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Como en este blog tratamos de analizar la realidad a partir de consideraciones jurídicas y de resaltar la importancia de las garantías y de los derechos fundamentales, no podemos dejar de señalar que éstos y aquéllas son igualmente importantes cuando afectan a un ciudadano normal y relativamente indefenso que a los que son supuestamente (o son de verdad) más poderosos y están, por ello, mucho más protegidos.
Ya hemos hablado profusamente aquí del escaso cariño que sentimos por aquellos jueces que meten en la cárcel en prisión preventiva a personas a pesar de que el riesgo de que se fuguen, destruyan pruebas o alerten a otros delincuentes para que escapen es inexistente. También hemos tenido ocasión de comentar la perplejidad que nos causan actuaciones como las que la Audiencia Nacional suele acometer y hemos alertado sobre los riesdos derivados de que esa manera de actuar se generalice, que es lo que está pasando. Hace muy poco, en relación a la detención de un ciudadano relativamente anónimo, manifestamos nuestra sorpresa porque, aun en el supuesto de entender que el tal ciudadano hubiera cometido un delito, se le detuviera por ello cuando no había la más mínima necesidad ni existía habilitación legal para hacerlo.
Dadas las noticias que aparecen en la prensa digital esta mañana, referidas a la detención, ni más ni menos, que del Presidente de una Diputación provincial, es de justicia recordar lo que dice la norma y preguntarse, después de analizar en qué supuestos cabe la detención de cualquier ciudadano, ¿qué delito flagrante estaría cometiendo el Presidente de la Diputación de Alicante para que la policía haya considerado necesario detenerlo? ¿Considerarían que estaba planeando fugarse y han actuado rápidamente para evitar que se les escape? ¿O habrán actuado de esta manera porque tenían claro que en las casas y corporaciones locales registradas se almacenaban pruebas y bolsas de dinero que habrían sido convenientemente ocultadas caso de que la operación no hubiera sido desencadenada de esta manera? El caso es que, más allá de este tipo de posibilidades, que parecen más de ciencia ficción que otra cosa, es llamativo que una operación contra la corrupción (supuesta) de una serie de políticos se desarrolle como si de la desarticulación de un comando terroristo o de un cártel de narcotraficantes se tratara.
De modo que recordemos sintéticamente que es el artículo 490 LECrim donde se señalan los casos en que la detención es posible con carácter general:
Artículo 490 LECrim. Cualquier persona puede detener:
1. Al que intentare cometer un delito, en el momento de ir a cometerlo.
2. Al delincuente in fraganti.
3. Al que se fugare del establecimiento penal en que se halle extinguiendo condena.
4. Al que se fugare de la cárcel en que estuviere esperando su traslación al establecimiento penal o lugar en que deba cumplir la condena que se le hubiese impuesto por sentencia firme.
5. Al que se fugare al ser conducido al establecimiento o lugar mencionado en el número anterior.
6. Al que se fugare estando detenido o preso por causa pendiente.
7. Al procesado o condenado que estuviere en rebeldía.
Además, el artículo 492 LECrim señala que la Autoridad (así, con mayúsculas) o cualquier agente de Policía judicial (es decir, cualquier agente de policía) tendrá la obligación de detener a cualquier persona que se encuentre en alguno de esos casos (a diferencia de la mera posibilidad que el art. 490 nos otorga a todos los ciudadanos) o a quienes estuvieren procesados, según en qué circunstancias (que detalla el artículo 492). Por último, conviene recordar que el artículo 495 LECrim prohíbe expresamente detener a alguien por cometer una falta.
