Nacionalidades históricas y
regiones sin historia

ROBERTO L. BLANCO VALDÉS

Se rompe España. Es una mala noticia, en principio, para casi todos. Con la excepción de quienes viven de que se rompa España, o lo parezca. Que son muchos más de los que en principio pudiera pensarse (Federico Jiménez Losantos, PP Bono, ERC e incluso el tándem Felipe González-Ánsar si explotaran el buen juicio y prestigio internacional que les proporcionó su experiencia como Presidentes) y que a este paso acabarán siendo cada vez más (obsérvese la transición de Fernando Savater, de superventas en plan "soy lo más parecido a un sesentayochista que ha parido el antifranquismo" a superventas en plan "defensa de la unidad de la patria desde la verdadera izquierda").

Sin embargo, la eterna ruptura de España, a la que venimos asistiendo casi desde su creación, no nos llena el corral sólo de pelafustanes más o menos indocumentados, sino que ampara el legítimo interés de oscuros profesores universitarios de vender libros, incluso, en grandes pilas en las grandes superficies, casi como si fueran un plurilicenciado-doctor por la Logos University de la talla de su eminencia César Vidal (la única persona del planeta de la que puede asegurarse que sería un tipo cultísimo sólo con haber leído los libros que él mismo ha escrito).

Algo semejante ha ocurrido con el libro que brevemente comentamos. Alguien como Blanco Valdés, uno de los mejores constitucionalistas españoles, con obras de grandísimo nivel (como su ensayo El valor de la Constitución, absolutamente imprescindible para entender las diferencias entre el constitucionalismo americano y el europeo), no sólo puede gracias a la ruptura de España publicar sino incluso lograr vender como rosquillas una obra de divulgación constitucional sobre el Estado de las Autonomías que al mérito de la actualidad de la preocupación aúna el rigor intelectual, la exposición didáctica, la profundidad en el análisis y la aportación de ideas y propuestas de reforma.

Nacionalidades históricas y regiones sin historia es una obra muy recomendable para todo el que desee conocer cuáles son las bases políticas, jurídicas e históricas (de historia reciente, entiéndase, referida al proceso constituyente) de nuestro actual modelo de Estado federal. Y, muy especialmente, para el que desee contar con bases sólidas que le permitan enjuiciar críticamente el encaje de las tradicionales pretensiones diferenciadoras de ciertos nacionalismos españoles.

La obra es destacable por su realismo. No tanto porque, recordando a Hobsbawm y Gellner, desmenuce la poca entidad de los mitos fundadores de la ficción nacional y su pretendida consistencia histórica. Sino porque los sitúa de forma cabal en el ámbito que les es propio: el de la legítima reivindicación política. Que, como tal, puede ser o no atendida, sin que de ello se deriven grandes cataclismos constitucionales.

Las bases de cualquier nacionalismo, desde el vasco al español, desde el catalán al astur-leonés, son una mala interpretación de la historia, como afortunadamente (o para nuestra desgracia, según se mire) hemos tenido tantas ocasiones de comprobar en España de la mano de los grandes constructores ideológicos de los identitarismos (el Generalísimo, por ejemplo; Sabino Arana, de la manita; tantos otros que menudean en el entorno del 3-5% en tantas regiones españolas gracias a la democracia). Pero no es suficiente tal apreciación, por mucho que se base en la evidente constatación de que en el fondo todos los individuos y personas, por culpa del puto contínuo espacio-tiempo en el que las ideologías siguen instaladas incapaces ellas de asumir la revolución que las ciencias naturales ha alumbrado al respecto a lo largo del siglo XX, tenemos historia, y que la importancia que le queramos dar depende más de patologías propias que de la esencia mítica de unas historias y culturas en oposición al yermo carácter de otras. No, sólo con eso no basta. Por que la gracia de la confrontación política radica en gran parte, justamente, en que cada uno de nosotros puede defender alegremente cualquier postura, prejuicio, obsesión y manía. Por absurda que sea. Por carente de fundamento real que pueda señalarse. Si alguien lo duda ahí está desde hace décadas el Partido de la Ley Natural presentándose a elecciones en nuestro país sin que nada ocurra, ni nadie se rasgue las vestiduras. O, puestos a mencionar freakismos, la misma Conferencia Episcopal, que hasta dipone de financiación pública a discreción, licencias varias para tener teles y radios, beneficios fiscales y solares privilegiados en todos los núcleos de población del país.

