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Tras la entrevista que enlacé hace unas semanas a Antonin Scalia, un artículo de Santiago Muñoz Machado en El Imparcial me pone sobre la pista de una reciente entrevista con Stephen G. Breyer, que también forma parte en estos momentos del Tribunal Supremo Federal de los Estados Unidos. Nombrado por Bill Clinton, su sensibilidad jurídica es bien diferente en diversos aspectos a la exhibida por Scalia, sin que ello signifique necesariamente que un modelo de juez sea el adecuado y otro, en cambio, totalmente equivocado. Ahora bien, lo que en cualquier caso resulta apasionante es precisamente este contraste y el hecho de que convivan ambas maneras de entender su función, en cuestiones nucleares, y ambas maneras de entender el Derecho, plasmándose sus diferencias en tantos aspectos concretos, en el Tribunal Supremo de los Estados Unidos. Un órgano que, precisamente, estructuralmente, está diseñado para que este tipo de debates se produzcan de esta forma.Le entrevista Jeffrey Rosen, profesor en la Universidad George Washington y habitual pluma para cuestiones jurídicas para la revista The New Republic, una de esas publicaciones serias y profundas que tienen los estadounidenses y que desgraciadamente son totalmente ajenas a la cultura española (esperemos que por poco tiempo):
Unos meses antes el propio Rosen había charlado también con Stephen G. Breyer en el marco de unas jornadas. El vídeo, asimismo, está disponible en Internet:
A partir de estas entrevistas, y más allá de las interesantes reflexiones que pueda suscitar su contenido (que me gustaría desarrollar en los comentarios, a partir de comentarios vuestros, y así me evito largar un rollo que espante a todo el mundo, como ocurrió con la entrevista a Scalia), me interesa sobremanera destacar el diferente trato que jueces y juristas reciben en la sociedad estadounidense y en la nuestra, así como las también evidentes distancias en la forma y manera en que ellos afrontan su función y su actuación en el seno de la sociedad. Hay un ejercicio de la responsabilidad en un plano radicalmente diferente al que encontramos en España (y esto no es algo que simplemente se perciba en días como hoy, con la reciente renovación a toque de corneta partidista del CGPJ) del que probablemente todos debiéramos aprender. Y no sólo los jueces, como se trasluce claramente de la actuación, por ejemplo, del decano de Berkeley en este vídeo (que he encontrado gracias a esa maravillosa herramienta del «related videos»), cuyas intenciones y ambiciones son absolutamente ajenas a lo que suele ser la labor de un jurista español:
Christopher Edley, dean of Berkeley School of Law, on the secret world of the Supreme Court
Feliz regreso a todos a la rutina del curso, después de un verano que deseo haya resultado estimulante y provechoso, amén de divertido e, incluso, si ha habido suertecilla, un período que haya permitido también descansar.
Como a estas alturas supongo que todo el mundo sabe en España, el Lehendakari Ibarretxe ha planteado, para superar sus sucesivos tropiezos a la hora de sacar adelante sus propuestas de reforma del marco jurídico que ordena el régimen de autogobierno del País Vasco, una consulta a los ciudadanos de esa Comunidad Autónoma. Tal acción ha sido considerada, de forma prácticamente unánime por medios de comunicación y clase política española, como un órdago inaceptable por parte del nacionalismo vasco.