Como es obvio, que sólo se pueda detener a un ciudadano en esos casos no significa que, caso de que se sospeche que alguien ha cometido un delito no se pueda actuar contra él. ¡Claro que se puede! Pero de forma civilizada. El juez, al entender que es razonable pensar que pueda haber indicios contra él, le llamará a declarar, en condición de imputado cuando tenga en efecto claro que esos indicios existen y se iniciará un procedimiento penal civilizado y sin más estridencias ni espectáculo del necesario. No hace ninguna falta detener a nadie en la mayor parte de los casos. Y es un evidente abuso, por muy popular que sea, ir deteniendo a gente cuando no hace ninguna falta. Nuestras leyes lo tienen claro. Lamentablemente, parece evidente que como sociedad ésta es una realidad que cada vez más hemos perdido de vista.
Aunque comprendo que los humores sociales son como son y que, hipócritas por naturaleza como son las pulsiones de la masa, son precisamente aquellos que en años de bonanza más hacían la vista gorda y se mostraban comprensivos con lo que ocurría en la esperanza de que «hubiera para todos» (y te justificaban, así, lo bueno para el crecimiento y la economía que era el que se generalizara cierto «relajo» en algunas formas) los que ahora más dureza exigen y desean no sólo que se haga limpieza sino que ésta llegue de manera espectacular, haciendo escarnio público del sospechoso, si es posible, y olvidando las garantías y derechos de los ciudadanos encausados al grito de «tous pourris», ésta no es la manera en que una sociedad civilizada actúa. O no ha de serlo. Hay muchas razones para exigir, precisamente contra esta corriente mayoritaria, un exquisito respeto a las garantías constitucionales. Y justamente porque cuando son «poderosos» los caídos hay, en momentos como éste, una mayor tendencia a cargar las tintas contra ellos y a aceptar excesos que probablemente no desearíamos que se generalizaran, dar la voz de alarma también en estos casos.
Así que, al igual que este blog ha manifestado su perplejidad frente a ciertas detenciones de ciudadanos de a pie, de la misma manera que hace unos días denunciábamos los excesos que se comenten con el silencio cómplice de todos contra los inmigrantes, tampoco está de más que hoy mostremos públicamente nuestra sorpresa porque se vaya deteniendo a la gente así.
19 comentarios en Detenido el Presidente de la Diputación de Alicante
Comentarios cerrados para esta entrada.
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Totalmente de acuerdo; sin ser penalista, entiendo que el ordenamiento ofrece (o debería ofrecer) medidas alternativas para evitar la huída sin tener que recurrir a la detención y/o prisión preventiva: retirada de pasaporte, obligación de presentación cada cierto tiempo en determinada comisaría/juzgado, fianza y/o embargo de cuentas, aviso a autoridades consulares… (claro que todo ello implica también modernización e informatización de la burocracia…)
Aprovechando lo de «Presidente de Diputación», te animo a que lances un debate sobre la pervivencia de la Provincia y las Diputaciones en el siglo XXI; ya sé que la Provincia aparece como tal en la Consitución, que incluso la fija como circunscripción electoral (y así da juego al consabido debate sobre el valor de un voto en Soria y un voto en Madrid…); pero ¿tiene razón de ser la Provincia en el siglo XXI? ¿no podrían las Comunidades Autónomas asumir las competencias y patrimonio de las Provincias? (como de hecho pasó con las Comunidades Autónomas uniprovinciales, sólo faltaba que ahí también hubiese Diputación); una hipotética reforma constituiconal/administrativa ¿no debería eliminar las Provincias?; sólo oir el término «Diputación Provincial» trae a la memoria todo el siglo XIX, los caciques provinciales, las luchas entre moderados y liberales, los pasantes, el turnismo y los pucherazos entre Cánovas y Sagasta…
Comentario escrito por Abogangster — 06 de julio de 2010 a las 3:53 pm
Tremendo. El ejemplo de la AN ha cundido. Los motivos evidentemente no son jurídicos.
¿Hacia dónde vamos?. Para mí está claro.
La gente no tiene ni idea de hasta qué punto la partitocracia ( más por lo que se refiere al partido del gobierno central en estos momentos) ha extendido sus tentáculos en el mundo de la «Justicia».
