No se trata de hacer leer

Una. Dos. Y tres. Por tercer día consecutivo el diario Las Provincias dedica su portada a difundir la idea de que la Universidad de Valencia está copada de terroristas y de amigos de los terroristas.  A falta de nuevas portadas y de nuevos escándalos, a buen seguro por venir, los hechos que fundamentan la acusación se reducen a (y eso tomando como única fuente la información aportada de parte, esto es, por los «acusadores» que desde el diario valenciano señalan con el dedo y reprochan tan lamentable situación):

– Una asociación de estudiantes (el Sindicat d’Estudiants dels Països Catalans, de ideas, como su nombre permite intuir, afines al independentismo catalán) ha organizado unas jornadas sobre la evolución y situación actual del proyecto separatista empleando para ello instalaciones de la Universidad. Jornadas a las que ha invitado, entre otras personas vinculadas al mundo del independentismo catalán, a una persona que formó parte de Terra Lliure y que, en su día, cometió tres asesinatos, por los que fue juzgado y condenado. Cumplió condena, salió de la cárcel y, desde entonces, se dedica a cuestiones sindicales y al activismo ideológico en la línea referida.

– En espacios que la Universidad cede a grupos estudiantiles para que puedan reunirse y organizar sus actividades estuvo colgado, durante unos meses, un poster con la imagen de Iñaki de Juana Chaos. Al parecer, fue retirado finalmente por acuerdo de los propios estudiantes.

¿Por qué estos dos incidentes, estas dos situaciones, permiten afirmar que la Universitat de València es cómplice de alguna manera con el terrorismo? Al parecer, según la interpretación, delirante y cavernaria, así como altamente ofensiva hacia la institución y sus componentes, defendida por quienes están orquestand el show mediático porque lo que debería haber hecho la Universidad es prohibir tanto la conferencia como la colocación del cartel en cuestión.

Con permitir la situación abundar también en esa otra vertiente, y con todo, a mi juicio, lo verdaderamente grave de todo este asunto no es tanto la ofensa o la mala fe que pueda albergar la campaña. Más preocupante si cabe es que una línea de pensamiento como la que suscribe esa lógica pueda ir ganando terreno. O, al menos, así me lo parece a mí. Porque, sencillamente, no tienen ninguna razón, lo que convierte en altamente inquietante que haya muchos que puedan acabar convencidos de lo contrario. Y no sólo es que no se tenga razón en la acusación, sino que la desviada defensa de ciertas ideas que sus promotores pretenden llevar a cabo  no puede ser, en el fondo, más contraria a algunos principios constitucionales de los más básicos, así como al respeto a las libertades que una Universidad pública en España, afortunadamente, no puede menos que defender.

En cualquier caso, y por si alguien tiene alguna duda al respecto, que espero que no (o, al menos, que no sean excesivas), analicemos mínimamente ambas situaciones. Que tampoco está de más aprovechar estas situaciones para reiterar algunas obviedades. No sea que por falta de quien las enuncie, poco a poco, la mayor parte de la sociedad acabe perdiéndolas de vista.

Respecto de la organización de una charla por parte de un grupo de estudiantes en la que se invita, por parte de los promotores de la misma (el grupo de estudiantes), a una persona condenada por acciones terroristas parece evidente que cualquier actuación de la Universidad (ya sea por parte del equipo decanal del centro donde se realizó el acto, ya sea por parte del equipo rectoral) prohibiendo tal actividad supone una actuación que, lejos de ayudar a la defensa de los valores constitucionales, los estaría atacando y socavando en su misma raíz.

Las Universidades públicas españolas (y no sólo las públicas; y no sólo las españolas) tienen una larga tradición a la hora de organizar actividades adicionales a la docencia e investigación ordinaria: cursos, jornadas, debates, mesas redondas, cine-forums, teatro… Quienes en ocasiones organizamos este tipo de actos somos miembros de la comunidad universitaria, a veces profesores, a veces alumnos, a veces el pesonal administrativo, que por la razón que sea juzgamos que son socialmente enriquecedores y que permiten un espacio o una plataforma de análisis, crítica o reflexión sobre la sociedad que están intrínsecamente unidos a la propia función de una Universidad y que, lejos de sobrar, son necesarios. La Universitat de València, como es lógico y como es habitual en todas las Universidades del mundo, suele ceder espacios para ello a aquellas personas que formamos parte de la comunidad universitaria y únicamente vela por ordenar que las actividades no supongan alteraciones de la docencia o investigación (lo que puede darse, por ejemplo, si son molestas) o por garantizar un correcto uso de los espacios (dando prioridad a unas actividades sobre otras a partir de la previsión de asistencia o, simplemente, ordenando el uso de los mismos a partir del momento temporal de reserva del espacio).

