La Generalitat Valenciana, como es sabido, no tiene ni un duro. Y no lo tiene porque se lo ha gastado despilfarrándolo en francachelas de nuevo rico. El margen de maniobra no se gastó en mejorar los servicios públicos, ni en infraestructuras, ni en paliar los peores efectos de la crisis. No, la cosa se gastó en el modelo de política fallero-faraónica que es imagen del marca del PP de por aquí, como se pone constantemente de manifiesto en los artículos que publica la gente que participa en La Paella Rusa.

A propósito de estos dos problemas asociados -la falta de dinero y los absurdos criterios que maneja la Generalitat sobre cómo invertirlo-, publiqué un artículo el domingo pasado en Valencia Plaza que analizaba el «estado de la cuestión» de un sector de actividad que, dada mi estrecha vinculación con El Lado Oscuro, me conozco bastante: el I+D canalizado a las Universidades a través de las subvenciones convocadas por la Generalitat. Reproduzco el artículo a continuación, pero, sintetizando mucho, la cosa se resume en: cada vez menos para proyectos y más para financiar jornadas, congresillos y saraos de los que le gustan al PP (fuegos de artificio con relumbrón y que dejan huella mediática, aunque luego no supongan un impacto palpable en el desarrollo del I+D+i); cada vez menos para la Universidad pública y más para la privada, entiéndase por esta última «confesional».

La inversión en I+D por parte de las Administraciones públicas, históricamente escasa, ha aumentado vertiginosamente en los últimos treinta años. También se han diversificado los agentes públicos inversores, como consecuencia del desarrollo del Estado de las Autonomías y de la integración en la Unión Europea.

La subvención en I+D, canalizada hacia las universidades y otras entidades, públicas o privadas, centradas en la investigación, sirve para un variado abanico de acciones: financiar becas para investigadores, proyectos de I+D que permitan desarrollar investigaciones de equipo (independientes o coordinadas con el sector empresarial), estancias en centros extranjeros, contratación de técnicos de apoyo a la investigación, celebración de encuentros científicos… Para la mayoría de ellas existen diversas convocatorias y subvenciones, a veces complementarias, a menudo incompatibles entre sí, emanadas desde los organismos públicos.

¿Por qué surge la necesidad de contribuir al desarrollo del I+D desde las comunidades autónomas? Simplificando mucho, lo normal es que los planes autonómicos de I+D sirvan para dos cosas:

-Complementar a los planes nacionales y europeos con una línea de actuación que llegue a donde ellos no llegan.

-Definir las líneas estratégicas que mejor convengan a la sociedad en el marco territorial en el que se desarrollan (en este caso, la Comunidad Valenciana).

Así han funcionado en las CCAA, y también en la Comunidad Valenciana, durante años. Sin embargo, en las últimas convocatorias, y en una tendencia que comenzó hace más o menos cinco años, la Generalitat ha dado un giro paulatino en sus preferencias, consistente en restringir cada vez más la concesión de proyectos de I+D. No porque la evaluación sea muy dura (más bien se acerca a la idea del «café para todos»), sino porque la Generalitat sólo propone dos tipos de proyectos, que cortan de raíz la posibilidad de que la mayoría de los investigadores puedan presentarse.

Por un lado, proyectos emergentes (normalmente con dos años de duración), pensados para equipos de investigación recién constituidos. Estos proyectos sólo pueden solicitarse una vez, sólo bajo determinadas circunstancias (cada año más restrictivas), y nadie que haya recibido alguna vez un proyecto en alguna convocatoria como investigador principal puede volver a presentarse. De manera que los proyectos emergentes se han reducido sistemáticamente en número: en 2007 se concedieron 198, en 2008 353 (pero de un solo año, con una inversión en consecuencia menor), en 2009 66, y en 2010 la ridícula cantidad de 34 proyectos.

Y es lógico que cada vez queden menos, dado que cualquiera que haya disfrutado de un proyecto emergente es inmediatamente «sumergido» por los criterios restrictivos de la Generalitat y no puede volver a presentarse ni como investigador principal, ni formando parte de otro grupo. Así que formar un grupo, desarrollar una investigación incipiente, crear estructuras, relaciones con las empresas, etc., son acciones que quedan abruptamente abortadas en la mayoría de los casos, una vez se acaba el proyecto y no existen posibilidades de renovarlo o solicitar otro. «Café para todos», por tanto, pero sólo un café.