Comentario escrito por josé luis — 06 de julio de 2010 a las 6:45 pm
Excelente artículo Andrés. En efecto, la detención del Señor Ripoll se salta a la torera la Ley de Enjuiciamiento Criminal y todo ese meollo de la presunción de inocencia que los dirigentes de los partidos afectados siempre nos recuerdan cuando uno de los suyos es cazado…
Aun así, al Cesar lo que es del Cesar. Al señor Ripoll, último reducto Zaplanista de la provincia de Alicante, se les acusa, según los casos, de cohecho, tráfico de influencias y prevaricación.
Jugosísima información al respecto en los siguiente enlaces…
http://www.levante-emv.com/comunitat-valenciana/2010/07/07/negocio-basura-apesta/720928.html
Donde podrán constatar que el negocio de la basura en la provincia alicantina «apesta», pero de verdad…
http://www.levante-emv.com/comunitat-valenciana/2010/07/07/fenoll-padrino-pp-rey-vertederos/720926.html
Más «amiguitos del alma» que añadir al catálogo…
http://www.levante-emv.com/comunitat-valenciana/2010/07/07/esfuma-oposicion-camps/720879.html
Donde las dos familias del PP valencianas, cual Montescos y Capuletos, se desean aquello de «no te mueras nunca, más que estar toda la vida enfermo…»
No me negarán que lo de la Comunidad Valenciana no es un FLIPE!!!
Comentario escrito por Garganta Profunda — 07 de julio de 2010 a las 10:37 am
Garganta, el asunto es muy interesante desde un punto de vista político, más allá de las consideraciones jurídicas que he hecho arriba, por muchos motivos.
Yo he vivido casi una década en Alicante y la Vega Baja es lo más parecido a lo que en imaginación es Sicilia que he visto nunca (es cierto que, claro, no conozco la Costa del Sol). De las noticias que fueron apareciendo ayer y como se sucedieron las reacciones hay una serie de cosas que llaman mucho la atención. A saber:
– el hecho de que el contrato de marras, el del soborno, fuera aprobado por unanimidad, es decir, con el voto a favor tanto de PSOE como de PP;
– el hecho de que el empresario adjudicatario, actual máximo accionista del Hércules, sea un conocido experto en estar a buenas con unos y con otros;
– la tibia, casi inexistente, reacción del PSPV, con sus concejales en Orihuela bien tapaditos, sin decir ni pío, por lo que pueda pasar.
Comentario escrito por Andrés Boix Palop — 07 de julio de 2010 a las 10:44 am
El empresario de marras no es otro que Enrique Ortiz, quien por cierto contrató como letrado a Angel Luna, del PSPV…dos días después de que dejara de ser alcalde de Alicante. Detallitos como éste explican el sospechoso silencio de los Socalistes Valencians.
Como dijo Esperanza Aguirre: «¡Tócame los cojones, Mariano!»
Comentario escrito por Marianito Gafotas — 07 de julio de 2010 a las 12:30 pm
«El Tribunal Superior de Justicia de Valencia ha emitido este miércoles un comunicado en el que asegura que el juzgado de primera instancia número 3 de Orihuela no ha ordenado la detención del presidente de la Diputación de Alicante, José Joaquín Ripoll. Además, añade que tampoco ha acordado su citación judicial ni su imputación.»
Bueno ¿ En que quedamos? ¿Es esguince ó desgarro?
Comentario escrito por galaico67 — 07 de julio de 2010 a las 2:33 pm
Pues eso mismo. Y como Rubalcaba no se fía de la Policía Nacional que hay en la Comunidad Valenciana parece ser que ha enviado desde Madrid a 80 hombres de Harrelson a detener al corrupto enemigo.
Por que él lo vale. ¿ Orden judicial?. ¿»Pa qué?.
