Hechos, juicios de valor y razón pública. Algunas reflexiones sobre política fiscal

Una de las ideas más célebres del sofista Protágoras  fue que “el ser humano es la medida de todas las cosas”. En este simple enunciado tenemos una idea seminal cuyo desarrollo permite desplegar toda una ciencia política. Por “todas las cosas” no sólo hay que entender los hechos de la realidad empírica, sino también los valores de toda aquella realidad intangible del pensamiento humano que fundamentan los principios e ideales de nuestra cultura y civilización.  Nuestra concepción del Estado, uno de los mayores inventos de la humanidad que tiene su origen en las polis griegas como la Abdera de Protágoras, vale como ejemplo de los intereses y voluntades que entran en juego en su diseño institucional.

Nuestros actuales estados se parecen poco ya a los del pasado, sobre todo por lo que se refiere a uno de los vectores más poderosos en la estructura y funcionamiento de los estados modernos, la fiscalidad, que en sus orígenes no sólo servía para financiar las instituciones políticas y unas pocas prestaciones sociales, sino también para discriminar la ciudadanía política y la participación en el poder del Estado. Sólo aquellos ciudadanos que podían pagar impuestos por sus propiedades y rentas podían participar no sólo como candidatos electos sino también como electores. Con el tiempo, las necesidades recaudatorias de los estados para financiar, de una parte, los mecanismos de control y represión social, y por otra parte, la cobertura económica de las clases dirigentes para la expansión de sus negocios y capitales, llevó a generalizar la fiscalidad al conjunto de la población, lo que comportó la extensión de los derechos políticos a una ciudadanía que hasta entonces sólo había conocido en el papel de las declaraciones y las constituciones una serie de ideales de conducta que podemos sintetizar con la expresión “imperio de la ley” y “justicia social”. El problema con el que ahora se encuentran las clases dirigentes es cómo armonizar las políticas fiscales y las demandas democráticas de una sociedad consciente de sus derechos de ciudadanía, sobre todo cuando ya han disfrutado de los derechos sociales y ven cómo se los recortan o simplemente suprimen.

No deja de sorprenderme –y hasta sería cómico si no fuera por las brutales consecuencias entre los afectados–  el observar cómo los pensadores liberales clásicos eran partidarios de una mínima dimensión del Estado, cuya fiscalidad debía limitarse  a garantizar el mantenimiento del ejército y la policía, la fijación de un valor de cambio artificial y arbitrario como la moneda, la creación del dinero bancario sobre el mecanismo de la deuda y la unidad del mercado, primero a escala nacional y después internacional, para no interferir en los negocios de los propietarios ni condicionar la libertad de empresa ni la libre disposición del capital, mientras que los neoliberales actuales, por el contrario, abogan por estados fuertes que, de una parte, den cobertura legal a todos los intereses de las élites económicas, y por otra parte, mejoren su eficacia y productividad en la recaudación de impuestos en las clases subalternas a fin que recaiga sobre estas mismas clases la mayor parte de la presión fiscal para la financiación del Estado, cerrando de este modo un círculo perverso en el que son las clases más desfavorecidas económicamente, la inmensa mayoría de los trabajadores asalariados, aunque también podríamos añadir aquí a los autónomos y propietarios de pequeñas empresas, que en su conjunto no tienen ninguna influencia en la toma de decisiones de las instituciones del Estado –porque la democracia es representativa para los de abajo pero directa para los de arriba, quienes no padecen ninguna clase de déficit democrático— los que acaben financiando los mecanismos que les oprimen y les mantienen en los márgenes del poder. Porque quién se cree hoy, cuando el capitalismo ha convertido cualquier coyuntura en una crisis que rebaja continuamente los derechos sociales,  que la mayoría de personas sin recursos económicos, aunque tengan una educación y formación superior, son libres para escoger su trabajo y acordar unas condiciones laborales dignas y equitativas con sus empleadores cuando las más de las vece esas mismas personas están obligadas a aceptar los trabajos que se les ofertan y a someterse a unos deberes y leyes inmorales para sobrevivir, a sabiendas que entran en conflicto con su conciencia y el principio ético de justicia.

