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Como es sabido, y he explicado muchas veces, la monarquía me parece una cosa bastante aberrante y contradictoria con todos los principios que enhebrar un orden democrático de convivencia más o menos sensato. Me parece una institución tóxica, en general, y no me convencen las explicaciones/justificaciones de sus defensores. La monarquía española, además, en tanto que impuesta por el general Franco, me resulta, como a cualquier persona normal, particularmente antipática. Lo que, como estamos viendo y leyendo estos días, deja fuera de mi definición de «persona normal» a toda la geronto-casta española (mediática, política, económica, hintelectual…) que está desfilando estos días para demostrar que a genuflexos con el Borbón no les gana nadie. Pero, dicho todo esto, la cuestión es que, a día de hoy, tenemos lo que tenemos. Y una de las misiones de los juristas es tratar de entender cómo funciona nuestro ordenamiento jurídico y controlar que, nos guste más o menos, las reglas previamente establecidas se cumplan de modo coherente y sin que se presenten interpretaciones o derogaciones exóticas y secundum quid. En este sentido, tiene interés analizar el problema jurídico, al menos hipotético, que plantea la sucesión en la Jefatura del Estado tal y como está definida, que puede llevar a dudar de la constitucionalidad de la coronación como Rey de España de Felipe de Borbón. Porque, en efecto, ¿estamos seguros de que el Heredero que nos han designado entre el PP y el PSOE y las elites económicas, más allá de que sea una elección sensata o no, es el que la Constitución determina?
Continúa leyendo ¿Un Heredero inconstitucional?…
Con esto de que el Borbón ha abdicado su corona de repente (y a saber por qué, la verdad, lo ha hecho así, deprisa y corriendo, dado el lío jurídico que se va a organizar por no tener el tema mínimamente previsto, a falta de la ley orgánica de desarrollo del tema que prevé la Constitución y que parece que va a obligar a una acelerada aprobación de una norma ad hoc, todo tan edificante como siempre) parece obligado hoy hablar un poco de la figura del Rey en este país nuestro. Pero la verdad es que no tengo muchas ganas. Da mucha pereza repetir lo evidente. De modo que me limito a enlazar aquí las dos últimas cosas que escribí hace unos meses sobre la Monarquía en España, donde creo que queda expuesto lo fundamental (por lo demás, para los viciosos, todos los escritos en el blog sobre forma de Estado están aquí):
– Entre Hendaya y Cartagena, Su Majestad escoja
– ¿Un Rey comisionista? A vueltas con la toxicidad de la institución
Sí puede ser más interesante que repetir cosas ya dichas, sin embargo, y más allá de recordarlas y de alertar sobre el show jurídico que puede venirse encima con la Ley Orgánica express que PP y PSOE ya han prometido ofrendar a los Borbones, analizar un poco cuáles son los perfiles del pensamiento monárquico jurídicamente más elaborado de nuestros días y en nuestro país. De todo lo que tengo controlado más o menos reciente el libro que se acerca más a un intento de justificar y explicar desde el ordenamiento jurídico (y sin ofender a la inteligencia del lector) lo que es y debería (a juicio de su autor) ser nuestra Monarquía es el de Gaspar Ariño Ortiz (publicado por Iustel el año pasado y prologado por Juan Antonio Sagardoy Bengoechea). Es una de esas cosas que yo me leo porque no puedo evitar cierta tendencia necrófila, cosa que hice hace unos meses, lo que me permite dejar aquí constancia de ciertas sorpresas que me produjo el texto, pero también de algunos apuntes que quizás puedan permitir entender por dónde puedan ir algunos de los cambios que se pretendan dar a la institución monárquica con el relevo de Campechano I por Pre-parado I. Vamos allá.
Continúa leyendo La Corona. Reflexiones en voz baja, de Gaspar Ariño…
Como es sabido y hemos comentado muchísimas veces, el modelo democrático español es francamente decepcionante y muy poco participativo. Básicamente, la construcción jurídica de la Constitución de 1978, que podríamos resumir en el constructo «esta democracia me pega lo normal», se fundamenta en la idea de ir cogiendo de cada país de nuestro entorno las mayores restricciones posibles, puntuales, que ellos tienen, e ir sumándolas: una de aquí, una de allá, una de acullá… Cuando alguien luego se queja de una restricción concreta, entonces, siempre es posible decir «¡pero si en XXXX también es así y es un país perfectamente democrático!». Pues sí, es verdad, pero nosotros pillamos prácticamente todas las restricciones posibles y ninguna de las posibilidades de participación democrática de otros sitios. Y así nos va (aquí, un intento de explicar esto mismo con más detalle en una charla en la UNED sobre democracia y participación en España).
