ACTUALIDAD DE ESPAÑA                        MARZO DE 2003

13/03/2004: La despedida de Aznar

El terrorismo es una cuestión criminal. El voto no tiene en esencia nada que ver con acciones terroristas. Puede tenerlo sobre la discusión en torno a las mejores formas de combatirlo. Pero las masacres terroristas en sí mismas son ajenas a consideraciones políticas. La legitimidad democrática no se pone en juego por la dramática comisión de un atentado. Las instituciones, por mucha que sea la dureza con la que el terrorismo golpee a un país, no se ven afectadas gravemente por estos actos.

Y, sin embargo, el pavoroso atentado realizado, como puede afirmarse cada vez con más certeza (siguiendo, como es nuestra costumbre, al Ministro del Interior), por alguna célula de la Red Al Qaeda va a lograr dejar una fortísima huella en el sistema democrático español. No tanto porque haya tenido lugar en un momento especialmente sensible, a tres días de las elecciones, sino porque ha desencadenado en Aznar y sus Ministros comportamientos absolutamente impropios de un Gobierno democrático, precipitando así una gravísima crisis de legitimidad en nuestras instituciones democráticas. Quienes desde un primer momento nos asustamos al comprobar cómo las más que discutibles actuaciones tanto del Ministro del Interior como del Presidente del Gobierno nos dejaban mucho más preocupados que la propia masacre hemos podido constatar cómo en las últimas horas se ha desarrollado una espiral de salvajismo político de naturaleza difícil de caracterizar que ha superado la práctica totalidad de nuestros temores. Al Qaeda no pone en peligro a España y su democracia, por muy viles que puedan ser sus acciones. En cambio, lo que haga un Gobierno democrático, si traspasa unos determinados umbrales de bajeza, sí.

En estos momentos es posible ya afirmar que el Presidente del Gobierno empleó desde primera hora la muerte de dos centenares de personas como instrumento de acción política contra sus adversarios en las inminentes elecciones. No queda duda ninguna, además, respecto al hecho de que todos los medios de comunicación españoles y extranjeros, así como las cancillerías de numerosos países europeos y la propia organización de Naciones Unidas fueron presionados por el Gobierno español (en algunos casos, por el Presidente del Gobierno en persona) para que dieran por cierta la tesis gubernamental sobre la autoría del crimen. Tesis más que discutible y que fue empleada desde el primer momento, con los muertos todavía cayendo en los hospitales, para dar la puntilla electoral al resto de partidos democráticos españoles (y paralelamente para alejar hipotéticas responsabilidades propias que algunos ciudadanos pudieran considerar derivadas de las acciones criminales del Gobierno español en los últimos tiempos). Ideas que fueron instantáneamente difundidas por los medios de comunicación públicos y afines, con una carga de violencia contra, por este orden, PNV, ERC, PSC y PSOE ciertamente inusitada, manifiestamente fuera de lugar y, a estas alturas puede afirmarse ya sin que sea exagerar un ápice, absolutamente antidemocrática.

A estas horas de la jornada de reflexión (sin que dé tiempo por ello a prácticamente nada, ni a que la ciudadanía adquiera conciencia de qué ha pasado exactamente estos días) se confirma la gravísima responsabilidad adicional del Gobierno por estos actos al saberse que, además, la premisa de la imputación (que dio pie a un ya de por sí lamentable linchamiento) era radicalmente falsa. Asimismo, es público y notorio que la falsedad de las explicaciones ofrecidas a la opinión pública sólo ha empezado a reconocerse como consecuencia de una brutal presión de algunos sectores de la opinión pública española y de los medios de comunicación internacionales.

Nadie se atreve a imaginar que este cúmulo de despropósitos haya sido consecuencia de una decisión consciente de Aznar. Si así fuera estaríamos, sencillamente, ante una de las actuaciones políticas de un Gobierno democrático dirigida a decidir el voto en unas elecciones más abyectas que la memoria humana puede recordar. Probablemente sólo sería superada por el incendio del Reichstag de 1933, dado que este último, aunque incruento, fue una acción directamente organizada por el propio Gobierno para acusar de ella a sus rivales políticos. La mera hipótesis de que la desinformación haya sido consciente y de que responda a una táctica política produce tal vértigo que es mejor ni siquiera plantearla. A diferencia de lo que está ocurriendo en otras esferas, una conclusión de tal naturaleza requiere de una base derivada de un análisis de la intencionalidad de estos actos. Es una suerte, ya que ello nos permite defendernos psicológicamente con facilidad. En materia de asignación de intenciones últimas es difícil que se nos saque de nuestro error (si lo hubiera) caso de estar empeñados en el mismo. ¿Cómo demostrar intenciones? ¿Cómo demostrar dolo en estas actuaciones? Así que quedémonos en la fe de que nunca un Gobierno español sería capaz de tal cosa, abracemos la explicación de la incompetencia y de la irresponsabilidad y confiemos ciegamente en que nunca nada de esto tendrá que ser debatido.

