Durante los primeros años, o mejor dicho los primeros lustros, de la democracia, los Cuerpos de Seguridad del Estado tuvieron que luchar contra el estigma de ser vistos como un aditamento de la represión de los amiguitos de la Caverna contra todo aquél que no pensase como ellos, o más en general, que pensase. Por supuesto, el estigma se lo habían ganado a pulso. Sin embargo, el paso de los años y el obligado cambio paulatino en los modos de actuar de policía y Guardia Civil han logrado minimizar considerablemente esta negativa percepción ciudadana. Hoy por hoy se puede decir que, con la importantísima excepción del País Vasco, y aunque siga existiendo en el imaginario colectivo la rémora de la gloriosa etapa de democracia orgánica franquista, con los «grises», los paseíllos y los disparos al aire, en líneas generales la policía es vista como lo que debería ser en un país democrático: un instrumento imprescindible para otorgarle seguridad y estabilidad a los ciudadanos, una policía que no es «bambi» pero sí respetuosa con los usos de cualquier democracia. Evidentemente, en ocasiones surgen noticias un tanto turbias, acusaciones siniestras de abusos policiales de todo tipo, pero no más de lo que es común en otros países de nuestro entorno («mal de muchos», sí) en una organización que, al fin y al cabo, existe para garantizarle al Estado el monopolio de la violencia (y, poniéndome la venda antes de la herida, no me acusen de hacer apología del GAL ni nada por el estilo, evidentemente estos abusos hay que perseguirlos sin piedad por lo que son y sobre todo por lo que significan – pervierten nuestra democracia).

Sin embargo, superar el franquismo no supone en modo alguno volver a los mismos tiempos del franquismo en que la policía era intocable. Casos como el de King ponen de manifiesto cuál es el principal problema de las fuerzas de seguridad del Estado en estos momentos: su acendrada incompetencia para cumplir su función principal, garantizar la seguridad de los ciudadanos. No me extenderé en el caso King pues doctores tiene la Iglesia que pueden analizarlo mucho mejor que yo (vean el análisis de Andrés en LPD desde el plano jurídico, el análisis mediático-político de David, y los textos de Otis B. Driftwood y Antonio Delgado a propósito de la entrevista de Periodista Digital a King; léanselo todo y luego, háganme el favor, vuelvan aquí, que no he terminado), pero sí me extenderé en el problema de la incompetencia policial que el caso King pone, una vez más, de manifiesto.

La teoría es que el aumento de la delincuencia obedece, según nos posicionemos en el arco político, a la inmigración (los inmigrantes tienden a delinquir por la excesiva permisividad de nuestra Ley de Inmigración y porque, oiga, ni siquiera son españoles, versión ultraderecha y variantes más light) o a la falta de recursos policiales (el PP reduce la policía todo lo que puede para ayudar a sus amigos los empresarios de seguridad privada, con el peregrino argumento de que «quien necesite seguridad, que se la pague»; pero claro, sólo se la pueden pagar «sus amigos los ricos», versión izquierda radikal, izquierda de salón con seguridad privada y derivados). Probablemente ambos factores influyan en el aumento de la delincuencia, pero en mi opinión ambos palidecen frente a la esplendorosa inactividad de las Fuerzas de Seguridad.

En España la acción de policía y Guardia Civil, que estuvo en un principio enturbiada por los principios de la democracia orgánica por la G. de Dios, siguió enturbiándose con la democracia merced al fenómeno del terrorismo. La utilización de lo mejor y más competente de nuestra policía en la lucha contra el terrorismo ha acabado por situar en segundo plano lo que debiera ser principal objetivo de la misma: la seguridad ciudadana digamos «convencional». La lucha contra el terrorismo, más que acción policial propiamente dicha, es leída (y es, de hecho) como una subrepticia guerra de baja intensidad contra un enemigo armado. El problema es que, más allá de la meritoria actuación policial contra el terrorismo, la policía se ha situado en una cómoda posición de «a mi no me miren, bastante hacemos con lo que sufrimos en la lucha contra ETA», más o menos lo mismo que acaban diciendo los políticos españoles cuando se pone de manifiesto la ineficacia policial en casos más «habituales» en un país democrático. Tenemos una policía que no investiga pues no tiene tiempo (o eso dice), que no evita los actos delictivos pues no tiene gente, y no hace demasiado pues para qué, si total los delincuentes acabarán delinquiendo de nuevo (lo cual no deja de ser un argumento especialmente peculiar).

El policía de barrio, el policía de «toda la vida», es el que más falla al respecto. Las denuncias de robos y atracos no hacen más que aumentar en todas las ciudades españolas ante la pasividad policial. El policía se limita a notificar la sentencia y archivarla, incluyendo algún comentario desabrido dirigido al ciudadano del estilo de «no se haga ilusiones, es imposible que recuperemos su bici / radio /dinero», y si es muy salao se permite alguna bromita. Las denuncias no hacen más que aumentar, pero quizás, sólo quizás, aumentarían menos si de vez en cuando se resolviese alguna en lugar de limitarnos al procedimiento burocrático de archivarla y luego «para qué molestarse en investigar. ¡Hay tantas!». Por eso el ciudadano, cuando denuncia, no lo hace porque crea que denunciar un robo servirá en lo más mínimo para recuperar lo robado (pues eso, por oscuras razones derivadas de la gran cantidad de robos, se antoja imposible), sino porque la denuncia es un paso imprescindible para cobrar el seguro sobre lo robado (y así «todos contentos»: el policía no hace nada, el ciudadano recupera parte de lo robado gracias a su seguro -cuando lo hay, claro-, las compañías de seguros aumentan las pólizas contratadas y el delincuente qué les voy a contar, contentísimo).

(en cuatro meses me han pinchado cuatro ruedas, quitado los cuatro tapacubos y robado dos veces la radio del coche, que no es el coche de un playboy de discoteca, sino un modesto utilitario; así que comprenderán que lo de la pasividad policial me tiene particularmente hastiado).