Maledicencias
Hoy, el blog maketo, siempre atento a todas las causas humanitarias, va y defiende al actual alcalde de Sabadell (200.000 habitantes), Manuel Bustos Garrido.
Dicen sus rivales políticos que su única carrera profesional al margen de la política es la de conserje del Museo de Paleontología.
Dicen sus rivales políticos que es inaceptable que su hermano, con aún menos calificación profesional que el alcalde, fuera concejal de seguridad, y siga siendo concejal del Ayuntamiento.
Dicen sus rivales políticos que ya está bien de que las oposiciones a las plazas de funcionario municipal de Sabadell las ganen cada vez más personas apellidadas «Bustos» y «Garrido».
Dicen sus rivales políticos que no está nada bien que Melquíades Garrido, tío del alcalde y presidente del gremio de constructores, ocupe un puesto de consejero en la empresa municipal de vivienda de Sabadell.
Dicen sus rivales políticos -entre los que no está el PP, que le apoyó- que no está bien que, después de perdida la mayoría absoluta, Bustos haya transferido del Pleno del Ayuntamiento -donde puede ser controlado por la oposición- a la Junta de Gobierno Local -donde no puede ser controlado por la oposición- una serie de competencias entre las cuales, según el periódico monárquico El País (01/07/07), «contrataciones de obras y servicios por 25 millones de euros, la contratación de personal, expropiaciones o las bases reguladoras de las subvenciones a las entidades».
Lo triste es que todas esas maledicencias gozan de mayor predicamento por la mala fama que tiene en España la política municipal.
Con objeto de acabar con tanta maledicencia y tanto justo pecando por tan poco pecador, la ERC del tripartito 1.0 e IC -partido con muy serias discrepancias con el PSC en toda la corona de Barcelona causadas por temas urbanísticos hasta su entrada en el Govern- impulsaron la creación de una oficina anti-fraude que debía fiscalizar los posibles casos de corrupción en los ayuntamientos. El hecho que bloqueó la aprobación de dicha oficina fue la discrepancia entre ERC y el PSC -a IC la parecía todo bien, como de costumbre, y limitó su participación en el asunto a hacer declaraciones apelando a la responsabilidad, al consenso y a la madurez- sobre de quién debía depender dicha oficina. El PSC defendía que dichas oficinas debían depender de los propios ayuntamientos fiscalizados, en coherencia con el entrañable espíritu de Juan Palomo. ERC, por contra, defendió entonces, enarbolando el «Mans netes«, que no era aceptable nada que fuera menos que «La oficina antifraude podrá conocer las actividades del sector público de Cataluña, que incluye la Generalitat, sus organismos y entidades dependientes o vinculadas, las corporaciones locales y sus organismos o entidades dependientes«.
Esta misma semana, sin embargo, la ERC del tripartito 2.0 ha acordado, aprovechando las vacaciones, la creación de la oficina anti-fraude. Según el acuerdo adoptado, dicha oficina deberá, si detecta irregularidades en un ayuntamiento, pedirle que a) las investigue y b) le haga partícipe del resultado de las investigaciones.
¿Acabará esta manera de gestionar la investigación de las corruptelas municipales evitando que las malas gentes sigan, snif, difundiendo maledicencias sobre el alcalde de Sabadell?