Cualquier trabajador con una mínima conciencia de clase sabe perfectamente que lo que más le conviene es una política fiscal progresiva que le permita tener unas prestaciones públicas universales y de calidad, como la sanidad y la educación. Decir que bajar los impuestos es de izquierdas, como afirmó un infame presidente de gobierno en nuestro país,  es una imbecilidad. El problema no es una fiscalidad, ni siquiera cuando ésta es elevada. Piénsese, por ejemplo, en los países escandinavos. El problema para las clases populares es la existencia de una fiscalidad regresiva como el IVA, y lo que todavía es peor una baja productividad en la recaudación fiscal. Porque si lo primero acentúa las desigualdades económicas, lo segundo afecta principalmente a las clases populares al ser éstas las que tienen menos recursos y posibilidades para defraudar frente al fenómeno de la planificación fiscal de las grandes empresas y fortunas para no pagar más que el 6% del 25% del impuesto de sociedades, y todo de formal legal, instruidos por las más excelentes  escuelas de negocios y asesorados por los más competentes despachos de abogados fiscalistas. Es una obscenidad moral que en un Estado que se llame de derecho el grueso de la recaudación fiscal proceda de las rentas de trabajo, esto es, las percepciones salariales (el 80,5% en el IRPF según datos del 2009) en una desigual proporción con las rentas de capital, esto es, los beneficios, intereses y dividendos. Y lo que resulta más escandaloso es que la aportación de las rentas del capital haya disminuido progresivamente los últimos años, en particular desde el comienzo de la actual crisis en el 2007, mientras que las rentas de trabajo desde esa misma fecha no sólo hayan sido congeladas sino que han experimentado una regresión a causa del elevado precio de la vivienda de compra y de alquiler durante la burbuja inmobiliaria, totalmente desajustado con el salario real, la inflación que ha ido siempre uno o dos puntos por delante de la revisión de los salarios sobre la base del IPC y los recortes salariales. Si pongo como ejemplo mi propia situación, el X Convenio de la Enseñanza Privada de Cataluña  no se ha firmado hasta 5 años después del anterior Convenio, sin que estos años haya tenido ninguna subida salarial en relación al IPC. Y el 1% de aumento salarial ahora conseguido no será finalmente pagado por aquellos empresarios que a sus empleados les pagasen el mismo salario que a los trabajadores en pago delegado por el concierto educativo. Si tardamos cerca de 10 años en conseguir, en arduas negociaciones privadas, una equiparación salarial del 90% con el pago delegado, han bastado unos meses de recortes en el pago delegado para perder  súbitamente los aumentos conseguidos. Y todo legal con el aval de la jurisprudencia del Tribunal Supremo.

Sólo hay que consultar en internet las páginas de los funcionarios de la administración tributaria como la de la GESTHA para darse un baño de realismo político. Algunas de las cifras que ahí se hacen públicas es que el 71,8% del fraude fiscal en España (información del 15.12.2011) deriva de las grandes empresas y fortunas (aproximadamente unas 3000), en una proporción de 3 a 1 con respecto al fraude fiscal de las PYMES y los autónomos. En las mismas páginas también se puede leer que la estimación en términos absolutos del fraude fiscal en España cada año es de unos 80.000 millones de euros, aproximadamente un 10% de la actual deuda pública española (unos 800.000 millones de euros, el 91% del PIB español). Desde la ingenuidad de quien escribe bastaría pensar que el desarrollo de una administración tributaria eficaz permitiría recaudar el suficiente dinero no sólo para pagar los intereses anuales de la deuda pública, sin tener que recortar ya prestaciones públicas vitales para la mayoría de la población, sino para devolver en unos pocos años el capital prestado. Y dado que esa medida necesita unos cuantos años para obtener los resultados esperados, sería de esperar que se acometieran las reformas lo antes posible.

Sin embargo no ha existido en los gobiernos anteriores ni existe en el gobierno actual voluntad política para realizar tal reforma administrativa. A esta misma conclusión llega Dídac Queralt, un politólogo experto en política fiscal, en un recomendable artículo publicado este mismo año bajo el título “Una política fiscal eficaz y progresiva”, y que el pasado 19 de marzo presentó en la sede de NOVA en Barcelona una ponencia a los amigos del Projecte Democràcia Econòmica en la que desarrollaba las ideas apuntadas en ese mismo artículo. En verdad, la administración tributaria ha hecho justamente todo lo contrario a una reforma fiscal, como subrayó el mismo Dídac aportando datos y cifras como principal argumento y que sintetizo en los siguientes puntos:

