Diario de un aspirante a tertuliano

La comparecencia de Aznar ante la comisión parlamentaria sobre el 11-M ha sido muy larga, pero sobre todo tremendamente aburrida. El número de ciudadanos interesados por lo que pueda aportar el ex presidente a la política española decrece cada vez, a pesar de que mantenga intacta su nómina de incondicionales. Sus explicaciones, incluso cuando han sido seguidas -como en mi caso- sólo a través de breves espacios a lo largo del día, han sonado repetitivas y unidas por un único hilo conductor, el que le queda como político retirado por propia voluntad justo en el momento en que desearía seguir en activo repartiendo leña a los que le criticaron: el victimismo. No queda nadie que no esté habituado al tono arrogante que suele gastar Aznar en sus contraataques. Aun así, convertido el turno de preguntas en un debate parlamentario con alto nivel de reproches cruzados, la defensa que ha hecho Aznar de sí mismo ha sonado a muchos crispante y llena de soberbia. Aunque, en el fondo, el discurso no era sino la oficialización en el Congreso de la línea de argumentación que se ha construido el PP para explicarse lo ocurrido aquellos días de marzo. Desde el punto de vista aznariano, las diez horas han sido más que útiles para fijar la versión oficial.

El objetivo verdaderamente serio de la comisión ha quedado una vez más aparcado. Aznar fue a defenderse y así lo ha hecho, con nulo impacto en quien no estaba ya convencido de la infalibilidad de un ex presidente que nunca reconoce fallo alguno. Argumentos en dos frentes: demostrar que no hubo imprevisión por el terrorismo islamista y que la gestión informativa tras el atentado fue perfecta. En ese punto la estrategia de Aznar se vuelve un ataque que va más allá de los diputados que tiene enfrente y que tiene como centro la Cadena Ser. Pero lo cierto es que los intentos por desplazar el estigma del engaño («El gobierno no mintió porque fueron otros los que mintieron», ¿acaso no cabe la mentira en ambas partes?) apenas sirven para convertir el cansino debate sobre la información y la ‘verdad’ en una batallita particular entre Aznar y un medio de comunicación, enfrentamiento sin la más mínima relevancia política real. En vez de contribuir a superar episodios pasados, el discurso del presidente de honor del PP mantiene al partido anclado en sus traumas más recientes. Es evidente que un Aznar abanderado de las insinuaciones más absurdas sobre el 11-M es justo lo contrario de lo que necesita el PP en la oposición. Sin embargo, el mal llevado interrogatorio sirve al menos para que el anterior presidente se quede a gusto y sus palmeros mediáticos le sigan marcando el ritmo a su largo y continuado lamento por el resultado de las urnas.

Parece que estamos viviendo una nueva etapa de creación de televisiones autonómicas, que coincide precisamente con el debate sobre el futuro de la TV pública estatal. Más trabajo, desde luego, para quienes se han propuesto arreglar todos los problemas ‘catódicos’ del país. Antonio Martínez: «Juan José Lucas, presidente de honor del PP de Castilla y León, ha hecho una propuesta: «Ha llegado la hora de crear una televisión autonómica en Castilla y León, porque TVE ha cambiado mucho». Franqueza no le falta. «Amigos, amigas: podría apelar a la rica cultura de nuestro pueblo, a la necesidad de promover nuestras costumbres ancestrales, pero no quiero mentiros. Lo único que sucede es que quiero salir por la tele, ¡quiero salir!». Desde que mandan otros, Lucas siente un vacío. Normal. Se convierte uno en estrella de la televisión y de golpe desaparecen los focos. Si el señor Lucas acepta una sugerencia, que impulse un ente con tres canales. Para que haya más pluralismo. Así, si pasa lo del PP valenciano o gallego, con dos bandas rivales, hay tele para todos y todavía te sobra un canal para que salga el líder de la oposición, y así defenderte en la comisión de control parlamentario con un minutaje que demuestra que, en realidad, el Gobierno sufre persecución mediática.»

El gobierno ha tenido en los últimos seis meses tiempo suficiente para practicar el arte de la rectificación. Tanto con decisiones que se veían equivocadas como con declaraciones de ministros que anunciaban imposibles. Una de las formas de rectificar es el desmentido de anuncios que, en realidad, son ‘globos sondas’: la anticipación de una posible decisión con el objetivo de medir la popularidad de la misma. Ésta es la razón de ser de la reflexión hecha por el Secretario de Estado de Hacienda acerca de la inconveniencia de las desgravaciones fiscales por fondos de pensiones. Por mi parte, poco que añadir sobre esta cuestión a lo que dice Juan Francisco Martín Seco en «La mentira de los fondos de pensiones»: «Eliminar esta desgravación sería una de las medidas más coherentes que se podrían adoptar en materia de política fiscal, incluso desde una óptica neoliberal; entre otras razones, porque dejaría al descubierto la mentira que se esconde tras la propaganda de las pensiones privadas. Una vez desaparecida la ayuda del Estado, no quedaría nada; y entonces, ¿por qué se llaman privadas? ¿Y por qué un Estado que afirma carecer de recursos para hacer frente a las pensiones públicas dedica importantes fondos a subvencionar las privadas de los ciudadanos con mayores ingresos? Me temo, no obstante, que una vez más la lógica no cuente, y que sean sólo los intereses los que se impongan. Éstos son tantos y tan importantes que veremos si el Gobierno se atreve.»

