Cinco cosas que mejoran España, Aún más.
1- La discriminación de los castellano-parlantes, una auténtica bendición. Me refiero, obviamente, a los castellano-parlantes que serán expulsados gracias al endurecimiento de las políticas de inmigración del gobierno ZP y la UE.
2- Que los intelectualoides presuntos defensores de los derechos individuales y la ciudadanía no hayan tenido un segundo para hablar de estos subciudadanos que van a ser expulsados o a quienes se va a impedir el ingreso en España.
3- Que la Brunete mediática defienda simultáneamente que las balanzas fiscales no significan nada, que demuestran que los madrileños son los más solidarios, que demuestran que los vascos roban, que demuestran que los catalanes son unos llorones y que demuestran que la solidaridad funciona y que las cosas van como deben ir.
4- Que un tipo del PP vasco, un ultra llamado Abascal firme partidario de mandar los tanques a la CAV desde hace unos cuantos años, diga que la cadena perpetua cabe en la Constitución.
5- La coalición contra el derecho a decidir de los ciudadanos vascos, con el PPSOE, sus garbanceros, la cúpula de la iglesia, la cúpula de la patronal, la cúpula judicial, los militares y un largo etcétera, da gusto ver que el Caudillo no murió en vano.
-«La coalición contra el derecho a decidir de los ciudadanos vascos, con el PPSOE, sus garbanceros, la cúpula de la iglesia, la cúpula de la patronal, la cúpula judicial, los militares y un largo etcétera, da gusto ver que el Caudillo no murió en vano.»
Saludos crotalicos Popota:
SI se quiere hacer un referedum para ver si los vascos siguen en Españaza,es justo que se haga uno en el resssto de Españaza ,para ver si se les da la patada a los vascos,por cansinos.
Eso seria lo justo , saber si te vas de casa de mama,o te echa ella porque tienes muchos años y ya esta bien oiga.:)
Esa es otra, que el PPSOE en lugar de ser coherente con su discurso y preguntarnos a todos los españoles prefiere sustituirnos por los monos amaestrados del TC.
La verdad es que hace tiempo encontré esta «petición online», http://www.petitiononline.com/RefQue07/petition.html sobre Quebec…, para pedir un referendum en Canadá sobre si «echar» a Quebec… aquí podría ser divertido también…
Aunque, haciendo cuentas…, entre socialistas andaluces, catalanes ricos, y aragoneses aguados…, veo que nos echan a los murcianos… :) …
Saludos
«5- La coalición contra el derecho a decidir de los ciudadanos vascos, con el PPSOE, sus garbanceros, la cúpula de la iglesia, la cúpula de la patronal, la cúpula judicial, los militares y un largo etcétera, da gusto ver que el Caudillo no murió en vano.»
Por fin Popota se desata del todo: para él si no eres nacionalista español eres inevitablemente franquista, independientemente del resto de tus ideas, gracias por hablar alto y claro Popota
Socialdemocratas, conservadores, liberales, centristas, incluso algunos comunistas…no importa TODOS FRANQUISTAS. No olvidemos que la España nacional no existe antes de 1939.
Tanta floritura para, al final, no superar el nivel intelectual de un borrokilla de 18 años
«Tanta floritura para, al final, no superar el nivel intelectual de un borrokilla de 18 años»
Ésa es precisamente la gran tragedia del cerebro de Popota, islamoprogre. Tener talento para contar las cosas con un poco de gracia y floritura, y haberse quedado estancado cerebralmente en las tonterías dieciochoañiles (y eso teniendo en cuenta que el cerebro de 18 de la Logse corresponde aproximadamente al de 12 de hace veinte años).
si eres nacionalista español (apelativo que acepto sin complejos). Cosas de escribir en el trabajo.
Ahí va otra aportación al debate de la financiación…
http://www.lanacion.es/2008/07/17/%c2%a1queremos-trabajar-en-el-ayuntamiento-de-jerez/
Saludos
Decía ayer Parvulesco “el capricho de no querer aprender la lengua del país donde viven.” No existe tal cosa, los países no tienen lengua. Al afirmar que la tienen se pretende vincular la tierra con una supuesta etnia originaria que pasa a ser la definidora de ese país, y de paso la cúspide de la pirámide social. El etnicismo no es en sí malo, lo malo es vincularlo con una tierra y pretender homogeneizar esa tierra, según las normas de los poderosos.
