Por fin novedades en memoria histórica
No es fácil aportar algo novedoso al debate sobre la memoria histórica. Las bondades del olvido, desfiles conjuntos con la División Azul, Mister X en el Azor, el Jefe del Estado repitiendo cinco veces al año el cuento de la Transición eternamente jaleado con una prensa tan pelota que para sí la quisiera Chavez, Ansar manoseando libros de Azaña, en fin: excepto juzgar a los criminales y anular los juicios del regimen totalitario y aplicar la legalidad internacional de conformidad con lo sucedido en el resto de Europa Occidental, casi todo.
Por eso es muy de agradecer que el President Pujol, en un arranque de autocrítica, haya reconocido un error a lo largo de sus más de veinte años de gobierno en Catalunya a la par que aportaba una nueva joya a la peculiar relación de los españoles con su pasado. No se refiere, obviamente, a la desastrosa financiación autonómica, o a la doble red escolar, o a su cara de poker cuando las gentes del PPSOE se quedaron con las empresas del estado -perdón, las privatizaron para que fueran más eficientes, como puede comprobar cualquier persona con una conexión ADSL- o el estado ronaldinhico de las infra-estructuras catalanas. Todo eso fue por el bien de Catalunya, y pactado con el PPSOE.
Lo que se le olvidó hacer, según cuenta, es pedir perdón en nombre de la Generalitat de Catalunya por los asesinatos habidos en la retaguardia republicana después del alzamiento fascista del Caudillo, apoyado por las potencias del eje. Es una vía llena de posibilidades. Sobre todo, teniendo en cuenta que cuando su partido se opuso a que el Jefe del Estado nombrado por Franco pidiera perdón por los crímenes del franquismo, el buen hombre debía estar ocupado en algún asuntillo, porque no se le oyó decir ni pío.
A ver si hay un poco de suerte, se concreta el pacto psoevergente y los españoles de bien podemos ver de una vez, con Mas, a un President de la Generalitat pedir disculpas por las víctimas de la segunda república. Evidentemente, nadie está más capacitado para recibir esa petición de perdón que Su Majestad Juan Carlos I -heroico defensor de la democracia frente a los patanes pro-medievalistas como ese sucio terrorista del Dalai Lama-, en tanto que representante de «todos».
Apartado de consignas: ¡Pujol Grande de España, sí en mi nombre!
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P.S: La ley del embudo, capítulo MDCXLVIII: ¿Qué piensa hacer la Justicia -perdón por el término- del reino de España con la calle José Barrionuevo de Nerja?
P.S: El socialismo real, por Javier Couso, hermano de José Couso, asesinado hace cinco años en Baghdad por la «Coalición Humanitaria»: «El Fiscal del Estado está asumiendo las tesis de los USA en este proceso, por esto estoy tan desencantado con Zapatero como lo estaba con Aznar».
Catalunya serà catòlica o no serà !
Con el permiso de ustedes, voy a hacer una comparación un tanto absurda: la Ley de Memoria Histórica es tan mala como la Ley de Partidos. Mesplico:
-Por muchas arcadas que nos produzcan las negativas a condenar los crímenes de ETA, no se puede castigar a nadie por una opinión, y si hay gente de Batasuna que apoya a ETA lo lógido es empurarlos, uno por uno, y no tomar el absurdo atajo de ilegalizar una opción política entera porqueyolovalgo.
-En cuanto a las injusticias y crímenes de la dictadura y demás, por muchas arcadas ue nos produzca el que haya gente delpartidoquesea que considere el Franquismo una época PPlácida,no se puede castigar a nadie por una opinión, y si hay injusticias sin resolver y crímenes sin castigar, lo lógico es revisar los casos uno por uno, indemnizando persona por persona, empurando asesino por asesino, y no crear una ley grandilocuente y rimbombante que reparta golpes de pecho, así, sin más, ni absurdas peticiones de perdón, como nos ha hecho saber Yoda Pujol, el maestro Jedi que sabe Judo.