Probablemente donde más se visualiza todo esto, claro, es en lo de votar. En España votamos poco (sólo para elegir representantes y como quieras montar un referéndum éste sólo puede ser consultivo y debe autorizarlo el Estado) y mal (las restricciones de la LOREG son de un ridículo que, a estas alturas, mejor tomárnoslo a coña). Lo mejor del tema es que, además, y constatada que la cosa no se sostiene y tiene ya a estas alturas de siglo tintes directamente grotescos -presidentes de mesa revisando tu sobre no sea que metas ántrax en la urna, jornada de reflexión donde no se puede hacer propaganda, la increíble prohibición de publicar sondeos…- las reformas que se introducen no son para ir eliminando estas restricciones que en el mundo de hoy ya nadie considera sensatas sino que… ¡son para meter restricciones nuevas! Por ejemplo, hace no mucho se modificó la LOREG requiriendo conseguir más firmas para presentar candidaturas a los nuevos partidos o para obligar a los medios de comunicación a tratar la información política como un parte oficial donde hay que conceder el espacio a cada partido que la Autoridad competente determina. Una cosa de locos que ya crticamos severamente en su día en este blog. Por supuesto, no se aprovechó la reforma para «aligerar» de contenido la LOREG en sus aspectos grotescos.
Pues bien, lo más interesante en términos democráticos que está pasando en estas elecciones europeas 2014 por lo demás bastante poco importantes en términos democráticos (elegir un parlamento que no se ocupa de nada de lo importante que hace la institución de turno es lo que tiene) es que muchos ciudadanos de Cataluña se han organizado para reivindicar democráticamente que las elecciones pueden servir para algo más. Y lo están haciendo por la vía de los hechos, demostrándolo por medio de un ejemplo. La idea es muy simple: ¿no estaría bien aprovechar los días en que votamos a nuestros representantes, por ejemplo hoy, para convocar a la gente a decidir sobre otros muchos temas, como pasa en casi todos los países del mundo -en muchos de ellos, además, con resultados vinculantes-? Pues como ellos (y yo, la verdad, también) creen que sí estaría bien y también que es evidente que no podemos esperar que nuestros representantes y sistema de partidos vayan a avnzar en esta línea por sí solos, han decidido organizar las consultas por sí mismos. De eso va una iniciativa chulísima, y muy interesante por las tensiones jurídicas que plantea, que se llama Multireferèndum 2014.
Cualquiera que eche un vistazo a la web verá rápido en qué consiste la cosa. Aprovechar el día de hoy, donde votamos una cosa que a muchos interesa, a otros no tanto y a algunos nada, para montar mesas electorales donde se pregunten otras cuestiones más concretas y que pueden interesar a los ciudadanos. El proyecto es ciudadano y colaborativo. Se paga con donaciones y trabajo voluntario. Cualquiera que se apunte puede colaborar y tratar de organizar su mesa. Las preguntas se han decidido entre todos. Como es obvio, la iniciativa trata con ello de:
– llamar la atención sobre los asuntos concretos respecto de los que se va a preguntar (y conocer la opinión de la gente que participe, aunque obviamente el valor de estos datos es limitado, pues es una consulta sin censo ni garantías y previsiblemente con escasa participación);
– poner en marcha un ejemplo de modelo participativo que debiera servir para que el sistema diera una respuesta a las peticiones de que integre este tipo de consultas populares (a nivel micro muchas veces) aprovechando las elecciones.
La segunda cuestión es lo verdaderamente importante. Las preguntas del Multireferèndum, de hecho, casi son lo de menos excepto porque pueden simbolizar, a modo de ejemplo, el tipo de cuestiones sobre las que no es nada descabellado pensar que la ciudadanía, si así lo reclamase en unos números mínimos, debiera poder pronunciarse: si han de autorizarse los transgénicos en agricultura en Cataluña o no, si ha de pagarse la deuda «ilegítima», si el sector eléctrico tiene que pasar a ser controlado por el sector público o si una iniciativa legislativa popular con suficiente número de firmas debiera poder ser sometida a referéndum en lugar de tramitada por el parlamento. Además, hay preguntas locales, referidas a cuestiones que afectan sólo a ciertas áreas de Cataluña: si se está de acuerdo con el mega-proyecto inmobiliario y de casinos de BCN World, si el servicio de abastacimiento de agua de Lleida se quiere que sea de gestión pública directa o no y si se está o no de acuerdo con una línea de alta tensión que se prevé construir en Girona. Quizás las preguntas puedan no ser óptimas para muchos, quizás cada uno de nosotros hubiera elegido otras, obviamente, pero da igual. La cuestión es que todas estas cuestiones, tanto las más macro como las más micro, ¿por qué no pueden ser contestadas por los ciudadanos? ¿Qué problema habría en que votáramos, aprovechando las europeas o cualquier otra elección, sobre este tipo de cosas también? ¿No sería mejor que sobre ciertas decisiones la última palabra la pudiera tener la ciudadanía? O, al menos, ¿no estaría bien saber lo que piensa la gente, cuánta gente efectivamente preocupada por estos temas hay y en qué sentido, dando sencillamente la opción de votar a efectos consultivos?
