La semana pasada vivimos el penúltimo espectáculo proporcionado por el Gobierno de Zapatero, con la participación especial de la ministra de Cultura. A la ministra y a sus asesores no se les ocurrió nada mejor que colar de rondón en la Ley de Economía Sostenible una disposición aberrante cuyo propósito venía a ser montar una miniSGAE en el Ministerio para usurpar las funciones del poder judicial.

Ese fue el primer error del Ministerio. El segundo, convocar aprisa y corriendo a algunos significados periodistas, creadores de contenidos y, resumiendo mucho, líderes de opinión en Internet. El error no reside en convocarles, sino en hacerlo tan tarde y en hacerlo para decirles “mireusté, es que esto lo vamos a hacer así, y punto”. Por último, y rizando el rizo, el Ministerio cometió su último error: decirles que estaba todo el pescado vendido, pero sin impedirles que ellos pudieran contarlo a través de Twitter, pudieran grabarlo y hacer fotos a tutiplén para dejar constancia del magno evento.

A partir de ahí se creó un estado de opinión de gran fuerza en Internet (expresado en el Manifiesto), que llevó al Gobierno a medio rectificar, a disimular como buenamente pudo y, en fin, a dejar a esta ministra al borde de la destitución (me juego un DVD original de cualquier película guionizada por la ministra a que ésta deja el ministerio en la próxima reestructuración efectista que haga Zapatero), y que puso sobre la mesa con claridad que, frente a los intereses expresados por las sociedades de gestión de derechos, algunos autores y la industria, no hay una cálifa de adolescentes descerebrados, sino un sector igualmente potente, con sus creadores, sus modelos alternativos de negocio y sus portavoces.

En la práctica, hablamos, como casi siempre, en términos de poder. El problema que tiene la industria cultural, que es obviamente muy serio, es que en el pasado el modelo era mucho más cómodo para ellos, puesto que estaba controlado por el emisor, y en la actualidad el receptor tiene mucha más capacidad de decisión, de optar por unos contenidos u otros y, también, de piratearlos.

Decía que es una cuestión en términos de poder porque, en realidad, las cosas no han cambiado tanto. El consumidor, si puede pagar menos, paga menos. Si puede no pagar nada sin exponerse a la cárcel o similar, no paga nada. En el pasado el margen de la piratería era menor porque, sencillamente, los canales para distribuir los productos culturales eran muchos menos y menos eficaces, y además los mejores estaban controlados por la industria. Pero, por supuesto, el usuario pirateaba lo que podía, fotocopiando libros, grabando cassettes o cintas de vídeo, … Ahora no hace mucha falta que les explique por qué la piratería es un problema. Lo es (para la industria, y para muchos autores) porque los canales de difusión son múltiples e incontrolables, porque además llegan a gran velocidad al usuario (incluso antes de que se emitan por los canales «normales», como es el caso de algunas películas y de las series de TV de otros países), y porque la diferencia entre copia y original se ha desvanecido.

Para defender sus posiciones, ambos bandos tienden a confundir los términos (unos, como brillantemente explicaba Andrés Boix, confunden cultura con negocio, y los otros, ocio con cultura), pero de lo que se trata es de si la industria tiene realmente posibilidades de darle la vuelta a la situación, esto es: a la copia y distribución generalizadas de productos culturales en formato digital por parte de los usuarios.

Personalmente, lo dudo. Al menos, dudo que lo consigan a base de leyes. Las leyes que son de aplicación en el ámbito nacional tienen poco que hacer frente a un sistema de difusión descentralizado como este. La industria tuvo su victoria pírrica con Napster, pero desde entonces los sistemas están cada vez más dispersos y fragmentados entre miles o millones de copartícipes. Es una cuestión de masa crítica, en este caso de gente que piratea, y a la que se supone que pretendes castigar con la cárcel o con una multa. Si todos cometen el delito, es imposible perseguirlo (y si no, que se lo digan a la banca, o a los honrados empresarios del ladrillo). Y luego está, claro, la discusión sobre la gravedad del delito.

Finalmente, cabría ver por cuánto tiempo los autores y la industria cultural siguen teniendo el favor del poder político. Podrían encontrarse en el futuro con la desagradable sorpresa de que algún político avispado, deseoso de subirse al carro del vencedor, comience a hablar de “cultura libre”, de “compartir es bueno” y demás, se haga con los votos de los antiSGAE y se cepille el actual modelo de gestión de derechos.

Puede que esto parezca imposible hoy por hoy, pero estoy seguro de que costaría mucho encontrar a alguien menor de 30 años comprensivo con la SGAE y su argumentación, dispuesto a conmoverse en lo más mínimo por aquello de “la música se muere”. Bien al contrario, las nuevas generaciones dan por supuesto que pueden descargar lo que les venga en gana, con la tecnología y las barreras de acceso como únicas limitaciones. No es que sea muy admirable, pero es lo que hay.

Así que la industria, una vez más, haría muy bien en moderar sus pretensiones. El modelo con el que tan bien han vivido no tiene posibilidades de subsistir a medio plazo. Por otra parte, es un modelo que beneficiaba mucho más a la industria en sí (el cabrón del intermediario, que se me lleva un 50% por trasladar los tomates de un sitio a otro) que a los autores, subsidiarios de aquélla. Los autores se encuentran ante un escenario de comprensible incertidumbre; lo que no significa que no se pueda sacar rentabilidad a su esfuerzo. El problema es que esa rentabilidad, en relación con el número de personas que consuman un determinado producto, será previsiblemente menor, por la vía publicitaria, por la vía de bajar los precios, o por la vía que sea (consecuencias, como decía al principio, de que el poder haya pasado de los emisores a los receptores de productos culturales).

Si les digo la verdad, yo, con la vena socialdemócrata más aguerrida que nunca, lo solucionaría por la vía por la que un socialdemócrata lo soluciona todo: impuestos y subvenciones. Yo pondría un impuesto a las operadoras (a las que ataría en corto para que no acabase repercutiendo íntegramente en el consumidor), relacionado con las conexiones de banda ancha a partir de cierto límite. Un impuesto en todo caso bajo (tres euros al mes o así), y cuyos beneficios, gestionados directamente por el Estado (nada de sociedades y lobbies turbios que metiesen la zarpa allí), podrían distribuirse entre los creadores de productos culturales por la vía favorita de todo socialdemócrata: las subvenciones culturales a fondo perdido, a menos que se encuentre un sistema realmente eficaz para estimar aproximadamente en qué medida son consumidos por el público los productos culturales de los autores. En este sistema, obviamente, deberían entrar también los creadores digitales que distribuyen gratuitamente sus productos, como vía para incentivar que lo hagan cada vez más creadores.