El papel de la religión en la educación y en la regulación de la convivencia

Así como las reflexiones de Habermas a que hacíamos referencia hace poco ^[1] obligaban a poner en relación el papel del sentimiento religioso, de la fe, con las exigencias cívicas a que obliga la convivencia en una sociedad moderna, el reciente artículo de Ronald Dworkin en The New York Review of Books trata de exponer de manera sencilla algunas nociones clave sobre el concreto espacio en que han de quedar recluidas las creencias personales para que éstas no interfieran con la dignidad de la persona o los derechos de los demás.

Three Questions for America ^[2], que ha publicado en español Claves de Razón Práctica en su último número, es una reflexión más de batalla que la más académica de Habermas, destinada a convencer sobre la conveniencia de reducir el peso de las consideraciones religiosas respecto de tres discusiones públicas que en los Estados Unidos tienen cierta importancia: el papel que en la enseñanza han de jugar las creencias religiosas (muy especialmente a la hora de enseñar biología, dada la creciente difusión, desde ciertos ámbitos, de las teorías basadas en la hipótesis antidarwinista del «diseño inteligente»), los problemas que supone la mezcla de patriotismo y religiosidad en algunas proclamaciones oficiales (en particular, desde la inclusión de una referencia a un Dios monoteísta en el conocido Pledge of Allegiance) y qué puede pintar la visión religiosa del matrimonio o de la familia a la hora de decidir cómo una sociedad ha de regular públicamente la institución (como es obvio, con los avances en materia de reconocimiento del derecho a contraerlo para los homosexuales en el punto de mira).

La sencilla y convincente exposición de Dworkin me lleva a recordar algunas cuestiones relativas a la actualidad española. Cuando se refiere a qué ha de ser enseñado o no en tanto que ciencia en las escuelas lo diferencia de los debates, que también tendrían que tener su lugar en la enseñanza, de otro tipo, donde podrían encuadrarse estas cuestiones:

I mean courses that take up issues that are among the most contentious political controversies of the day, including, for example, the case for and against abortion; affirmative action in public education; the role of money in politics; the fairness of the tax system; and the role of civil liberties in shaping and limiting antiterrorist activities. The dominant pedagogical aim must be to instill some sense of the complexity of these issues, some understanding of positions different from those the students are likely to find at home or among friends, and some idea of what a conscientious and respectful argument over these issues might be like. The dominant pedagogical strategy should be an attempt to locate these controversies in different interpretations of principles the students might be expected themselves to accept: for example, the principles of human dignity that I believe are embodied in the Constitution and are now common ground in America.

Inevitablemente, uno tiende a acordarse al leer una propuesta como ésta, de hacia dónde ha acabado llevando las cosas un Gobierno como el español ^[3], que incomprensiblemente se ha ganado fama de militantemente laico. También, he de reconocerlo, empieza uno a pensar, con preocupación, si acabaremos teniendo que discutir también en España sobre si el diseño inteligente es mejor comentarlo en la clase de educación para la ciudadanía o en la de ciencias. O, porque se antoja más cercano, qué ocurrirá cuando la visión panfletista de la Historia de España que populariza Pío Moa acabe pretendiéndose una legítima opinión científica y, por tanto, que haya de ser estudiada en nuestros colegios.

El análisis que hace de la polémica en torno al matrimonio gay es de interés, por cuanto llama la atención cómo, a pesar de que la legislación en el común de los Estados Unidos no sea tan avanzada como la española, Dworkin orilla la mayor parte de los argumentos que son escuchados habitualmente en España para quedarse únicamente con una posible razón de peso contra la extensión del derecho a contraerlo también por los homosexuales:

(…) The case against gay marriage, put most sympathetically, begins with the premise that the institution of marriage is, as I said, a unique and immensely valuable cultural resource. Its meaning and hence its value have developed over centuries, and the assumption that marriage is the union of a man and a woman is so embedded in our common understanding that it would become a different institution were that assumption now challenged and lost. Just as we might struggle to maintain the meaning and value of any other great natural or artistic resource, so we should struggle to retain this uniquely valuable cultural resource.

I believe that argument to be the strongest that can be made against gay marriage. It raises a larger and even more important issue. Who should have control, and in what way, over the moral, ethical, and aesthetic culture in which we must all live and that defines the meaning of our social and legal institutions and shapes our lives in many other ways?

En la medida en que la colectividad pueda aspirar a predeterminar de alguna forma instituciones y puntos de encuentro, referentes culturales y la construcción de los elementos básicos de la ética y estética de una sociedad, podría pretender disciplinar de acuerdo con ellos algunas instituciones. Así, de hecho, se hace y se ha hecho siempre. El problema es cuando de ello se deduce una discriminación al disminuir los derechos de que se pueden disfrutar y correlativamente, como es el caso, una cierta coerción sobre las legítimas opciones entre las que cualquier persona, en ejercicio de su derecho a dirigir su vida y a desarrollar libremente su personalidad, puede decantarse. Porque la desigualdad subsiguiente que se derivaría de la imposibilidad de tomar estas importantes decisiones en la seguridad de que de las mismas no se derivarán consecuencias negativas afecta al núcleo de la dignidad humana, base de nuestros ordenamientos, del Estado de Derecho e incluso, podría decirse (aunque es una referencia contingente y por ello, en puridad, sobra, pero valga como ilustración) del credo católico desde Pacem in terris.
No creo sin embargo que de ello haya de deducirse que el paraguas jurídico, la denominación o la institución social que se emplee para garantizar esta equidad haya de ser necesariamente coincidente. Siempre y cuando un régimen jurídico equivalente comportara igual amparo a quienes opten por uno u otro modelo de vida nada podríamos objetar. Más allá, por supuesto, de la corrección y absoluta legitimidad del legislador, también, a la hora de optar, si lo estima mejor, por una regulación unitaria.

La cuestión es que no es a partir de los criterios que se basan en las creencias, de un tipo u otro, como una sociedad madura ha de afrontar estos debates. Sino de una discusión sensata sobre el sentido y finalidad de ciertos derechos, garantías y privilegios asociados a la convivencia en pareja que, a día de hoy, conservan un sentido más ritual que otra cosa. Al margen, como es evidente, de las consideraciones relativas a la preservación y perpetuación de la especie que, desligadas hace ya mucho tiempo de limitaciones estrictamente biológicas, han hecho perder sentido a cualquier régimen de beneficio que no parta de la base de la efectiva maternidad o paternidad, más allá del vínculo que pueda unir a los progenitores. Y, todo ello, en el caso de que se entiende conveniente que perduren. Que, en lo que a mí respecta, que no soy precisamente fan de la deslocalización materia de procura y cría de los niños, nada tengo que objetar.