El contenido de las actividades, su interés, su corrección, su admisibilidad social depende en última instancia de los organizadores, miembros siempre de la comunidd universitaria. Porque somos nosotros, en nuestra pluralidad, los que organizamos, de manera descentralizada, muchísimas cosas. Algunas más interesantes y algunas menos, como es inevitable. Algunas más controvertidas y otras menos, como tampoco puede ser de otra manera. Y sin que, como es obvio, excepto en los casos en que son los propios centros o la propia Universitat de València los organizadores, las decisiones y responsabilidad por la mayor o menor corrección o incorrección del acto sean achacables a la institución como tal.

Por lo demás, la Universitat de València, como todas las del mundo, confía en sus miembros y no establece una policía de contenidos previa. Como es obvio, la Universitat da por descontado que los mismos se desarrollarán dentro de las posibilidades legales y que en estos actos no se cometerán delitos ni perjudicará a nadie. Y, de hecho, así suele ocurrir. Es más, así ocurrió también, a la hora de la verdad, en el tan criticado acto, donde no sólo no se cometió delito alguno, sino que transcurrió con toda normalidad (al margen del juicio que pueda merecernos el contenido de la mesa redonda, las cosas que allí se afirmaron o la opinión que nos merezcan  organizadores y participantes).

¿Podría actuar la Universitat de València de otra manera? ¿Debería hacerlo?

Por supuesto, la Universitat de València podría pretender erigirse en controladora, con carácter previo, de los contenidos de actos que se celebren en sus instalaciones. Ahora bien, para hacerlo debería aportar una razón de suficiente peso como para justificar una restricción de esta índole en las libertades individuales. Hay una, sin embargo, fácil de encontrar. Es la siguiente, expresada de forma sencilla: una Universidad está para otras cosas, para desarrollar labores de docencia e investigación socialmente muy necesarias, y no para dedicarse a otro tipo de acciones, a veces muy interesantes y útiles, otras no tanto, pero que en ningún caso se corresponden con lo que ha de ser la labor de esa institución. De modo que, asumiendo esa tesis, todo lo que no tenga un evidente interés académico, en consecuencia, habría de quedar fuera de la Universidad. Sólo tendría sentido ceder espacios para actividades conectadas con la docencia y la investigación, que es la función social de la Universidad, por la que recibe fondos y la causa de que entre todos paguemos esos edificios e instalaciones.

En efecto, una razón como la aducida sería válida y no plantearía problemas en cuanto a la restricción de libertades y la posible discriminación, dado que estaría justificada funcionalmente a partir de la finalidad pública de la Universidad… excepto por el hecho de que es imposible llevarla a la práctica de manera garantista porque es impracticable gestionar una política de esta índole de manera neutra sin que, a la hora de la verdad, aparezcan severos riesgos de afección a las libertades y dudas en cuanto a la posible discriminación que compartarían las decisiones que se deberían adoptar. La razón de ello es sencilla y radica en que es virtualmente imposible pretender decidir con absoluta objetividad qué actos tienen o no «interés académico» sin que a la hora de establecer el criterio que delimitaria la frontera entre unos y otros se acaben introduciendo sesgos. Por ejemplo, ¿acaso si viene un político el acto ya no será en ningún caso «de interés académico»? ¿Y si se trata, aunque sea de algo donde sólo participen universitarios, de tratar una cuestión de actualidad y no una científica? ¿Cómo, dónde y quién pone la frontera?

A la hora de la verdad, pretender que las autoridades académicas hayan de autorizar o no actos a partir de su supuesta conexión con los reales objetivos de una Universidad es ilusorio y peligroso. Obviamente, se podría pretender seguir esta política, pero es dudoso que generara una aplicación fluida y aproblemática,no sería en absoluto pacífica y no podemos descartar que supusiera inevitablemente (aunque a lo mejor de forma involuntaria) uan mayor silenciación de ciertas posiciones. Y es que, en la práctica, es obvio que este modelo acabaría suponiendo inevitables excesos, en unos casos, y limitaciones más severas, en otros. Todo ello condicionado simplemente al clima de oponión preponderante, a las ideologías dominantes e incluso a las legítimas pero subjetivas posiciones de quienes han de tomar las decisiones. De lo cual se derivaría una cercenación inadmisible de la pluralidad ideológica, política y en cuanto a las actividades realizadas. Así como atentados a los derechos de algunas personas. No parece sensato correr ese riesgo cuando el sistema actual funciona de forma más que satisfactoria.