Las respuestas a estas preguntas me parecen bastante obvias, pero la LOREG no permite nada de esto ni la cosa está en la agenda de nuestros queridos representantes, faltaría más. Es más, aunque yo no veo en los tipos de delitos electorales (arts. 139 y ss LOREG) nada que remotamente se parezca a entender esta conducta como delictiva, uno puede esperar cualquier cosa de nuestras autoridades, que en esto de votar tienen muy claro que mejor exclusivamente como dicen ellos y con la pata quebrada. ¡A saber son capaces de entender que el 146.1 LOREG, cuando habla de dificultar que la gente vote, pudiera resultar aplicable! De esta gente no te puedes fiar, a la vista de que ellos son así de peculiares y no se cortan en extender hasta el infinito los tipos penales por vía de interpretación auténtica hecha por el Ministro del Interior. En cualquier caso, sea delictivo eso de montar una mesa en la calle o no, lo que está claro es que si el Poder se empeña lo que sí será es una infracción administrativa porque si no te lo autorizan, como ocupas la vía pública y además aquí se considera que la junta electoral tiene que supervisar todo lo que se mueve… Con lo que hacer esto tiene el valor no sólo del ejemplo sino de una cierta desobedicencia civil frente a restricciones absurdas.
Así, los acontecimientos que se han sucedido desde entonces, más o menos previsibles por otro lado, han sido los siguientes:
1. La Junta Electoral Central prohíbe el referéndum y el Tribunal Supremo confirma la prohibición. Lo cierto es que el auto del Supremo es interesante porque ha de recurrir a formulaciones generales muy imprecisas, como la idea de lo que es votar en la Constitución y a una estrafalaria argumentación sobre cómo el multireferèndum podría condicionar el voto de los electores (por no mencionar que argumenta que el clima en Cataluña es un elemento adicional para justificar que se prohíba hacer esto de votar impunemente, o algo así, en lo que es una razón que da directamente un poco de miedo), a fin de justificar la prohibición. Que quienes impiden algo y afirman que está prohibido tengan tantos problemas para buscar la norma en qué apoyarse, en una sociedad liberal, debería llevarnos a una conclusión clara sobre si esto es posible o no. De hecho, es lo que hace un voto particular, que dice que ha de primar la libertad (de expresión, en este caso) y que, en consecuencia, mejor dejar que se instalen las mesas.
3. Hoy hay mesas instaladas en más de 130 municipios catalanes donde la gente puede votar.
4. Los Mossos d’Esquadra, en coordinación con el Ministerio del Interior, están tomando los datos de las personas que han instalado mesas y al parecer, incluso, de algunas que se acercan a votar. En otros casos, incluso, han retirado las mesas. Las razones por las que se actúa o no, en unos casos sí y en otros no, son un misterio, parece. Lo que sí está claro es que es una actuación bastante absurda y donde el Gobierno tiene poco claro qué debe hacer porque la base legal para reprimir algo pacífico y que no genera ninún problema de orden público es muy escasa.
Todo el proceso es muy interesante y, en su conjunto, demuestra palmariamente varias cosas:
– Que no pasa nada por dejar que algo así se haga y es absurdo (y muy dudosamente constitucional por falta de base legal para prohibirlo) que la Junta Electoral no lo autorice o que el Supremo se sume a estas tesis (de la valoración que merece que lo haga con invocaciones al «actual clima político en Cataluña» mejor ni hablar).
– Que las elecciones pueden servir perfectamente para algo más que elegir representantes y que deberíamos empezar a pensar cómo usarlas para ello, a todos los niveles: barrio, ciudad, territorio.
– Que hay que lograr que nuestros representantes, un día de estos, se pongan las pilas. Pero que mientras no lo hagan, nosotros tenemos también un espacio para jugar, donde la desobediencia civil en algunos casos está plenamente justificada. Y que todo esto, también, es una forma de participar en la vida política y contribuir a su mejora.
