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Está resultando muy interesante la tramitación de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno. A estas alturas tiene poco o ningún sentido explicar las razones por las que una norma así es necesaria (por ejemplo, en este post y debate posterior quedó sobradamente explicado) y extendernos sobre su contenido y fallas dado que, a medida que veamos en qué queda finalmente el proyecto, habrá ocasión de comentar cosas en el futuro. De momento, eso sí, lo que permite ser analizado ya a estas alturas es el empleo de esta iniciativa como un intento por parte del Gobierno de interponer cierto dique de contención frente a la marea de cabreo y creciente exigencia ciudadana (en este y en otros muchos ámbitos) y constatar el fracaso de la maniobra. La marea sube más y más y el dique de contención inicialmente previsto (un proyecto presentado por el Gobierno y vendido como abierto y participativo, pidiendo sugerencias, de hecho llegaron más de 3.000 para luego desatenderlas prácticamente todas sin dignarse a explicar nada sobre las razones por las que no se atendieron) se demuestra incapaz de taponar con un mínimo de sentido esa inundación de cabreo ciudadano. Un cabreo ciudadano que es cada vez más informado y consciente, porque además gracias a iniciativas como la de la Coalición Pro-acceso (que ha hecho una labor fundamental en este tema) o la de la Fundación Civio (interesantísimo el trabajo que hacen) ya contamos todo con muchos ejemplos de cómo en el Derecho comparado la situación es muy distinta no sólo a lo que tenemos en España sino a la endeblez técnica y al alcance timorato de la nueva reforma, por mucho que se venda como avanzada. Es una de las cosas mejores de esta crisis, que resulta increíble el acelerado proceso de alfabetización de una sociedad, donde casi cualquier iniciativa ciudadana da ejemplo de tener un rigor y seriedad inimaginables hace muy poco… y que dejan en evidencia a nuestras «elites oficiales» cada dos por tres.
Es curioso que la labor de agentes privados esté logrando superar de manera tan evidente en cuanto a calidad y rigor técnico a la que es producto de la acción del Gobierno y de la Administración. Obviamente, no es una cuestión de medios o de competencia de quienes trabajan para la Administración (o, al menos, no lo es siempre). Es algo más profundo. Es pura y simple desconexión con la realidad. Les está pasando con la ley de transparencia, donde deprisa y corriendo tienen que subirse al carro de propuestas de otros que hasta hace casi unas horas tachaban de demagógicas e impresentables (incluir a la Casa Real o a los partidos políticos, por ejemplo) y les está pasando con otras muchas «reformas-parche» o más bien «reformas-placebo» en que está especializándose el Gobierno (desde la ya parece claro que abortada reforma universitaria, a cuestiones relativas a hipotecas y dación en pago o el esperpento serial sobre reforma de la Administración local). La imagen general que nos trae este cuadro nos dibuja una clase política acantonada e incapaz de entender mucho de lo que está pasando, una clase que sigue creyendo que, sustancialmente, más o menos todo está bien en España, que bastan meros retoques para que el modelo (¡un modelo tan bueno y conveniente como el que tenemos!) siga funcionando y que sí, que la gente está cabreada y que hay que hacer como que se hace algo, pero con un poquito de exhibición de voluntad reformista, pues todo arreglado.
