Diario de un aspirante a tertuliano

Las televisiones autonómicas cumplen un servicio público. Y al mismo tiempo prestan un servicio a los partidos que las manejan como aparatos de propaganda. Esta doble circunstancia parecía un salvavidas frente a la exigencia de recortes en el gasto de las CCAA. Pero la Generalitat Valenciana ha traspasado la línea roja con la liquidación de la RTVV. El cese de emisiones de Canal 9 ha sido justificado por sus ejecutores por la inviabilidad del servicio. Inviable: si así lo es actualmente por la restricción presupuestaria, cabe preguntarse por qué no juzgar el caso RTVV como a cualquier otra empresa que se acoge a la Ley Concursal por la falta de ingresos suficientes para pagar sus deudas. RTVV deja atrás una deuda acumulada de más de 1.200 millones que la Generalitat seguirá pagando durante las dos próximas décadas. Se cerrara o no la TV autonómica, los valencianos tienen que seguir poniendo la pasta del despilfarro de años de mala gestión.

Cuando una empresa es liquidada conforme a un procedimiento concursal, el juez tiene que valorar si las circunstancias que la llevaron al cierre fueron fortuitas, o bien existió una gestión culpable de la compañía. Si en este país nos tomáramos alguna vez en serio la gestión de los presupuestos públicos, el destino del dinero de los contribuyentes sería fiscalizado con la misma severidad que una empresa que quiebra. El administrador que, por sus decisiones, lleva a la ruina una sociedad es declarado culpable del agujero patrimonial creado. Los gestores que han sido responsables del agujero negro de dinero público que ha sido RTVV ni serán juzgados ni pagarán por ello. La quiebra de esta empresa tiene nombres y un solo apellido: el PP valenciano, único beneficiario del servicio prestado por la tele autonómica a su causa electoral.

Liquidar los medios de comunicación públicos es además una prueba de lo rematadamente mal que fueron gestionados, pues ni se ha planteado siquiera la privatización o la externalización del servicio. Se reconoce por tanto que este patrimonio público se tira a la basura, tras años de derroche que dejan una deuda y unos costes de cierre absurdamente altos que deberán pagar los ciudadanos en lugar de quienes son culpables de la mala gestión que ha llevado a la RTVV a la quiebra. La investigación de los contratos firmados por Canal 9 podría servir de ejemplo de lo que debería hacerse con todos los entes que dilapidan dinero público impunemente. Si alguien se pusiera manos a la obra sacando las barbaridades que se intuyen, los gestores se pensarían algo más en el futuro aquello de dejar agujeros patrimoniales de 1.200 millones de euros y a 1.800 trabajadores en la calle.