Una de las muchas disciplinas en que damos sopas con honda a esos memos del extranjero es, sin duda, el tunning. Junto a la solidez ejemplar de nuestro sistema financiero, los éxitos insuperables de nuestro deporte y un largo etcétera, el tunning es una de las máximas especialidades del Reino de España. No en balde, es difícil encontrar un español que no se haya sonrojado de admiración ante la visión de un coche elegantemente tuneado o la no menos elegante visión de un ordenador tuneado para mayor goce de su propietario.

Semos los mejores
Además, la práctica del tunning no se ha limitado al campo de los coches o los ordenadores. La pasada legislatura asistimos al nacimiento del PPuning, una interesante disciplina de tuneo de la realidad según la cual el proyecto de Zapatero era el proyecto de eta, los muchachos de Bin Laden moraban en las herrikos de Hernani y los catalanes se comían niños crudos castellano-hablantes.
Sin embargo, siempre se puede mejorar, y en ello estamos. Ustedes sabrán, ahora que el gobierno lo reconoce de forma que sus voceros ya pueden admitirlo aunque sea echándole la culpa a Bush, a Aznar y al toro que mató a Manolete, que la situación de la economía española es casi tan buena como la gestión de Maleni al frente del Ministerio de Fomento. Vamos, que hay una crisis del copón, con una destrucción de empleo sin parangón en nuestro entorno, con la morosidad disparada, con crecientes dudas no solo sobre la solvencia de las empresas sino sobre la de las administraciones públicas y, en fin, que la fiesta del cemento se acabó.
Pero eso sí: el gobierno no descansa, se ha puesto las pilas y está manos a la obra para arreglar las cosas. Lo que pasa es que, como les gusta decir a ellos, tienen un problema de comunicación. Esto es, no es que lo hagan rematadamente mal -¡no!-, lo que sucede es que no somos lo suficientemente inteligentes como para darnos cuenta de los buenos que son en la administración de los centenares de miles de millones de euros que gestionan de nuestros impuestos.
Un ejemplo sin igual del buen hacer del gobierno, que ha pasado injustamente desapercibido por lo que comentábamos del problema de comunicación, es el Real Decreto Ley 10/2008, aprobado a toda prisa el pasado Diciembre con la firma de la vice haciendo las funciones de presidente para llegar a la meta antes de que sonara la campana del 31 de Diciembre llevándose por delante a un buen número de empresas con un estado patrimonial definido por tres palabras: fondos propios negativos.
Como ustedes sabrán si prestan más atención al BOE que a los exabruptos de los tertulianos, hasta hace cuatro días si uno era el administrador de una empresa con fondos propios negativos tenía la obligación de iniciar el proceso de quiebra o concurso so pena de tener que responder con su propio patrimonio en caso de que la empresa acabara mal. La lógica de esa medida es clara: garantizar, ya que en las empresas españolas la responsabilidad está limitada al capital, que en caso de quiebra la existencia de fondos propios permitiera dar cumplimiento a las obligaciones financieras con trabajadores, acreedores, clientes, prestamistas y accionistas.

Muuuuuuuuuuuuuuuuuuuu
Para que lo entiendan bien: de no existir esa norma, los que han comprado un piso a Martinsa no tendrían casi garantizado que efectivamente les entregarán el piso por el que han pagado, como los trabajadores de Sintel tuvieron garantizado el cobro de sus indemnizaciones -risas enlatadas-. Sin esa norma, uno podría hacer un agujero del tamaño que más le convenga y, en el momento de la quiebra de la empresa, desaparecer como un ninja -zas- y dejar a todo dios en la estacada.
Afortunadamente esa situación indeseable, en la que una empresa debía acreditar un mínimo de solvencia para poder desempeñar su actividad sin poner en peligro a todo su entorno y a sus trabajadores, ha sido resuelta por el gobierno en el mencionado real- decreto ley. El mismo, en un ejercicio maestro de tuneo de la realidad, ha resuelto que «la norma dicta con una vigencia temporal limitada un régimen excepcional para las reducciones obligatorias de capital y las disoluciones de sociedades anónimas y de responsabilidad limitada como consecuencia de pérdidas«. Item más, y sigo citando el BOE:
«La reciente evolución de la actividad económica internacional [esto de andar culpando a los de fuera de nuestras miserias en los textos legales también es I+D español] nos sitúa en un contexto excepcional. Las pérdidas por deterioro, coyunturalmente significativas en determinadas compañías, al incorporarse a la cuenta de pérdidas y ganancias habrían de computar a los efectos del cálculo de la pérdida del patrimonio neto en los supuestos señalados de reducción de capital y disolución. Por esta razón se suspende, con una vigencia temporal de dos años y únicamente para los casos de pérdidas por deterioro del inmovilizado material, de las inversiones en inmovilizado y de las existencias, el régimen societario aplicable, sin que ello suponga, por lo demás, alteración del correspondiente régimen contable.»

Respuesta del regulador español al diluvio de pufos de la economía española (versión metafórica)
Por último, dice la disposición adicional única del mencionado Real Decreto-Ley lo siguiente:
«Cómputo de pérdidas en los supuestos de reducción obligatoria de capital
social en la sociedad anónima y de disolución en las sociedades anónimas y de responsabilidad limitada.
1. A los solos efectos de la determinación de las pérdidas para la reducción obligatoria de capital regulada en el segundo párrafo del artículo 163.1 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, aprobado por Real Decreto Legislativo 1564/1989, de 22 de diciembre, y para la disolución prevista en los artículos 260.1.4.º del citado texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas y 104.1.e) de la Ley 2/1995, de 23 de marzo, de Sociedades de Responsabilidad Limitada, no se computarán las pérdidas por deterioro reconocidas en las cuentas anuales, derivadas del Inmovilizado Material, las Inversiones Inmobiliarias y las Existencias.
2. Lo dispuesto en el apartado anterior únicamente será de aplicación excepcional en los dos ejercicios sociales que se cierren a partir de la entrada en vigor de la presente disposición.»
En resumen: nada mejor que este tuneo bianual de las mínimas garantías normativas, donde el regulador desaparece del mapa durante dos años llenos de emociones mientras el Impostor va por ahí diciendo que la actual crisis demuestra que hay que regular más y toda esa demagogia de sus palanganeros, para hacerse una idea de que es lo que quería decir el Impostor cuando, en esa campaña electoral en la que hace menos de un año nos prometía el pleno empleo, nos deseaba buena suerte.
La vamos a necesitar, pero no buena, sino buenísima.
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