La ley de consultas, papel mojado
En uno más de sus ejercicios de talante, el Gobierno del Impostor, apoyado por el PSC, ha decidido recurrir la ley de consultas de la generalitat a los monos amaestrados del PPSOE conocidos en la prensa como Tribunal Constitucional.
Están por venir las anulaciones de la ley del cine, la de consumo, los reglamentos y ordenanzas de múltiples instituciones y la obligatoriedad de usar el castellano en los medios públicos catalanes.
La ultra-nacionalista sentencia del Tribunal Constitucional que describe lo catalán como un subgénero de la raza ha puesto punto final al voluntarismo autonomista de las fuerzas catalanistas. Ante la sucesión de recortes del autogobierno votado por los catalanes, los máximos beneficiarios del régimen borbónico condicionado por los pactos con los fascistas -la sociovergencia- tratará una vez más de mirar para otro lado, mientras negocian una nueva ley electoral que reduzca la Catalunya política a un bipartidismo corruptoide deudor de la subnormalidad democrática española.
Con los jueces españatarras -menos imparciales que los de Togo y menos independientes que los de Botswana- en el puente de mando y sus encargados trapicheando investiduras y leyes electorales mientras una tras otra van lloviendo las sentencias firmes contra lo decidido democráticamente en las urnas por los catalanes, hoy es un día excelente para apuntarse como voluntario, colaborador o donante a la consulta por la independencia que tiene lugar en la capital de Charneguistán.
Si el brazo político de los GAL quiere prohibir la democracia hasta los aberrantes extremos de impugnar una ley de consultas tan descafeinada como para ser apoyada por los principales artífices del resultado electoral del PSC -Montilla, Iceta y Zaragoza-, nada peor que esperar una respuesta decente del cada vez menos poderoso Parlament de Catalunya y nada mejor que colaborar, en la medida en que uno pueda, con los centenares de voluntarios que están trabajando en la consulta. Poder, se puede, y si no lo hacemos nosotros nos lo van a seguir cobrando cada día exactamente igual que como lo hacen ahora.
perdón (de antes)
Jordi P. el montante de GARANTIAS CONTRACTUALES que tiene firmado el Gobierno con las concesionarias asciende a 3.513 mill euros. Lo firmado, firmado está.
Otra cosa es que todo esto, efectivamente me parezca una aberración, pero de «rescate» nada, lo que está haciendo ahora el gobierno, es parchear la situación para evitar la quiebra de la mayoría de las autopistas nuevas de peaje concesionadas (o como se diga) y tener que soltar una pasta que no tiene.
Lo de las horas del catalán, etc no se si me expliqué, es un problema de los catalanes, y si no quieren hablar castellano que no lo hagan y si lo quieren hablar, que se quejen a la autoridad, si esta no les deja. No es un problema de los españoles. Mis hijos que son unos enanos tambien, hablan 3 idiomas mas o menos bien, que suman casi 1500 mill de hablantes en el mundo, con lo que estadisticamente cuando tengan 20 años tendrán mas facilidad para trabajar, o para llevarse una tia a la cama, por eso lo de las horas lectivas, las lenguas vehiculares, etc lo veo muy doméstico y un arma arrojadiza para hacer política. Que cada uno hable lo que quiera, es su problema. Lo que no podemos es racanear con el español, lo veo cutre.
Lupo,
Eso de las lenguas obligatorias lo pone, para empezar, la Constitución con el español. Luego, hay tropecientas leyes y reglamentos que fuerzan al uso del español sin que para nada pregunten por los derechos individuales de las personas. Y nadie se quejaba.
Luego, sale la Generalitat y calca algunas de esas leyes para el catalán, lengua que también es oficial en Catalunya, y se arma la marimorena. Entonces cuando salen a relucir los derechos de la gente y similares.
Sobre el tema de hoy, nada nuevo bajo el sol. De sobras son conocidas las teorías de los «demócratas» del PPSOE sobre la libre expresión de la voluntad popular. Deben creerse eso de que las urnas las carga el diablo…
Y eso que la ley era, como dice Popota, muy descafeinada. Entre otras cosas, antes de celebrarse, las consultas tenían que ser aprobadas por el gobierno español. Pero claro, la prohibición preventiva ahorra tener que mojarse luego y explicar por qué no permiten que un parlamento regional legítimamente constituído no pueda convocar una consulta en su región.
Tampoco pasa desapercibido el día en que lo aprueban. Justo el día en que el PSC ha facilitado la investidura de Mas y nos ha ahorrado prolongar la pantomima otra semana. Parte del trato -ese sin firmarse, evidentemente- debía incluir rebajar los decibelios a la protesta que CiU pudiese formular por eso.
Es evidente que la ley de consultas no servirá para nada. Así tendremos entretenidos a los del TC durante una temporadita y no se meterán en otras cosas. El sistema legal español es un callejón sin salida.
