ACTUALIDAD DE ESPAÑA                         AÑO 2004

17/12/2004: Gilireformas constitucionales ZP

Los constitucionalistas españoles son unos señores muy raros. Su trabajo fue complicado, por ejemplo, durante el franquismo, de ahí que una de sus figuras señeras, en un gremio llamado a estudiar los mecanismos de control del poder y las garantías de los derechos y libertades fundamentales, pudiera llegar a ser ni más ni menos que D. Manuel Fraga Iribarne. Abrumado por el trabajo brutal que supuso, tras años de placidez, tener una Constitución y, por ende, algo de lo que necesariamente habían de ocuparse, una de las señas de identidad del grupo es la férrea y numantina defensa de la indemnidad de la Constitución. Con una furia y una pasión que ni el mismísimo Ánsar.

Si los constitucionalistas, por miedo a tener que trabajar, han acabado convertiendo su labor en la búsqueda de las más peregrinas teorías interpretativas que permitan no reformar en ningún caso la Constitución, los políticos españoles son si cabe más extravagantes y han llevado más allá la pasión por preservar la inmaculada intangibilidad del texto constitucional. Pero hete aquí que, de repente, ha aparecido Rodríguez Zapatero, como si tal cosa, decidido a reformar la Constitución e, incluso, adicionalmente, a hacer extraños refrendos sobre otra llamada Constitución, la europea.

Lo que ocurre es que el panorama reformista no es muy halagador. Porque básicamente tenemos:

1. La gilireforma, la imbecilidad por antonomasia. La corrección política dominante considera que ha de reformarse la Constitución para degradar la condición femenina más todavía en España, arrastrándola a la vergüenza de poder ser también, si primogénita (y no únicamente en caso de ser la única descendiente), medieval y antidemocrática Jefa de Estado. Esta reforma, de una estupidez apabullante, supone sin embargo un problema formal mayor. A falta de que los constitucionalistas españoles empiecen a hacer lo que es el segundo vértice de su trabajo (inventar interpretaciones de la Constitución que permitan al Gobierno y a los amantes de la estabilidad esquivar cualquier fórmula incómoda de participación ciudadana en asuntos serios como este tipo de cuestiones seminales, como ya están apareciendo algunas, no por exóticas menos inquietantes) la Constitución obliga a disolver las Cortes y recurrir a un referéndum para aprobar una reforma que afecte a cualquier parte de la regulación afectante a la Corona. O sea, un follón tremendo, y todo por el caprichito personal de no se sabe muy bien qué tenebroso asesor que ha convencido a Zapatero de que esta memez medieval es un avance hacia la "igualdad".

2. La reforma impuesta por Bruselas. La Constitución española va a reformarse para hacer una mención a Europa, o algo así, según desea Zapatero. Nada excesivamente apasionante, la verdad, así en frío. Y parece que será más bien un cambio ad pompam vel ostentationem, sin más. Lo aberrante del asunto es que, en vez de hacer cambios de fondo en la Constitución, que serían muy convenientes, por clarificadores cuando no necesarios, lo que vamos a hacer es votar, el 20 de febrero de 2005, la misma Constitución europea, lo que no es ni mucho menos necesario (no hay, desgraciadamente, excesivo debate ni oposición a la misma; y el Parlamento puede perfectamente aprobarla por sí mismo, sin necesidad de referéndum de ningún tipo). La cosa es triste, porque la Constitución española mencionará simplemente de pasada a la Unión Europea, pero sin ser reformada en profundidad, para poder integrar correctamente las importantes transformaciones que el texto de la Constitución europea supone, por expresar formalmente la supremacía del Derecho comunitario sobre el español (Constitución incluída) y conllevar inevitablemente una alteración sustancial del ejercicio (y puede que incluso de la titularidad) de la soberanía del pueblo español. En vez del referéndum sobre la Constitución europea lo que sería precisa es una consulta constitucional interna, la precisa para reformar la Constitución española en preceptos básicos como su artículo 9.1. No obstante lo cual, como a Gobierno y constitucionalistas desagradan estas cosas, todos los esfuerzos han ido encaminados a rechazar esta posibilidad. Hasta que el pasado 13 de diciembre el Tribunal Constitucional, haciendo el trabajo sucio al Ejecutivo, declaró en una sorprendente decisión que ninguna reforma era precisa. Empleando para ello una doctrina absolutamente incompatible con lo que venía diciendo desde hace años, empezando por la primera Declaración sobre estas cosas (la que el mismo Tribunal hizo con motivo de sus esfuerzos por evitar una reforma constitucional profunda con motivo del Tratado de Maastricht, a diferencia de lo que hicieron el resto de países europeos). Hay un voto particular a la Sentencia realmente explícito y acertado, el de Delgado Barrio, que jurídicamente es bastante más riguroso. Por lo demás, para darse cuenta de la magnitud del asunto, baste transcribir literalmente lo que uno de los Magistrados que han votado a favor de la absoluta compatibilidad de ambas Constituciones decía en la más importante revista de Derecho constitucional hace apenas tres meses: "La afirmación explícita por la Constitución Europea de su primacía sobre los ordenamientos internos, incluida la propia Constitución, supone una auténtica antinomia con el art. 9.1 de la Constitución nacional, insalvable por vía interpretativa, y que exige reforma constitucional..."

3. La reforma verdaderamente importante. Desde hace años es evidente para todos que hay que cambiar el Título VIII de la Constitución. Empezando por el Partido Popular, que llegó al poder en el 96 tras años de reclamarla. Y esta reforma, que es la verdaderamente trascendental, pues es la necesaria para tratar de reorganizar las relaciones de poder y la articulación territorial en nuestro Estado, es la que va a quedar inevitable y totalmente sustraída a la posibilidad de control ciudadano, porque como consecuencia de los designos de nuestros constituyentes y sus particulares obsesiones esta parte no está tan protegida contra el cambio como algo tan básico como la Monarquía, por ejemplo. Y, por ello, tampoco se entiende suficientemente importante como para que los ciudadanos manifiesten su opinión.

El panorama no es que sea muy alentador. Pero no temamos, pues es susceptible de ser empeorado. Por ejemplo, si al final tenemos la oportunidad de pronunciarnos sobre toda la reforma, en una magnánima decisión de los poderes públicos que la presentarían en plan aperturista, pero que lo que verdaderamente buscaría sería privarnos, al convertir la consulta en un referéndum-ómnibus, de poder utilizar las consultas absurdas, desviándolas teleológicamente, para manifestaciones sensatas. Como, por ejemplo, la posibilidad de utilizar la consulta sobre la "gilireforma Letizzzzzzia" para pronunciarnos implícitamente sobre la misma continuidad de la Monarquía.

ABP (València)