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Hasta esta semana me había resisitido a comentar nada respecto de las manifestaciones de protesta que todo tipo de jueces y secretarios judiciales vienen realizando en protesta por la injerencia política en sus actuaciones y, sobre todo, por la cacería organizada contra algunos de sus compañeros. Pero la insistencia del ministro Bermejo en lanzar a la opinión pública contra los jueces, leída con atención la entrevista que este fin de semana le concedía a El País (o, más bien, dada la útil plataforma que supone disponer de dos páginas del periódico un domingo para hacer llegar a la opinión pública el mensaje demagógico de turno, que El País le concedía al Ministro), obliga a decir algo, al fin, sobre este asunto. Con la inevitable vergüenza que supone salir a la palestra a apuntar lo obvio. Uno tiene la sensación, en tal caso, de hacer un poco el ridículo. Porque, ¿acaso no es un poco pretencioso asumir que hace falta que alguien lo diga? ¿Uno más? ¡Como si no se hubiera explicado esto mismo ya lo suficiente, prácticamente por cualquier persona que sabe de qué va el asunto!
Arriesgándome a descubrir el Mediterráneo de turno, me limito a señalar que, como cualquier persona dedicada a esto del Derecho, asisito alucinado a la persecución desatada contra un juez y una secretaría judicial y a la surrealista competición de Gobierno, oposición y medios de comunicación por dejar claro que cada uno de ellos es quien más «ejemplaridad» en la sanción exige. Sin ser, creo, en absoluto sospechoso de albergar demasiadas simpatías hacia la clase judicial española, justamente criticada muchas veces por su corporativismo o por su falta de sensibilidad social en no pocas parte ocasiones, no se me escapa, como a casi nadie mínimamente informado, que aquí no estamos refiriéndonos a nada que tenga que ver con que los jueces trabajen mucho o poco, con que persigan esencialmente sus intereses antes que los de la sociedad, o con que tengan en su mayoría una extracción y posicionamientos que reflejan muy escasamente su equivalente en el resto de la sociedad. Aquí estamos hablando de un problema que se produce en un determinado juzgado como podría haberse producido en cualquier otro, porque la causa última del mismo no tiene nada que ver con la manera en que desempeñaron sus funciones los responsables a los que el azar quiso poner en medio del trágico suceso. Al igual que, por ejemplo, la culpa de que a Rodríguez Menéndez, estando condenado, le dieran el pasaporte que le permitió huir de España, no fue del policía concreto que se lo entregó. Se trata de cuestiones, de fallos, de defectos de nuestro sistema judicial o policial, más profundos y estructurales. Subirse a la ola de pública indignación contra el juez al que la casualidad ha puesto en medio de todo este fregado para tratar de sacar réditos políticos con todo el asunto es de una obsecenidad sólo atemperada porque, la verdad, nos vamos acostumbrando a que estas cosas pasen. Asistir a la reiterada obcecación del Ministro por coronarse como desfacedor de entuertos judiciales por la vía de sancionar ejemplarmente al juez empieza a pasar de castaño oscuro. Más que nada por la reiteración y el empeño en hacer el ridículo, conscientemente de que la actuación es impresentable, pero en la esperanza de que aunque ésta sea la opinión de todos los que nos medio enteramos de cómo son estas cosas, eso no tiene demasiada importancia si, a cambio, se logra que el 90% restante de los ciudadanos se queden con la imagen de que los jueces son malvados y vagos, que no hacen su trabajo y se defienden entre ellos, ¡incluso cuando su incompetencia y descuido derivan en la muerte de una niña de 5 años!
Llama la atención, una vez más (o al menos me llama la atención a mí), la impresionante estanqueidad con al que funcionamos los juristas. Porque, la verdad, todavía estoy por encontrarme al profesional del Derecho que, de verdad, crea que todo este asunto sea esencialmente culpa del juez. Y, en cambio, los medios de comunicación y el debate público van manifiestamente en otra dirección. No se trata sólo de que los políticos lo conduzcan a esos dominios. Es que, detectando que va por allí, prefieren nadar a favor de corriente. ¿Tan complicado es que quienes nosd edicamos a estos salgamos a la palestra y expliquemos la verdad en torno a cuatro cosas, no demasiado difíciles de entender pero bastante importantes?