La única fiscalidad justa es la armonizada, que tú y yo paguemos lo mismo y recibamos lo mismo independientemente del lugar del mercado donde trabajamos y cotizamos. Hablo de mercado, no de Estado. Lo bueno sería que para corregir los abusos del mercado y las injusticias que provoca existiese un Estado que tuviese las mismas fronteras que ese mismo mercado.
Por otro lado, Horus, el propio Parvulesco e Inyaki el exótico me acusaban de estar obsesionado con los complejos de los apañoles. Puede parecerlo, pero de lo que yo acuso a los apañoles no es de acomplejados, es de carecer de identidad y morirse por encajar en cualquier identidad de pega para trepar socialmente y ganarse el favor del señorito de la masía. No es lo mismo.
Reconozco que no soporto a esta peña con todas las “ideas” a juego con el poder local. ¿De dónde les viene este servilismo?, ¿de papá o de mamá? Apañoles los dos, fijo. Y disfrazados siempre de alternativos.
17 de julio de 2008
El reñidero español – JOAQUIN LEGUINA
«El castellano es la lengua española oficial del Estado. Todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla» (Art. 3 de la Constitución Española)
El pasado 23 de junio, Fernando Savater presentaba junto a un grupo de intelectuales de ideología variopinta un Manifiesto por la Lengua Común que levantó, de inmediato, todo tipo de ronchas y descalificaciones. Pero no se produjo ni un solo argumento en su contra. Porque en España hace ya mucho tiempo que cuando algo no gusta no se exhiben razonamientos para contradecir lo afirmado por otros, no, se recurre al insulto o -entre los más finolis- al eslogan político descalificador.
El diario zapaterista Público recibía el Manifiesto de esta guisa: «El nacionalismo español hace de nuevo política con las lenguas». Por su parte, Miquel Iceta, la nueva estrella rutilante del PSC, se limitó a señalar que el Manifiesto era «innecesario» y José Montilla (que es natural de Córdoba) afirmó que el Manifiesto incitaba a la «catalanofobia». Gran honestidad intelectual la de este charnego reconvertido en catalanista.
En efecto, el PSC es un partido que, según Félix de Azúa, se parece cada vez más a la corte de Catalina la Grande.
El aparato mediático del catalanismo lanzó 800 (sí, 800) artículos contra el Manifiesto, pero en ninguno de ellos se aludía a su contenido ni se argumentaba contra él.
Las fuerzas localistas del nordeste de España, como un solo hombre, se dieron al insulto -esa práctica tan española-: «Ataque contra el catalán», «franquistas», «fachas», «españolistas de mierda», «miserables» (Jordi Sánchez), todo eso y más lindezas dijeron. Antoni Puigvert aseguró -él, tan moderado- que el Manifiesto rompía los últimos puentes entre Cataluña y España… Naturalmente, todos esos artículos estaban escritos y publicados en español, la lengua que, según estos atacantes, quiere asesinar al catalán… y, para guinda del pastel, lo de Jordi Pujol sonó como el Tambor del Bruc: «Combatir con decisión y confianza, sin miedo y sin respeto para quien no nos respeta», eso dijo el veterano y, ahora, radicalizado líder.
Entretanto, las firmas de adhesión al documento escrito por Savater crecían, eso sí, movidas en parte por EL MUNDO, lo cual le vino de perlas a Rodríguez Zapatero, quien aprovechó que el Tormes pasa por Salamanca para sentar doctrina: «La derecha quiere apropiarse de la lengua común como antes lo intentó con la bandera común», dijo… y después de soltar semejante sandez, el actual presidente del Gobierno se fumó un puro.
De poco vale que más del 50% de los catalanes prefiera el castellano como primera lengua porque el nacionalismo catalán y sus adláteres están dispuestos -así lo dice el nuevo Estatuto- a obligar a todos quienes pisen (o sobrevuelen) el territorio de Cataluña a hacerles aprender y obligarles a usar aquella lengua «propia». Ya se sabe: «La letra con sangre entra».
Pero dejémonos de darle vueltas a la noria y recordemos, en primer lugar, que los poderes públicos -y desde luego el Gobierno de España- están obligados a guardar y hacer guardar la Constitución. Así lo han jurado o prometido todos ellos. Vayamos, pues, al grano.
1. ¿Puede un profesor, nacido pongamos que en Valladolid, ir a trabajar a una universidad catalana dando sus clases en castellano? La respuesta es no. Por lo tanto, a ese profesor se le está privando de uno de sus derechos (el de usar el castellano) y el Gobierno de España no puede mirar para otro lado.