1. En primer lugar se ha aumentado en 5 puntos en un plazo de 2 años el tipo general del IVA, hasta llegar al 21%, con barbaridades como aplicarlo a actividades educativas y culturales, que traumáticamente ha batido el récord al partir de un 4%. Naturalmente se ha intervenido en el tributo de más fácil recaudación y el que menos daño podía hacer a los grandes defraudadores fiscales, de tal modo que los que antes ya pagaban ahora pagarán más, mientras que los que antes no pagaban ahora seguirán haciéndolo.
2. En segundo lugar se ha acometido, contra las recomendaciones de los expertos de la Unión Europea que predecían una recaudación máxima del 15% y que a la hora de la verdad se quedó en el 2%, una amnistía fiscal (que vio la luz el 30 de marzo del 2012) para hacer emerger el dinero oculto de la economía sumergida española, cuya cuantificación no es fácil determinar, pero que la GESTHA ha situado en el 23,3% del PIB (lo que explica en gran medida que, con las tasas oficiales de paro del 25,8% de la población activa en el 2012, no haya estallado todavía una revolución social); una amnistía cuya normativa fue redactada por los grandes despachos de abogados fiscalistas para proteger a sus mejores clientes y grandes defraudadores, y que sólo ha servido, tras las expectativas frustradas, para limpiar el dinero más sucio como el derivado de casos de corrupción política y minar la responsabilidad tributaria.
3. En tercer lugar, lejos de fortalecer la administración tributaria, aumentando el número de inspectores y ampliando las competencias de organismos como la Delegación Central de Contribuyentes, que es la unidad de inspección de las grandes empresas y fortunas, cuyo número asciende a unas 3000, que se lleva la peor parte del fraude fiscal, desde el 2011 sólo se cubre 1 de cada 10 vacantes, desde el 2013 se ha reducido el presupuesto un 13% con respecto al 2012 y se recurrirá para el ejercicio del 2013 a la externalización de los servicios de auditoría, que se dejará mayoritariamente en manos de los notarios. De hecho, los costes de personal  de la Administración tributaria sobre el PIB fue del 0,098 en el 2009, el más bajo de los 15 países miembros de la Unión Europea (con la excepción de Grecia por falta de datos) en aquella fecha.
4. Por último, las autoridades se han pasado por el forro todas las recomendaciones de los mismos funcionarios a su servicio, que planteaban cosas tan razonables como aumentar los años de inspección de 2 a 4 años para evitar la cancelación de los expedientes, basar los incentivos salariales de los inspectores en la magnitud de los expedientes y no en su cantidad, lo que movía a centrar su atención en los pequeños defraudadores, y limitar el pago en efectivo de las sanciones a 1000 euros.

A la vista de todos estos hechos uno no sabe si pensar que estamos gobernados por una pandilla de incompetentes e imbéciles que nos llevan a las posiciones colistas de todos los rankings europeos o por unos comisionistas de los grandes defraudadores fiscales. Sea lo que fuere, está claro que la política fiscal que se ha venido haciendo en España, con independencia del partido gobernante, es el mayor fraude a la democracia en nuestro país. Su única finalidad es mantener los privilegios de las élites económicas sobre las espaldas de la clase trabajadora. Y a cambio de muy poco, porque, aparte la financiación de los grandes partidos y el cobro de comisiones cuya magnitud es irrelevante para las grandes empresas y fortunas, lo único que les dejan manejar es la marca España desde el nacionalismo centralista o la marca Catalunya desde el nacionalismo periférico, y aquí, a veces, ni eso.

FUENTES:

Información económica del diario Público:

http://www.publico.es/dinero/440861/las-rentas-del-trabajo-ya-superan-el-80-en-el-irpf

Sindicatos de Técnicos del Ministerio de Hacienda:

http://www.gestha.es/

Jorge Onrubia, “La reforma de la administración tributaria: mitos y realidades”, 2012.

http://www.ieb.ub.edu/phocadownload/foro/paper_at%20_jorge%20onrubia_def.pdf

Dídac Queralt, “Una política fiscal eficaz y progresiva”, 2013.

http://www.eldiario.es/agendapublica/politica-fiscal-eficaz-progresiva_6_88601151.html