ACTUALIDAD DE ESPAÑA                          NOVIEMBRE DE 2003

6/11/03: Recurso de inconstitucionalidad y expulsión ("No me jodas, Jiménez" -I-)

LPD no quería hablar del Plan Ibarretxe porque todo el asunto es una soberana gilipollez cuyo análisis merece bien poco la pena y porque, por mucho que el maléfico proyecto del PNV afecte al espíritu de Españaza una grande y libre, nosotros estamos psíquicamente indemnes, por el momento, y nos afectan poco los ataques a esa entelequia emocional. Sin embargo, es tal el furor que se ha desatado en los últimos días, que no hemos tenido más remedio que ocuparnos de resaltar sus más extravagantes implicaciones.

Igualmente, por higiene mental, hemos prestado poca atención a los desgarrados grititos de vírgenes ofendidas que desde Españaza se escuchan. El PP y la nueva hornada de pensadores surgida en torno a la bandera de la plaza de Colón tienen claro que la cosa es gravísima, inaceptable. Para esta gente estamos ante un ataque a la democracia de proporciones similares a otros ejemplos de comportamientos antidemocráticos y violentos tan recientes y de desgraciado recuerdo como las agresiones físicas a los militantes del Partido Popular a cargo de las hordas de terroristas pro-Sadam, la quema de sedes del PP o las bodas de maricones, sin ir más lejos. Ni menos ni más. Ahora hasta los vascos nacionalistas se atreven a pedir un sucedáneo light de la independencia, como si tal cosa. ¿Qué será lo próximo, en tal escalada de irracionalidad? ¿Que los comunistas pidan un sistema impositivo mínimamente redistributivo? ¿Que Fuerza Nueva solicite una banderaza de Españaza en alguna plaza de la Capital? La verdad, no dan ganas de ponerse a comentar nada sobre tales imbecilidades.

Sin embargo, llega siempre un punto en que la cosa exige, por responsabilidad cívica, que se llame la atención sobre algunos excesos. Y en este caso la ocurrencia gubernamental de recurrir el Plan Ibarretxe ante el Tribunal Constitucional no puede dejarse pasar.

Sencillamente explicado, el Tribunal Constitucional está llamado a enjuiciar la compatibilidad con nuestra Ley fundamental de actos jurídicos emanados de los distintos poderes del Estado. Pero no de todos ni en cualquier momento. Hay una ley que aclara cuándo puede actuar el Tribunal Constitucional, concretando lo previsto en la propia Constitución. No vale la pena extenderse, porque tampoco es siquiera necesario en este caso. Quedémonos con el dato (más de sentido común que jurídico) de que, con buen criterio, el Tribunal Constitucional está llamado a responder jurídicamente frente a realidades ya existentes. Es el puto materialismo, la positividad del ser hecha carne o ley, que complica mucho la vida. ¡Puta democracia y putas exquisiteces de juristas! Viene la cosa a ser como el proceso de fabricación del jamón, que se enfrenta a la impepinable realidad de exigir un cerdo con al menos una extremidad para poder ser iniciado. El Tribunal Constitucional, para poder declarar inconstitucional una ley, necesita que previamente se haya aprobado una ley. Para poder anular una sentencia de un juez por haber desconocido ésta derechos fundamentales tiene la manía de empeñarse en esperar a que se produzca la sentencia. Y para declarar inconstitucional un acto administrativo, pues es necesario que haya acto administrativo. ¡Puta positividad! A esta falta de comprensión hacia el mundo del espíritu se une otra quisquillosidad. El Tribunal Constitucional puede enjuiciar sentencias, leyes o actos administrativos, pero no cualquier otra cosa que hagan jueces, legisladores o gobernantes. Por ejemplo, no puede meterse a juzgar la orden dada por el juez a un secretario de juzgado de apagar la luz o la manera en que una diputada le echa un polvo a su marido. Ha de ceñirse, por esa obsesión por las nimiedades de nuestro sistema, a ciertas actuaciones de contenido jurídico. Esta puta vida, de todas formas, tiene la desagradable tendencia de ponerse en este plan con casi todo. Pasa también con el jamón, que si tenemos un puercoespín en vez de un cerdo, por mucho que la primera parte del nombre pueda engañar no habrá jamón que valga.