– Por último, que a mí me gustaría poder votar, empezando por ciertas cosas del barrio, como si tiene sentido restringir el tráfico en las calles cercanas al colegio o ampliar aceras en algunos lugares para facilitar recorridos escolares…
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ACTUALIZACIÓN: Entre retiradas de mesas, denuncias y demás problemas, al final, más de 50.000 personas votaron ayer
Les Corts Valencianes no son a día de hoy el Parlament más ejemplar que uno pueda imaginarse. Y no lo son por muchas razones. Entre lo poco que trabajan muchos de sus miembros -porque quienes planifican sus sesiones tienen muy claro que es más importante estar en las fiestas populares de farra con los ciudadanos de los distintos pueblos y ciudades del país antes que dedicarse a otros cometidos-, la absoluta inutilidad de las mismas como foro de discusión y debate de cuestiones que tengan un mínimo de relevancia -lo que hace que un día se dediquen a discutir si el valenciano viene del ibero y otro a plantear no sé qué cosas de unos malvados Països Catalans que nos han arruinado o algo así-, los desmayos de parlamentarios porque ven una exposición que recuerda cómo fue el proceso autonómico y las bullas habituales de la política española, que con tanta frecuencia sustituye el debate de verdad por el insulto y la gresca, la verdad es que la institución da un poco de pena. Si sumamos a ello que las leyes, al parecer, se las hacen los promotores inmobiliarios directamente, que los crucifijos aparecen a la que uno se descuida sin venir a cuento y que cuando aprueban una cosa importante, como una reforma del Estatut d’Autonomia, luego en Madrid pasan del asunto cantidad y el propio partido que gobierna en la Comunidad Valenciana decide meter el tema en un cajón, pues la verdad es que no es raro pensar que para tener algo así casi que mejor cerrarlo y eso que nos ahorramos, en la línea de solucionar los problemas de la autonomía valenciana por la vía de cepillárnosla que, por nuestra mala cabeza, cada día gana más adeptos.
Como ocurre con las instituciones que, a la hora de la verdad, y por lamentable que sea decirlo respecto del parlamento que da sentido a la autonomía política recuperada por el País Valenciano, no sirven de casi nada (al menos en su estado y configuración actual), el horror al vacío hace que éste se cubra inevitablemente con shows constantes. El parlamento valenciano es un ejemplo paradigmático y ha sido pródigo en los últimos años a la hora de protagonizar incidentes y esperpentos varios. No tiene sentido hacer un recuento porque, entre otras cosas, son demasiados. Pero sí es importante constatar cómo, frente a esas situaciones de tensión -o de risa-, la reacción de quienes dominan desde hace años les Corts es siempre extremar el celo represor para con los partidos de la oposición. Lo cual deja interesantes enseñanzas. Ya tuvimos aquí ocasión de comentar el muy peculiar reglamento que aprobó hace no mucho la mayoría del PP valenciano con normas sobre decoro indumentario y demás medidas absurdas y decimonónicas que incluían medidas de segregación de personas dentro del parlamento. Normas que, como era de prever y ya apuntamos en su día, se han usado bien poco -o nada-, por ser las mismas una idiotez soberana, pero que ahí están a mano de quienes mandan por si un día les da una volada represora y deciden que alguien de la oposición ha hecho algo inaceptable y hay que castigarlo ejemplarmente.
En esa misma línea, es interesante la movida generada hace ya dos días a cuenta de la expulsión de Mónica Oltra, diputada de Compromís -partido como es sabido de la oposición al gobierno valenciano del PP– que la parlamentaria se negó a acatar, provocando un revuelo no menor y la suspensión del pleno (de hecho, el mismo sigue suspendido a día de hoy, a saber hasta cuándo). Me interesa relativamente poco, en estos momentos, entrar a analizar la batalla por las legitimidades entre quienes dicen que al President de les Corts hay que obedecerle siempre y quienes sostienen que hay una legitimidad de ejercicio que se perdió hace mucho por su parte debido a su manifiesta parcialidad, lo que ampararía desobediencias fente a comportamientos material y manifiestamente injustos (además de que tiene poco sentido abundar en esta cuestión porque ya hay un artículo muy interesante en Información sobre el tema escrito por el profesor de Derecho Constitucional de la Universitat d’Alacant Manuel Alcaraz y respecto del que poco cabe añadir). Pero, sobre todo, me interesa relativamente poco opinar sobre esto porque, a fin de cuentas, no deja de ser una cuestión de valoración muy personal y difícilmente objetivable. Una batalla, en definitiva, política, respecto de la que yo tengo mi opinión (y no me gustan, no tengo problema en decirlo, los juegos de estar en el mundo institucional pero a la vez legitimar insurrecciones selectivas) pero tampoco creo que ésta valga mucho más que la de cualquier otro. Así que no abundo en el tema. Tampoco, en este mismo plano, me interesa demasiadola discusión sobre si esto beneficia políticamente a unos u a otros. Cada cual tendrá su opinión, a unos les puede gustar más cómo actúa Oltra, a otros menos; a unos les puede gustar mucho cómo actúa el President de les Corts, a otros nada. La ventaja es que esa distinta valoración en más o menos un año veremos cómo queda zanjada de la manera en que solucionamos estos temas, afortunadamente, desde hace unas décadas: votando.