Y todo ello a pesar, insisto, de que desgraciadamente es casi seguro que tendremos ocasión de volver a hablar en blog de los problemas, estos sí reales, asociados al tipo de jueces y magistrados que tenemos en este país, a los incentivos a los que responden y a las normas que regulan su actuación. Incluyendo, claro, su corporativismo, que es cierto que existe. Como en cualquier profesión, como en cualqueir gremio. Pero es cierto que es grave que en este caso se consientan ciertas protecciones corporativistas porque, por supuesto, en la medida ejercen una función constitucional de enorme importancia, debieran existir controles públicos adicional y externos que impidieran que los intereses públicos en juego se ventilaran con opacidad y a partir de las necesidad y gustos de un colectivo que no ha de ser el que oriente la manera de proteger estos intereses públicos. Este corporativismo, que existe, conviene analizarlo en sus exactos e importantes términos y no dejarnos despistar con cacerías como la de estos meses.
A ver si hablamos un día de estos, de verdad, entre todos, del corporativismo judicial que hace tan complicado exigir responsabilidad de los jueces (y de la extravagante jursprudencia de la sala tercera del Tribunal Supremo, por ejemplo, a la hora de impugnar decisiones exoneradoras del CGPJ, que sostiene sistemáticamente, como ha recordado Alejandro Nieto, que no tiene legitimidad alguna el ciudadano de turno perjudicado por la acción o inacción del juez en cuestión), del que ha conformado un sistema de gobierno judicial basado en la prima a los irresponsables (el delirante espectáculo de la desgraciadamente famosa juez Laura Alabau, recompensada in extremis por el anterior CGPJ con un ascenso en premio a su historial de incompetencia judicial trufado de obstruccionismo a la hora de aplicar normas democráticas aprobadas en el Parlamento) y del sistema de incentivos que, en el fondo, está en el origen de muchos de estos problemas.
Por ejemplo, ¿nadie se da cuenta de hasta qué punto esto es a la vez significativo efecto y también causa del enorme problema que existe en España, de diseño, estructural, respecto del poder judicial? Pues si no es así, si nadie lo ve problemático en exceso, convendrá que alguien empiece a explicarle a la gente algunas cosillas. Como que, por ejemplo, un porcentaje significativo de jueces tienen como solo mérito para acceder a esa función uno de estos dos:
– haber suspendido reiteradamente la oposición, demostrando con ello, si es que han demostrado algo, que no saben los mínimos que tienen que saber para ser jueces;
– conocer suficientemente a alguien en las instancias judiciales que manejan estos asuntillos y pueden nombrar con cierta discreción, TSJs y demás.
Para no ser injusto habrá que reconocer que en algunos de ellos concurren, incluso, ambos méritos a la vez.
¿Por qué los jueces no se quejan en exceso de esta situación? Pues por muchos motivos, y no necesariamente ccorporativos en sentido estricto, dado que con su cómplice aquiescencia amparan este fenómeno que beneficia a otro colectivo, no exactamente al suyo, que obtiene réditos más bien indirectos que directos. Eso sí, a costa de cargarse el buen funcionamiento del sistema. Hay que tener en cuenta, por ejemplo, que los sustitutos acaban en juzgados que normalmente nadie quiere, por ser conflictivos, dar mucho trabajo, etc. Por ejemplo, en Valencia, los juzgados de Benidorm, muy complicados por el tipo de ambientillo socioeconómico que hay montado allí, son históricamente unos de los que más tasas de sustitutos tienen. Es surrealista que precisamente estos puestos tan comprometidos sea ocupados por personas ajenas a la carrera judicial.
Adicionalmente, hay también quien consigue, por el contrario, instalarse en lugares muy deseados, como es el caso, frecuente entre profesores universitarios (y, forzando la norma hasta sus extremos interpretativo, incluso de personas que trabajan en la Universidad sin ser profesores universitarios), de ganarse unas perrillas extra haciendo de magistrado en el Tribunal Superior de Justicia de turno. Supongo que no hace falta abundar demasiado en cuáles suelen ser los criterios que marcan la selección de estas personas ni, en consecuencia, creo que será necesario explicar la escasa independencia de criterio de estos «magistrados» cuando llegue el momento, respecto de cualquier asunto conflictivo, de enfrentarse al criterio de quienes deciden su contratación presente y futura se trata.