Es por ello mucho más razonable que la Universitat de València siga, como hasta ahora, confiando en el criterio que la comunidad, de manera porosa y plural, manifiesta respecto a qué actos son «de interés académico» y, por ello, acaban siendo puestos en marcha. En muchos de ellos habrá connotaciones políticas, a veces muy directas. Es cierto. En muchos otros la conexión con la vida académica puede parecer a a la mayoría bastante ilusoria. Habrá también algunos que parecerán absurdos. ¿Y qué hay de grave en ello? Lo que se consigue, en cualquier caso, es dinamizar la vida académica. Los actos de más calidad e interés serán más seguidos, tendráns más incidencia, crearán más y mejor opinión o generarán resultados más productivos. Los otros pasarán sin pena ni gloria. Porque las mayorías no sólo votan, también actúan en el día a día apoyando ciertas cosas y dando de lado a otras. Pero lo que está claro es que cualquier acto será expresión, aunque sea mínima, de parte de nuestra comunidad y de sus inquietudes, dado que si se realiza ello será consecuencia de que habrá habido alguien de entre nosotros que se habrá preocupado de ponerlo en marcha por juzgar, hay que pensar que de buena fe, que el interés del mismo existe y tiene algo que ver con la vida universitaria. En mi caso, por ejemplo, ya he colaborado con algunos compañeros en el pasado tratando de organizar coloquios y jornadas de todo tipo. Algunos de ellos con personalidades ajenas a la Universidad y temáticas en ocasiones poco científicas en sentido estricto. ¿Nos los habrían de prohibir por no tener interés académico a juicio de vete tú a saber quién? Dado que hemos invitado incluso, en ciertos casos, a importantes políticos (y algunos incluso han tenido la amabilidad de acudir), ¿tendría sentido que el Rector nos pohibiese la realización de un acto de esas características? Parece sensato, la verdad, afirmar que no demasiado.

Al margen de esta posible restricción, ya vemos que de dudosa concreción práctica por lo difícil que es establecer ese juicio de idoneidad académica respecto de cualquier actividad, ¿es posible prohibir actos atendiendo a otros factores? Y, en concreto, que es lo que parece pretender el diario Las Provincias, ¿es posible prohibir actos atendiendo al pasado de las personas, a su historia personal (en este caso concreto, debido a un pasado delictivo, a un pasado como terrorista)? O, yendo a la raíz del problema, ¿puede una Universidad prohibir actos, ya directamente, por motivos ideológicos (en este caso, por entender que pueden difundir unas ideas más o menos conectadas con las que justifican la lucha armada o con las que enhebran la reivindicación que la misma enarbola)?

La pretensión de que una persona que ha sido condenada no pueda acudir a una Universidad a dar una charla no resiste el más mínimo análisis. Ni jurídico, ni moral. Ningún Código penal del mundo, ni siquiera en los regímenes totalitarios más abyectos del mundo, contempla una pérdida de derechos civiles para las personas que ya han cumplido su condena. Pretender que alguien, por horrendo que fuera lo que hizo, quede definitiva y perpetuamente condenado a una situación equivalente a su conversión en un paria social es propio de mentalidades éticamente enfermas. Es más, y mientras nuestras leyes penales no establezcan como pena accesoria la prohibición de hablar en público en ciertos casos (posibilidad, afortunadamente, de momento remota), ni siquiera se pierden los derechos por estar compliendo condena. ¿Acaso un preso en 3er grado penitenciario no podría venir a la Universidad a dar una charla? A mi entender, perfectamente y nadie debería escandalizarse por ello. Es más, estoy convencido de que, según quién sea el preso, probablemente tendría cosas muy interesantes que contar que a cualquier estudiante universitario podrían aprovechar mucho sobre lo que es una cárcel, sin ir más lejos.

Pero es que, nos dirán, aceptando que tenemos razón al defender esta idea, no se trata de un preso normal, sino de un terrorista. Y hay que diferenciar, se afirma. Afirmación arriesgada, cuando se pretende que diferenciemos (castigando, vetando, prohibiendo) más allá de lo que hacen las leyes. Y que, por lo demás, si la clave es esa atención extenuante a la trayectoria vital, incluyendo a la que quienes han asesinado o pertenecido a bandas armadas, para prohibir su aparición por cualquier mesa redonda, nos llevaría a situaciones más que curiosas. ¿Habría debido prohibir la Universidad de Valencia a Juan Mari Brandés que pisara siquiera sus instalaciones, debido a que fue deportado durante el franquismo por colaboración con ETA -en tanto que abogado de algunos etarras, moda ésta la de entender que los abogados son cómplices de la banda, por cierto, que parece haber regresado a España con fuerza desde hace unos meses-?  ¿Creen quienes piden que se prohíban estos actos que se debiera impedir también a Pío Moa pisar una Universidad? Nelson Mandela, si hacemos caso a este griterío en favor del bárbaro silogismo «terrorista un día-terrorista siempre-los terroristas no tienen derecho a expresarse», ¿vería cómo le impedimos que pise la Universitat de València por entender que su mera presencia aquí degrada a la institución?

En resumen, en ausencia de limitación legal del estatuto personal de alguien, una institución como la Universidad no puede prohibir un acto atendiendo a las condiciones subjetivas de esa persona. Se trataría de una discriminación intolerable. Y, por cierto, claramente inconstitucional.

Otra alternativa, que es en realidad la que late en el fondo de las críticas, que es en realidad la que propugnan quienes ponen el grito en el cielo, es la que defiende que habría que prohibir el acto por sus previsibles contenidos. Esto es, la que defiende que hay ciertas manifestaciones ideológicas o ciertas posiciones respecto a conflictos políticos o sociales que no tienen los mismos derechos a ser expuestas y defendidas que las demás . Que no son «respetables». Y que, por ello, no deben ser autorizadas.

El problema de este planteamiento es que la «respetabilidad» y «admisibilidad» de ideas, discursos, opiniones… no la decidimos nosotros. O no la decidimos más allá de nuestra esfera estrictamente subjetiva y de nuestros actos individuales. Cada uno de nosotros podemos tener nuestra opinión al respecto, por supuesto. Pero esta opinión, perfectamente legítima y válida, que nos hará acudir a un acto o no, tenerlo por interesante o no, criticarlo o no, oponernos a lo que se exponga en él y tratar de combatirlo argumentadamente o no… no es suficiente para imponerse a los derechos individuales reconocidos constitucionalmente. Porque es la Constitución, y en su desarrollo la ley, la que en su caso marcará el límite de admisibilidad a partir del cual se podría prohibir la emisión de una opinión. Algo que, además, por cierto, en nuestro ordenamiento jurídico es extraordinariamente difícil porque nuestro pacto social, plasmado en la Constitución de 1978, se fundamenta en la idea contraria: la de, como norma de principio, dejar a todos expresar sus ideas y opiniones, protegiéndolas incluso en casos en que nos parecen horrendas o asquerosas. Únicamente en supuestos extremos (por ejemplo, cuando mediante la palabra se hace apología de la comisión de actos delictivos incitando a su realización) se puede prohibir un dicurso. Es decir, que quienes pretenden que la Universidad habría de autorizar o prohibir ciertas mesas redondas y charlas únicamente en atención a su contenido «aceptable» o «inaceptable» (no en términos de adecuación a los fines académicos, pretensión limitadora que se toparía con las dificultades que ya hemos reseñado, sino en términos políticos, ideológicos o éticos) están afirmando la posibilidad y conveniencia de que se establezca una restricción adicional a la constitucionalmente posible, a la legalmente aceptable, a partir de un parámetro de discriminación ideológica, o moral, pura y dura. Con lo que ello supone de violación de varios principios estructurales de nuestra Constitución, empezando por el art. 14.

¿De veras queremos un modelo de esas características? ¿De veras estamos tan seguros de que nuestras opiniones van a ser siempre tan «cómodas» para la generalidad de la opinión pública que estamos dispuestos a apoyar alegremente restricciones en el discurso de quienes son ahora una franca minoría aunque sólo hablen, aunque sólo chillen, aunque sólo gruñan (pero no peguen, ni maten, ni inciten a hacerlo)? Pero, sobre todo, ¿de veras alguien cree que ésa es la mejor manera de defender nuestra Constitución? Porque en realidad no hay lugar a dudas de que es todo lo contrario. Defender la Constitución, en una situación como la reseñada, es no prohibir el acto con base en tan peligrosas y resbaladizas razones.

Por último, hay quien alegará que habría que prohibir este tipo de situaciones, al menos, en ciertas ocasiones. En todas aquellas en las que previsiblemente, a partir de la trayectoria y personalidad de los participantes, pueda traspasarse la línea constitucionalmente marcada. Pero, para quienes así argumenten, habría que recordar dos cosas. En primer lugar, que una prohibición con base únicamente en la mera predicción sobre la ilegalidad del contenido es un temerario acto de censura previa expresamente prohibido por la Constitución. En segundo lugar, que es más que dudoso que la trayectoria previa de nadie prejuzgue absolutamente lo que vaya a decir. Es más sano un modelo social que espera a que existan infracciones de esta índole para actuar que otro que, obsesionado con prevenirlas, establece cortafuegos exagerados que, inevitablemente, acaban arramblando también con otras manifestaciones expresivas perfectamente legítimas.