Y no. Particularmente llamativo me parece que un colectivo como el de los jueces, que por muchas razones (extracción, selección, preparación, entorno profesional) no es en España, ni en ningún país, un ejemplo de tendencias revolucionarias, antisistema o izquierdistas esté muchos cuerpos por delante no ya de la propia Administración sino incluso de los partidos políticos que al menos, por la cuenta que les trae, se supone que han de prestar más atención a «lo que pasa en la calle». Probablemente tiene mucho que ver con el hecho de que, por mucho que los jueces sean de una determinada extracción social (que ahora ya abarca clases medias que han podido estudiar gracias a un modelo educativo muy inclusivo y por ello denostado por cierto sector social) son incomparablemente más plurales y heterogéneos, como colectivo, que los gerifaltes de partidos y casta extractiva española. Y, sobre todo, con el hecho de que, dentro de lo que cabe, están en contacto con la realidad cotidianamente. Al menos, con parcelas de esa realidad. Al menos, en los órganos unipersonales. Un juzgado, sea civil, penal, administrativo, que trata los asuntos de la base (las salas y sus cosas, su mayor blindaje social, su plácida vida en las capitales de provincias, más enmoquetada y encastada, pueden ser otro cantar), ve la realidad. Sabe que la gente tiene problemas. No son una abstracción. En eso se diferencian mucho, claro está, de los políticos de nuestra casta, sus cenas con representantes de la oligarquía financiera y sus preocupaciones cotidianas. En eso y en que de vez en cuando ven a gente normal y se cruzan con ellos llevando a los niños al cole o tomando un café. A diferencia de lo que le ocurre a Soraya Sáenz de Santamaría, por mencionar un ejemplo, se cruzan con personas con problemas a diario sin necesidad de que vayan a la puerta de sus casa a hacerles un escrache (por eso quizás su reacción ante estos actos es más matizada que la del Gobierno, emperrado en mandar a la policía a por los malos que protestan – por cierto, imprescindible el artículo en El Cronista de Presno Linera sobre escraches y su legalidad).
Otro ejemplo de la distancia enorme y creciente entre políticos y gerifaltes administrativos de la cosa y la realidad es escuchar o leer a los profesores de Universidad españoles que se dedican a lo mío (al Derecho o, más específicamente, al Derecho público). De nuevo, no somos un colectivo caracterizado por nuestra tendencia a ser díscolos, sino todo lo contrario. Sí tenemos, sin embargo, como comunidad, cierto «olfato» para intuir por dónde pueden ir los tiros en el futuro, por la cuenta que nos trae. ¡Muchos dictámenes, informes e incluso la propia promoción profesional futura dependen de acertar con ciertas tendencias que se adecuen a lo que el Poder necesitará de ti a no mucho tardar! Pues bien, casi todos nuestros expertos, con acreditada solvencia para informar de todo lo informable a las AA.PP. durante décadas y con una capacidad sin igual para no apreciar casi nunca problema alguno o desmán digno de ser mencionado en voz alta están ahora de un «revolucionario» que sorprende. Escuchar o leer a los profesores de Derecho, a día de hoy, es una experiencia muy curiosa. Y debería ser inquietante para el Poder. Que quien ha estado (y está) tan cerquita de ti diga las cosas que dice y proponga las cosas que propone, más con la vista puesta en el futuro que en el presente, la verdad, a mí me daría qué pensar.
En todo caso, y tras este largo exordio, casi mejor dejar para otro día, mañana por ejemplo, el análisis más detallado referido a la Ley de Transparencia, a analizar un poco su vocación de dique y a ilustrar con ejemplos los mecanismos de superación de esas barreras por parte de una marea de indignación y conocimiento ciudadano que crece y crece (de momento, un análisis técnico pero accesible a todo el mundo es el realizado por Emilio Guichot en El Cronista, donde se analizan muy bien las cosas buenas que traerá la ley, sus problemas y sus carencias).
Mañana más.
6 comentarios en La Ley de Transparencia, la marea que sube y los diques de contención (I)
Comentarios cerrados para esta entrada.
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¿Que la sociedad se está alafabetizando? No me haga reír, Sr. Boix. Usted no puede ser tan ingenuo. No obstante, completamente de acuerdo a cerca ese nuevo carácter de los jueces, más comprometidos, o al menos más sensibles, debido a la apertura de la profesión (como de muchas otras de cierto prestigio social) a capas más amplias de la sociedad debido a la universalización en el acceso a la enseñanza superior. Pero es lo que es: una mera anécdota en el devenir histórico. Una anomalía; cosas raras que pasan. No le quepa la menor duda de que eso va a cambiar, y de que las cosas retornarán a la normalidad y retomarán el cauce histórico natural. Es que siempre ha existido, el que se inició en el Neolítico. Y sucederá tan pronto como los efectos de dicha anomalía terminen por diluirse con el paso del tiempo.