Sorprendentemente, sin embargo, a los ciudadanos les preocupa menos que su Tribunal Superior de Justicia, instancia clave para controlar a la Administración pública de su Comunidad Autónoma, se pervierta de esta manera y, en consecuencia, funcione como funciona, con una generosidad respecto del poder de turno ciertamente notable, que cobrarse una pieza concreta. Y es que, hasta que no seamos capaces de detectar que el verdadero y preocupante corporativismo judicial no es el que aflora cuando los jueces se quejan de ciertas condiciones en las que han de realizar su trabajo, sino cuando callan muy diversos tejemanejes turbios que permiten cuestionar la capacidad e independencia con la que se deciden muchos asuntos porque no les va del todo mal que así sea, el debate no tendrá, en el fondo, demasiado interés.
Adenda: Me indica un amable lector en un correo electrónico que, de alguna manera, sería interesante conectar estos comentarios con una interesante discusión que tuvimos tiempo atrás en este blog sobre la mejor forma de regular la entrada a la carrera judicial. Y, la verdad, tiene razón. Porque inevitablemente, dado que faltan jueces y que muchos de los problemas derivan de este hecho (y del sesgo social que indirectamente determina la manera en que se seleccionan), es obvio que la cuestión merece ser traída a colación.
15 comentarios en Corporativismo judicial
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Andres, tienes razón y no la tienes. Tienes razón en que se aprovecha un caso desgraciado para dar un escarmiento – escarmiento que se justifica en tus últimos parrafos sobre la idoneidad y meritos de los que llegan a jueces- pero en ningún momento, lo que se dice en ningún momento, he leido u oído de ninguna de las partes implicadas algo fundamental en un trabajo que implique multiples relaciones, en ningún momento nadie ha dicho «hemos seguido los procedimientos». Algo que es fundamental para cualquier hecho en la vida moderna, algo que permite rastrear errores, corregir defectos, mejorar el producto, no existe en este ejercito de Pancho Villa que parece ser la Justicia. Y no es una cuestión de mejores ordenadores ni de más funcionarios, es una cuestión de orden y procedimiento, de no mostrar montañas de legajos con verborrea juridica amontonados en salas sino de que cada paso tenga codificado su siguiente y no parezca que sigan el metodo de archivo y control basado en pinchos y posits.
Un saludo
Comentario escrito por galaico67 — 31 de octubre de 2008 a las 9:45 am
Sin negar que puedas tener razón, galaico67, la cuestión clave radica aquí en que ciertos incumplimientos, aunque existan, aunque puedan ser graves, no es presetable que sean castigados única y exclusivamente cuando, por una desgraciada circunstancia ajena en sentido estricto a los mismos, se encadenan a los mismos eventos trágicos como el de este asunto. Porque eso supone hacer depender la efectiva aplicación de medidas disciplinarias y la imposición de sanciones de eventos que dependen de la pura y dura casualidad.
Si hay que sancionar por ese tipo de cosas, que a lo mejor habría que hacerlo (aunque para poder exigir ciertos cumplimientos de plazos y de procedimientos primero hay que dotar de medios que permitan llegar a hacerlo razonablemente), no digo que no, que se haga siempre que se tenga constancia de ello. Y, entonces, empezaría a desfilar, más o menos, el 70% de jueces y magistrados y el 90% de magistrados de sala y todos nos lo pasaríamos bomba (los porcentajes, por supuesto, son reflejo de mi subjetiva impresión y nada más). Pero no puede ser organizarle la cacería sólo a uno, al que ha tenido la mala suerte de que su preso y su descontrol han derivado en lo que han derivado.
Comentario escrito por Andrés Boix Palop — 31 de octubre de 2008 a las 11:03 am
Pura y dura casualidad suele ser que se caiga un avión y , sin embargo hay un procedimiento de auditoría para estos casos, hasta que ,finalmente, se llega a establecer la causa más probable. Y cuando falla algo, se revisan los procedimientos, no se echa la culpa a la falta de potencia de los ordenadores ó a la falta de mecánicos. Siempre aparece una mano que se saltó una orden, un jefecillo que redujo plantilla ,un buitre en una turbina ó un tornillo con defecto de origén, pero coño, sino la casualidad la causalidad se determina al noventaymuchos por cien.
Y corporativismos tambien hay, se tapan cosas, se echan firmas a documentos en blanco se hacen trampas y todas las trapacerías que quieras, pero no al nivel panchovillista del ejercito y la justicia.
