ACTUALIDAD DE ESPAÑA                          MAYO DE 2003

03/05/04: Recurso de inconstitucionalidad y expulsión: (Clarísimo Ushiro Nage sobre José María Aznar -II-)

Decíamos en la primera parte a este comentario ("No me jodas, Jiménez" -I-) que era incomprensible la actuación del Gobierno Ánsar al recurrir el Plan Ibarretxe en pleno proceso de gestación del mismo. ¿Pero no está esta gente contra el aborto?

Aventurábamos dos explicaciones: que la confianza de Acebes en los jueces del Tribunal Constitucional y su degradación fuera mayor todavía que la de la más politizada clase política (y, ojito, que rozando el palo ha salido el chut a puerta, pues 5 de 7 jueces han comulgado con las ruedas de molino gubernamentales) o que se tratara de una envenenada maniobra para situar al previsible Gobierno ZP en situación de dificultad.

Pues en esas estamos. La mayoría de los jueces del Tribunal no ha tenido dudas en determinar, en lo que es un resumen un tanto particular pero ajustado del texto del auto (que hemos tenido la gentileza de leer por Ustedes, pero que pueden encontrar aquí), que la pretensión del Gobierno era una soberana gilipollez. Eso es, más o menos, lo que viene a decir el Tribunal. Si queremos hilar más fino, y yendo ya a hacer leña del árbol caído, podríamos señalar que adicionalmente el Constitucional viene a comentar que la ocurrencia es, además, rayana en el autoritarismo antidemocrático.

La cosa se comenta sola. Son unos miserables (los 7 y, si me apuran los 5 restantes que no han sido capaz de neutralizarles debidamente). Vamos, un Ushiro Nage en toda regla contra Ánsar. Y es que sólo unos miserables podían dudar de la constitucionalidad de la pretensión gubernamental de parar en seco a los pérfidos nacionalistas vascos. Con todo, en LPD, como dejamos siempre todas las opciones abiertas, vamos a tratar de perfilar con la ligereza que nos caracteriza los argumentos del fallo.

Básicamente, si recuerdan la exposición que realizábamos sobre las diferencias entre el jamón de jabugo y los puercoespines, tendrán todo más claro. Lamentamos tener que repetirlo: en España las leyes, por malvadamente inconstitucionales que sean, ha de ser recurridas una vez son ya leyes. Mientras están tramitándose no, por muchos motivos. Porque no está previsto. Y punto, que ya es suficiente. El TC añade algunos más, por eso de lucir un poco el auto de inadmisión, como para atenuar la bofetada: que si no tiene sentido recurrir algo que puede cambiar, que si no puede cercenarse la misma esencia de la democracia como es dar a los representantes del pueblo la opción de debatir cualquier alternativa sin que sea posible cualquier injerencia en el proceso de gestación de la voluntad de un parlamento... Como verán, metrosexualadas de gran calibre para no acabar zanjando el asunto con un auto de dos párrafos, que casi es lo que daban ganas de hacer.

El voto particular de Jiménez de Parga, con una brevedad que es muy de agradecer (por ello es muy recomendable, pues expone con claridad de qué va el asunto desde la óptica de quienes entendían posible recurrir la constitucionalidad del Plan Ibarretxe antes de que se convirtiera en ley), lo explica de forma límpida: ¿acaso se han creído Ustedes que en una democracia, y menos todavía en la española, vamos a consentir que los diputados debatan sobre lo que les dé la gana? Se empieza así y se acaba con el país plagado de pancarteros. O, pero todavía, se acaba sin país.

Como podrán comprobar si tienen la paciencia de enfrentarse a los textos, Jiménez de Parga se está buscando la vida ahora que se acaba su mandato en el Constitucional. Hasta la fecha hemos leído pocas declaraciones de intenciones jurídicas tan claramente encuadrables en lo que está necesitando el Tribunal de Garantías Constitucionales del recién y humanitariamente liberado y soberanamente remozado Irak.

La miserable actuación del Constitucional obliga a plantear en qué situación queda ahora el Gobierno español a la hora de presionar/influir sobre el nacionalismo vasco en la tramitación de su reforma estatutaria. Que ésta es claramente inconstitucional no lo duda nadie. Que su éxito o fracaso depende de una batalla política y no jurídica, tampoco. Justamente por este motivo es absurdo dar armas al Gobierno vasco metiendo la pata con un recurso tan endeble y en esencia dudosamente respetuoso con el juego democrático como el que se planteó.

Ánsar, como el Cid, sigue ganando sus particulares batallas después de amortizado políticamente. La del encono con los representantes de los vascos, aunque sea a costa de debilitar los argumentos de España en el contencioso que se avecina, por goleada.

ABP (València)