2. ¿Puede un niño catalán que tenga como lengua materna el castellano ser escolarizado en ese idioma? La respuesta es no. Un derecho del que se le priva y que no puede dejar indiferente al Gobierno de España.
3. ¿Puede un funcionario español trasladarse a trabajar a Cataluña sin haber aprendido antes concienzudamente el catalán? La respuesta es no.
Y así podríamos seguir con los rótulos de las tiendas, los de las carreteras, con la expulsión de facto del castellano del Parlamento de Cataluña, con la exclusión de los escritores catalanes en castellano, pues sus obras -según los nacionalistas y sus abducidos del PSC- no pertenecen a la cultura catalana y por eso no se les permite acudir a la Feria de Fráncfort, etcétera.
En resumen, el derecho a usar el castellano que la Constitución consagra no se puede ejercer en los foros públicos de Cataluña… y el Gobierno no puede mirar para otro lado diciendo -como dicen sus voceros- que reclamar estos derechos elementales es de derechas (al parecer, en estos nuevos tiempos todo lo que no sea aplaudir a ZP y sus ocurrencias es de derechas).
Pero lo más peligroso -por irresponsable- del discurso de ZP y de sus conmilitones es que para ellos el nacionalismo periférico (vasco, catalán, gallego…) no existe y como no existe no puede hacer mal a nadie ni tener aspiraciones a la independencia. Por ejemplo, Convergencia Democrática de Cataluña, con Artur Mas a la cabeza, acuerda, imitando a Ibarreche, que su objetivo político es una «Cataluña Libre y Soberana»… y el Gobierno español no tiene nada que comentar.
¿Por qué no hablamos claro de una vez? Los nacionalistas y sus adláteres detestan el bilingüismo en sus territorios, lo mismo que rechazan el oír hablar de un Estado Federal… y de poco vale ocultar esa verdad haciendo oídos sordos a los voceros nacionalistas que no se cansan de repetir: «Derecho a decidir», «independencia», «fuera el castellano» y otras muchas lindezas anticonstitucionales.
Pero no es ésa -la de mirar para otro lado- una práctica que sólo concierna a este Gobierno. Sin ir más lejos, Aznar en 1997 se negó a recurrir la Ley de Política Lingüística de Pujol ante el Tribunal Constitucional, porque necesitaba los votos de CiU. Tampoco la recurrió el Defensor del Pueblo (Alvarez de Miranda), sobre quien se ejerció todo tipo de presiones para que no presentara recurso de inconstitucionalidad. Una ley que era y es anticonstitucional por los cuatro costados.
El Estatuto aprobado el 18 de junio de 2006 (con un apoyo popular, simplemente, ridículo, que todo hay que decirlo) echa un par de paletadas más sobre el asunto: 1) «Todas las personas en Cataluña tienen el derecho de utilizar y el deber de conocer las dos lenguas oficiales». Se establece así la obligatoriedad de dominar el catalán para todas las personas que vivan en Cataluña y 2) «La lengua propia de Cataluña es el catalán. Como tal, el catalán es la lengua de uso normal y preferente de todas las administraciones públicas y de los medios de comunicación públicos en Cataluña, y es también la lengua normalmente utilizada como vehicular y de aprendizaje en la enseñanza».
Si esto es constitucional, yo soy el obispo de Mondoñedo, pero sí es una discriminación contra los castellanohablantes. Y por serlo es también una discriminación para los menos dotados económica y socialmente, los inmigrantes del resto de España y sus descendientes. Estamos ante una descarada y consentida política que pretende tratar a los castellanohablantes como extranjeros en su propio país. «Si un español emigra a Inglaterra, lo que ha de hacer es aprender el inglés» es un argumento que los catalanistas suelen exhibir para exigir a todo el mundo en Cataluña el uso del catalán. Se olvidan -y no por casualidad- que un andaluz en Inglaterra es un extranjero, pero cuando se desplaza a Cataluña no sale de su propia nación.
Las normas internacionales, por ejemplo, las de la Unesco, respecto a la enseñanza recomiendan una obviedad: los niños deben ser escolarizados en su lengua materna. Es tan paradigmático como penoso anotar cómo notables pedagogos catalanes han sacrificado estas elementales normas en el altar de su catalanismo.
Pero no han sido sólo los pedagogos quienes han teorizado, practicado y ejecutado el ombliguismo catalanista. Muy representativos escritores también se han pronunciado en la misma dirección en lo tocante a la creación literaria. Veámoslo.