“aunque para poder exigir ciertos cumplimientos de plazos y de procedimientos primero hay que dotar de medios que permitan llegar a hacerlo razonablemente),”
No, primero se hace un procedimiento, uno, con lo que hay a mano, bueno, malo ó manifiestamente mejorable, pero uno. Pasa un tiempo y se audita, se ven las necesidades de recursos , se aportan y se cambia este procedimiento y asi sucesivamente. No se aportan 10.000 ordenadores y 10.000 funcionarios más y a ver que pasa.
Que los señores jueces y abogados les pregunten a los señores contables, a los inspectores de Hacienda y les copien sus formularios, sus impresos y sus métodos, que no hay que inventar nada y dejen de atascarnos a todos .
Tambien sería de agracer una respuesta a si es lógico que los alguaciles alguacilen a otros alguaciales, ya que todos los demás, con todos los corporativismos propias y todas las trampas que hacemos, al final, exonerados por los colegas, siempre podemos vernos delante de una toga y juzgados por un absoluto lego. Y nos fastidiamos..
Comentario escrito por galaico67 — 31 de octubre de 2008 a las 11:38 am
Si bien el sistema judicial no funciona, también hay que recordar que está formado por personas y que éstas alguna responsabilidad tendrán también en las deficiencias existentes. En algunos juzgados pasan cosas que no suceden en otros. O sea, que las personas sí influyen en el mejor o peor funcionamiento de un juzgado. Cuando pasa un hecho como el descrito, creo que hay que exigir la responsabilidad consiguiente. Como mínimo, el juez, la secretaria y el resto de funcionarios deberían haber pedido disculpas públicas por la parte que les afecta.
Comentario escrito por Ramón Soriano — 31 de octubre de 2008 a las 1:53 pm
Me he entretenido en buscar por ahí qué dicen los blogs de juristas que se publican en España sobre el asunto y tampoco hay demasiado (normal, porque tampoco es que haya demasiados blogs jurídicos en España, excepción hecha de cositas de nuevas tecnologías). Esto es lo que he encontrado.
http://www.contencioso.es/?p=854
http://www.lorem-ipsum.es/blogs/ultimainstancia/?p=15
http://www.contencioso.es/?p=954
García Amado, salvo error mío, no ha escrito nada sobre el particular (¡a pesar de que hace una entrada diaria, al menos!).
Parece que el clima entre la abogacía y los profesionales del Derecho, al menos a partir de esta ínfima muestra, es semejante a la que tengo yo. No me extraña porque, he de confesar, esta misma sensación es bastante generalizada en mi entorno profesional (Universidad) y personal (con muchos abogados entre amigos y gente más o menos próxima). ¡Y eso que no hay muchos jueces por aquí!
Comentario escrito por Andrés Boix Palop — 31 de octubre de 2008 a las 2:18 pm
Oigan, ustedes que han vivido más.
¿La negación, por reducción al absurdo, de la hipótesis de que nuestro sistema judicial funciona, puede tener algo que ver con la aptitud de los juristas para doblar la columna hasta poder lamerse su propio ciruelo?
Mmmm, acabo de leer mi entrada y me ha cargado hasta a mí.
Mejplico: En todas las profesiones hay corporativismo, va con los genes, no es más que una forma de competencia interespecífica. Es decir, lo nuestro lo llevan los nuestros. ¿Que capacidad de gestión puede tener gente que tiene una formación únicamente jurídica? Pues más bien baja. ¿Podrian meter a unos cuantos informáticos y que les montaran una red? Sí ¿Podrían meter a unos cuantos LADEs o similar y que les ayudaran con la gestión de recursos y personal? Sí ¿Al hacerlo quedarían menos plazas para licenciados en derecho? Sí. Pues no lo hacemos y punto.
Eso sí, si funciona mal es por los políticos. Los jueces son solo víctimas. ¿Si les toses y te montan un paro ustedes se pondrían a trabajar en una reforma? Yo me voy al bar a beber cerveza. Faltaría más.
Comentario escrito por Otto von Bismarck — 31 de octubre de 2008 a las 4:04 pm
Yo estoy con Galaico. Una cosa es que la cadena de errores sea muy larga y no afecte meramente al juez o la secretario judicial, y otra es que no la paguen también ellos. Cuando era joven tenía que visitar juzgados en Madrid y el ambiente de trabajo y los horarios eran de risa. Si el señor juez (y el secretario judicial) se tiene que estar 11 horas diarias trabajando para resolver desaguisados y atascos, que lo haga, y si no que se meta a administrativo clase D, carajo.
Comentario escrito por Demócrito — 01 de noviembre de 2008 a las 8:58 pm
Mr Boix, su comentario final confirma que los abogados viven en una nebulosa propia….