Incluso, y aunque es un asunto sin duda relevante a la hora de juzgar el comportamiento de la diputada expulsada -por ejemplo para evaluar la gravedad del hecho en sí y modular proporcionalmete una posible sanción por su negativa a abandonar el pleno-, me interesa poco analizar y evaluar si efectivamente hubo insultos previos de otros diputados que generaran la reacción de Oltra por la que fue llamada al orden o el contenido exacto de esta reacción -que por lo que muestra el vídeo, por cierto, tampoco parece para tanto-. Tampoco me parece esencial analizar, aunque quizás esto sea algo que sí convenga tener en mente, que Oltra es una diputada que ha sido insultada gravemente en esa sede parlamentaria, con zafias menciones a su familia, sin que pasara absolutamente nada en el pleno en cuestión, considerando la mayoría en el poder, al parecer, que este tipo de manifestaciones son absolutamente normales en sede parlamentaria (más allá de unas disculpas a posteriori).
Todas estas vertientes de lo ocurrido puede ser necesario tenerlas en mente para muchas cosas, pero en puridad son innecesarias para evaluar lo que me ha llamado más la atención de todo el incidente por el poco comentario que ha merecido: cómo y por qué se suceden los avisos y se decreta la expulsión de Oltra por parte de la presidencia. Pareciera como si nada hubiera que decir al respecto, como si no fuera analizable y, en su caso, criticable, como si lo que hace la presidencia de la sesión hubiera de ser asumido como bueno o malo en sí mismo -o apartir de esa lucha de legitimidades. y ya está. Pero, antes al contrario, conviene comentar el tema. Porque en el vídeo del incidente se ve la sucesión en apenas 15 segundos de tres llamadas al orden por, aparentemente -al menos las dos primeras-, unos mismos hechos, deviniendo en expulsión las mismas sin que apenas diera tiempo a la diputada apercibida a procesarlas y modular su comportamiento a partir de las mismas -entre las dos primeras y la tercera y definitiva pasan unos diez segundos apenas-. Vaya por delante que yo no soy ningún experto en Derecho parlamentario ni tengo ni idea de cuál es la práctica al uso en estos casos porque normalmente los ciudadanos nos enteramos poco de estos shows parlamentarios (y bien que hacemos, dado que son algo políticamente bastanet prescindible, la verdad). Podría ser que esto fuera lo normal en les Corts valencianes y en el resto de parlamentos occidentales y yo no lo supiera. A saber. Sin embargo, me extrañaría que así fuera, dado que hay elementos que son realmente llamativos en el incidente. Ahora bienm y, en todo caso, si en efecto así fuera, la crítica habría que extenderla a todos los parlamentos que operen de esta misma manera y ya está (les Corts habrían tenido simplemente la mala suerte de que sus modos de funcionar sean más visibles debido a su peculiar función política a medio camino entre el circo y la tragedia, que hace que cada sesión allí rematada de esperpento tenga más trayectoria mediática). Ocurre, sin embargo, que no da la sensación de que éste sea el modo en que se aplica la policía de sesiones como norma general por ahí. Y a este respecto no hace falta saber de Derecho parlamentario sino simplemente echar un vistazo rápido al vídeo del suceso, muy significativo de suyo:
Desde una perspectiva jurídica, y dado que el President de les Corts está ejerciendo competencias sometidas a Derecho de contenido no sólo ordenador de los debates sino que acarrean consecuencias sancionadoras -la expulsión del pleno tiene un contenido sancionador claro y no digamos la posterior suspensión de la condición de diputada que se baraja-, es exigible un exquisito cuidado, una cierta mesura y una incuestionable prudencia a la hora de actuar desde la presidencia en este sentido. Así como sería de desear, ya que estamos, también cierta equidad y que de la misma manera que unos comportamientos merecen reprobación otros estrictamente equivalentes la suscitaran también, pero ya es sabido que en España nuestro benemérito Tribunal Constitucional siempre ha dicho que no es exigible a nuestras autoridades respetar el principio de igualdad cuando sancionan y que por ello no es controlable eso de sancionar a unos y a otros no porque «no hay igualdad invocable cuando se está incurso en el incumplimiento de la ley» o algo así (STC 43/1982 y muchísimas otras más después). Una doctrina que nunca he entendido muy bien, pero que ahí está, con lo que no vamos a pedir unicornios a quienes mandan en España -y menos todavía a quienes mandan en les Corts- si el TC ampara todo tipo de arbitrariedades selectivas en el ejercicio de las potestades sancionadoras. ¡Con que cumpliera de vez en cuando las sentencias que les condenan por no permitir el trabajo dee los diputados de la oposición ya iríamos que chutaríamos!
