Diario de un aspirante a tertuliano

En las páginas de sucesos de los periódicos es habitual encontrarse con el relato de una muerte que se produce como consecuencia de un «ajuste de cuentas». El uso de esa expresión, en muchas ocasiones sin ninguna explicación adicional, nos da la información justa y precisa para comprender el suceso: alguien decide la muerte de otra persona, la vida de ésta se encuentra comprometida por las circunstancias y la ejecución del mandato «reequilibra» la situación. ¿Por qué complicar más el relato de la realidad? Todo el mundo sabe lo que es un ajuste de cuentas. Aunque queramos aplicar la palabra «justicia» al resultado, el modo y los instrumentos responden a otra lógica. La lógica de la mafia.

Y no es necesario que describamos la traslación del comportamiento mafioso a la política internacional en los últimos diez años. Ahí están las más diversas operaciones del ejército de los EEUU en el exterior, con Irak a la cabeza, para que ahora no nos resulte extraño que la operación de captura del enemigo público nº 1 haya finalizado con la muerte y sepelio en el mar del cadáver de Osama Bin Laden. Posiblemente no tuvieran otras alternativas sobre la mesa sino disparar a la cabeza del terrorista más buscado, pero como colofón de una década de ignominia e ilegalidades en el exterior no nos negarán el derecho de señalar que el objetivo buscado por el gobierno estadounidense desde el 11-S ha sido alcanzado, bastantes años después, con la venganza como motivación principal, como un vulgar ajuste de cuentas.

Que el éxito del gobierno de Obama es indudable lo reconocen hasta los republicanos. La desaparición de Bin Laden es una noticia celebrada unánimemente. Pero Obama tiene que responder a todas las dudas: no es el capo de la mafia que arroja el cuerpo al agua para ocultar lo que no le conviene. Es necesario saber si había un plan para capturarlo con vida, si Bin Laden disponía de información útil para la lucha antiterrorista y qué proceso se ha seguido con el cadáver, entre otras cuestiones. Que se dé muerte al autor de cientos de asesinatos no plantearía ninguna objeción si no fuera el gobierno democrático de EEUU el que ha decidido el homicidio. Qué menos que preguntar si la próxima vez que haya que ir contra los malos haremos uso de aquello que solemos llamar «tribunales de justicia». O si cambiaremos este anticuado procedimiento por lo que decida el comité gubernamental retratado en la foto adjunta, una de las pocas imágenes difundidas por la Casa Blanca 24 horas después de la noticia.

Lo primero de todo: no soy ningún experto nuclear. No formo parte del improvisado consejo de seguridad nuclear, integrado por unos cuantos millones de físicos nucleares, que pueblan las tertulias de cafetería desde hace cinco días. La crisis de la central de Fukushima es evidentemente grave, pero a priori no me siento motivado a contribuir a ningún tipo de catastrofismo. Sin embargo, es absurdo negar que el debate nuclear puede plantearse con nuevos argumentos a la vista de lo sucedido en Japón. Sinceramente, en los últimos tiempos he defendido que hay razones que asisten tanto a los partidarios de la energía nuclear como a los antinucleares por razones medioambientales o de seguridad.

Pero con la catástrofe nuclear de Japón provocada por el tsunami sobre la mesa ocurre que, en vez de matizarse los argumentos de cada uno a medida que llega la información, conocer más detalles de la crisis y más opiniones de expertos únicamente sirve para lanzarse uno a la trinchera de los apocalípticos. El desastre está siendo tal que ni una gestión informativa más transparente serviría para calmar la lógica preocupación que se ha extendido por todo el mundo. En estas circunstancias no cabe sino elogiar al equipo de técnicos de Fukushima que trata de minimizar los efectos y, posteriormente, abonarnos a la frase que ha popularizado Egócrata en twitter sobre Japón: #vamosamorirtodos. Que San Plutonio nos coja confesados.

La protesta inesperada y brutal, hasta el extremo de abandonar en masa sus puestos de trabajo, de un colectivo de 2.000 trabajadores podría pasar incluso inadvertida por el resto de la sociedad si no se tratara del colectivo de controladores aéreos. Porque posiblemente sea éste el único colectivo de trabajadores que trabajan para una sola empresa (AENA) con el poder de hacer daño como lo han hecho a todo un sector de la economía (el turismo) durante el tiempo que dura un paro ilegal como el de este fin de semana. Si no estuviéramos hablando de trabajadores privilegiados, que pueden actuar como un monopolio contra los intereses de los demás ciudadanos, ni siquiera tendrían el acceso a los medios de comunicación que están teniendo para exponer sus reivindicaciones. Y aún así, se quejan de que son silenciados, cuando en realidad su malestar no es que puedan o no protestar por sus condiciones laborales, sino que la opinión pública no apoye sus tesis, claramente contrarias al interés general en su mayoría.

Porque aquí de lo que se trata es de un conflicto de intereses entre la autoridad del control aéreo, en este caso representada por el Estado, y sus empleados. Transcurridos cinco años desde que expiró el último convenio laboral de los controladores, la responsabilidad de no haber alcanzado nuevos acuerdos recae por igual en un colectivo que no quiere ceder un milímetro en sus privilegios y un gobierno que se sabe con poder para imponer las condiciones. Condiciones laborales que habrán de cambiar por la liberalización a nivel europeo de la profesión y la parcial privatización que pretende el gobierno en AENA. En definitiva, los controladores se enfrentan a cambios que deberán negociar, como le ocurre y le ha ocurrido en el pasado a otros colectivos del funcionariado público. No son un caso especial, a pesar de todo. Pero por la especialidad de su tarea no pueden hacer que la necesaria regulación de su trabajo que hace el gobierno, al no alcanzar acuerdos con ellos, sea respondida siempre con un chantaje a los usuarios del transporte aéreo. Por esta vía solo obtienen una cosa: una opinión pública radicalmente contraria a sus posiciones.

El gobierno ha sido, por una vez en los últimos años, eficaz en sus decisiones y rápido en la comunicación de la firmeza de su posición. Transmitió la idea de que no negociarían nada con los controladores a menos que abandonaran el sabotaje. Porque de un sabotaje de una infraestructura pública (el espacio aéreo) se trata, como si la protesta de otros trabajadores (de las compañías eléctricas o de las empresas de transporte) hubiera inutilizado la red eléctrica o las totalidad de las carreteras. Ahora AENA anuncia expedientes contra los que se ausentaron falseando bajas médicas. La posición de firmeza del gobierno tiene en este caso un respaldo casi unánime de los ciudadanos: como consecuencia de esto, los controladores se van a convertir en el ejemplo de quienes tienen que sufrir el ajuste del sector público por la crisis. La responsabilidad será exclusivamente de ellos, por la torpeza con que han manejado la negociación, y quien cosechará autoridad moral para imponer nuevos ajustes será el gobierno. No tardaremos en comprobarlo.

Qué sería del final de agosto si no tuviéramos la oportunidad de renovar cada año las intenciones y los objetivos que animan el inicio de un nuevo «curso». Y qué aburrido sería llegar a septiembre sin pensar en esas metas que irremediablemente terminarán en el limbo hasta ser recuperadas a finales del siguiente verano.

Y con este «zas en toda la boca» queda inaugurado el periodo estival de remodelación de las aceras de todo el país, por obra y gracia del Plan-E. Otra cosa no, pero nuestras aceras van a ser la envidia de toda Europa cuando acabe la crisis.