Comentario escrito por galaico67 — 03 de noviembre de 2008 a las 4:10 pm
Lo del Ministro, de vergüenza, por su empecinamiento se pararon los Juzgados de más de media España para nada, al final los huelguistas consiguieron lo que pedían.
Contra el corporativismo, poco se puede hacer, contra la mala calidad de la justicia sí, propuestas:
1) Eliminar a los Procuradores e imponer la comunicación electrónica y la tasa judicial para todo justiciable. (Los procuradores sólo son un coste para el justiciable, mejor pagar una tasa que se destine a la mejora de la justicia)
2) Privatizar el Servicio Común de Notificaciones y Embargos, con empresas concurrentes y en competencia.
3) Aprobar de una vez la Ley de Jurisdicción Voluntaria, desjudicializando la mayoría de los procedimientos.
4) Eliminar la diferencia entre Juez y Magistrado. En todos los partidos Judiciales Magistrados y punto.
5) Eliminar los Juzgados de Paz.
Comentario escrito por Xisco — 03 de noviembre de 2008 a las 4:20 pm
¿Meterles un cuerpo especializado en organización de la producción? ¿Que hagan pasantias de administrativos para Hacienda?
Comentario escrito por galaico67 — 03 de noviembre de 2008 a las 7:11 pm
Para debatir sobre jueces y justicia ha arraigado entre nosotros un repertorio o argumentario -construido interesadamente por profesores, periodistas y políticos- tan tópico como falso. Intentaré, sin ninguna esperanza de éxito, dejar aquí consignadas algunas verdades (constatables por cualquiera) sobre esta cuestión: la extracción social de los jueces, muy al contrario de lo que se dice, se encuentra sobre todo en la clase media y media-baja; sólo un pequeño porcentaje de jueces son hijos de jueces; cada juez español hace el trabajo (aproximadamente) de dos jueces franceses o de tres alemanes, en unas condiciones laborales del todo indignas, que deberían causar vergüenza a los responsables políticos, si es que supieran lo que es eso.
De todos los cuerpos funcionariales o laborales que uno pueda imaginar, incluidos los jueces europeos, los españoles son los más inspeccionados y sancionados, a gran distancia de cualquier otro; para acallar cualquier protesta de tan maltratado colectivo, a las primeras de cambio se les lanza el vocablo mágico que para todo sirve como escudo: «corporativismo». ¿Qué es lo que se quiere decir con eso? ¿que los jueces no pueden defender sus derechos sociales y laborales como cualquier otra persona?. Eso resultaría inadmisible; entonces, ¿es que los jueces se «tapan» unos a otros?; pues tampoco: ya he dicho que es enorme, en términos comparativos, el número de expedientes disciplinarios que instruye el Consejo del Poder Judicial, pero es que, además, parece que nadie se ha enterado de que hace muy poco una jueza y, meses después, un juez, han sido condenados y expulsados de la carrera, y eso no lo ha hecho otro órgano que un Tribunal, formado -como es lógico- por jueces. ¿Alguien es capaz de recordar «reacción corporativa» alguna ante esas condenas? Los jueces son juzgados por otros jueces, como el resto de los ciudadanos, y si se pretendiera -como le gustaría a más de uno- crear un órgano especial para ello, necesariamente habría de estar dotado de las garantías constitucionales de independencia propias de la potestad jurisdiccional, con lo que simplemente se habría inventado otra via de acceso a la carrera judicial.
Es cierto que resulta algo «chocante» esa jurisprudencia que niega al denunciante (no en todos los casos) legitimación para impugnar en vía contencioso-administrativa la decisión del CGPJ sobre una denuncia a un juez. Sin embargo, no se trata de una interpretación muy diferente a la que mantienen los Tribunales en el caso de otro tipo de sanciones y, sobre todo, lo que subyace en esta jurisprudencia es que, de admitirse tal legitimación, se acabaría de un plumazo con la independencia judicial. Parcece una afirmación muy osada, pero no lo es, porque si uno examina con algún detalle los motivos de los centenares de qeujas que llegan al CGPJ, son muy pocas las que se refieren a materia disciplinaria: casi siempre se trata de un verdadero «derecho al pataleo» que, en el mejor de los casos, expresa simplemente la disconformidad del litigante vencido, o afecta a cuestiones que no tienen nada que ver ni con la tarea ni con las competencias de los jueces y sobre las que estos no tienen el menor control, como las instalaciones o el personal. Lo que quiero decir es que la posibilidad de iniciar y mantener abierto un proceso sobre una supuesta responsabilidad disciplinaria, a instancia de simples particulares, sería el fin del ejercicio independiente de la función judicial, como no puede ingnoar cualquiera que tenga de estos asuntos algún conocimiento directo. Me sorprende que Alejandro Níeto no lo entienda así, aunque recuerdo que lo explica en alguan obra suya (¿»El desgobierno de los jueces»?).