Comentario escrito por Oliveral — 11 de junio de 2013 a las 11:29 pm
Caramba, Oliveral, le veo extraordinariamente pesimista. Yo sí veo un proceso de «alfabetización» social importante en poco tiempo. Entre la generalización de la educación a más capas sociales y que en esta vida no hay nada como que te peguen un palazo para aprender, me da la sensación de que milongas como «la vivienda nunca baja» o «fíese de mí, que con esto le doy el doble de interés pero es lo más seguro del mundo» en la actualidad son un poquito más difíciles de vender.
¿En serio piensa que el proceso de mayor porosidad social que ha convertido a los jueces en gente mucho más normal se va a revertir? ¿Por qué razones?
Comentario escrito por Andrés Boix Palop — 12 de junio de 2013 a las 7:54 am
Pues el proceso se revertirá por la criba económica que se ha empezado a llevar a cabo y con la privatización de la enseñanza. Pero quién sabe. Quizás sí peque yo de pesimista. Tutatis le oiga, estimado Andrés, Tutatis le oiga…
Comentario escrito por Oliveral — 13 de junio de 2013 a las 1:59 pm
Yo si comparto el miedo de Oliveral sobre la reversión del proceso de apertura del mundo judicial, y las causas son bastante simples: al dificultar (cuando no impedir, en muchos casos), el acceso de las capas populares a la educación superior, el perfil de personas que accedan a la carrera judicial se homogeneizará, procediendo casi todas de clases medias-altas; las pocas excepciones se adaptarán a ello adoptando posicionamientos similares a los de la mayoría del cuerpo judicial. Por supuesto esto es una generalización y habrá excepciones, pero en lineas generales, si no se invierte la tendencia de dificultar el acceso de las clases populares, el final del camino será algo parecido a lo descrito en en comentario #1.
Y es que, si combinamos la situación límite del grueso de la población con el drástico encarecimiento de los estudios universitario, ¿Que sacrificio tiene que hacer una familia de clase media-baja para mandar un par de hijos a la universidad? De afrontar el coste de mantener a uno de ellos mientras oposita unos cuantos años a judicatura, ya ni hablamos.
Comentario escrito por Behan — 13 de junio de 2013 a las 8:10 pm
Yo comparto vuestro pesimismo y sobre todo el referido a la educación en España y su futuro como no-nivelador social. Pero eso no revertirá esta cuestión respecto del poder judicial. Ahora los jueces no vienen de clases bajas o medias-bajas, vienen de clases medias y medias-altas. Eso supone una gran diferencia con lo que ocurría hace décadas, cuando los jueces eran de extracción social elevadísima, y ese cambio está ahí para quedarse. Aunque sólo sea porque ahora la extracción social elevada se dedica a otros negocios más lucrativos, dejando estas cosas molestas de los poderes del Estado y su funcionamiento en manos de los de un poquito más abajo.
Comentario escrito por Andrés Boix Palop — 14 de junio de 2013 a las 8:30 am
[…] Hablábamos ayer de cómo la tramitación de la Ley de Transparencia puede analizarse como un ejempl…, de maniobra de contención de daños por parte del poder político ante una marea de protesta y descontento que sube y sube. Una operación que, a estas alturas, puede decirse que ha fracasado a la vista de lo que está ocurriendo con la tramitación parlamentaria de la norma. Veámoslo. […]
Pingback escrito por La Ley de Transparencia, la marea que sube y los diques de contención (II) | Blog jurídico | No se trata de hacer leer — 14 de junio de 2013 a las 11:15 pm