La otra línea de proyectos de I+D con que cuenta la Generalitat, el programa Prometeo para grupos de investigación de excelencia, está pensado para equipos consolidados con una larga trayectoria investigadora. En concreto, se pone como requisito que el investigador principal cuente con un mínimo de 18 años de actividad investigadora reconocida (y su equipo con una media de 12 años); o bien que haya dirigido ya tres proyectos del Plan Nacional de I+D (es decir, un mínimo de 9 años). La mayoría de los investigadores que alcanzan alguna de estas dos condiciones lo hacen cuando ya cuentan con una larga y nutrida carrera académica.

Por ese motivo catalogábamos la actual política de I+D de la Generalitat Valenciana como emergente o crepuscular: la Generalitat ofrece financiación para desarrollar proyectos al principio o al final de la carrera académica de los investigadores. El resto del tiempo, se espera que el grupo vaya al Plan Nacional de I+D. Pero esto casi nunca será factible, porque precisamente la gente que está empezando suele incorporarse como investigador «de base» a proyectos del Plan Nacional liderados por investigadores de más amplia trayectoria; lo cual, a su vez, les impide liderar otro. Por otra parte, el Plan Nacional, como es lógico, deja de lado muchos proyectos de ámbito local, cuyo soporte lógicamente debería provenir de la instituciones locales, las principales interesadas en fomentar este tipo de investigaciones.

Esta decisión estratégica de la Generalitat, motivada -cabe suponer- por la escasez de fondos, y que no tiene parangón prácticamente con ninguna otra comunidad autónoma, viene a «compensarse» con el aumento de otra línea de financiación: la que incentiva la celebración de todo tipo de eventos, jornadas, seminarios, etc., generosamente financiados por la Generalitat con cantidades que llegan a los 9000 e incluso, en casos concretos, 18000 euros; similares a la financiación media que recibe un proyecto de dos años de duración.

Los congresos responden un poco a esa mentalidad, tan extendida en las instituciones valencianas, de primar los «grandes eventos», los fastos momentáneamente relucientes, sobre otro tipo de acciones menos impactantes, pero de mayor recorrido. Y, en efecto, un congreso puede tener un gran impacto social y aparecer en varios medios de comunicación. Pero si no viene apoyado por una política de I+D coherente, su papel será cada vez más anecdótico, el de una isla en un océano yermo de investigaciones. Además, la generosidad en las ayudas de este capítulo también se está viendo afectada en los últimos años por la crisis económica y los problemas de endeudamiento de la Generalitat valenciana.

A estas deficiencias cabe unir la obsesión de la Generalitat, palpable desde que Francesc Camps pasó a ocupar la presidencia en el año 2003, en fomentar, por todas las vías posibles, el desarrollo de nuevas universidades privadas: la VIU (privada con fondos públicos) y, sobre todo, la Universidad Católica. Esta última ha recibido un apoyo sólido y constante de la Generalitat y del PP: por ejemplo, con la concesión, contra viento y marea, de la importantísima carrera de Medicina, o con la cesión de terrenos, gratuitamente, por parte del Ayuntamiento de Torrent (del PP) para edificar allí un campus de esta Universidad. Y, en lo que se refiere al I+D, con la constante firma de convenios específicos entre la Generalitat y la Católica, fuera de la línea regular de financiación de la investigación, que permite fomentar el desarrollo de esta institución también en este aspecto.

En cualquier caso, se supone que el sistema de I+D+i valenciano va a quedar enraizado en torno a un Plan Valenciano específico, diseñado desde la Dirección General de Política Científica. Dicho plan, que inicialmente iba a ver la luz en 2009, se ha ido retrasando por las mencionadas dificultades, y sólo recientemente ha comenzado a concretarse. El plan, que en un principio abarcaría los años 2009-2011, ahora se presenta como el Plan General Estratégico de Ciencia y Tecnología (2010 – 2015), que abarcaría las líneas de actuación ya definidas, pero también añade una línea de «proyectos de I+D plurianuales» que (cabe suponer) permitirán completar el recorrido lógico de la investigación subvencionada desde la Generalitat. Proyectos que, por el momento, no se han definido ni convocado, a la espera, cabe suponer, de tiempos mejores en lo económico.

Guillermo López García es profesor titular de Periodismo en la Universidad de Valencia. Coordinador del Grupo de Investigación de los Medios Digitales Valencianos