Sí sería en todo caso deseable, sin embargo, y al menos, que se cumplieran ciertas reglas que no sólo es que sí que están en todos los principios que regulan estas cosas y que inspiran cómo han de ejercerse estas atribuaciones sino que, además es que son, directamente, de sentido común. A saber:
– Si un apercibimiento tiene que servir para que alguien module su conducta en el futuro éste ha de hacerse de forma que se se pueda tener conocimiento del mismo, pues, si no es así, ¿cómo puede pretenderse que sirva de algo? Por esta razón, si efectivamente alguno de los avisos del Presidente de la cámara no fue audible en medio de la trifulca, la subsiguiente expulsión parece obvio que cojea porque debería haberse hecho previamente un esfuerzo para que quedara claro a Oltra que había sido apercibida. Obviamente, si todo pasa en 15 segundos, pues como que es difícil asegurarte de que el apercibido (varias veces) ha sido efectivamente consciente de haberlo sido. Es por ello un mal uso de libro de esta potestad de ordenación de los plenos no modular el apercibimiento para que pueda cumplir su función. Algo así equivaldría en un campo de fútbol, más o menos, a haber sancionado con tarjeta amarilla a un jugador que se aleja del árbitro enfadado haciendo aspavientos exagerados y críticos tras una decisión arbitral, que el jugador no viera que ha sido sancionado por estar de espaldas al colegiado y siguiera con las quejas y los gestos airados y que, a continuación, el árbitro le sacara una segunda amarilla y lo expulsara. Es obvio que el colegiado no habría actuado leal y correctamente.
– No se puede sancionar dos veces por la misma acción. Si en el vídeo vemos que el president de les Corts apercibe por dos veces en un lapso de apenas 2-3 segundos a la diputada Oltra (no se ve muy bien por qué, pero parece que es por estar manteniendo una conversación airada con otros diputados), ¿no está sancionando dos veces un mismo comportamiento y desvirtuando así totalmente la función de la «llamada al orden» prevista y su orientación moduladora? Volviendo al símil futbolístico, ¿puede un árbitro sacar una amarilla a un jugador que le ha pegado una patada a otro y porque éste se queje un poco más mientras sigue en el suelo sacar a continuación una segunda amarilla por esa misma acción ya pasada y sancionada? O por poner un ejemplo más cercano, en medio de un trifulca entre dos jugadores, y tras sacar tarjeta amarilla a uno de ellos porque están discutiendo, ¿podría dos segundos después sacar la segunda amarilla porque la discusión no se corta en seco o simplemente porque mientras estaba sacando la primera amarilla todavía se oía al jugador chistar? Parece que no, es evidente que hay que dar un mínimo tiempo -que no son sólo dos segundos- de asimilación de la sanción y por eso ningún árbitro se atrevería a actuar así pero cosas así de raras sí pasan, en cambio, en les Corts valencianes: como se ve en el vídeo, no hay tiempo material para que Oltra haga o diga nada y que sea mínimamente procesado entre la primera y la segunda amonestación. En realidad, los dos primeros apercibimientos son, sencillamente, por la misma acción y por ello dudosamente ajustados a lo que prevé la norma.
– Por último, y por mucho que esa legendaria doctrina del Tribunal Constitucional ya comentada sobre la «no igualdad en la ilegalidad» pueda cubrir muchas cosas, ¿en serio permite también amonestar tres veces -hasta llegar a expulsarla- a una diputada que se enzarza con otros parlamentarios en un cruce de reproches más o menos subidos de tono mientras que los demás partícipes en la trifulca no reciben ni un mísero apercibimiento? No sé yo ustedes, pero a mí, si fuera uno de esos diputados del PP, casi me traumatizaría el poco efecto de mis gritos y mis invectivas que de tan inadvertidos que pasan vay resulta que mientras mi compañero de bulla se lleva tres broncas yo acabo impoluto y virginal ¡como si nadie me hubiera hecho el más mínimo caso!