Sobre las vías de acceso a la carrera judicial, es un debate en el que se da una maravillosa paradoja: los profesores, «seleccionados» mediante pruebas que, sin exageración alguna, han de calificarse de amañadas, en las que el nombre del vencedor se sabe por anticipado, son los que ponen objeciones a una oposición libre entre licenciados en Derecho, en la que los aspirantes, con total igualdad de oportunidades y ante un Tribunal de composición muy diversa (en el que sólo hay dos jueces) son examinados de toda clase de materias jurídicas.
Sobre la Sala de lo Cotenioso-administrativo de Valencia y los magistrados suplentes ya hablaré otro día.
Comentario escrito por Luisa — 08 de noviembre de 2008 a las 1:02 am
Muchísimas gracias, Luisa, por tu comentario, que me parece interesantísimo, tanto por el conocimiento de la situación que destila como por el esfuerzo por enfrentarse a los tópicos, que es una tarea siempre importante pero pocas veces agradecida.
Estando en general de acuerdo con casi todo lo que expones, sí querría hacerte algunas pequeñas puntualizaciones:
– Creo que no es justo meter en el carro de los constructores del argumentario falaz a los profesores, junto a jueces o políticos. Sin ir más lejos, en este concreto asunto, al menos en lo que me consta (como ya he comentado), así como en lo que se ha podido leer publicado desde cualquier ámbito jurídico (ya sean profesores o abogados) por ahí, parece que lo que iba por separado, en una dirección totalmente distinta a la de la opinión pública y los políticos, era el mundo del Derecho en su conjunto, profesores incluidos.
– Alejandro Nieto, en «El desgobierno judicial», explica efectivamente, en términos muy críticos el problema. Sin adoptar su tono en ocasiones apocalíptico, sí creo que tiene razón en una cosa. Esa jurisprudencia que, como bien dices, es cierto que tampoco se circunscribe a las decisiones del CGPJ, se viene aplicando, sin embargo, con especial severidad en estos casos. Será por el argumento que aportas de la independencia judicial, que me parece bien traído. Ahora bien, parece desproporcionado aplicar este remedio también a pretensiones que sí son verdaderas quejas por comportamientos del juez y no pretensiones de revisión o control de la decisión de fondo. Sobre todo, y esto es muy importante, porque si bien respecto de otras posibles situaciones de desamparo de derechos e intereses los ciudadanos, además de denunciar, tienen otras vías para hacerlos valer, ¿qué otra que la denuncia ante el CGPJ tiene un ciudadano frente a ciertos abusos del juez? Esta inexistencia práctica de alternativas (salvo que el comportamiento sea muy grave, claro, en cuyo caso a lo mejor tenemos respuesta en el Código penal) es lo que convierte en especialmente grave la jurisprudencia reseñada EN AQUELLOS CASOS EN QUE NO SE PRETENDA CON ELLO REVISAR LA SOLUCIÓN DADA AL PLEITO. No creo que pueda concluirse, entendido rectamente, afección alguna a la independencia judicial por ello.
– Sobre la selección de los jueces. Ya hemos hablado aquí sobre ello (y lo hacemos, sí, sabiendo que los profesores somos tradicionalmente cooptados por mecanismos lamentables, pero con la esperanza de que nuestros argumentos sean juzgados por su valor en sí mismo, a pesar de que contamos con ese pecado original -reconocido y criticado abiertamente en varias ocasiones aquí, por lo demás) y reitero una cosa que ya dije en su momento: el modelo de «oposición» me parece fantástico, por igualitario y por las muchas ventajas que tiene. En España, sin embargo, creo que las oposiciones llevamos mucho tiempo haciéndolas mal, porque no logran cribar por mérito y capacidad sino que generan un sesgo inevitable hacia los que tienen capacidad de «aguante» durante, dos, tres, cinco años según los casos. «Aguante» que tiene mucho que ver con las posibilidades económicas de las familias de permitirse seguir manteniendo ese tiempo al opositor. Como es obvio, la situación económica de España ha permitido que las clases medias puedan asumir ahora este sacrificio para oposiciones no tan largas de preparar, de media, como las de juez o fiscal. Pero aparece ahí, entonces, otro sesgo, y es el que la educación y aspiraciones se convierten en un contrapeso básico para hacer asumir a opositor y entorno que el «sacrificio» valdrá la pena.
