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Dado que se nos vienen encima las elecciones generales en apenas seis semanitas, y aprovechando una ocasión tan bonita, voy a permitirme ir lanzando, a medida que se me ocurran y tenga tiempo de plasmarlas, una serie de propuestas de reforma legislativa que me gustaría que fueran acometidas en la próxima legislatura. Y que, huelga decirlo, me parece que sería importante que pudieran llevarse a buen puerto.
Con ello, como es obvio, me alejaré (según el sentir de muchos) de lo que es el Derecho público para adentrarme en el pantanoso territorio de la política. Hay, de hecho, quienes afirman esto de que una cosa es el Derecho administrativo y otra la política con toda la buena voluntad. Los hay, incluso, quienes así lo hacen a pesar de tener la actividad política en muy buen concepto (supongo que también los habrá que afirmarán la separación, antes al contrario, para tratar de dignificar la política separándola del nefando mundo del Derecho, eso seguro). Si tales planteamientos son comunes entre quienes ven muy digno que a uno le guste una u otra cosa pero están poco por la labor de aceptar de buen grado que haya quienes pretendan maridarlos hasta un punto no digamos ya lo que ocurre con quienes comulgan con una de las más dominantes ideas sobre la cosa pública en estos tiempos de pensamiento único y facilón: ésa que tacha la política de actividad indigna per se. Mucho me temo que, para ellos, estas nuevas series del bloc puedan ser particularmente obscenas (en sentido estricto). Pero no pierdo la esperanza de poder convencerles de que, a lo mejor, la ocurrencia no es tan excéntrica.
Y es que tengo para mí, en cambio, la política como una actividad no sólo absolutamente digna y necesaria sino, aún es más, hermosa. Pero, sobre todo, como un afán indeclinable para cualquier ciudadano digno de ese nombre. En una sociedad democrática todos hacemos, de una forma u otra, política. Mejor o peor, más activa o más pasota. Más comprometida o menos. De eso se trata. Y en parte nuestra condición de ciudadanos que aspiramos a ser libres y a merecernos el participar en la resolución de los asuntos que nos conciernen depende mucho de que seamos conscientes de ello.
Además, y aunque pueda ser como consecuencia de esta opinión mía respecto de la política, estoy radicalmente en desacuerdo con quienes juzgan que el Derecho nada tiene que ver con ella. Porque es evidente que las normas jurídicas son un elemento para conformar la realidad de una determinada manera y porque también lo es para cualquiera mínimamnte avisado que traslucen planteamientos que son, que no pueden sino ser, políticos. Y no pasa nada. Es, sencillamente, lo normal. Inevitable.
Junto a esta interacción objetiva difícil de soslayar, también es absurdo pretender negar la importancia de las interferencias subjetivas. Porque, como es evidente, las peculiares maneras de cada cual de entender la convivencia y el compromiso con los demás también influyen en cómo analizamos e interpretamos las normas. Creo que conviene ser muy consciente de ello y abandonar una pose, cada día más común en muchos de quienes nos dedicamos al Derecho, de expertos neutrales que «no se meten en política». Quien trate de dibujarnos como supuestos «técnicos» ajenos a toda pulsión partista «contaminadora (o peor, quien trate de presentarse a sí mismo como tal) en el mejor de los casos demuestra una enorme ingenuidad. En el peor, nos está tomando el pelo. Porque, sencillamente, no es verdad que el Derecho y su aplicación funcionan objetiva y técnicamente como una maquinaria ajena a sensibilidades y a formas de entender las cosas, la vida, a las personas y a una cierta idea de lo justo y lo equitativo, así como de lo socialmente beneficioso. Y lo mejor es, sencillamente, reconocerlo.
Dicho lo cual, el Derecho funciona con unas reglas y de una determinada manera. Por supuesto. No hay, al respecto, ninguna duda. