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Periódicamente aparecen en los medios de comunicación referencias a la conocida y perniciosa endogamia universitaria. Suelen coincidir los momentos álgidos de preocupación pública con la reforma de las leyes universitarias. No estamos en estos momentos ante una excepción. Pero sí que parece que, frente el retoque a la Ley Orgánica de Universidades que durante este período de sesiones ha de ser aprobado por las Cortes, ha cundido cierto desánimo entre quienes con tanta ferocidad criticaron la endogamia y los males que simboliza. Es una pena, porque siempre es sano que se abran debates sobre cuestiones de la importancia de ésta. Y ello más allá de que todas las críticas, diagnósticos o remedios sean sensatos. Porque lo que sí está claro es que lo que es una absoluta insensatez es mostrarse satisfecho con el actual sistema de selección del profesorado universitario, que no cumple de forma razonable con ninguna de las finalidades que se le presuponen, empezando por garantizar el cumplimiento del principio constitucional de mérito y capacidad. Que lo haga, además, a costa de imponer sacrificios y penurias a muchas personas (incluyendo a los «agraciados») de manera absolutamente gratuita, dibuja un panorama francamente insatisfactorio.
Las críticas a la endogamia subsiten en una vertiente más folclórico-verbenera que otra cosa. Recientemente daban cuenta los medios de comunicación de una especie de «congreso» de sedicentes agraviados por los turbios manejos corporativistas y para-mafiosos de la Universidad española. Es lamentable que el debate público se nutra únicamente de la visión en exceso simplista que de tal dibujo se deducía. Y provoca cosas como las que hoy me llevan a medio abordar algunos aspectos de lo que es el problema de fondo: que los vicerrectores encargados de explicar a los ciudadanos qué pasa y cómo funcionan las cosas se permitan dar explicaciones tan autocomplacientes, carentes del más mínimo sentido crítico y, lo que es peor, directa y conscientemente mentirosas como la que publica hoy El País en su edición de la Comunidad Valenciana.
Las respuestas de los responsables académicos y las asunciones del medio de comunicación permitirían realizar no pocos comentarios. Pero lo más llamativo es que están vertebradas por una más que llamativa incorrección en el enfoque. Que no puede sino ser voluntaria. Baste señalar que manejan datos asociados a un modelo de funcionamiento que desapareció hace años. Corresponden a un panorama, el posterior a la entrada en vigor de la LOU, donde se supone que las reglas del juego iban a ser diferentes y no crear los nefandos problemas tradicionales. Nadie parece dispuesto a afrontar con honradez un análisis que informe de las reales consecuencias del cambio de norma, de lo que se hizo antes y se ha hecho después, de las verdaderas pautas que informan un modelo que parece cómodamente asentado. A pesar de los pesares. Así, llama poderosamente la atención la ausencia de dudas que expresan los Vicerrectores, valga como muestra el botón valenciano, a la hora de enjuiciar la situación.
Otro día, con más tiempo y un servidor en mejores condiciones, analizamos qué comentan al respecto. Aunque, a lo mejor, ni hace falta y huelga todo comentario a las afirmaciones de quienes afirman no haber asistido nunca a la búsqueda del famoso «tercer voto» en un tribunal para poder colocar al candidato de casa.
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