En el número de julio y agosto de 1977 -inmediatamente después de las primeras elecciones democráticas y en vísperas del debate constitucional- la revista Taula del Canvi, catalanista de izquierdas, planteaba una pregunta a una serie de intelectuales antifranquistas de indudable valía (Salvador Espriu, Manuel de Pedrolo, Joaquín Molas, Antoni Comas…).
El asunto se las traía desde la propia formulación de la pregunta, que era ésta:
¿A los catalanes (de origen o radicación) que se expresen literariamente en lengua castellana hay que considerarlos como un fenómeno de conjunto que hay que liquidar a medida que Cataluña asuma sus propios órganos de gestión política y cultural?
Antes de considerar las respuestas ha de tenerse en cuenta que a ese «fenómeno de conjunto» pertenecían -y pertenecen- los hermanos Juan, José Agustín y Luis Goytisolo, Vázquez Montalbán, Carlos Barral, Juan Marsé, Félix de Azúa, Eduardo Mendoza y un largo etcétera, amigos y compadres de quienes respondían así:
Salvador Espriu: «Espero y deseo que sí».
Manuel de Pedrolo: «No hemos de discutir a nadie el derecho a escribir en la lengua que quiera, pero nadie tiene derecho a convertir una lengua forastera en un arma de destrucción de la identidad del pueblo al cual pertenece o en el cual se inserta».
Antoni Comas: «Como hecho colectivo, como fenómeno de conjunto, hay que liquidarlo a medida que Cataluña recupere su autonomía».
Joaquín Molas: «Si las soluciones son las que deberían ser, los que utilizan la lengua castellana tenderían a desaparecer».
Entre tanto ardor guerrero y exterminador destaca, por extraña, una propuesta razonable:
Francesc Vallverdú: «La cultura catalana se puede manifestar y de hecho se manifiesta en diversas lenguas».
Tan tempranas y amenazadoras manifestaciones de catalanismo identitario y arrasador deberían haber puesto en guardia, al menos, a dos entes políticos: 1) A los inmigrantes llegados a Cataluña y, en general, a los castellanohablantes y a sus representantes políticos y 2) A los partidos de ámbito nacional. Pero todos prefirieron mirar para otro lado, pensando, quizá, que la sangre no llegaría al río, que tales posiciones radicales, como otras muchas de entonces, se atemperarían en el marco constitucional que ya se estaba elaborando. Mas, fuera como fuera, el hecho fue que nadie quiso señalar unos límites, al menos intelectuales, a semejante desbarre.
Dado que los artículos del Nuevo Estatuto referidos a la obligatoriedad de la lengua catalana están recurridos ante el Tribunal Constitucional (TC), conviene recordar aquí una sentencia de este Alto Tribunal; la del 26 de junio de 1986, cuando lo presidía Francisco Tomás y Valiente. En esa sentencia -contraria a la obligatoriedad de una lengua cooficial- se lee lo siguiente: «Pues el citado artículo (el 3 de la Constitución) no establece para las lenguas cooficiales ese deber (el de ser conocidas), sin que ello pueda considerarse discriminatorio».
Cabría esperar que el TC se atuviera en este asunto a su propia jurisprudencia, mas, para decirlo todo, los miembros actuales del TC han demostrado sobradamente que no son ni Tomás Moro ante Enrique VIII ni Becket ante Enrique Plantagenet; se parecen más a los jueces obedientes y obsecuentes que pululaban por España no hace tantos años… y a los que convendría olvidar para siempre. En fin, que mi fe respecto a las actuales instituciones políticas y judiciales es descriptible, por eso estoy dispuesto a pelear contra las canalladas que se están perpetrando contra el derecho a usar el castellano y contra los canallas que las cometen o que las permiten.
Joaquín Leguina es ex presidente de la Comunidad de Madrid.
*Pido perdón a Maquetopower por emponzoñar su blog con artículos que merecen la pena. Sé que es inútil, hay gente que siempre preferirá las gracietas y los eslóganes, porque, para algunos, de lo que se trata no es tanto de opinar como de socializar en la opinión.