Yo, en el punto que estamos sólo espero que el palo que reciba el PSOE sea de la magnitud de la que ha recibido el PSC. Y me gustaría que los catalanes esta vez no se convirtieran en su tabla de salvación con apelaciones al miedo. Si el PP tiene mayoría absoluta no puede ser mucho peor que lo de ahora en materia de autogobierno ni de recortes sociales. Que se las apañen ellos solos contra el PP, la Brunete y compañía.
Popota,
«una tras otra van lloviendo las sentencias firmes contra lo decidido democráticamente en las urnas por los catalanes»
Hay una cosa que nunca he entendido sobre este argumento que has utilizado, por otro lado muy habitual en la prensa catalana: ¿el hecho de que el Parlament de Catalunya vote algo, automáticamente le otorga legitimidad jurídica? Es decir, si mañana el Parlament decide que cada catalán debe obtener de Extremadura 2000€ al mes a ingresar en su cuenta corriente, representando la voluntad del poble català, ¿instantáneamente se convierte en Ley inamovible? ¿Desde principios del neolítico no existe una cosa que se llama «marco jurídico»?
Otra cosa es que el marco no os guste, que os apriete, que os constriña, pero mientras estéis dentro de él vuestra clase política debería acatar sus decisiones, no vaya a ser que al ciudadano de a pie, viendo que los que deben dar ejemplo no lo hacen, le dé por no obedecer leyes elementales (obediencia a la autoridad, pago de impuestos, etc.)
Alcalá,
«no vaya a ser que al ciudadano de a pie, viendo que los que deben dar ejemplo no lo hacen, le dé por no obedecer leyes elementales (obediencia a la autoridad, pago de impuestos, etc.)»
¿A qué esperamos?
«¿instantáneamente se convierte en Ley inamovible?»
La única ley inamovible que hay aquí es la Constitución Española trapicheada con los fascistas y el sucesor designado a dedo por el Caudillo. En este sentido me pareció jurídicamente sensata y políticamente razonable la fórmula con la que los diputados de la Soli tomaron posesión de sus escaños:
«Prometo, per imperatiu legal, respectar la Constitució del Regne d’Espanya i l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, amb l’objectiu de derogar-los per la constitució de l’Estat independent de la Nació Catalana»
«¿el hecho de que el Parlament de Catalunya vote algo, automáticamente le otorga legitimidad jurídica?»
La realidad dice exactamente lo contrario. Es igual lo que apruebe el Parlament, es igual lo que refrende el pueblo: lo único importante y que tiene fuerza legal es lo que deciden jueces nombrados a dedo por los nacionalistas españoles en un estado con menos imparcialidad que Togo y menos independencia judicial que Botswana.
La cuestión que plantea Alcalá tiene toda su lógica y es el meollo básico de todos los asuntos que acostumbramos a tratar en este blog. Cuando discutimos en plan sexo de los ángeles si Catalunya es una nación o no, básicamente estamos discutiendo si la sociedad catalana tienen potestad para decidir sobre los temas que les conciernen o no. No estamos discutiendo sobre si Jaume I llevaba calzoncillos con las quatre barres.
Muchos catalanes que viven (vivimos) en el Show de Truman han llegado a creer que tenemos esta potestad y como apunta muy correctamente Alcalá no es así. Vivimos en un marco jurídico-legal en el cual las decisiones se toman en otros organismos ajenos a la voluntad soberana de los catalanes.
La sentencia del TS de esta semana es clara en este sentido. No importa ni el Estatuto 1.0, ni el 2.0, ni las sentencias anteriores de todos los tribunales sobre el sistema de educación. Importa lo que decidan «ellos» ahora.
En la vida, en este tema, se pueden tener dos posturas honestas: Catalunya forma parte de España y por tanto acata todas las sentencias y el ordenamiento jurídico-jurásico del Reino de España o Catalunya debe romper con el ordenamiento legal español y ser independiente.
Como es evidente que a día de hoy no somos independientes hay dos caminos o se acata el ordenamiento legal o se desobedece y se paga con las consecuencias legales de la desobediencia. Como hacían los insumisos en su día.
En lo que no estoy de acuerdo con Alcalá es en el ejemplo. Catalunya nunca debe poder decidir unilateralmente sobre algo que afecte a los ciudadanos de Extremadura. Pero creo que el ejemplo tiene pocas aplicaciones prácticas, ya que normalmente es al revés.
Aqui no es tanto el cumplimiento / incumplimiento de las leyes lo preocupante, sino el uso sistematico de un tribunal de justicia, elegido por conchabeo tambien sistematico entre los dos partidos que cortan el bacalao ( unas miajitas para los nacionalistas, pero nada decisorio) para modificar leyes, por el metodo de encontrar «damnificados» y darles todo el carrete posible. Mientras que a los «damnificados» , que tambien los hay, de la otra parte, no se les admite ni una.
Vale para lo de la inmersión, vale para la ley de consultas. Es estar siempre buscando la más mínima tara para conseguir el máximo descuento.