Justicia sin Estado

BRUCE L. BENSON

Unicamente con leer el título muchos de Ustedes habrán percibido un cierto aroma a liberalismo de lo más sugerente. Si además les decimos que la obra está publicada por Unión Editorial -empresa dedicada a difundir el pensamiento liberal por estos parajes- y que su autor, en definitiva, aboga por una paulatina privatización de los servicios de justicia y orden público, es posible que ya estén pensando, quizá con razón, que "a estos liberales habría que colgarlos por las pelotas en la plaza mayor del pueblo". Si es así, mejor dejen de leer esta reseña y vayan a la sección de sexo, porque esto no ha hecho más que empezar y además ya les adelantamos que están Ustedes ante un rollazo de los que hacen época.

En realidad el libro es cojonudo, pueden creerlo. Pero como nos pasaríamos de concisión si dejáramos el análisis ahí, y además estamos seguros que el precio del volumen -en la línea de la casa, por otra parte- es otro aliciente para no comprarlo, vamos a exponerles en pocas líneas la tesis principal del autor con lo que les ahorramos unos euros (que pueden transformar en un modesto óbolo para LPD), y al mismo tiempo contribuímos a hacer patria liberal y a luchar contra el anófeles colectivista. (Increíble, no pensábamos que llegaría Ud. leyendo hasta aquí. Nuestra enhorabuena y por supuesto siga, siga).

La mayoría de Ustedes podrían pensar que resulta imposible la existencia de la Justicia sin un Estado que la imparta y sostenga. Si es así pueden apuntarse un punto negativo por rojos, puesto que, tal y como describe Benson, la justicia y el orden público son "inventos" muy anteriores a las instituciones estatales. A principios de la Edad Media, por ejemplo, el derecho mercantil era de origen consuetudinario. Eran los usos comerciales propios de la época los que dictaban las normas no escritas que todo mercader había de cumplir. Si algún comerciante intentaba convertirse en un tiburón de las finanzas usando métodos irregulares, el resto de colegas dejaban de hacer negocios con él. Bastaba esta tácita amenaza de exclusión para que todos se condujeran dentro de la legalidad, sin necesidad de que ninguna autoridad impusiera ninguna normativa específica. Con la aparición del Estado aparece el derecho autoritario, que llega hasta nuestros días. La regulación de la vida individual y colectiva de las sociedades deja de estar basada en los usos y costumbres de la tradición, pasando a regularse por las normas emanadas del poder político cuya observancia es impuesta por métodos coercitivos. ¿Es esto bueno o malo?. Para Benson es una putada, y en su lugar se decanta por el derecho primigenio de fuerte raíz consuetudinaria que utilizaba los incentivos sociales en lugar de la violencia como medio de imposición de la ley.

Benson analiza este estado de la justicia desde el punto de vista de la teoría económica -con dos pelotas- según la cual "las funciones principales del Estado son actuar como mecanismo redistributivo que quita riqueza a unos para transferírsela a otros, así como discriminar entre grupos para determinar quién gana y quién pierde, en proporción a su poder relativo." De esta forma, resulta evidente que las leyes irán destinadas principalmente a satisfacer a los grupos de presión más poderosos, perdiendo el amplio apoyo social que tenían bajo el sistema consuetudinario. Súmenle a ésto el constante aumento de la burocracia necesaria para aplicar el ingente volumen de normas con que las administraciones públicas nos inundan todos los días, y llegarán a la conclusión de que vamos por muy mal camino.

En cuanto al problema del orden público, Benson hace notar la necesidad de perseguir especialmente las agresiones contra las personas o su propiedad en detrimento de los delitos en los que no existe víctima salvo el propio infractor. Por poner un ejemplo, la polícia debería dejar de molestar a los jovenzuelos que se emporran en los parques públicos y perseguir en su lugar a los delincuentes armados y peligrosos. Además, según su teoría, las agresiones contra una persona o su propiedad deberían llevar aparejado un castigo en forma de una "multa" pagadera directamente a la víctima de cuantía suficiente para resarcirla de los daños causados, además de los gastos legales ocasionados. Esta es la diferencia fundamental con el sistema actual, que basa la represión del delito en el castigo al delincuente, con casi total olvido de las víctimas y sus derechos. De hecho, resulta evidente que la encarcelación no sólo no compensa a las víctimas sino que les exige cargar con más costes derivados de los gastos del proceso, lo que origina que cada vez haya más ciudadanos que renuncian a denunciar agresiones contra su libertad o propiedad, salvo casos especialmente graves.

La propuesta de Benson para paliar este estado de cosas consiste, en pocas palabras, en iniciar una progresiva privatización de los servicios de justicia y de orden público, que basen su acción en la protección de la libertad de los ciudadanos y de su propiedad particular, y con especial preocupación por resarcir a las víctimas por los daños causados. Estarán de acuerdo con nosotros en que hay que tener un par de cojones para defender una propuesta tan políticamente incorrecta en público sin usar seudónimo. Y el caso es que después de ver el estado actual de la justicia en países como el nuestro -totalmente homologable en este aspecto con cualquier otro país occidental- la teoría de Benson suena bastante sensata. ¿Llegará a cristalizar algún día?, es difícil saberlo, pero tengan ustedes en cuenta que muchas de las ideas que hace unos años parecían descabelladas actualmente son asumidas con toda naturalidad, ¿o es que alguien sospechaba que se volverían a ponerse de moda la perilla y los pantalones de campana?.