Entrevista a Arriando Velas, conseller de Inconomía y desempleo

Arriando Velas, Conseller de Inconomía y desempleo

Pregunta. ¿Desde qué año ocupa usted puestos de responsabilidad en la gestión económica autonómica?

Respuesta. Desde 1998

P. ¿Desde qué años hay proveedores sin cobrar deudas de la Comunidad Valenciana?

R. No se lo puedo decir, estoy protegido por la ley de datos personales

P. ¿Qué cargos ha ocupado en la Generalitat?

 

R. Nada, poca cosa, director general de inconomía de 1998 a 2002, subsecretario de despolítica presupuestaria y tesoro de 2002 a 2007, secretario autonómico de inconomía y presupuestos de 2007 a 2011 y por fin, Conseller.

P. ¿Cuáles eran sus funciones?

R. Las que me mandaban

P. ¿Quiénes?

R. Los Consellers que me precedieron y els molts honorables.

P. ¿Les ha dicho alguna vez que no?

R. ¿No?, no. ¿Por qué debería de haberlo dicho? A los jefes nunca hay que decirles no. Si lo hubiera hecho, ¿cree que sería hoy el Conseller?

P. ¿Cuánta deuda tiene acumulada la Generalitat?

R. Tendría que mirarlo y no tengo tiempo. Mírelo usted en el informe de la Sindicatura de Cuentas. Ellos son los responsables de decirlo. Y además, eso es un tema que a mí y a al actual Consell no se nos puede imputar. Hemos tenido que lidiar con una herencia que pá qué…

P. En mi documentación consta, 982 millones de la administración de la Generalitat y otros 1.237 millones de las empresas del sector público de la Generalitat, que sumado asciende a 2.219 millones de euros de deuda pendiente para imputar a los presupuestos de la administración.

R. Sus datos no son correctos. Si es que no tienen ni idea. Ese es el importe de las facturas que estaban en los cajones, sin contabilizar y aireadas por el plan de pago a proveedores del gobierno central. Son las menudencias ésas que han provocado que el Ministerio de Hacienda
haya corregido la cifra de déficit dada a Europa. La deuda total
de la Comunidad Valenciana es mayor.

P. ¿No tenía responsabilidad para poner freno a la creación de tanta empresa, fundación, sociedad del sector público autonómico?

 

R. No, ¿por qué hubiera debido de tenerla? Son otros entes, tienen personalidad jurídica diferente que la de la Generalitat

P. Desde hace décadas el mundo académico cuestiona la creación de esos entes por encontrarse entre los motivos para su proliferación el maquillar la deuda del ente del que dependen, la Generalitat. Usted procede del sector académico

R. Sí

P. Usted ha sido responsable político del presupuesto de la Generalitat desde 1998

R. Visto así, quizás debería haberme preocupado. Pero había mucha deuda que diluir, personal que colocar y procedimientos de contratación que flexibilizar.

P. Cuando esos entes y entidades no pueden hacer frente a esas deudas, ¿quién la asume?

R. El presupuesto de la Generalitat, claro. Vea Terra Mítica, Ciudad de las Artes y las Ciencias SA

P. La deuda potencial de la Generalitat aumenta entonces. A la deuda a cargo de las Consellerias se suma la del sector público

R. Sí.

P. Como responsable de las finanzas de la Generalitat, ¿cómo justifica haber permitido tal gestión?

R. Las políticas de inversiones públicas, el modelo arrastrado tras la Primera Guerra Mundial, el coste que requiere el Estado de Bienestar…

P. Considera que la Comunidad Valenciana ha profundizado en su estado de Bienestar en la época del esplendor económico.

R. Ciertamente no, pero no sólo se ha destinado el dinero a los grandes proyectos, como nos acusa la oposición. Lo que ocurre es que ellos aún no saben que el ocio es también un servicio esencial. Desde ese punto de vista sí que hemos mejorado el Estado de Bienestar

P. ¿Por qué tanto dinero público destinado a la obra de grandes proyectos?

R. Ya sabe, primero porque los extranjeros sitúen a Valencia en el mapa, segundo por estimular a las empresas y al empresariado valenciano y de fuera.