Comentario escrito por josé luis — 07 de julio de 2010 a las 3:56 pm
Que la Policía detenga a alguien sin orden judicial es posible. Que lo haga sin mediar urgencia y en contexto de una operación programada, altamente cuestionable. Pero que entren en un domicilio particular y procedan a su registro sería una barbaridad tal que ni siquiera en el país donde muchos ven normal escuchar y grabar las conversaciones entre abogados y clientes encontraría muchos defensores.
Por lo que, sencillamente, no concibo que no haya autorización judicial para entrar en las casas. Seria una barbaridad demasiado gorda.
Comentario escrito por Andrés Boix Palop — 07 de julio de 2010 a las 4:08 pm
La alcaldesa de Orihuela, Monica Lorente, dijo que a los detenidos se les explicó que se encontraban en situación de “detención técnica que acompaña a un registro” y con cargos policiales.
Comentario escrito por cbeccaria — 07 de julio de 2010 a las 4:36 pm
Ej que… Alicante ciudad olimpica (to er mundo va en chandal).
Fuera coñas, he vivido en Alicante casi tres años y adoro la terreta pero esto es lo que hay, a pesar de las ilegalidades del procedimiento penal (que espero a nadie se le escapan, aunque ya he visto por ahí eso de que «se ha actuado con escrupuloso respeto…»)
Lo mejor, uno de los titulares del Diario Información:
«El despliegue de Canal Nou contrasta con el del caso Gürtel»
http://www.diarioinformacion.com/alicante/2010/07/07/despliegue-canal-nou-contrasta-caso-gurtel/1025208.html
es que…¡¡¡manda güevos!!!!
Comentario escrito por Bárbara — 07 de julio de 2010 a las 5:19 pm
Yo propongo la creación de la asignatura: «Márketing Policial/Judicial» o, título alternativo: «utilización de los medios jurídicos y policiales del estado para maximización de la función propagandística».
El barullo de información es tal que aún no tengo, sinceramente, opinión formada sobre el tema, pero los indicios que se están publicando me llevan a cuestionar la existencia real de un estado de derecho.
Comentario escrito por pepito71 — 08 de julio de 2010 a las 10:43 am
Si va a ser que casi todos los contertulios de este blog hemos vivido un par de años en «la millor terreta del mon».
Alicante no es Sicilia, querido Andres. Yo más bien me inclino a pensar que es lo mas cercano que tenemos a Marsella.
Si hay algun alicantino capitalino por estos foros, que se de por aludido: Es un auténtico nido de mierda y no solo en lo metafórico. Posiblemente la ciudad mas despersonalizada de España, de las más inhospitas y apuesto a decir que la menos acogedora del mundo (junto al Baltimore de «The Wire»).
Dicho esto (espero réplicas para poder contrareplicar), añado que lo de Ripoll, lejos de estar promovido por Rubalcaba, lo que le ha venido de perlas es a Camps, que lo tiene a huevo para quitarse de encima la última mosca cojonera Zaplanista que le quedaba en el redil. Les recuerdo que Ripoll, con respecto al caso Gürtel, ha sido muy critico con la dirección del PP valenciano…pero no por integridad política, sino por «trepismo» puro y duro.
Saquen sus propias conclusiones sobre «chivatazos»…
Comentario escrito por Garganta Profunda — 08 de julio de 2010 a las 11:24 am
La verdad es que la cosa ha evolucionado hacia cada día más esperpento. Parece ser que el juez había autorizado (otra cosa, como decía yo arriba, sería directamente inconcebible) los registros y la policía, aprovechando la situación, monta un despliegue brutal y se pone a detener gente porque «las evidencias que encuentran justifican las detenciones».
Para rematar la faena el juez envía una nota a la prensa, vía el gabinete del prensa del TSJCV, diciendo que no ha autorizado detención alguna y la Policía, el Ministerio del Interior y la Fiscalía se ponen a asegurar a diversos medios de comunicación que miente.
Hoy El País suministra en sendos artículos la explicación a todo el desaguisado:
– el juez es un facha y ha montado el follón para desacreditar a las instituciones;
– el TSJ hizo la nota de prensa inventándose que venía de parte del juzgado de Orihuela, falseando directamente la autoría de la misma, para hacer un favor a su «amiguito del alma».