Los problemas aparecen cuando los dementes, sean los curas o los nacionalistas, son tomados en serio por demasiadas personas. Ahí entra en juego, o debiera, el Derecho. Sobre todo aparecen, o hemos de encargarnos los demás de hacer presentes, aquellos límites básicos a los desmanes que pueden hacer o consentirse a los grupos de iluminados, si apoyados por las masas. Porque aquéllos han de quedar, afortunadamente, en todo caso encuadrados en los legítimos límites a la convivencia que los valores y principios constitucionales representan. Al menos, mientras siga la Constitución en vigor. Lo cual no quiere decir, por otra parte, que las reglas (y los principios que laten en ellas) de nuestra Constitución hayan de ser inalterables o que sean necesariamente óptimas. Pero dado que tampoco están, si se me permite decirlo, tan mal, y sobre todo teniendo en cuenta que modificarlas a fondo es bastante complejo (ya saben, acuerdo del PP y del PSOE, nuevas elecciones, de nuevo acuerdo del PP y del PSOE, por simplificar lo que señala el art. 168 CE), pues asumamos que el el campo de juego en el que hemos de movernos es ése y ya está.

Nacionalidades históricas y regiones sin historia traza con inteligencia algunas de las ideas básicas que conviene retener sobre cuál es el verdadero campo de juego que tenemos, en estos momentos, en España. Nuestro Estado Federal light tiene sus propias reglas, y conviene sabérselas para poder entender algunas cosillas de esas que periódicamente alteran la correcta comprensión de la realidad del debate regional en España.

Blanco Valdés señala en este punto con gran claridad algunas ideas cuya importancia hace que merezcan ser resaltadas. Así, por ejemplo, la esencia federal del actual modelo, de lo que se deducen realidades tan obvias como que es imposible reformar para convertir España en un Estado federal. Porque España ya es un Estado federal. Otra cosa es que se quiera profundizar en la federalización, o extraer algunas consecuencias que todavía puedan faltar (menores) o se decida acometer alguna modificación de tipo institucional-organizativo (la sempiterna reforma del Senado) que refuerce esta naturaleza federal de España. Asumir esta idea tan básica (e incontrovertible jurídicamente, salvo si uno se pone en plan purista, decidido a cogérsela con papel de fumar) simplifica enormemente los términos de algunos de los más apasionantes debates a los que asistimos desde hace años entre malvados federalistas empeñados en llevarnos a donde ya estamos (y, de paso, en obtener bicocas de todo tipo durante el viaje) y no menos inquietantes centralistas que alertan de los riesgos de un Estado federal, ocultando que ya estamos en él, pero con la conveniente repercusión de que sus alaridos logran frenar cualquier proceso de descentralización (que, claro, es de lo que se trata).

Descentralización que, por lo demás, está ya más que avanzada en España (a pesar del parón habido entre 2000 y 2004) y, es de justicia reconocerlo, ha funcionado de manera sorprendentemente positiva. España ha logrado en apenas dos décadas pasar de ser un país centralista burocráticamente muy ineficaz y débil, extraordinariamente desigual en lo económico y social y en términos generales muy atrasado, a ser un país enormemente descentralizado, avanzado, más cohesionado y menos desigual, dotado de Administraciones públicas locales y autonómicas que han demostrado gestionar mucho mejor los servicios públicos de lo que lo hacía el Estado central. Blanco Valdés recuerda esta realidad y analiza la importancia que en términos de progreso y democratización ha tenido el cambio. Asimismo resalta las enormes diferencias existentes entre un país donde el poder lo tenían unos cuerpos y castas que venían supraordenadas a todas las regiones (incluyendo a los simpáticos capitanes generales y arzobispos, que junto a los gobernadores civiles, todos ellos cuerpos designados directamente desde Madrid, eran los que cortaban el bacalao) y uno, la España actual, donde son las elites políticas locales y regionales las que han desplazado a las antiguas castas. Por poco formadas e impresentables que sean o hayan podido ser las clases políticas del terruño surgidas al calor de la descentralización, la evidencia es clara: han sido mucho mejores que las anteriores. Y, además, han estado felizmente controladas democráticamente en instancias referidas a su ámbito de gestión, con las ventajas que ello supone.

El caso es que el Estado de las Autonomías ha supuesto un éxito innegable respecto a lo que nadie podría haber imaginado nunca en los años setenta: Que en Murcia, en La Rioja, en Extremadura... se articulasen estructuras de poder eficaces y competentes, a pesar de la nula tradición histórica y de las inexistentes ganas iniciales de esos territorios y de su ciudadanía por disponer de autonomía. Pero la dinámica emuladora de nuestro peculiar federalismo ha asentado con notable éxito estas estructuras. Y ha demostrado que por precarias que en algunos casos fueran en ningún supuesto empeoraban la lamentable gestión pública asociada al centralismo de corte españolista de nuestro querido nacional-tradicionalismo.