Pero lo más grave es que ni siquiera hace falta llegar a tanto. Simplemente con que nos encontremos ante un mero error, alimentado por el matonismo desarrollado por Aznar en sus comparecencias, nos las habemos ante la mayor crisis a que se ha enfrentado la democracia española desde el 23-F. Con el agravante de que la causación de la misma está en la actuación del propio Gobierno de la Nación.

En estos momentos sabemos todos, gracias a que tenemos la posibilidad de ver televisiones alemanas, inglesas, francesas o estadounidenses o de leer ediciones de periódicos on-line escritos en otras naciones, que el Gobierno ha tenido engañada (aunque haya sido por mera incapacidad en el ejercicio de sus funciones) a la ciudadanía sobre algo tan básico como la autoría del brutal atentando. Y, para dar más gravedad al asunto, enfrentando a los ciudadanos con motivo de su criminalización de los nacionalismos democráticos e insultando y acusando de lindezas matoniles a quienes (ciudadanos o los contados medios de comunicación que han hecho gala de espíritu crítico) osaban plantear otras hipótesis (recordemos que la postura oficial del Gobierno ha sido acusar de irresponsabilidad y complicidad con el terrorismo a quienes osaban cuestionar la autoría de ETA, cuando no eran directamente vinculados a la comisión de asesinatos o a la justificación de los mismos). Y todos sabemos también que hemos sido vilmente manipulados, con la connivencia de unos medios de comunicación que todavía hoy ofrecen menos información sobre esta crucial cuestión que los extranjeros, por los medios de distracción masiva del Gobierno. Aprovechándose del duelo ciudadano, se ha hurtado a la ciudadanía información vital, que ha sido sustituida por manifestaciones con lemas revanchistas (afortunadamente obviados por la mayoría), repetición en bucle de imágenes de víctimas, macabras escenas del lugar de los atentados más propias de una clase de anatomía forense que de la información a la que teníamos derecho y, por supuesto, abundantes datos de archivo sobre el historial criminal de ETA.

En estas condiciones, con una población masivamente desinformada sobre cuestiones tan cruciales, los españoles acudimos a las urnas. Recae sobre nosotros la responsabilidad de reencauzar nuestra democracia, puesta en peligro por el Gobierno, y de restituir al Ejecutivo su legitimidad democrática, que el Gabinete de Aznar ha perdido sobrevenidamente. Porque la legitimidad democrática no avala cualquier ejercicio de la misma.Puede perderse de manera irreversible. Y lamentablemente así ha ocurrido en España en estas jornadas. También con el fuerte shock provocado por esta constatación tendremos que votar otros muchos ciudadanos.

Con todo, es importante tener bien presente una cosa. Votar mañana es una salida, pero la próxma legislatura debiera ser la más corta de la historia de nuestro país. Salga quien salga elegido mañana, debiera limitarse a dilucidar con la mayor transparecia posible el máximo de cuestiones referidas a la barbarie terrorista del 11-M y, sencillamente, convocar de nuevo a los ciudadanos para que voten con plena conciencia de cúal es la situación y cúal ha sido la actuación de Aznar y sus Ministros. Si, como es razonable pensar, Rajoy gana las elecciones esta decisión se convierte, por pura vergüenza frente a la manera en que lo haría (debido al comportamiento de sus compañeros de partido miembros del Gobierno), en una inexcusable exigencia democrática. Si la escalada de revelaciones escandalosas diera un vuelco a la situación (hay que tener en cuenta que en estos momentos en Naciones Unidas y la Unión Europea la actuación del Gobierno español está logrando remover todas las estructuras y conciencias, mientras casi nadie logra salir de su asombro) y Zapatero se viera beneficiado sería igualmente justo para con los ciudadanos que les diera la oportunidad de votar ateniendo a las consideraciones que deben ser tenidas en cuenta en condiciones normales (y no en el estado de excepción democrática en el que nos encontramos) en el debate político en un país civilizado. Los ciudadanos tenemos derecho a poder elegir entre el PP y el PSOE (y IU, y PNV, y ERC, y CiU, y ...), entre Rajoy y Zapatero sin que esta decisión esté vinculada al aventurerismo carroñero de José María Aznar López.

Andrés Boix Palop.