Visionado el vídeo, en definitiva, no parece muy proporcional ni sensato el comportamiento de la presidencia de les Corts valencianes a la hora de decidir esta expulsión express en 15 segundos por unos intercambios verbales tampoco tan anómalos ni insólitos en un parlamento. Podría pensarse que la expulsión es, por ello, contraria a Derecho pues por muy amplias que sean las facultades de apreciación de la presidencia en su política de ordenación y policía de las sesiones éstas no son totales y no pueden darse de bruces contra la realidad constatada. Este modo de operar, eso sí, se antoja, en cambio, si no coherente con las funciones de arbitrio de un buen presidente sí totalmente en consonancia con esas normas represoras que prohíben llevar ciertas camisetas o dicen que la gente que visita el parlamento valenciano debe ser conducida prácticamente cual ganado y ha de evitar el contacto con los parlamentarios no sea que les contagien algo. Es una manifestación más de una manera autoritaria, rígida y muy poco inteligente (así como partidista) de conducir una institución. No es de extrañar, por ello, la triste degradación de un parlamento que, así considerado, ha acabado como ha acabado.
Aunque manifestamente fuera de proporción, sería muy interesante jurídicamente que este incidente acabara en una sanción grave para la parlamentaria y que ello llevara a su recurso en sede judicial y, con ello, a que se obligara a que un tribunal revisara la legitimidad y corrección de la misma. En un país donde desde hace ya demasiados años el poder está desgraciadamente acostumbrado a creer que ninguna regla le vincula, que ninguna norma le obliga, sería muy bueno que se empezara a dejar claro que no, que cuando se ejercen ciertos poderes ello implica tener muchas responsabilidades, lo que obliga a un cierto «decoro», esta vez sí, en el modo de comportarse. Por ejemplo, lo decoroso, y lo legítimo, es que un president de les Corts valencianes haga un esfuerzo por tratar a todos los parlamentarios igual, que sea prudente en su comportamiento y que si reprime o sanciona lo haga con exquisito cuidado y prudencia. No expulsando en 15 segundos de bronca verbal -sin que medien ni insultos ni nada particularmente grave- a una diputada. Más que nada porque a nadie se le escapa que algo así habría sido inconcebible tratándose de otros diputados. Y nadie debería perder de vista que la dignidad y la legitimidad de una institución no depende de lo que una diputada o un diputado puedan hacer en un día de cabreo, en un día en que se equivocan o en un día en que hacen el tonto. Pero sí depende en cambio, y mucho, de cómo quienes la dirigen y son sus responsables la hacen comportarse y aparecer ante los ciudadanos. Veremos qué pasa, pero el tema es, cuando menos, muy instructivo.
Desde esta madrugada a las 23.59 una serie de canales de televisión han dejado de emitir, generando mucho revuelo en este país nuestro. Se trata de nueve canales emitidos por diversos grupos privados que el Tribunal Supremo, tras haber declarado ilegal la adjudicación de los mismos, instó a que fueran cerrados en cumplimiento de la sentencia. Es extraordinariamente llamativo, en general, el sesgo con el que se ha informado en los medios de comunicación de la situación. Por poner un ejemplo, incluso grupos sin participación en el mercado televisivo y supuestamente por ello poco inclinados a defender los intereses oligopolísiticos de los cuatro grupos afectados por esta situación (que son los cuatro únicos grupos privados que disfrutan de licencias para emitir en televisión por ondas hertzianas de ámbito estatal), tratan el tema de un modo extraordinariamente crítico con la decisión del Tribunal Supremo y, más todavía, lo que resulta si cabe más inaudito, con la decisión del gobierno de acatar la sentencia en cuestión y darle cumplimiento. Por lo visto está muy mal cumplir sentencias y es particularmente aberrante que se liquiden situaciones de hecho constituidas a partir de una flagrante ilegalidad jurídica. Así es la vida y así es la manera en que nos cuentan el Derecho en este país. Aunque, como es obvio, en este caso tiene mucho que ver cómo nos cuentan el cuento con quién lo cuenta, lo que si estamos discutiendo sobre licencias de televisión y grupos de comunicación acaba suponiendo una pescadilla que se muerde la cola que no es de extrañar que produzca visiones sicalípticas de lo ocurrido. A fin de entender hasta qué punto es absurda esta visión, por ello, conviene exponer brevemente de dónde vienen los problemas y cómo se ha construido este peculiar modelo de mercado televisivo muy concentrado y protegido que tenemos.
Aquest matí al centre cultural la Nau de la Universitat de València hem estat discutint sobre com hauria de ser una nova televisió pública valenciana amb companys d’altres Universitats, productors televisius, professionals del sector, executius de cadenes regionales espanyoles i europees i treballadors de l’antiga RTVV. Ha estat un matí (i de ben segur serà també una vesprada) apassionant. Com que el tema és molt interessant, i el Dret aporta moltes pistes sobre per on podrien (o convindria que) anaren les coses, aprofite per enganxar ací les meues reflexions, donat que a aquest bloc ja n’hem parlat, a bastament, del tancament de RTVV (per exemple, ací; o uns dies més tard, ací). La qüestió seria, senzillament, plantejar un… i ara, què?