Paradójicamente, sin embargo, como también destaca Blanco Valdés, donde nuestro Estado de las Autonomías ha fracasado ha sido precisamente al resolver lo que teóricamente tenía que arreglar, esto es, el encaje constitucional de, sobre todo, Cataluña y el País Vasco, con sus peculiaridades propias que eran y son, sobre todo, el potente apoyo electoral que reciben el nacionalismo y el independentismo en esos territorios. Porque el modelo de Estado federal pergeñado por el constituyente de 1978 ha permitido a estas regiones (y les permitirá probablemente más si cabe en el futuro) contar con un nivel de autogobierno más que generoso. Que se ha llevado a la práctica y que se ha demostrado eficaz. Pero que no permite, en el modelo constitucional, asegurar una distinción con otras autonomías, lo que obliga a los partidos nacionalistas, por mera superviciencia política, a una constante surenchère, a una huida hacia adelante en la pretensión diferenciadora. De eso viven y tampoco se lo podemos reprochar, por mucho que convenga desenmascararlo.

Estructuralmente, éste es el problema de nuestro Estado de las Autonomías, cuya solución pasa únicamente por al asunción de algunas realidades constitucionales básicas y dolorosamente evidentes:

- El modelo territorial de la Constitución de 1978 no permite blindar diferencias entre unas autonomías y otras. Más allá de la distinción entre la "vía rápida" y la "vía lenta", que se sustancia sólo en un retraso de cinco años en la posibilidad de asumi estatutariamente todas las competencias no estatales, el marco jurídico de nuestro Estado dispone que cualquier Comunidad Autónoma tiene, por definición, el mismo techo competencial teórico que cualquier otra.

- Un sistema como el descrito sólo puede ser alterado por previsiones constitucionales concretas estrictamente contrarias a lo señalado, como las que excepcionalmente existen para las provincias que ayudaron al Generalísimo a ganar la guerra y que perpetúan los privilegios que el Caudillo les concedió a cambio de su apoyo (el reconocimiento del concierto económico vasco y del convenio económico navarro, constitucionalmente introducidos para asegurar el apoyo del nacionalismo vasco a la Constitución, y que constituyen en la actualidad una alteración única y difícilmente justificable, pero cuya remoción exige una reforma constitucional).

- Adicionalmente, y como es obvio, los "hechos diferenciales" permiten alguna competencia adicional: es evidente que sólo la existencia de lengua propia permitirá el ejercicio de competencias en esta materia (aunque la naturaleza indómita del político español de provincias no permita asegurar con igual confianza que sólo haya lenguas oficiales en unas determinadas CC.AA., dado que cualquier día nos surge una lengua propia en León, Asturias, el Pirineo aragonés, Murcia, la provincia de Cádiz o incluso el barrio de Legazpi); parece sensato que las competencias autonómicas en materia de puertos sean sólo reconocidas a las Comunidades Autónomas con costa (y ahí el indómito carácter español lo tiene mal, por mucho pantanos que haya en el interior); e incluso es defendible que la condición de región ultraperiférica no puede predicarse de la Comunidad de Madrid.

- Sin embargo, hechos diferenciales no hay tantos. De manera que conviene asumir que potencialmente sólo unas cuantas competencias, muy poco relevantes, conformarán la diferencia jurídica respecto del status de autonomía que pueden alcanzar unas y otras Comunidades Autónomas (con la diferencia, de nuevo, del concierto y del convenio económicos de los ex-carlistas).

A este punto se tendría que llegar cuanto antes en el debate autónomico español. Asumiendo todos, Comunidades históricas y las que carecen de tradición; naciones, nacionalidades y regiones; estatalistas y nacionalistas periféricos; que en el marco de la Constitución las diferencias, sensatamente, sólo pueden establecerse por dos vías. Bien porque el legislador estatal, que es a quien compete en última instancia la reforma estatutaria y marcar con ello los techos competenciales de cada autonomía, opte por marcar diferencias por motivos de oportunidad política, mejor o peor argumentados, pero en general llamados, por motivos obvios, a ser superados por la presión democrática. Bien por la vía de asumir que puedan exisitir Comunidades Autónomas que, sencillamente, no deseen tales o cuales competencias, estableciéndose así de forma natural y no traumática la diferencia o, más sencillo, como consecuencia de que, en un entorno simétrico de tipo federal haya Comunidades Autónomas que, teniendo unas competencias homologables a las restantes, sean capaces de hacer mejor uso de ellas, gestionando mejor, siendo imaginativas e innovadoras, sirviendo mejor los intereses de los ciudadanos. Porque ésta, si algún día nos logramos librar del malhadado legado franquista todavía enquistado en la Constitución de tan nefastas consecuencias para la cohesión social, será la única forma de asimetría que permitirá nuestro sistema.

ABP (València)