En fin, que aquí se ha vuelto todo el mundo loco, con El País inventándose directamente las informaciones sobre el caso y las actuaciones judiciales para vete tú a saber qué.
Garganta, ya te comentaba antes que no conozco la Costa del Sol, así que no descarto que la Vega Baja (o la Vaga Beja, que han estado diciendo, según me comentó Guillermo, los medios de Madrid) sea lo más parecido a Marbella que tenemos por aquí.
De todos modos, para defender a Alicante, donde he pasado años de mi vida muy felices, he de decir que una cosa es la Vega Baja y otra el resto de la provincia. Conste.
Comentario escrito por Andrés Boix Palop — 09 de julio de 2010 a las 11:04 am
Andrés, creo que vas ya con retraso. A estas horas , ya han declarado todos los peces gordos y el fiscal – a sueldo de Moscú, evidentemente – ha visto rechazadas- ni siquiera rebajadas a algo simbólico – todas sus peticiones de fianza. Partiendo de que los dos han estudiado Derecho ,que se supone que han pasado un proceso selectivo canino y que los acusados han salido «acusados» ¿Es lógica tal disparidad de criterios?
Por otro lado, si tantas y flagrantes esperpenteces tenemos, los abogados del Sr Ripoll ¿Se ganan el sueldo? El Sr Ripoll puede ser detenido, pero sus familiares no y no es un robaperas sin amigos ¿No debieran haber actuado sus abogados durante esa presunta detención ilegal? ¿No deberían haber actuado después de su puesta en libertad?
Confieso que el espectaculo ya no me sorprende, pero pienso que es un asunto de hienas y que las gacelas no tenemos que tomar partido. Esto no va de derechos ni de Derecho, esto va de mierda, ventiladores y cortinas de humo.
Comentario escrito por galaico67 — 09 de julio de 2010 a las 12:00 pm
Oiga, oiga, que la provincia de Alicante es maravillosa. Yo no lo pongo en duda. A pesar del urbanismo salvaje las «Marinas» y parte de L´Alacantí tienen una belleza incomparable.
Y que le voy a decir de las comarcas del interior (si encima vivo en una de ellas)…El Comtat, L´Alcoia, La Foia de Castalla, El Alt Vinalopo…pero si son «nuestros» Pirineos…
Eso no quita que diga que Alicante (capital que vive de espaldas al resto de su provincia) me parezca un lugar de maldad y vileza. Y feo de cojones.
Comentario escrito por Garganta Profunda — 09 de julio de 2010 a las 12:08 pm
Probablemente tengas razón, galaico, en que no vale la pena preocuparse de reconducir a consideraciones jurídicas estos espectáculos. Pero sí creo que es importante que, como ciudadanos, seamos conscientes de que existen ciertos límites y nos planteemos, cuando conocemos de la existencia de operaciones como ésta, si se están respetando. Sólo una ciudadanía consciente e informada puede ayudar a que los excesos, tanto para poderosos como para los más débiles, sean los menos. Y eso pasa por saber hasta dónde puede llegar la policía o un juez y reaccionar cuando se pasan, como mínimo, denunciando esa conducta.
A mí de todo esto lo que me preocupa es que hemos acabado viviendo en un país donde la policía, por ejemplo, parece que piensa que puede ir deteniendo a la gente según su buen criterio, sin que concurran las circunstancias legales que habilitan para ello.
Y me preocupa para Ripoll, para cualquier raterillo de tres al cuarto… y para mí. Porque como un día un poli pretenda identificarme por la calle y le pregunte que en qué se basa para solicitarme la identificación, al amparo de lo que dice el art. 20.1 de la ley de seguridad ciudadana, lo más probable es que acabe en comisaría. Y que no haya manera de luchar contra una detención ilegal, si se produce. Y tantas y tantas cosas.
