Sin ánimo de ser reiterativo, empiezo el apunte recordando que Ansar, el facha maloso que metió al reino de España en la guerra de Irak, lo hizo contraviniendo y despreciando los pronuciamientos de la ONU. Por suerte, el brazo político de los GAL supo plantarle cara y poner coto al inadmisible desprecio que por la legislación internacional mostró el insigne ex-presidente del gobierno cuidándose muy bien, eso sí, de procesarle por sus múltiples responsabilidades en la ensalada de crímenes que nos llevaron a Irak.
Pero a lo que iba: si ellos tienen ONU, nosotros tenemos dos: el PP y el PSOE. El pasado 5 de Enero la ONU hizo público su informe sobre los derechos humanos en esta nuestra democracia ejemplar (pueden leerlo aquí). Dicho informe solo llegó a la opinión pública gracias a la prensa abertzale -a ver si los cierran de una vez, esto es un escándalo-, que se hizo eco de la cara de poker del relator de la ONU con respecto al GAL judicial contra la izquierda abertzale, con su ley de partidos, sus sumarios del pseudo-juez Garzón y todo lo demás.
Sin embargo, dicho informe contenía también otra cara de poker del relator que hacía referencia al modelo de impunidad de los crímenes fascistas que caracteriza a este nuestro ejemplar estado de derecho -38 asesinados por la extrema derecha vinculada a las FSE a las órdenes del entonces dictador y hoy aún Jefe del Estado durante la transición, y cero juicios, y de ahí para atrás todo lo que se quiera-. Cuando el tipo le echó un vistazo a la ley de amnistía casi se cae de la silla, el pobre. Y es que ese engendro no es que sea una de esas leyes vergonzosas que se montan los dictadores sudamericanos para que nadie les moleste una vez abandonan el poder, no: la cosa va de que los verdugos perdonan a las víctimas, tal cual. Ojo, que eso es lo que pone la ley: las interpretaciones voluntaristas de reconciliaciones, consensos, milagros y historiografía revisionista al uso van por otro camino, pero baste decir que ni tan siquiera sirvió para que todos los presos políticos de la dictadura salieran a la calle. Concretamente, el informe de la ONU dice lo siguiente:
«El Estado parte debería: a) considerar la derogación de la Ley de amnistía de 1977; b) tomar las medidas legislativas necesarias para garantizar el reconocimiento de la imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad por los tribunales nacionales; c) prever la creación de una comisión de expertos independientes encargada de restablecer la verdad histórica sobre las violaciones de los derechos humanos cometidas durante la guerra civil y la dictadura; y d) permitir que las familias identifiquen y exhumen los cuerpos de las víctimas y, en su caso, indemnizarlas.»
La respuesta tradicional a estos informes de los estados nacionalistas europeos suele ser hacerse el longuis, taparlo en la prensa y dejar que corra el tiempo, especialmente a raíz de los sucesivos recortes de derechos civiles perpetrados a raíz de la guerra santa contra el terrorismo. Sin embargo, el gobierno del Impostor tuvo a bien responder la osadía de esos paletos ignorantes del Comité de Derechos Humanos de la ONU (se puede leer aquí), poniendo los puntos sobre las íes:
«9. El Estado español también quisiera resaltar que el Comité está descalificando una decisión respaldada por toda la sociedad española y que contribuyó a la transición a la democracia en España. La citada ley fue una demanda de toda la oposición democrática y fue una de las primeras leyes aprobadas por consenso por las mismas Cortes que aprobaron la Constitución de 1978. Además, no sólo la sociedad española sino también la opinión pública mundial es conocedora y ha respaldado siempre el proceso de transición en España que fue posible, en parte, gracias a dicha ley.
10. Por estos motivos, el Estado español lamenta la inclusión de este punto en las observaciones del Comité, considerando que se han cometido disfunciones procesales en términos de competencia (ausencia de referencia a la disposición pertinente del Pacto), proceso debido (ausencia de oportunidad de defensa en el procedimiento) y determinación de los hechos (desconocimiento del origen y significación social de la Ley de Amnistía). »
Más allá del cénit que en cuanto a subnormalidad democrática supone la encendida alusión al apoyo de los cambalaches del 78 no ya solo en el Reino de España sino en la «opinión pública mundial» no deja de ser llamativo hasta qué punto pueden llegar a ser similares los argumentos usados por el inspector Aznar López para menoscabar a la ONU con los del catedrático -con enchufe y sin oposición- ZP para validar flagrantes violaciones de los derechos humanos, con el agravante añadido en el segundo caso de que la inmensa mayoría de las víctimas fueron ciudadanos españoles.
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Por otro lado, si alguien está interesado en el tema es muy recomendable seguir el caso del juicio de varios miembros de las SS en el neotop, perdón, en la audiencia nacional (se puede leer aquí). El Ministerio de Justicia, perdón, la fiscalía independiente del Ministerio de Justicia, no ha tenido más remedio que bajarse los pantalones y apoyar las demandas de las víctimas, ya que una cosa es aparecer ante la comunidad internacional haciendo la vista gorda ante el asesinato de indígenas de segunda fila como los republicanos españoles, y otra bien distinta es hacerse la foto sacando la cara por las SS del aliado del Caudillo. Este caso es de una importancia capital, especialmente a partir de que el superjuez trapicheara con el Ministerio del Interior la aplicación de una vía jurídica impresentable, prevaricadora y sin solidez alguna -vía que, por lo demás, fue apoyada por mucha gente de buena fe, además de un buen grupo de palmeros cincuentones y sesentones que llevan décadas parasitando la democracia española- cuyo único objetivo era liquidar para siempre cualquier atisbo de reclamación jurídica por el pasado totalitario español.
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