Doncs ara hauríem de començar per pensar-ho tot, aprofitant que a la Comunitat Valenciana ja no tenim televisió pública, des de zero. Repensar-ho, vaja, des dels mateixos fonaments. Començar de nou, sense cap tipus de llast. I això bàsicament significa que hem de preguntar-nos, directament, si ens cal tindre una televisió pública al País Valencià o no. I si, cas de considerar que fóra precís i que la resposta es un ‘sí’, aleshores per quines raons i per complir quines finalitats. Per donar resposta a aquestes qüestions el Dret de la regulació dels mercats, i més en concret el que ha regulat els mercats audiovisuals a la Unió Europea, ens dóna algunes pistes. En aquestes línies tractaré de seguir-les.
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Una de las cuestiones más interesantes si pretendemos analizar el fallo multiorgánico que estamos viviendo en España es tratar de entender por qué exactamente todo los controles no sólo es que hayan fallado estrepitosamente; es que, además, siguen fallando a día de hoy. A las miserias de nuestros sistemas de control jurídico (tanto en fase judicial como en lo referido a los controles administrativos) nos hemos ya referido en este blog en ocasiones. Se podría hablar mucho, también, del particularmente fallido papel de algunos controladores externos como la prensa, pero otros lo pueden hacer y lo hacen mucho mejor que yo (lean, por ejemplo, este comentario de Guillermo López donde analiza algunas cuestiones estructurales de nuestro ecosistema comunicativo a cuenta de la caída de Pedro Jota Ramírez y entenderán muchos de los problemas que tenemos). Sin embargo, hay un controlador externo, y muy importante, que suele irse de rositas cuando nos referimos al control del poder: la Universidad y, en general, el trabajo que realizamos quienes formamos parte de la comunidad académica.
Cuando digo que la Universidad española suele irse de rositas no me refiero, como es obvio, a que no se la critique por ahí. Se la critica, como es sabido, y por muchas cosas. No pocas veces, con toda la razón. Aquí hemos señalado algunos de los problemas de nuestro sistema universitario en múltiples ocasiones. Sin embargo, y no deja de ser llamativo (al menos, a mí me lo resulta), casi nadie menciona un tema bastante importante y que habla mal por cómo lo resolvemos, en general, de nosotros como académicos. Se trata del hecho de que, a pesar de gozar de un privilegiado estatuto de independencia laboral y personal, hemos demostrado y demostramos un espíritu crítico frente al poder, por lo general, bastante escaso, así como una generalizada tendencia a buscar a los poderosos (ya sea el poder político, ya el poder económico) para que nos mimen, nos hagan carantoñas y nos cuiden. Como resultado, y esto es algo que se puede constatar fácilmente si echamos la vista atrás, no hemos tenido ni demasiados economistas que cuestionarian de forma seria y regular el modelo de crecimiento del país (es más, la comunidad académica, siguiendo al Banco de España, ha jaleado el curso que iban tomando las políticas económicas en este país sacando los pompones en cuanto ha podido) ni demasiados juristas que hayan expresado su preocupación por las carencias en materia de participación, porosidad o efectiva traslación de la voluntad de los ciudadanos, por mencionar sólo dos ejemplos, hasta que estas realidades, convertidas en inmensa bola de nieve que va arrasando todo a su paso, se han hecho tan grandes que ni siquiera el poder político es capaz de negarlas. Quedan ya a estas alturas sólo los obedientes vocacionales cantando ciertas excelencias y poco más a estas alturas, pero es que, incluso para eso, bailamos al compás que nos marcan los acontecimientos. Y no debería ser así. La Universidad, por definición, habría de comportarse (y ser diseñada para eso) como un efectivo contrapoder, contramayoritario para muchas cosas, que sirviera como foco de resistencia crítica frente a los excesos, a las corrientes más en boga, a las tendencias al exceso, a los consensos generalizados, al champagne corriendo desbocado y, en general, a todas las construcciones y visiones de la realidad que, viniendo desde arriba, tratan de imponerse hacia abajo… tengan o no sentido, tengan o no base cierta, sean más o menos populares y de consumo fácil o indigesto.
¿Por qué no ha funcionado así estos años? ¿Qué ha pasado para que hayamos tenido, más bien, todo lo contrario? Como casi siempre, estamos ante una cuestión de diseño y de incentivos. Y aquí es donde, como suele decirse (y recordaba acertadamente @ppsoe2000 en Twitter hace poco), nada es gratis y sorprende que a estas alturas haya quien no lo tenga claro. Porque no, «Nada es Gratis». Pero de verdad. Continúa leyendo Las carantoñas de los que mandan a los profesores universitarios no salen gratis…
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