Diario de un aspirante a tertuliano

Hace veinticinco años que el pueblo andaluz obtuvo en las urnas, en aquel referéndum del 28 de febrero, el derecho a la autonomía plena. Fue una fecha en la que los ciudadanos le dieron la vuelta a los planes que manejaban los poderes del recién estrenado sistema constitucional: la autonomía no quedaría finalmente instituida como privilegio concedido a las comunidades llamadas ‘históricas’. La apertura de la vía autonómica andaluza fue determinante para la configuración del actual Estado autonómico. El modelo cuasifederal que tantos elogios ha recibido y recibe no sería el mismo sin la defensa implícita del principio de igualdad entre territorios que supuso el proceso estatutario de Andalucía. En la celebración de este aniversario, se está recordando aquella no aceptación de los andaluces de un trato desigual como pueblo bajo el prisma del nuevo debate territorial. Ahora las comunidades autónomas están llevando a cabo reformas estatutarias, se prepara también la reforma de la Constitución y se acerca el momento de abordar la negociación de un nuevo modelo de financiación. En Andalucía existe un consenso básico sobre los límites de este proceso.

Reformar un Estatuto de autonomía implica profundizar en el autogobierno y consolidar la descentralización. El primer límite que todo el mundo tiene claro es que el marco constitucional debe ser respetado. No va a tener mucho futuro una reforma que obligue a un cambio en la Constitución sin que exista el necesario consenso en las Cortes Generales. A partir de ahí, la declaración que sindicatos y empresarios andaluces (CEA, UGT-A y CCOO-A) hicieron pública la semana pasada nos puede servir para señalar otra premisa básica: se debe mantener la unidad del mercado, garantizando un marco único de relaciones laborales y respetando, en relación con las políticas de protección social, la caja única de la Seguridad Social. Hay principios que no pueden ser pasados por alto: la cohesión y la solidaridad son fundamentales para que esto siga funcionando. Un último límite que bien podría clarificar algo el intenso debate que sobre el nuevo marco estatutario se está desarrollando en Cataluña es el recordado por el presidente de la Junta de Andalucía hoy mismo: una autonomía no puede incluir unilateralmente en su reforma un sistema de financiación. El delicado asunto del dinero tendrá que ser arreglado entre todas las comunidades y no como una reivindicación al poder central.

Andaba yo preocupado por la imprecisa política de comunicación del gobierno. Me preguntaba qué iba a hacer el grupo Prisa con cinco canales -con veinte una vez se implante la televisión digital- si era verdad que al masonazo de Polanco le iban a dar el monopolio de la televisión. A este gobierno se le ve con ganas de otorgarle todas las licencias a Polanco y quitárselas a los demás grupos, pero no sabe uno con qué objetivo. Menos mal que aún existen mentes preclaras para señalarnos las claves de los oscuros movimientos que se producen entre el poder y los medios de comunicación. En la simpática sección de La Razón titulada «En Alza, En Baja», leo este domingo la revelación. Quizás sea demasiado difícil de asimilar para quienes han estado engañados tanto tiempo, sin saber lo que se esconde tras los medios de comunicación.
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El periodista marroquí Alí Lmrabet, después de ver cómo le clausuraron una revista en 2003 y terminó en la cárcel, se pregunta: «¿por qué desde que anuncié mi regreso definitivo a Marruecos y la próxima edición de una revista se orquestó una descomunal campaña de difamación y desprestigio contra mi modesta persona en los medios gubernamentales o próximos a Palacio?» Portadas en los períodicos y acusaciones de “mercenario”, “traidor” y “agente del Polisario”. Una campaña en toda regla del gobierno marroquí para impedirle ejercer el oficio de periodista.
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El gobierno ha recibido el llamado «Informe para la reforma de los medios de comunicación de titularidad del Estado» (en la web de La Moncloa, PDF 2.5 MB) que encargó al comité de ‘sabios’ formado inicialmente por el filósofo Emilio Lledó y los catedráticos Victoria Camps, Fernando Savater y Enrique Bustamante. A ellos se sumó alguien con experiencia en el mundo de la comunicación y los medios, el periodista Fernando González Urbaneja, que ha terminando emitiendo un voto particular al no sumarse a la propuesta que realizan los demás integrantes de este particular Consejo. Tras nueve meses de elaboración, el informe resultante pretende ser la base de la reforma que necesita RTVE. El principal problema al que se enfrenta la reforma, que en su momento deberá abordarse en sede parlamentaria, es la confusión y la colisión entre sus dos objetivos fundamentales: por un lado, conseguir que los medios públicos sean independientes del poder político y cumplan con el servicio público encomendado en términos de calidad; y por otro, alcanzar la viabilidad financiera de los mismos, atajando la deuda y el déficit crónico.

Los ‘sabios’ realizan una buena recopilación de directrices que podrían servir para alcanzar el primer objetivo. También introducen la creación del imprescindible Consejo Audiovisual. Sin embargo, la propuesta es más de lo mismo en la cuestión económica: financiación mixta. El comentario de Juan Varela en su blog lo explica: «El informe está plagado de buenas intenciones y supone un avance sobre el modelo anterior, pero no promete mucho futuro. No habrá privatización ni canon por la televisión, pero todos los ciudadanos la pagarán con sus impuestos, con el consiguiente peligro para los objetivos de déficit del gobierno y con el peligro de objeciones de las autoridades europeas». En realidad, el informe es desconcertante desde el mismo momento en que la principal crítica, fundamentada y ajustada a las carencias de la propuesta, está incluida en el propio informe: el voto discrepante de Urbaneja. Éste incide especialmente en que el problema acuciante de RTVE es la mala gestión. Y apunta hacia la necesidad de alcanzar un estado de independencia financiera para el que la propuesta del Consejo no sirve, pues aconseja una «doble financiación sin separar o escindir, nítida e inequívocamente, la programación de servicio público y la programación comercial».

