Uno de los efectos colaterales de la crisis está siendo el inicio de una nueva oleada centralisto-madrileña para intentar cepillarse las CCAA, compendio de todos los males. La rigurosa gestión que históricamente ha desempeñado el Gobierno central en España estaría siendo malbaratada por unas CCAA derrochadoras y caciquiles. Sí, a mí también me cuesta leer la anterior frase sin reírme: en efecto, las CCAA se limitan, en su criterio de gestión, a reproducir exactamente los mismos vicios y errores tan tradicionales en la cosa pública en España.

Un ejemplo muy claro de lo anterior es el desarrollo de televisiones autonómicas que, a imagen y semejanza de TVE, rivalizan en generar deuda y en acomodarse a las exigencias y necesidades del poder político de turno (que las gestiona como si perteneciesen al partido político en el poder). A propósito de lo anterior, reproduzco el artículo que salió publicado el pasado sábado en Valencia Plaza, en el que analizaba uno de los casos más claros, y más estruendosos, de mala gestión: el del ente público valenciano RTVV.

La mezcla de digitalización y crisis económica está afectando fuertemente al sector de la comunicación en la Comunidad Valenciana. Si añadimos a la mezcla un tercer factor, la irresponsabilidad en la gestión, comenzaremos a entender los problemas que arrastra el ente público valenciano RTVV, que son muchos y de amplio calado.

El panorama de RTVV es, sin duda, deprimente. En primer lugar, por el desplome de la audiencia de Canal 9, que ha descendido en los últimos meses a una horquilla del 7-8%, muy lejos del 15% que marcaba hace tan solo un año. Una caída, motivada por la puesta en marcha de la TDT, que se ha producido en todas las televisiones autonómicas (salvo TV3), pero no tan pronunciada (y hasta cotas tan bajas) como en Canal 9. En segundo lugar, por el incremento implacable de las pérdidas (250 millones el último año), que ascienden a 1200 millones de euros de deuda, una cantidad totalmente desmesurada en comparación con otras televisiones autonómicas; por ejemplo, la deuda de TVG asciende a 50 millones, y la de Telemadrid a unos 200. Por último, y en consonancia con los problemas que afectan a la Generalitat Valenciana y todos los organismos que dependen de ella, RTVV se está quedando, literalmente, sin dinero.

Pasan meses sin que se pague a los proveedores, algunos de los cuales están comenzando a cortar el servicio. Meses que se convierten en años en el caso de las productoras, a las que RTVV debe 20 millones de euros. Además, RTVV está imponiendo a las productoras unas condiciones de producción progresivamente más precarias: se paga cada vez menos a cambio de más producto, se renueva en plazos cada vez más cortos (por un puñado de programas, en lugar de temporadas completas), y se exige la entrega de capítulos completos de una semana para otra. La calidad, como es natural, se resiente de estas condiciones leoninas, que afectan tanto a los productos nuevos como a los contenidos más emblemáticos, y de mayor audiencia, de la cadena (como es el caso de L’Alqueria Blanca, producida por Trivisión).

Se da la circunstancia, además, de que la existencia de RTVV, y en particular Canal 9, es crucial para el desarrollo de un sector audiovisual valenciano. Por desgracia, la TDT no ha supuesto apenas ninguna producción propia de entidad: la mayoría de las cadenas de TDT local se limitan a ofrecer contenidos “enlatados”, o sencillamente son televisiones de ámbito nacional encubiertas (como Libertad Digital TV o Intereconomía), que utilizan las licencias graciosamente concedidas por el Consell como vía para rentabilizar en “provincias” los contenidos generados desde Madrid. Por otra parte, las grandes cadenas nacionales nunca han manifestado el menor interés por trabajar con productoras ajenas al circuito Madrid – Barcelona (donde se concentran las más grandes y con mayor capacidad para acometer grandes proyectos). Así que, a los efectos, la producción audiovisual valenciana trabaja para RTVV, o no trabaja. Es un mercado con un único cliente, y puede comprenderse que, en estas condiciones, quien paga manda. Sobre todo, porque es el único que paga (aunque pague poco, tarde y mal).

Todo lo anterior plantea implícitamente una pregunta: ¿Cómo se ha llegado a esta situación? Son varios los factores que deberíamos mencionar. De entrada, RTVV ha funcionado en parte, desde hace demasiado tiempo, como una auténtica agencia de colocación, donde se generaban puestos a todas luces innecesarios o redundantes para otorgar un trabajo, sufragado con dinero público, a personas afines, que pasaban por delante de los trabajadores de la cadena en los concursos convocados al efecto. Este régimen de contratación de personal ha generado una plantilla amplísima, de 1800 personas en el conjunto de RTVV, sin duda excesiva para un medio de ámbito autonómico. Por comparar con otras televisiones de similar alcance, EiTB y CRTVG cuentan con unos mil trabajadores y Telemadrid con 1200.

Por otra parte, RTVV ha sido utilizada por el Consell como vía para financiar indirectamente sus apuestas políticas más relevantes. El caso de la Fórmula 1 resulta muy clarificador al respecto: Canal 9 se hizo con los derechos de retransmisión (por una cantidad anual nunca reconocida por RTVV, pero cifrada en 18 millones de euros) de una competición que ya es emitida en España por La Sexta, así como por las televisiones autonómicas de Cataluña y Asturias. Dada la importancia económica de esta apuesta, cabría esperar rentabilizarla de alguna manera en términos de audiencia. Sin embargo, los datos muestran que la audiencia de Canal 9 no asciende significativamente, quedándose en torno al 10% en la retransmisión de cada Gran Premio, y que se mantiene muy por debajo de la audiencia que consigue La Sexta en la Comunidad Valenciana (superior al 35%).

La cosa llega al extremo, si se revisan los picos u oscilaciones de la audiencia, de que Canal 9 funcione como una especie de “reverso tenebroso” de La Sexta, de manera que la audiencia de Canal 9 sólo sube cuando en La Sexta cortan la retransmisión para dar paso a la publicidad. En otras palabras: en igualdad de condiciones, el público huye de Canal 9.

Vistos los resultados, no hay ninguna explicación que pueda justificar la apuesta de RTVV por la Fórmula 1, a no ser que entendamos que dicha apuesta consta como parte de la “factura” que el Consell paga a cambio de contar con el Gran Premio de Europa. Factura, ocioso es decirlo, que no le correspondería pagar a la televisión autonómica, pero que igualmente engrosa sus gastos.

El panorama, como puede verse, es más que negativo. Comienza a hablarse de privatización, así como de un ERE que podría alcanzar dimensiones monstruosas: 1000 personas, es decir, más del 50% de la plantilla. Se está sistematizando la contratación de becarios, y la dilución de las figuras profesionales existentes (cámaras, operadores de equipos, técnicos de sonido, iluminación, etc.) en una especie de cajón de sastre que englobe todas las funciones, o casi todas, que es el perfil de contratación que ahora se busca en RTVV. Medidas drásticas, sin vuelta atrás, en pro de racionalizar la desquiciada gestión de un organismo cuya capital importancia en términos económicos, como principio y fin de casi todos los movimientos en el sector audiovisual valenciano, sólo se ve superada por su incidencia política. En efecto, su dimensión política es la que explica, como hemos visto, muchos de los problemas y también del desinterés por racionalizar la gestión; especialmente, en vísperas de las elecciones autonómicas y municipales de mayo.

Guillermo López García es profesor titular de Periodismo en la Universidad de Valencia. Coordinador del Grupo de Investigación de los Medios Digitales Valencianos