Tribuna/Tribuna libre
Las balanzas fiscales de las Comunidades Autónomas: una concesión al nacionalismo
Por Mikel Buesa, lunes, 02 de junio de 2008
Más allá de toda duda las balanzas fiscales han entrado en la agenda política del momento. Reclamadas por Convergencia y Unión en el Congreso de los Diputados durante la sesión de investidura, con la finalidad de que sus saldos entren en el juego de la negociación de un nuevo sistema de financiación de las Comunidades Autónomas, el Presidente del Gobierno se apresuró a conceder su publicación como un documento oficial. Se daba así satisfacción a una reivindicación histórica del nacionalismo catalán que, desde los años sesenta, había visto en ellas un soporte fundamental para el sostenimiento de sus aspiraciones financieras y, sobre todo, para alimentar el populismo que, durante mucho tiempo, ha sido el fundamento de su hegemonía política. Y no sólo era una reivindicación del nacionalismo moderado, sino también del más radical —pues es evidente que esa bandera fue ondeada con machacona insistencia por ERC durante la anterior legislatura— y, lo que es más relevante, por los socialistas del PSC —que, en esto, cuentan con una larga tradición que se remonta a las corrientes catalanistas que se integraron en él durante el proceso de integración de las diferentes tendencias del socialismo regional que dio lugar a la fundación del partido en los albores del actual sistema democrático—.
Así pues, parece que con entusiasmo desbordante las principales fuerzas políticas de Cataluña, más allá de diferencias ideológicas, se han adscrito a la idea de que las balanzas fiscales son fundamentales para sustentar su actuación política. Sorprende esta unanimidad que nos obliga a evocar la vieja observación de Keynes quien, en las páginas finales de su Teoría general, anotó: «las ideas de los economistas…, tanto cuando son correctas como cuando están equivocadas, son más poderosas de lo que comúnmente se cree». E inmediatamente añadió que «los hombres prácticos, que se creen exentos por completo de cualquier influencia intelectual, son generalmente esclavos de algún economista difunto»; para después aludir a los políticos «que oyen voces en el aire, (y) destilan su frenesí inspirados en algún mal escritor académico de algunos años atrás».
No es difícil encontrar, en este caso, al economista difunto, al mal escritor académico cuyas ideas erróneas han alcanzado un poder inusitado. Su nombre no es otro que el de Ramón Trias Fargas, Catedrático de la Universidad de Barcelona estrechamente vinculado, a través del servicio de estudios del Banco Urquijo, con la promoción en España de la economía regional —antes, naturalmente, de engrosar las filas de Esquerra Democrática de Catalunya, partido que se integraría en la Convergencia de Jordi Pujol—. Fue, en efecto Trias Fargas quien, en 1972, publicó una Introducció a l’economia de Catalunya que se tradujo dos años más tarde al español y tuvo una indudable difusión entre los economistas y políticos de la época.
En su obra, el profesor Trias Fargas, partiendo de algunos trabajos anteriores sobre la balanza de pagos de Cataluña, realizados dentro del ámbito académico de la Universidad Central de Barcelona, sostuvo que el ahorro generado en la región superaba a la inversión y que tal situación perjudicaba el desarrollo económico catalán. En vez de razonar el los términos de una economía abierta —y, en consecuencia, constatar que ese desequilibrio se tenía que compensar necesariamente con un superávit comercial—, prefirió hacer caso omiso de la relación externa de la región con los demás territorios de España; es decir, ignoró el verdadero motor de los negocios catalanes que estaba en la base del superior nivel de desarrollo de Cataluña: la venta de las mercaderías manufacturadas en la que ya entonces era la «fábrica de España» en un mercado interior protegido de la competencia internacional.
Trias Fragas parecía más bien imbuido de una idea autárquica. Y, por ello, sostuvo que, para impulsar el crecimiento catalán, era necesario «ahorrar más y procurar perder el mínimo posible de nuestro ahorro fuera de Cataluña». Cómo lograrlo era, en su singular análisis económico, muy sencillo: bastaba disminuir al máximo el déficit fiscal regional que, con dudoso rigor contable, estimaba en el 48 por 100 de los ingresos obtenidos por la hacienda del Estado. O sea, se trataba de que los impuestos pagados por los catalanes se gastaran exclusivamente en Cataluña y no se transfirieran al resto de España. Note el lector que esta propuesta —que ha pasado sin variación alguna al pensamiento político común de las diversas variantes del nacionalismo catalán— lleva implícita una idea falsa pero muy atractiva para las personas ignorantes de las florituras del análisis económico: la promesa de hacer ricos a los catalanes sin que éstos tuvieran que hacer nada.