P. Pero usted pertenece a un gobierno de un partido liberal cuya política económica se basa en la poca intervención económica.

R. Sí, e intervenimos poco en lo que se trata de dar una financiación adecuada a los servicios públicos esenciales. Le confieso, no obstante, que seguimos los postulados de la intervención con dinero público, del presupuestar con endeudamiento, para dinamizar sectores en los que estratégicamente se sitúan empresarios liberales defensores de la no interveción pública que necesitan el empujón de la inyección del dinero público para empezar o consolidarse

P. Dígame al menos que tenían informes que aseguraban que esas inversiones en los grandes proyectos y eventos iban a recuperarse.

 

R. No, no se lo puedo decir. Los acuerdos de confidencialidad firmados con esas empresas no me lo permiten

P. ¿Qué ha conseguido con esa política de endeudamiento?

R. Demostrar que la gestión pública de los sectores esenciales no es sostenible, que el sector privado ha de entrar en esos ámbitos de gestión para que sean eficientes.

P. De las crisis se aprende…

R. Claro, de las crisis se aprende. Una consecuencia positiva es que en tres o cuatro años se habrá acabado el presupuestar con endeudamiento. El modelo que viene de la Primera Guerra Mundial, que daba por hecho que la Administración se endeuda, se ha terminado. Eso quiere decir que las políticas de inversión públicas serán mucho menos ambiciosas que en el pasado y que presupuestar con deuda no será posible.

Se habrá conseguido que la capacidad de inversión pública sea menor. La crisis ha demostrado que las Administraciones no pueden continuar endeudándose porque no serán viables.

P. Y con esos planteamientos ¿Cómo se va a crear empleo?

R. La ocupación no la crea el sector público, la crea el sector privado en la medida en que se crea confianza. El déficit público elevado es el origen de la paralización de la actividad económica existente. Si una Administración tiene déficit es que ha gastado más de lo que ha ingresado. Y al final tiene que destinar dinero de otras políticas a pagar intereses.

P. ¿Ha necesitado la CCVV como laboratorio para comprobar la certeza de esos planteamientos?

R. Sí

P. Gestionar deuda es gestionar humo. ¿Ha necesitado diez años y ocupar los cargos en la Generalitat para darse cuenta?

R. Sí

P. ¿No podía haber practicado sus experimentos en su casa?

R. Pero veamos, no obviemos el problema de financiación que tiene la Comunidad. Siempre hemos dicho que tenemos un sistema de financiación desigual, injusto y que se tiene que cambiar. Ello explica un porcentaje elevado de la deuda de la Comunidad Valenciana.

P. ¿Cuándo empezó el problema de financiación de la Comunidad Valenciana?

R. En 1998, con el Acuerdo de financición firmado por el entonces Presidente, José Mª Aznar y el  Señor Pujol.

P. ¿Entre quiénes se firmó ese acuerdo por parte de la Comunidad Valenciana?

R. Entre José Mª Aznar y Eduardo Zaplana

P. ¿Por qué se firmó?

R. ¡Qué cosas pregunta! José Mª Aznar necesitaba el apoyo de Jordi Pujol para gobernar con mayoría absoluta. El Señor Pujol barrió para Cataluña, calro, como solía. El Acuerdo favorecía a Cataluña y también favorecía a Andalucía, en detrimento de Valencia.

P. ¿Qué pasó en 2001?

R. Se aprobó la Ley 21/2001 de financiación de las Comunidades Autónomas..

P. ¿Entre quiénes se firmó?

R. Los mismos, José Mª Aznar y Eduardo Zaplana, por parte de la Comunidad Valenciana.

P. ¿Favorecía a la Comunitat Valenciana?

R. No, se tomaron como datos de población los de 1999. No nos favorecía, lo sabíamos. No tuvimos en cuenta el carácter dinámico, móvil de la Comunidad,  pero lo teníamos que aceptar. Pensamos que Valencia haría más con menos

P. Pertenece a un gobierno de un partido reformista. Las medidas de Rajoy están grabando en la piel de los españoles a fuego las idea de la responsabilidad por nuestros actos ¿le preocupa?

