En lo que constituye la -de momento- última Garzonada, la vedette ha decidido darle un tute al espinoso asunto de los desaparecidos durante el fascismo. Como no podía ser de otro modo tratándose del tema que, junto al nacionalismo español, está prohibido tratar en los medios españoles, llevamos unos días leyendo noticias alucinantes sobre el particular. El blog maketo, como corresponde a su condición de servicio público y anti-español, apunta algunas ideas sobre lo sucedido.
En primer lugar, hay que destacar la reacción del PSOE y del Gobierno a la garzonada. Pajín ha mostrado su apoyo, el Impostor su respeto al derecho de las víctimas, Rubalcaba ha apoyado al juez y Pepiño Blanco tacha de «inhumano» a todo aquel que ose criticar al Juez-estrella. En segundo lugar, hay que resaltar que los medios han relacionado la medida de Garzón con la aberrante Ley de Memoria Histórica.
Llegados a este punto, conviene hacerse algunas preguntas antes de seguir:
¿Alguien es capaz de explicar qué relación tiene con la LMH, aprobada hace cuatro días, una denuncia del año 2005 que lleva años pudriéndose en la Audiencia Nacional?
Más allá de las declaraciones para desviar la atención de la limpieza intensiva a la que está siendo sometida la economía española, ¿hay pronunciamiento alguno del gobierno?
La respuesta a la primera pregunta es que no. La respuesta a la segunda pregunta es que sí, y ese pronunciamiento es el escrito de la fiscalía -dependiente jerárquicamente del gobierno- oponiéndose a toda investigación con los mismos argumentos esgrimidos por el PP. Lamentablemente -por ahora- solo conocemos de dicho escrito algunos entrecomillados ofrecidos por la prensa, pero es de suponer que no tardaremos en leer el texto completo a pesar del oscurantismo y la falta de transparencia marca de la casa. Sí sé -porque así me lo ha dicho el Equipo Nizkor-, que las instrucciones para que la AN no se declarase competente las dio verbalmente el fiscal general del estado a la fiscalía de la AN.
Dicho esto, al tema. Lo primero que hay que decir es que la garzonada no prosperará. Basta constatar que su señoría ha tenido a bien meter el dedo en el ojo a la Iglesia y a los ayuntamientos para generar titulares y, sabiamente, se ha abstenido de reclamar información alguna al Estado, responsable de la mayor parte de los asesinatos.
Garzón se ha limitado, eso sí, a dilatar la decisión sobre si la AN es competente en el caso o este se debe archivar tal y como exigía el escrito del subalterno de Cándido Conde-Pumpido. La pregunta entonces es: ¿Cuánto puede tardar en tomar esa decisión?
La respuesta es clara: lo que quiera. Como pilar fundamental de nuestra subnormalidad democrática, la AN, en cuanto Tribunal de Orden Público tuneado que es, se puede dedicar a hacer lo que le de la gana sin tener la obligación de hacer investigaciones penales -como el resto de los tribunales-. Cabe resaltar que este hecho impresentable ha sido criticado por diversos medios, sin que por supuesto hayan dedicado una sola línea a comentar que este modus operandi sin parangón en Europa Occidental es exactamente el que se ha usado, se usa y se usará en el GAL jurídico que el estado lleva a cabo contra la izquierda abertzale [Nota: pongo izquierda abertzale y no eta al existir entre los condenados gente que se ha significado públicamente en contra de eta].
En resumen: todo lo que pueda llegar a juntar Garzón con sus peticiones de documentación no tendrá valor penal alguno, ya que debería declararse competente para investigar el caso. No se sabe si le dará tiempo a archivar el caso o, como parece más probable, lo dejará a medias para pillar un sillón a través del gobierno en el TS o donde sea. Lo que sí cabe interpretar, a la vista de la tomadura de pelo que constituye la enésima garzonada, es que una vez más tenemos delante una maniobra burda e impresentable, cocinada en el ministerio del interior, generada para que la prensa afecta pueda sacar sus artículos criticando las declaraciones del PP y los contribuyentes nos preocupemos menos de los logros económicos de Zapatero, Solbes y su pandilla de Mister Proppers de la economía -el último de ellos, por cierto, consistente en regalar 3.000 euros de dinero público a las empresas del ladrillo: ya dijo el Impostor en su investidura que iba a preocuparse de los más débiles-.
Ya en la campaña electoral me preguntaba si para ganar unas elecciones había que laminar la democracia española dándole un protagonismo a todas luces exagerado a la Iglesia Católica. Ahora cabe hacerse preguntas similares: ¿es realmente necesario que se monten polémicas de tertuliano, con la colaboración de poderes presuntamente independientes -no hablo yo: habla el informe Frazier-, ahondando en la división por la división únicamente para tapar la acción de gobierno? ¿No hay ningún otro tema que sirva para eso en lugar de aprovecharse de gente mayor y sin recursos, que han vivido y viven como ciudadanos de segunda durante toda su vida a causa de su lealtad y la de sus familiares al gobierno aplastado por los fascistas?
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