Y, sobre esa base, Trias pretendió asentar un «nuevo regionalismo» de carácter populista en el que confluirían los intereses de «la Cataluña de los ricos y la Cataluña de los pobres», pues «cuando decimos que el ahorro catalán debe permanecer en Cataluña, decimos algo que le conviene al empresario… y decimos algo que igualmente conviene al asalariado». Ni que decir tiene que el profesor barcelonés, como todos los demagogos de esta especie, eludió el incómodo problema de la distribución de la riqueza diciendo que «una vez incrementada la renta regional, (ya) veremos cómo la repartimos». Y proclamó, con euforia irrefrenable, que «el catalanismo como exclusiva de la burguesía ha terminado». Dicho de otra manera, es obvio que, en las ensoñaciones de este intelectual, la lucha de clases, el conflicto de intereses entre capitalistas y asalariados, se desvanecía en la armonía universal de la nación reencontrada, de la etnia aislada y libre de las ataduras que, de momento, la mantenían unida a una España concebida como poder opresor ajeno a la tradición catalana.
La propuesta del profesor Trias Fargas tuvo un indudable impacto entre las minorías políticas catalanas que, en aquellos años, se afanaban en la lucha contra el franquismo; y dado que esa propuesta impregnó tanto a la derecha como a la izquierda catalanista, no sería sorprendente que, en el imaginario nacionalista, la eliminación del déficit fiscal se identificara con el derrocamiento de la dictadura. Se expandió así un sentimiento victimista, una idea de expolio, el delirio de haber sufrido un despojo legendario, como si el resto de los españoles se hubieran aprovechado siempre de la laboriosidad de los catalanes. Quien con mayor claridad ha expresado esta idea es el también distinguido economista académico Xavier Sala i Martin, para el que «un argumento importante que se tendría que utilizar para valorar los costes y beneficios de la independencia —se refiere a la de Cataluña— es el déficit de la balanza fiscal… El beneficio principal, según dicen, es la “solidaridad interregional”. Pero una cosa es la solidaridad y otra que te roben la cartera».
Pues bien, a partir de estas ideas simples y demagógicas, la cuestión de la balanza fiscal se convirtió en uno de los tópicos más relevantes en los que confluyeron los programas políticos de la derecha y la izquierda catalanista, incluyendo más tardíamente al socialismo. Y, puesto que, a partir de ellas, lo que se pretende argumentar es el saqueo de Cataluña, no sorprende que, como ha destacado el profesor Ángel de la Fuente, «exista la tentación de utilizar las balanzas fiscales de manera demagógica, manipulándolas para excitar la indignación ciudadana ante agravios reales o supuestos con la esperanza de obtener rendimientos electorales».
Llegados a este punto, conviene avisar al lector que, aún cuando en apariencia la discusión sobre las balanzas fiscales sólo versa acerca de la oportunidad de su publicación o de su limitada utilización al no tener en cuenta los flujos reales interregionales de bienes y servicios, las cosas se complican mucho más. Ello es así debido a las dificultades metodológicas que encierra el concepto de balanza fiscal. Éste se presenta muchas veces como un instrumento contable de carácter imparcial u objetivo. Sin embargo, debe aclararse que tal objetividad es también una ilusión, pues los economistas están aún muy lejos de haber establecido un consenso sobre el asunto, una metodología estandarizada para determinar cuál es la contribución de los ciudadanos residentes en cada región a los ingresos de las Administraciones Públicas, y los beneficios que esos mismos ciudadanos obtienen a partir de los gastos que realizan esas Administraciones.
En efecto, sin ninguna pretensión de exhaustividad, se puede señalar que los gastos de las Administraciones públicas se pueden imputar a un territorio teniendo en cuenta cuál es la localización geográfica de su realización o bien considerando dónde viven sus beneficiarios. Por poner sólo un ejemplo, según el primero de esos criterios el coste de la base naval de Cartagena se atribuiría a Murcia, pero de acuerdo con el segundo habría que repartirlo entre todas las Comunidades Autónomas debido a que la actividad de ese establecimiento militar proporciona un servicio de defensa a todos los españoles. Pero las complicaciones no acaban ahí, pues, además, para cada partida de gasto hay que tener en cuenta un criterio de reparto regional; y muchas veces son varias las posibilidades entre las que elegir. Y con los ingresos ocurre lo mismo, pues una cosa es dónde se declaran los impuestos y otra muy distinta quién los paga.