La calidad de la televisión pública y su ‘desgubernamentalización’ son cuestiones prioritarias. Pero aún más urgente, porque se trata de una condición necesaria para alcanzar también esos objetivos, es que se defina un marco financiero estable de manera rigurosa. Cualquier gobierno debería tener esto presente, aunque pocos han demostrado hasta el momento verdadero interés por adaptar RTVE a los cambios que está experimentando el panorama audiovisual. Mientras tanto, no ha hecho más que aumentar la factura de RTVE ejercicio tras ejercicio. Siempre a costa del presupuesto público.

La noche del referéndum no será muy larga. El recuento terminará en pocas horas. La participación no es alta: se estima que alrededor del 40%, lo que la acerca a la que tuvieron las elecciones europeas del año pasado. En rueda de prensa en la sede del PSOE, José Blanco sitúa el éxito en el dato de los votos positivos, que podría acercarse a los 11 millones. Son demasiados, seguramente, para una participación que bate el récord de la abstención de una mayoría de votantes. El PP ya le está sacando punta a la ‘fracasada’ movilización por el Tratado europeo. Aunque quizás el dato de participación no sea relevante, porque entraba en todas las previsiones, y sí lo sean los porcentajes de cada opción. El único sondeo a pie de urna dice: entre el 77 y el 80%, ‘sí’; entre el 15 y el 17%, ‘no’; y entre el 5 y el 6% ‘en blanco’.

21.07 : Primeros datos, con un 56,58% escrutado. Para el sí: 77,18%. Para el no: 16,82%. Un 6% en blanco. La participación sería, con este porcentaje escrutado, el 41,94%. Web oficial de resultados.

21.31 : Menos mal que la afluencia de datos es rápida, porque el goteo de porcentajes puede darle la noche a D. Federico. La ilusión de la riada de noes ‘liberales’ se ha quedado en un escaso chaparrón sobre el mar de votos afirmativos. La tertulia de la Cope es una apresurada sesión de ‘think tank’ para buscarle peros al aceptable resultado que recibe el gobierno. ZP no ha conseguido el milagro, que no era otro que la participación masiva en un referéndum cuyo resultado se daba por descontado, pero ha salvado la papeleta de unas expectativas que pintaban muy mal los días previos a la consulta.

22.19 : Con una participación del 42,33% no hay muchos motivos para reprocharle a ZP una falta de capacidad de movilización. Es casi la misma que en las elecciones al Parlamento europeo. Sin embargo, Rajoy ha apuntado directamente a la responsabilidad del gobierno en esta alta abstención. Se precipita y saca los pies del tiesto, me da la impresión, pues ambos partidos iban de la mano en el ‘sí’ a pesar de todo. El desinterés por este tipo de consultas no tiene color político.

23.12 : Cuando por fin se acercan los porcentajes al 100% escrutado, compruebo que fallé en la porra de forma estrepitosa. Lo que como votante del sí me alegra. Aposté por un 67% para el sí, un 26% para el no y un 7% en blanco. Los resultados oficiales son: Sí, 10.804.464 votos (76,73%); No, 2.428.409 votos (17,24%); En blanco, 849.093 votos (6,03%). Al final acertó Pepiño cuando dijo a los ocho de la tarde que serían casi once millones las papeletas que ratificarían la Constitución Europea. Titular de Le Monde: «Un sí aplastante en España». Aunque subraya que la participación es débil.

23.32 : La nota diferencial de este referéndum ha estado claramente en la influencia -tampoco demasiado elevada- que ha demostrado el nacionalismo en algunas comunidades, donde el ‘no’ ha sido alto. Arcadi Espada lo cuenta así: «Las decimonónicas locotomoras europeas de España, el País Vasco (33,66) y Cataluña (28,08), ocupan, junto con Navarra (29,22), los primeros lugares del rechazo al Tratado».

00.15 : La escasa participación es decepcionante si se trataba de ratificar un texto de tanta importancia para el futuro de Europa. Sin embargo, hay factores que pesan más que cualquier tipo de responsabilidad ante la cita histórica. Lo previsible del resultado quita toda emoción y mantiene en casa a un porcentaje elevado de electores. También es determinante la idea de muchos de que la UE seguirá en cualquier caso su rumbo de mayor integración por pura inercia, lo que hace innecesario el apoyo directo. La realidad comunitaria está todavía lejos de las preocupaciones de una mayoría. La solución no es sólo generar un entusiasmo que ahora no se ha manifiestado para respaldar esta Constitución: la implicación debe ser constante, para que en próximas consultas optar por el ‘sí’ o por el ‘no’ tenga un sentido claro desde la perspectiva de un cuerpo constituyente europeo.

Con todo, el resultado es bastante bueno para España porque habrá pocos en el resto de la Unión que pongan la lupa sobre las cifras de la abstención. Si en las demás consultas que se van a convocar -en Francia, por ejemplo- superan esta participación, se deberá únicamente a que la opinión está más dividida acerca del Tratado constitucional y de cuestiones cruciales para el futuro de la UE como la entrada de Turquía. El gobierno -y también el PP- se pueden dar por satisfechos sin mayores euforias. Aunque se diga contra toda lógica que la legitimidad de esta ratificación es insuficiente porque son una minoría sobre el total de electores los que han votado ‘sí’, es evidente que menor sería la legitimidad de una simple votación en el Congreso. Ahora el Tratado tendrá, por primera vez en España en lo referente a una cuestión comunitaria, el respaldo de casi once millones de votos directos.