Por lo demás, todas estas reflexiones quedan confirmadas por una práctica de décadas en las que la política basada en la dualidad de renunciar al control de contenidos a priori y limitar la reacción respecto de manifestaciones o afirmaciones que vulneren la legalidad vigente sólo una vez se hayan producido ha demostrado ser muy eficaz. Los problemas habidos hasta la fecha en esta Universidad y cualquier otra han sido mínimos, los excesos y delitos cometidos marginales (por no decir inexistentes). Y todo ello se ha logrado sin que haya hecho ninguna falta recortar la libertad de expresión o ideológica de nadie. De hecho, la charla en cuestión, a pesar de los ríos de tinta que ha hecho correr, incluso tomando como única fuente las crónicas de los diarios que encabezan esta cruzada, fue de lo más tranquila. El antiguo terrorista, por lo visto, se limitó a realizar una descripción de su experiencia en la lucha armada, o de su experiencia terrorista, si se quiere, sin el más mínimo atisbo de incitación al uso de la violencia o apología del empleo de medios vedados por la ley.

Por último, y respecto del poster de Iñaki de Juana Chaos, cuestión ciertamente menor (que parece haber ocupado la portada de hoy, tercer día de hostigamiento a la Universitat de València desde los medios de comunicación, simplemente para tener una excusa para seguir dando cancha a esta cuestión), me gustaría plantear una serie de preguntas como forma de manifestar mi opinión al respecto:

– La Universitat de València, al ceder locales a los estudiantes para que hagan uso de ellos para sus actividades y reuniones, ¿ha de imponerles normas sobre los mensajes que pueden transmitir que sean más limitadoras que la legislación vigente? ¿O es más razonable que se limite a establecer su umbral de tolerancia allí donde lo ha fijado el consenso social y ciudadano por medio de la aprobación de una norma con rango de ley? ¿Caso de querer restringir más la emisión de opiniones en cuanto afecten al uso de esos espacios, con qué justificación se establecerían las limitaciones?

– Más allá de normas de higiene, conservación, etc. ¿tiene sentido que sea la Universitat de València la que determine la decoración y posters que han de colgar en las paredes? ¿Es ésta la manera más adecuada de formar ciudadanos libres y responsables, imponiéndoles hasta el color correcto que debe ser empleado para la pared del local de las asociaciones? ¿Debería la Universitat de València también imponer normas de decoro y recato? ¿Podría y sería  conveniente que obligara a las asociaciones de estudiantes a plasmar en la decoración políticas de igualdad de género y sexual, por ejemplo? ¿O es mejor dejar libertad a los estudiantes?

– Poner un poster de Iñaki de Juana Chaos, ¿equivale necesariamente a hacer apología del terrorismo? ¿Significa inevitablemente estar de acuerdo con el asesinato y la violencia? El hecho de que yo mismo, en este mismo blog, haya escrito sobre la situación penal de esta persona cuando todavía estaba preso y haya criticado públicamente que se prolongara su estancia en prisión, a mi juicio de forma abiertamente ilegal, ¿me hace también amigo de los terroristas? ¿Debiera la Universitat, en consecuencia, revisar los contenidos de mi blog (y los de cualquier blog de miembros de la misma, no sea que se cuelen más comentarios inaceptables, ya se por éste, ya por otros motivos) y autorizarlos o no, según le parecieran admisibles o impropios? ¿Debieran prohibirme manifestar mi profundo pesar porque, a mi juicio, nuestro Estado de Derecho no siempre esté a la altura, a la hora de defender garantías y libertades, si se da la casualidad de que está implicado un preso acusado de crímines espantosos? ¿Los terroristas, asesinos o violadores no tienen derechos? ¿La única actitud que desde la Universidad hemos de albergar hacia ellos es fomentar su pública lapidación?

En definitiva, que lejos de haberse comportado de manera criticable, la actuación de la Universitat de València en todo este asunto ha sido impecable y debiera ser un ejemplo para todos. A pesar de haber estado y seguir estando sometida a enormes presiones. Ojalá haya mucha gente capaz de darse cuenta. Y ojalá seamos muchos los que, todavía, quedemos dispuestos a explicarlo.

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