Todo ello hace que los resultados del cálculo puedan ser divergentes según sea el criterio de imputación empleado. Así, tomando en consideración el caso de Cataluña como ejemplo indicativo, el profesor Ramón Barberán demostró que el saldo fiscal de esta región, estimado según las diferentes reglas de cálculo utilizables, tiene un recorrido que va desde una cifra positiva equivalente al 0,4 por cien del PIB a otra negativa del 7,9 por cien de este agregado macroeconómico. Por tanto, para determinar cuál es el saldo fiscal de una región, son varias las orientaciones metodológicas que pueden seguirse y, paralelamente, varios los resultados que pueden obtenerse. Además, las metodologías se adscriben, en ocasiones, a las simpatías políticas de quien las adopta. Citemos a este respecto al profesor López Casasnovas, catedrático en la Universidad Pompeu Fabra, quien, con toda claridad, señala en uno de sus trabajos su interés en establecer, para el cálculo del saldo catalán, un «escenario soberanista… (con) derechos de recaudación y de participación en beneficios por parte de los diferentes territorios».
En definitiva, en el actual estado de la investigación económica sobre este asunto, no es prudente lanzarse a la publicación oficial de las balanzas fiscales de las Comunidades Autónomas, toda vez que aún queda un amplio margen de discusión sobre su metodología contable. Más que realizar precipitadamente esas balanzas, el Ministerio de Economía debería nombrar un comité de expertos para tratar de llegar, en un plazo razonable, a las convenciones necesarias que hagan de esas balanzas un documento aceptable. Y, en ese mismo sentido, debería integrar las balanzas fiscales en un sistema completo de cuentas económicas que refleje la totalidad de los flujos económicos, reales y financieros, entre las diferentes regiones de España.
Pero no nos dejemos llevar por la racionalidad abstracta. Lo que verdaderamente está en juego, en este momento, con la discusión sobre las balanzas fiscales, es la integridad y la legitimación del Estado democrático en España, a la vez que la unidad y la dimensión del mercado interior nacional. Para entender esto, basta con tomar en consideración el hecho de que, como destacó en su día el profesor De la Fuente, tres cuartas partes de los flujos interregionales de ingresos y gastos derivados de la actividad del sector público son atribuibles exclusivamente a la redistribución personal de la renta —en virtud de la cual hay más equidad y se amortiguan las diferencias entre los ricos y los pobres que se derivan del mero funcionamiento del mercado, lo que, a su vez, legitima el sistema político y amplia el tamaño del mercado—; otro ocho por cien financia la creación de bienes públicos de carácter nacional y la regulación de la economía —haciendo que ésta corrija sus fallos de mercado—; y sólo queda una sexta parte para los gastos en los que cabe la aplicación de criterios discrecionales de reparto territorial.
En consecuencia, en la práctica, el margen de actuación para aliviar supuestos agravios regionales —salvo que se quiera hacer más desigual la distribución personal— es demasiado estrecho como para satisfacer las aspiraciones nacionalistas. Si éstas, apoyadas en una visión simplista de los saldos fiscales, acabaran triunfando en el diseño de un nuevo sistema de financiación autonómica y se limitaran los flujos interregionales de ingresos y gastos públicos, ese margen puede verse sobrepasado. Entonces, el potencial de desarrollo económico de España, y de todas sus regiones, se estrechará; y, con él, las rentas de los ciudadanos y su nivel de vida. No sería sorprendente, entonces, que se levantaran voces contra el sistema que hubiera propiciado ese cambio, afectando así a la legitimidad de la democracia. Por ello, sería oportuno que quienes ahora nos gobiernan corrigieran el tortuoso rumbo que han emprendido y que nos puede conducir al desastre.
Saludos piramidales Benjamin:
Me congratula ver que hoy estas mas calmado…. : )
«Reconozco que no soporto a esta peña con todas las “ideas” a juego con el poder local. ¿De dónde les viene este servilismo?, ¿de papá o de mamá? Apañoles los dos, fijo. Y disfrazados siempre de alternativos.» dices en un posteo.
Tranquilo no eres el unico al que le asquean los tiralevitas,a mi tambien me dan grima.
¿De donde viene esto? ,de por el interes te quiero Andres.
Gente asi canto el»Horst Wessel » con el fuhrer y la «Internacional» con el secretario general Stalin.
Y si tienen que cantar «Cara al sol» o «Els Segadors » te lo cantan,faltaria mas.La cuestion es chupar del bote.