Cada año, de media, dos o tres estudiantes de quinto de carrera, de aquellos a los que yo dí clase, vienen a contarme lo que piensan hacer con su vida. Tengo ya a estas alturas claro que, desde ciertos contextos socioeconómicos, cualquier oposición que no tenga perspectivas de liquidarse en un añito es desechada por alumnos muy brillantes. Es comprensible, pero es una desgracia. Para la sociedad, que pierde este talento en oficios al servicio del interés general. Y, sobre todo, para Administración y cuerpos como el judicial.
Por ese motivo un modelo que tenga algunos elementos de los que se apuntaban en la reforma del Ministro de la que hablamos en su día no me parecía del todo mal. Para ir viendo si funciona. Para ir cambiando temarios y modos de enseñar. Para sustitir el tipo de exigencias de las oposiciones actuales por otros. Y, sobre todo, para permitir que esa tarea de preparación de la oposición, como ocurre por ejemplo en Francia con la École Normal o la École Polytechnique, pueda ser cubierta por becas para aquellos que tengan notas suficientemente buenas.
Apuntaré, por último, que una de las pocas cosas buenas que ha tenido el acceso a la docencia en la Universidad, a pesar de su delirante forma de control y entrada, es que de alguna manera se hacía depender de un criterio, inicialmente, académico. La carrera de fondo hacia la plaza la iniciaban quienes tenían beca para hacer la tesis, que se daba en atención a méritos académicos y, a partir de ese momento, TE PAGABA por estudiar y formarte. Como es el único ámbito en que, en España, se ha dado eso, la Universidad se convirtió durante años en la vía de promoción social de las clases medias-bajas por excelencia. Es más, de hecho a lo mejor en nuestras reacciones como colectivo eso se nota un poco, por ejemplo frente a jueces y tal, por eso del odio de clase (aunque he de aclarar que, en el caso de muchas disciplinas jurídicas, esto está muy atenuado por el muchísimo dinero que se puede hacer y se hace utilizando la plataformas de la Universidad, con la incomprensible comprensión y complicidad de la institución, lo que hace que la mayor parte de los profesores, en las facultades de Derecho, sean más bien empáticos con todo lo que son los recovecos del sistema para quienes viven bien y con facilidades).
– Por cierto, que este tipo de condicionantes son los que explican la nula reacción de las Facultades contra la figura de los magistrados suplentes y degeneraciones semejantes. Existe un entramado de intereses que dificulta la crítica. Llama la atención que nadie e haya puesto en serio a analizar los serios problemas de formación y de independencia que supone la generalización de esta figura. O no tanto, cuando uno se pone a pensar en la de oportunidades para sobresueldos más o menos ampliamente extendidos a cambio de poco trabajo (y de baja calidad) que conlleva. De la misma manera que desde el colectivo judicial las críticas públicas son inexistentes, en atención a que cumplen, es obvio, funciones que pueden venir muy bien a jueces y magistrados (y aquí hay una pluralidad de patologías tan grande que prefiero que lo explique alguien que lo conozca desde dentro). De la Sala de lo Contencioso de Valencia, en concreto, no puedo hablar porque no conozco demasiado bien cómo funciona. Pero no creo que sea, ni para bien ni para mal, un caso excepcional en comparación con lo que ha de haber por ahí.
Comentario escrito por Andrés Boix Palop — 08 de noviembre de 2008 a las 9:16 am
Luisa, lamento decirte que desde el planeta judicial seguís muuuuy alejados del planeta Tierra.
No estamos hablando, aqui y ahora del acoso mediatico, ni de la opinión publica/publicada, sino de como os vemos un grupo de gente que no juzga a nadie, pero tiene sus responsabilidades.Y, a cambio, nos arrojas las contramedidas «y tu más y mira lo que me callo y lo mal que lo paso/pasamos».