Algún día habrá que analizar seriamente las razones por las que el PP se interesa tanto, semanas después de las elecciones, por la posibilidad de constituir una comisión parlamentaria sobre el 11-M y después, cuando comienzan los trabajos, se empeña en defender únicamente su relato de la realidad investigada, en minoría y contra toda lógica partidista. Todos los partidos acuden a una investigación con su versión de los hechos, pero suelen aparcarla de inmediato para aparentar rigor en el estudio de lo ocurrido. La dirección del PP, por el contrario, cree que su oscurantista bandera de «queremos conocer la verdad» (incluso la que sólo existe en la mente de ciertos opinadores, lo que evidencia la falacia del planteamiento) inmuniza a su partido del bochornoso sectarismo con que está dirigiendo mensajes que sólo se comprenden en la defensa de un relato conspiranoico de los hechos de marzo. Las especulaciones teledirigidas que lanzan portavoces acreditados del principal partido de la oposición encajan a la perfección con la historia que están tratando de escribir algunos medios, en especial los que nombraba ayer Arcadi Espada en su blog:

«Pero falta algo [en el artículo de ayer en El Mundo de López Agudin] en su descripción del montaje. Los medios. Principalmente el medio donde escribe y la cadena Cope, cuya cobertura de las agujereadas fantasías negras es puntual, obstinada y militante. A esa cobertura se refiere con prudencia Luis Oz, en su análisis del bipartidismo radiofónico, que publica también El Mundo de hoy: “La Ser y la nueva Cope comparten algo que hasta ahora había monopolizado la cadena de Prisa: unidad de criterios y coherencia las 24 horas”. La cuestión, sin embargo, es mucho más delicada y alarmante. No se trata de criterios, sino de hechos. Es decir: el relativismo de las opiniones desplazado fatalmente a los hechos. El bipartidismo radiofónico y periodístico no se proyecta ya sobre los editoriales, artículos de opinión o sobre la simpatía más o menos disimulada que despierte un partido político. Se trata de hechos. El Mundo y la Cope llevan meses narrando algo que no existe. Una pura invención. No hay que ir a ninguna fuente misteriosa para comprobarlo: basta con una lectura (una mera lectura: pero es una operación difícil, porque lo escrito suele ser ilegible) de lo ya publicado. Una invención, desde luego.»

Oigan, que no. Por muchas vueltas que le doy a este asunto que nunca antes me había ocupado ni preocupado, no encuentro los mínimos de racionalidad exigibles a los pronunciamientos recientes de los que se suponen representantes de los ciudadanos. En concreto, las reacciones de los representantes de dos comunidades ‘enfrentadas’ por el nombre de una lengua que bien podría llamarse junto a otras tantas ‘latín vulgar’. La utilización de la lengua para la confrontación política es vergonzosa, pero aún lo es más el empeño absurdo en ganar pulsos y colgarse medallas a toda costa de los gobernantes que acuden al terreno abonado del agravio y los sentimientos nacionalistas para ganar apoyos. La decisión del gobierno central de presentar ante la UE las ya famosas «cuatro traducciones, en tres lenguas distintas» de la Constitución fue la más acertada para el objetivo que pretendía: emplazar a las CCAA concernidas por la disputa terminológica a que alcanzasen un acuerdo sobre cómo llamar en el exterior a su idioma. No podía, como gobierno, saltarse la ley obviando lo que dicen los Estatutos autonómicos, ni decretar algo radicalmente contrario al consenso científico existente acerca de la unidad de una lengua. El problema, por tanto, sigue en el tejado de los gobiernos de Valencia y Barcelona.

Sin embargo, el espectáculo debe continuar. En un primer momento, el enfado se instaló en los partidos catalanes. Ahora, tras la decisión definitiva de dejar constancia en la UE de cuáles son realmente las lenguas con rango oficial en España, la protesta llega desde la Generalitat Valenciana. Realmente grotesca la manifestación con exagerados aspavientos del desacuerdo, no se sabe bien por qué, de quienes dicen defender el valenciano, y de la susceptibilidad ante el llamado ‘secesionismo lingüístico’ de quienes dicen defender el catalán. Me tienen que explicar qué tiene de malo denominar, por ejemplo, valencianocatalán a la lengua que hablan lo mismo unos que otros. Javier Solana, como secretario del Consejo de la UE, ha jugado con las palabras para no molestar a nadie -literalmente ha dejado por escrito a los ministros comunitarios que las tres versiones lingüísticas cooficiales de España corresponden a la traducción «en vasco», «en gallego» y «en la lengua denominada ‘valenciano’ en la Comunidad autónoma de Valencia y ‘catalán’ en la Comunidad autónoma de Cataluña»-, pero parece que ni así dan algunos por terminada la contienda. Llaman a ésta la ‘guerra’ de las lenguas, pero más ajustado a la realidad sería calificar la batalla política que se ha montado de innecesaria pelea territorial por un puñado de votos.