Continúa leyendo La consulta de Ibarretxe y la vinculación positiva de la Administración a la Ley…
El Gobierno de España, cumpliendo con el compromiso parlamentario que adquirió en el debate de investidura su Presidente, y tras la creciente presión de algunos Gobiernos autonómicos y de diversos grupos parlamentarios, ha publicado, al fin, una estimación, de acuerdo con diversos métodos (no todos los posibles, evidentemente), de las llamadas balanzas fiscales. Tienen la importancia de que son la estimación que, con todo lo que ello implica, viene avalada por el propio Estado. Y demuestra que sí que existen importantes diferencias entre lo que aportan unos territorios y otros, con varios contribuyentes netos (se calcule como se calcule) y varios receptores netos (se calcule como se calcule). Los datos demuestran también un cierto respeto (aunque menor del que sería razonable, si uno mira con atención la exacta relación entre renta per cápita en cada Comunidad Autónoma y dónde queda cada territorio en el reparto) a la idea de que aporten quienes más tienen y reciban quienes menos tienen. Ahora bien, como digo, es evidente que hay Comunidades con mayor renta per càpita que otras que aparecen, sin embargo, como receptoras netas mientras que alguna de las contribuyentes tiene en cambio niveles de renta muy inferiores. Asimismo, los datos permiten observar que las diferencias y desajustes son mayores (agravados, además, desde este segundo punto de vista) con los modelos que atienden a la efectiva realización del gasto. Por último, los datos, aun en su condición de estimaciones imperfectas, permiten dar una idea sobre la magnitud del esfuerzo redistributivo que se hace en España. Ya es cuestión de opiniones si este dato es muestra de un defecto o de una virtud de nuestro modelo. Por ejemplo, basta comparar estos datos con la situación en Alemania, típico paradigma de funcionamiento federal, para descubrir que probablemente la tradicional opacidad en la materia ha permitido que este esfuerzo redistribuidor sea tan grande. Como en Alemania la transparencia vino antes, también lo hicieron, de la mano, las exigencias de que, por ejemplo, las transferencias de renta de regiones ricas a las más pobres nunca supusieran que estas últimas llegaran a disponer de más recursos por habitante que las primeras. Es previsible, y el nuevo Estatut de Catalunya es buena muestra de ello, que a mayor conocimiento de la realidad, mayores sean también en España las exigencias de moderación en la labor redistributiva.
En cualquier caso, conviene dejar claro que estos cálculos no dejan de constituir una estimación, porque como es sabido hay de todo menos consenso a la hora de valorar cómo es más razonable clacular estos flujos. Sin embargo, sus datos son importantes a efectos de analizar cómo funciona el modelo para a partir de ahí poder analizar si es redistributivo o no, si es justo o no, si los equilibrios son o no desproporcionados. Para poder juzgar todo ello, con un mínimo de conocimiento de causa, es básico que haya un mínimo de transparencia. De modo que el hecho de que el Estado publique sus estimaciones es un paso importante que, en contra de lo que se dice en algunos foros, no puede sino contribuir a que el debate sobre la cuestión sea mejor.
A partir de este momento ya podremos discutir con algo más de rigor. Ya sea de cuestiones como la propia manera de hacer el cálculo (¿tiene o no sentido, como ocurre en cuatro de los seis modelos que se han presentado por parte del Gobierno, que, por ejemplo, los sueldos de todos los funcionarios del Estado que viven en la capital se entiendan como riqueza que se distribuye por toda España?, por ejemplo, por anticipar una de las primeras críticas que van a recibir estos cálculos). Ya sea de si estas técnicas son las idóneas para el cálculo (¿está realizada con criterios sensatos la atribución de IVA e impuesto de sociedades?). En cualquier caso, está claro que los datos publicados sirven desde ya para empezar a ir diluyendo algunos mitos. Porque, por así decirlo, y a pesar de que han sido realizados por el Gobierno de España, son sorprendentemente coincidentes con lo que venían avanzando desde el Gobierno de Cataluña sus responsables. Dibujan una situación mucho más parecida, de hecho, a la que venían denunciado (por ser según su criterio injusta) las instituciones catalanas que la que se deducía de algunos estudios de entidades financieras o de investigadores universitarios.
El poder contar con estos datos, sobre todo si fuéramos capaces de afinarlos definitivamente, habría de ser la base a partir de la cual podríamos empezar a hablar, en Derecho, de la incardinación de las previsiones de los nuevos Estatutos en materia de financiación y, también, de la conveniencia de rediseñar algunos de los pilares que tradicionalmente han sostenido nuestro modelo de financiación autonómica, evidentemente necesitado de una profunda reforma.
A cuenta de una cuestionadísima pero no sorprendente sentencia del Tribunal Constitucional, parece que se ha convertido en asunto de rabiosa actualidad determinar la exacta relevancia constitucional de las reglas de prescripción de delitos. Dicho así, la cosa no se entiende mucho. País extraño España donde la gente debate sobre si la prescripción se ve interrumpida por la mera presentación de una querella o si sólo queda rota con la admisión de la misma. Claro que el interés público sobre el asunto se entiende perfectamente si apuntamos que al final de la película, gracias a la peligrosa pirueta jurídica protagonizada por el Tribunal Constitucional, un par de personas muy ricas e influyentes del país se libran de ir unos añitos a la cárcel y Su Majestad puede retomar tranquilamente sus habituales cacerías junto a uno de ellos.