«Pido perdón a Maquetopower por emponzoñar su blog con artículos que merecen la pena. Sé que es inútil, hay gente que siempre preferirá las gracietas y los eslóganes, porque, para algunos, de lo que se trata no es tanto de opinar como de socializar en la opinión.»Añades en otro.
A mi me gusta leer,pero quiza tengas problemas con otra gente ,a la que le estas derrumbando los mitos fundacionales.xD
asertus
Interesante tema el de Jerez.
solucion :
«DONDE HAY UN LATIGO HAY UNA VOLUNTAD DE TRABAJAR»
En las piramides no teniamos absentismo,oiga.
Los estados sí tienen lengua, y algunos obligan a sus ciudadanos a aprenderla.
La fiscalidad armonizada es recibir los mismos servicios realizando el mismo esfuerzo fiscal, por tanto.
Por cierto, las balanzas fiscales no son una concesión al nacionalismo, sino al federalismo. Otra cosa es que se pueda tener el estado más descentralizado de Europa, como se alardeaba antes de que el Estatut lo profundizara, sin ser federal. Eso lo dejo a los argumentarios.
1 – Empieza Tuvrko: “Los estados sí tienen lengua, y algunos obligan a sus ciudadanos a aprenderla.”
Así se califica él solo. Le gustan los estados que obligan a aprender una lengua. Vamos, las dictaduras. No sí Franco se ha hecho catalán. De cualquier forma, ¿podrías precisar un poco?, para saber cuál es tu estado modelo, digo.
2 – Continúa Tvurko “La fiscalidad armonizada es recibir los mismos servicios realizando el mismo esfuerzo fiscal, por tanto.”
Según él, Bill gates que hace unos esfuerzos fiscales inmensos tiene que recibir unos servicios equivalentes a su capacidad fiscal, y un vagabundo también. O sea, Bill la releche y el indigente nada. Ya ven ustedes, izquierdismo apañol.
No, Tvurko, esa es una fiscalidad reaccionaria, el que más gana, el que más se beneficia del mercado estatal, el rico, es el que más debe pagar. Lo justo es que la gente que hace más esfuerzos fiscales reciba los mismos servicios que la gente que no tiene la suerte ni el dinero de poder hacerlos, los esfuerzos fiscales, se entiende.
3 – Y sigue “Por cierto, las balanzas fiscales no son una concesión al nacionalismo, sino al federalismo.” Federalismo y nacionalismo no son términos excluyentes, la frase te ha quedado un tanto absurda. Y no, la publicación de las balanzas fiscales nada tiene que ver con el federalismo, sino con el asimetrismo y la injusticia.
Eso, eso, déjalo todo a los argumentarios.
Horus, claro que tú lo ves todo desde una pirámide y así es fácil mantener la compostura. Agresividad agresividad sólo la había en una palabra, y bastante suave. Humor, por supuesto, si algo son los apañoles es risibles.
No hay que buscar la solidaridad de un apañol, siempre le dará la razón al nacionalista. Entre todas las opciones escogerá aquella que más le denigre y que le regale algo de culpa. A los apañoles les encanta tener la culpa de algo. Debe ser una mezcla de pavlov y catolicismo. Les encanta humillarse. Es lo que hace aquí el maquetospower a diario.
Todo es ciertamente gracioso, pero cuando uno sufre esta actitud con realidades en las que no cabe el humor, como gente perseguida y asustada a tu alrededor, a uno realmente le entran ganas de insultar a ver si a estos bueyes empantanados en el fangal de su propia m. les entra algo de autoestima. Sé que es inútil, pero por intentarlo, que no quede.
Buenas noches
«Le gustan los estados que obligan a aprender una lengua. Vamos, las dictaduras. No sí Franco se ha hecho catalán. De cualquier forma, ¿podrías precisar un poco?, para saber cuál es tu estado modelo, digo.»
Constitución Española, artículo 3:
«Artículo 3 El castellano y las demás lenguas españolas
1. El castellano es la lengua española oficial del Estado. Todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla. »
«Sé que es inútil, pero por intentarlo, que no quede.»
«No sería sorprendente, entonces, que se levantaran voces contra el sistema que hubiera propiciado ese cambio, afectando así a la legitimidad de la democracia.»
Por lo menos el Buesa abandona sus justificaciones del terrorismo -eso que iba diciendo de que «si el gobierno negocia con la eta algunos se sentirán justificados para tomarse la justicia por su mano»- y se limita, eso sí, a defender el golpismo. Menos da una piedra.