Abrazos.
Con el debido respeto, Marianito Gafotas, las dos leyes a las que aludes son, por su propio objeto, incomparables entre sí.
La Ley de Memoria Histórica alude a unos hechos del pasado, a una reparación de víctimas del pasado, a una recomposición de la memoria, digamos así, que repare, de algún modo, no sé muy bien cómo, pero es el propósito que se han planteado hacer, el hecho de que la Transición quisiera borrar y empezar de cero con el pasado de tanta gente que estaba en ese momento llevando a cabo el tránsito de un régimen a otro, tránsito en el que todos los que entonces vivíamos (la mayoría de los que aquí intervienen creo que todavía no habían nacido, empezando por Popota & friends) estábamos inmersos.
Pero esto de la Transición tiene muchas trampas. Por ejemplo, qué quiere decirse, entonces, ¿que la gente a la que nos pilló vivo Franco y no nos dió tiempo a manifestar nuestra aversión a sus métodos pudiéramos ser franquistas y cuando se murió dejamos de serlo?
De una dictadura pasamos a una democracia pero, salvo los que estuvieran en la cárcel en el momento de la muerte de Franco, ¿quién puede decir que tiene avales para demostrar que no era franquista entonces? Y conste que el hecho de estar en la cárcel a la muerte de Franco por motivos políticos tampoco le puede dar a nadie necesariamente el label de demócrata, contra lo que se pueda pensar.
Vivir en una dictadura y no oponerse firmemente a ella de todas las formas posibles que no suponga llevarnos a un régimen igual de perverso aunque de sentido contrario, ¿cuánta gente entonces podía decirlo? ¿Y a sensu contrario, quiere esto decir que todos los que vivían bajo la dictadura y no se oponían a ella con todas sus fuerzas eran franquistas?
En fin, estamos hablando de cuestiones del pasado, muy delicadas y muy matizables siempre.
En cambio, con la Ley de Partidos estamos hablando de cuestiones del presente, de hoy mismo. Aquí estamos todos, presentes, viviendo y sintiendo lo que ocurre, pudiendo tener todas las cartas en la mano, todas las opciones, todas las manifestaciones. No necesitamos ir a archivos para saber lo que ocurrió, ni consultar hemerotecas. La cosa está ahora mismo presente, la hemos visto ante nuestros ojos, la seguimos viendo en las declaraciones de la alcaldesa de Arrasate-Mondragón. Es algo que moralmente nos incumbe ahora mismo y ante lo que tenemos el deber moral de juzgar.
El Estado de derecho es algo que nos compete a todos los que vivimos bajo sus leyes. Si no nos gusta lo que tenemos, y si es verdaderamente un estado de derecho, se supone que debemos de tener la forma de cambiarlo. Si no es que algo no funciona. Y ahí está nuestra oportunidad. Aquí hay mucho debate sobre el plan hidrológico nacional y sobre la crisis financiera. Se invocan teorías, manifestaciones, se acopian hemerotecas y citas de sesudos investigadores. Pero esta cuestión que afecta a la Ley de Partidos, la de un desafío moral como el que representa el movimiento político que quiere cargarse el sistema político en el País Vasco y que nos promete no se qué Arcadia feliz socialista y abertzale no provoca, ni de lejos, un debate semejante que nos lleve a mejorar el estado de derecho de forma que sus defectos más visibles y aun los invisibles, tengan modo de ser cambiados.
Pero el Estado de derecho, por definición, tiene una misión, que nos incumbe a todos los que vivimos bajo él. No aceptar su existencia, por cuestiones culturales en sentido laxo (identitarias, históricas) o en sentido fuerte (religiosas, raciales, lingüísticas) obliga a quien no lo acepta a realizar un esfuerzo suplementario por demostrar que ese Estado de derecho no me sirve para vivir en común con los demás.
La opción ante esto que se han procurado algunos es la violencia. Y la justifican de todas las formas posibles.