Lo cierto es que es de agradecer que en España se comience a hablar de estas cosas más allá de los «círculos informados» habituales. Que incluso, con notables y clamorosas excepciones, las reales implicaciones de este asunto y de la Sentencia del Tribunal Constitucional hayan sido objeto de comentario, análisis, discusión y crítica. Que el Gobierno se haya visto obligado a responder preguntas sobre el particular. Que el Fiscal General del Estado haya hablado, y lo haya hecho con claridad, respecto a qué juicio técnico le merecía la sentencia. Así como que ambos, Gobierno y Fiscal, se muestren preocupados por el riesgo de que cunda la percepción entre los ciudadanos de que la Justicia, a veces, tiene muy en cuenta a quién en concreto se está juzgando a la hora de decidir sobre ciertos asuntos. Eso sí, como tampoco es cuestión de lanzar todas las campanas al vuelo tan prematuramente, cabe reseñar también cómo la prensa de referencia (especialmente en todo lo relacionado con la Casa Real), en materia de cacerías, ha preferido mirar para otro lado.
¿Qué ha pasado? ¿De qué va todo este asunto? ¿Tiene sentido comentar en abierto, para todo el mundo, parte de lo que los «círculos informados» vienen discutiendo hace ya mucho tiempo?
¿A todo el mundo le parece normal que el Jefe del Estado, con su posición moderadora e institucionalmente superior a la de los diferentes poderes (lo que incluye unas dosis considerables de lo que hoy en día suele llamarse «poder blando»), se congratule públicamente, en su alocución navideña, de la condena penal de una serie de personas, afirmando cosas como que «se ha hecho justicia» y que «se ha castigado a los culpables», cuando la sentencia no es firme y todavía queda por resolver, como mínimo, el recurso ante el Tribunal Supremo presentado por los condenados que, en principio (y en cualquier Estado de Derecho) ha de ser atendido con unas mínimas exigencias de imparcialidad?
A mi vuelta a España me he encontrado con un cambio notable en el clima de opinión reinante: antes del verano la gente de orden seguía escandalizada con las famosas caricaturas de Felipe de Borbón y Letizia Ortiz, mientras que ahora, por lo visto, el consenso sólo subsiste respecto del «pésimo gusto» de los dibujantes. Ya no está tan claro, sin embargo, que una acción así merezca necesariamente una condena penal.
Continúa leyendo Rectificación…
Estoy pasando unas semanas realizando una estancia de investigación en Fráncfort del Meno (en la Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main), gracias a la amable invitación del Profesor Georg Hermes. Por eso, entre otras razones, el bloc va a ser actualizado con menos frecuencia de la que me gustaría durante el mes de septiembre.
El caso es que, desde la distancia, uno ve las cosas a veces de otra forma. Así, respecto de nuestro supuesto atraso en todos los campos y las razones del mismo constato que, por ejemplo, en materia de infraestructuras, las universitarias, siempre que visito centros de otros países europeos, en lo que a nosotros respecta, las carencias que tenemos no se refieren precisamente a que haya faltado dinero para edificios e instalaciones nuevas, de primer nivel y comodísimas. Mucho mejores, casi siempre, que las que uno se encuentra por ahí. Por irme a lo más nimio y que más me afecta personalmente estos días: la residencia para profesores en la que estoy, con la idea de estudiar algo y preparar el principio del curso con calma, por no tener no es que no disponga de facilidades para conectarse a Internet, es que no me permite ni siquiera tener un teléfono fijo. Vamos, que toca pasar unos días de moderación y vida espartana. Pero la cosa es más general y va más allá de este anecdótico caso. Si la Universidad de nuestro país no es mejor, vamos, no es porque hayan faltado medios materiales no sólo homologables sino mejores a los de otros países. Así que, además de pedir dinero, habrá que pensar un día de estos en qué otras cosas nos faltan y qué hemos de hacer mejor.
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