Garganta, compro todo lo que dice sobre Alicante, su provincia y la capital. ¡No podría ser menos, veraneando como he veraneado toda la vida en Benissa!
Comentario escrito por Andrés Boix Palop — 09 de julio de 2010 a las 1:38 pm
«Sólo una ciudadanía consciente e informada puede ayudar a que los excesos, tanto para poderosos como para los más débiles, sean los menos. Y eso pasa por saber hasta dónde puede llegar la policía o un juez y reaccionar cuando se pasan, como mínimo, denunciando esa conducta»
Para que se cumpla eso se necesitaría una ciudadanía educada, para intentar desbrozar la maraña de no-información que nos rodea. ¿Quien informa? ¿Los que corren a cubrir la campaña «estado policial»? ¿los que corren a cubrir la campaña «PP corrupto»? ¿Los que comunican que el juez está mosqueado porque quería ser el dueño del scatergoris?
Aqui la secuencia esta clara: Un juez lleva investigando dos ó tres años algo que huele mal en todos los sentidos. Libra una orden a la policia para que actue. La policia se lo toma como una «carta blanca» y actua como le parece que le parecerá bien a sus superiores – y como actua, sin la más mínima protesta contra los fulanitos del mundo. Salta el PP, mesandose los cabellos y rasgandose las vestiduras, incidiendo en los defectos de forma y soslayando totalmente el fondo, acompañado por lo más aguerrido de la prensa de derechas. Contrataca el Gobierno, incidiendo en el asunto de fondo y soslayando los defectos de forma como errores humanos, acompañado por las imprentas progres, y ya tenemos el circo montado.
Mientras, los acusados callan como putas, el juez le manda un recado al fiscal y a la policia y un ciudadano educado se queda atónito pensando quien nos gobierna : un conjunto de personajes decididos a defender a los suyos por encima de toda evidencia
Comentario escrito por galaico67 — 09 de julio de 2010 a las 1:54 pm
Pues sí, está bien resumido.
Dicho lo cual, vendría bien que quedara claro que la policía debiera poder enchironar a alguien sólo cuando:
– se lo ordena un juez que, por lo que sea (y dentro de los márgenes legales, que contemplan esta decisión como excepcional), entiende qu hay que meter a alguien en prisión preventiva aun antes de haber sido condenado;
– estamos ante un caso de flagrante comisión de delito o de una fuga de un delincuente o se tiene la íntima convicción de que si no se detiene a alguien éste va a dedicarse a destruir pruebas o a huir.
Obviamente, en el contexto de una investigación judicial que lleva años en marcha, si lo que querían era que Ripoll o Perico de los palotes prestara declaración ante el juez le deberían haber indicado, fiscales y policías, esta idea al juez para que éste, si la estimaba conveniente, le citara a declarar. Es un procedimiento de lo más sencillo, que se usa a diario. Y, por supuesto, la gente no suele fugarse sino que acude a declarar.
Comentario escrito por Andrés Boix Palop — 09 de julio de 2010 a las 2:08 pm
De Escudier:
«La primera afirmación era completamente falsa ya que el mismo juez había emitido un auto seis días antes en los que se planificaba toda la operación y se establecía la fecha del día 6 para su ejecución. Se adjunta un entrecomillado ilustrativo: “se autoriza de forma individualizada a practicar registros y entradas en domicilios particulares y despachos oficiales, y se autoriza a la policía a realizar traslados a comisaría para tomar declaración a los detenidos (…) En caso de proceder a la detención policial de todos o algunos de ellos por la fuerza actuante, se autoriza expresamente a la misma a fin de que procedan a su traslado hasta el lugar donde se vayan a practicar las diligencias”. Parece que la cosa está bastante clara.»
Bueno, ¿En que quedamos? La nota del TSJV ¿Es, no es,pué ser que si ó pué ser que no?
Comentario escrito por galaico67 — 12 de julio de 2010 a las 10:22 am