Pero en el fondo, en el principio, es su opción: acabar con el Estado en el que todos vivimos para crear su propio Estado alternativo. Y a eso no podemos estar dispuestos sin que nos den una explicación que nos convenza. Y la explicación que nos dan hasta ahora no nos convence a la mayoría, por diferentes razones.
Y siguen utilizando la violencia contra la gente más indefensa y que a la vez pueda causar mayor efecto mediático.
Y quienes utilizan la violencia para acabar con el Estado de derecho que nos incumbe a todos los que vivimos bajo él, está archidemostrado para el que quiera verlo que tienen una sintonía de fines y medios con un grupo más o menos amplio que quiere hacer política con la ventaja de ese «argumento» violento siempre disponible. ¿Qué hacer?
El problema que tenemos ahora en Mondragón y otros municipios es el que nos ha dejado en herencia el llamado proceso de paz, por el cual los socialistas y el fiscal general nombrado por ellos permitieron que hubiera unos municipios sí y otros no con gentes del ámbito manifiestamente fiel a los dictados de quien maneja la violencia con fines políticos para acabar con el Estado de derecho común a todos. Se pensaba que de ese modo el Estado de derecho podía demostrar que no se trata de anular una opción política porque sí, sino de ir a la casuística de ver en qué listas había gentes encausadas anteriormente en procedimientos judiciales o con pasado filoterrorista. Las listas que se dejaron actuar se suponía que estaban limpias.
Fue una de las consecuencias de aquel proceso que luego ha habido quien lo ha acabado pagando y está ahora criando malvas.
La Ley de Partidos puede ser un engendro legal y oportunista. ¿Pero qué ley no es oportunista? Aquí salió un día alguien diciendo que era una ley oportunista y las leyes no deben ser eso. Las leyes son siempre oportunistas por definición, puesto que están para regular la vida en común en un momento dado de la historia. Lo único que necesita una ley es adecuarse al ordenamiento jurídico general y ser aprobada por el poder legislativo.
Pero la violencia con fines políticos y los partidos que se aprovechan directamente de ella, permitiéndose seguir denunciando las supuestas torturas cometidas con quienes atentaron en la T-4 (que están en trámite judicial) pero negándose a condenar igualmente a quienes acabaron con la vida de un pobre ex-concejal maketo, esos pueden seguir con su juego perverso y cruel de por vida.
En este blog mucha gente se queja de que esta Ley de Partidos está muy mal, pero nadie dice nada de cómo se puede resolver el problema que tenemos con una gente que lo confunde todo para no reconocer que se saltan todas las normas comunes de convivencia y se creen en la posesión de la verdad, permitiéndose eliminar a la gente a su capricho, repartiéndose entre ellos las tareas en el matadero (la única precaución que siguen manteniendo es quitarse el delantal antes de salir a los medios a decir lo que ha pasado) y encima decir que es una consecuencia del conflicto.
Saludos para todos.
La Ley de Partidos se escudó en el caso turco, ahora denostado pro el PE. El problema de la Ley de pratidos es que no es una norma de aplicación general, sino de excepción, temporal y material, pero, al contrario de la práctoca habitual en un Estado de Derecho, de duración indefinida y aplicación a conveniencia.. En esto se parece mucho a Guantánamo. Y la imposibilidad de encontrara solcucones eficaces, también utilizada en el caso del campo de prisioneros en Cuba, deó hace mucho de ser una excusa. En todo caso, los archivos y hemerotecas están ahí para quien quiera condenar basándose en ellos. ¿No debía el Supremo «tener en cuenta la trayectoria anterior»?
La Memoria Histórica es una redefinición moral del presente, igual que la Ley de Partidos. Remítanse a los laudatorios periodísticos de entonces. Comprobarán cómo la idea era la exclusión simbólica, más allá de una eficacia sobre el terreno de la que casi todos los defensores de la norma dudaban.