Jurídicamente el Plan Ibarretxe no es de momento recurrible. Al ser una reforma estatutaria, que exige la aprobación por parte no sólo del Parlamento vasco sino de las Cortes Generales, sólo puede entenderse como existente una vez tal cosa haya ocurrido. Hasta la fecha, y por mucha trascendencia política que pueda tener, nada de lo contenido en proyectos, proposiciones o quincuagésimas redacciones de leyes puede ser llevado ante el Tribunal Constitucional. Parece razonable, entre otras cosas porque siempre puede acabar siendo cambiado a lo largo del proceso de elaboración, porque no despliegan los proyectos efectos jurídicos ad extra de ningún tipo...

Que el contenido de la propuesta del PNV sería inconstitucional, caso de ser aprobado, es una evidencia que no se escapa a nadie. Que hasta que no sea aprobado no puede ser recurrido, es una perogrullada sobre la que alucina que se esté discutiendo.

Sin embargo, el Gobierno, movido por no se sabe muy bien qué extraña voluntad masoquista, ha decidido pedirle al Tribunal Constitucional que anule la propuesta de Ibarretxe. Lo que llevará inevitablemente a que el Tribunal ni siquiera admita a trámite semejante sandez. ¿Hay algún tipo de oscura ambición deslegitimadora hacia su propia posición que mueve a Aznar a ser desaprobado de forma pública y contundente? ¿Existe una agenda secreta Aznar-Arzalluz para dejarle a Zapatero un lío considerable y una postura gubernamental debilitada por el rechazo del Tribunal Constitucional? Es lo que parece. Porque preferimos no elucubrar sobre la otra posibilidad, que viene a ser la ciega confianza del PP en que el Gran Gorila Blanco que preside el órgano de control de la constitucionalidad en nuestro país se encargará, en comunión con las recientes hornadas de magistrados (caracterizadas por la estrecha e inversamente proporcional relación entre sus conocimientos y presentabilidad jurídica y su sumisión al poder al que deben el sillón), de convertir al TC español en lo más parecido al Tribunal de Garantías Democráticas de la República de Cuba. Ya suficientemente debilitado anda el TC dando pábulo a rumores que aseguran van a otorgar un trato escandalosamente de favor a amiguitos y compañeros de profesión de sus miembros (caso Liaño) o a compañeros de batida del Campechano de España (mucho trabajo pueden acabar teniendo por esta vía, dadas las ejemplares amistades de nuestro Campechano de Oro del Fútbol español), como para ser rematado con una evidencia de que el órgano no sólo no es digno de confianza ética (estamos en España y nadie ve como especialmente grave lo del doble rasero) sino que además carece de la más mínima vergüenza técnica.

Incluso el Tribunal Constitucional español que en la actualidad padecemos debería de rechazar el alucinante recurso del Gobierno, si finalmente osa presentarlo (que parece que sí, por lo que anuncian). Conscientes de la indefendible tesis en que se apoyan, los mismos Servicios Jurídicos del Estado han parido una bonita teoría (apoyada hasta ahora sólo por un Rector de Universidad pública puesto allí a dedo por el Gobierno) según la cual cualquier proyecto o propuesta de ley, en sí mismo, si es de origen gubernamental, ha de ser enjuiciado como acto administrativo. Algo así, vamos. Tampoco es que esté muy claro porque les da reparo hasta explicarlo. La barbaridad es de tan grueso calibre que cuesta imaginarse que alguien pique.

Ahora bien, si tal cosa ocurriera, proponemos que esta valiente vía sea continuada para resolver problemas mucho más básicos para la convivencia que estas tonterías de los baskones (que no dejan de estar siempre con lo mismo), llevando al Tribunal Constitucional otras actuaciones a las que asistimos diariamente y que son sin duda merecedoras de la reprobación de la ciudadanía de bien. Por ejemplo, la anulación de cualquier gol al Equipo Galáctico podría ser también recurrida ante el TC (y con mucha más base jurídica que en el caso Ibarretxe, que a fin de cuentas las decisiones arbitrales sí son actos administrativos). En esta misma línea, proponemos un recurso acelerado para cualquier petición de oreja denegada a Curro Romero. O, si cabe más importante, y con igual fundamentación técnica, podríamos llevar ante el Tribunal Constitucional el primer matrimonio de Letizzzzia I de España y de las fricativas sordas para que se declarara la nulidad a radice del mismo (lo que llevaría a entender el matrimonio como nunca realizado ni consumado y nos evitaría la vergüenza para Españaza, con el riesgo de disgregación que ello supondría, de tener una Reina de segunda mano).

ABP (València)