Por puntos:
A)»la extracción social de los jueces, muy al contrario de lo que se dice, se encuentra sobre todo en la clase media y media-baja» NO NOS IMPORTA, NO ESTAMOS HABLANDO DE ELLO
B)»cada juez español hace el trabajo (aproximadamente) de dos jueces franceses o de tres alemanes, en unas condiciones laborales del todo indignas»
Luego en Francia y Alemania tienen los mismos problemas de retraso judicial que aqui? ¿O debiera decir «le corresponde el mismo trabajo que a dos ó tres jueces europeos?
Un exceso de trabajo implica retrasos, no errores. Implica bajas por stress, no errores. Falta el saber como hacer las cosas de forma que una baja de un funcionario no implique la parada de la cadena. Un sistema no puede justificar falta de producción en la falta de operarios, esta en la era industrial, no en la de gremios y artesanos indispensables.
Punto aparte es la definición de «condiciones laborales indignas», en el que supongo que consideramos indignas condiciones diferentes.
C)»De todos los cuerpos funcionariales o laborales que uno pueda imaginar, incluidos los jueces europeos, los españoles son los más inspeccionados y sancionados» No se como a estas alturas se puede seguir confundiendo, por gente culta, cantidad y calidad, y usarlo como justificación. Aparte de que los motivos y causas de las sanciones quedan para consumo propio y las posibilidades de defensa son, a ojos de lego y vistos los casos más mediaticos, más una cuestión de inquinas personales y apoyos que de justicia. La mayoría de las que he visto tiene más de causas subjetivas que de objetivas, ya que, como nos quejamos la mayoria, la justicia trabaja al margén de cualquier tipo de organización moderna.
D) «parece que nadie se ha enterado de que hace muy poco una jueza y, meses después, un juez, han sido condenados y expulsados de la carrera,» Que se apliquen sanciones no implica que no haya corporativismo, solo implica que hay gente sin amigos ó gente que la ha liado tan gorda que no hay por donde dejarla escapar. Hay corporativismo desde el momento que se tapan cosas , lo tenemos en todas las profesiones – célebre elmedico, el de los arquitectos, los ingenieros se cubren un poco menos…-, pero los demás mortales no tenemos el privilegio de vernos juzgados por los «nuestros»
E) «Los jueces son juzgados por otros jueces, como el resto de los ciudadanos,..» Si, pero hablamos de sanciones a comportamientos administrativos inadecuados , no a delitos. A mi me juzga y sanciona desde el polisero al inpector de Hacienda, quiza por ellos tengan regladas las infracciones y sanciones, mientras que en el caso judicial, por lo que se ve, hay que reunir a media docena de togas para decidir si un juez ha realizado correctamente los tramites administrativos que conlleva ejecutar una sentencia….genial
Saludos
Comentario escrito por galaico67 — 10 de noviembre de 2008 a las 12:28 pm
Acepto las críticas y matizaciones, sobre todo cuando se formulan con moderación e inteligencia, como es norma en este blog.
El objetivo de mi comentario no era otro que señalar cómo el debate público sobre el Poder Judicial, la Administración de Justicia, los jueces y los políticos, aparece lastrado entre nosotros por un buen número de «ideas recibidas», que nadie se molesta en poner en cuarentena. Sin un conocimiento real y profundo de la situación y de los problemas de la Justicia no es posible llegar a ninguna parte, como se viene demostrando desde hace años, perdidos repitiendo cíclicamente las mismas discusiones y los mismos argumentos.
En esta línea de identificar las debilidades del sistema, el CEPEJ (EUROPEAN COMMISSION FOR EFFICIENCY OF JUSTICE) ha elaborado una interesante herramienta (Checklist for promoting the quality of justice and the courts) comprensiva de distintos indicadores de calidad de un sistema judicial. Dejo aquí el enlace, por si a alguien le interesa.
Checklist for promoting the quality of justice and the courts
P.S.: Voy a mándarselo a Bermejo, aunque no sé si utiliza el correo electrónico, ya que recomienda a los jueces llevar “un cuaderno”, “como se ha hecho toda la vida”.
Comentario escrito por Luisa — 14 de noviembre de 2008 a las 11:18 pm
Pues, la verdad, Luisa, te ha quedado un comentario un tanto contradictorio. Porque eso de «ya hablaré un día de estos de los jueces sustitutos de Valencia» suena a que hay cosas que contar, y no buenas. Con lo cual algo de razón tendrán, digo yo, los que critican estas cosas cuando tú misma, que conoces por dentro el asunto, insinúas que pasan cosas chungas.
Comentario escrito por Lucha — 16 de noviembre de 2008 a las 6:12 pm