R. No, ¿por qué?

P. El Gobierno de Rajoy tramita el proyecto de ley de transparencia administrativa y buen gobierno. Leo:

 

Artículo 25. Infracciones en materia de gestión económico-presupuestaria.
Constituyen infracciones muy graves:
– La administración de los recursos y demás derechos de la Hacienda Pública sin sujeción a las disposiciones que regulan su liquidación, recaudación o ingreso en el Tesoro.
– La incursión en alcance o malversación en la administración de los fondos públicos.
– Los compromisos de gastos, reconocimiento de obligaciones y ordenación de pagos sin crédito suficiente para realizarlos o con infracción de lo dispuesto en la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, o en la de Presupuestos u otra normativa presupuestaria que sea aplicable.
– La ausencia de justificación de la inversión de los fondos a los que se refieren los artículos 78 y 79 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria y la Ley General de Subvenciones o, en su caso, la normativa presupuestaria equivalente de las administraciones distintas de la General del Estado.

P. Sigo, en el artículo 26, infracciones disciplinarias muy graves:

– La adopción de acuerdos manifiestamente ilegales que causen perjuicio grave a la Administración o a los ciudadanos.
– La prevalencia de la condición de alto cargo para obtener un beneficio indebido para sí o para otro.
– El notorio incumplimiento de las funciones esenciales inherentes al puesto de trabajo o funciones encomendadas.

P. Le leo las sanciones

Artículo 27.Sanciones:
Por la comisión de las infracciones reguladas en el artículo 25 y las faltas graves y muy graves reguladas en el artículo 26 se impondrá al infractor una o más de las siguientes sanciones:
– La destitución en los cargos públicos que ocupen, salvo que ya hubieran cesado en los mismos.
– La inhabilitación para ocupar alguno de los cargos incluidos en el artículo 22 durante un periodo de entre 5 y 10 años.
– La declaración del incumplimiento y su publicación en el Boletín Oficial del Estado.
– Las sanciones aplicables en cada caso por la comisión de infracciones muy graves, graves o leves se determinarán en base a los criterios recogidos en el artículo 131.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y los siguientes:
La naturaleza y entidad de la infracción.
La gravedad del peligro ocasionado o del perjuicio causado.
Las ganancias obtenidas, en su caso, como consecuencia de los actos u omisiones constitutivos de la infracción.
Las consecuencias desfavorables de los hechos para la Hacienda Pública respectiva.
La circunstancia de haber procedido a la substancia de la infracción por propia iniciativa.
La reparación de los daños o perjuicios causados.

R. Vaya, ¿y ha de ser en mí en quien se aplique primero?

P. Podría ser

R. ¿Conoce la irretroactividad?

P. ¿Y usted la responsabilidad política?

R. Esa norma no se aplicará a las autonomías, será básica. De obligado cumplimiento sólo para el  Estado y las Comunidades Autónomas la aplicaremos si queremos. Y  si no queremos, no

P. Se aplicará a todos. Le sigo leyendo

Título II. Buen Gobierno. Artículo 22.  Ámbito de aplicación.
En el ámbito de la Administración General del Estado las disposiciones de este Título se aplicarán a los miembros del Gobierno, a los Secretarios de Estado y al resto de los altos cargos de la Administración General del Estado y de las entidades del sector público estatal, de derecho público o privado, vinculadas o dependientes de aquella.
A estos efectos, se considerarán altos cargos los previstos en el artículo 3.2 de la Ley 5/2006 de conflictos de intereses de miembros del Gobierno y altos cargos de la Administración.
Este Título será de aplicación a los altos cargos o asimilados que, de acuerdo con la normativa autonómica o local que sea de aplicación, tengan tal consideración.

P. ¿Piensa a dimitir?

R. No

P. ¿Cree que le deben destituir?

 

R. No sé

P. Si la Generalitat fuera una empresa, una S.A., en la que Ud. tuviera invertido su capital, ¿se hubiera postulado para ser su presidente?

R. Creo que no. Bueno, no.

 

Etiquetas crisis económica, Ficción, intervención comunidad autónomas, presupuesto autonómico, responsabilidad por mala gestión de finanzas públicas