo más. Hay voces que apuntan, de hecho, a que la barbaridad en vías de ser perpetrada es una maquiavélica maniobra de las gentes de ZP para provocar una agria discusión de la que a la opinión pública sólo llegaría un run-run muy difuminado que vendría a ser algo así como "ZP quiere proteger a las mujeres y los cabrones del PP defienden a los asesinos". Semejante confianza en la profunda imbecilidad del electorado, por común en los políticos españoles, podría llevar a dar verosimilitud a la teoría de la conspiración. Sin embargo, la verdad, es tan repugnante imaginar siquiera que alguien pueda de veras querer convertir el sistema judicial español en la más odiosa representación de todo lo que es una época ignominosa sólo para lograr tal efecto que habrá que dictaminar que estamos ante un caso, lamentable, de pura y llana incompetencia, falta de sensibilidad y desconocimiento de las pautas básicas que han de inspirar la política criminal en un Estado de Derecho.

ABP (València)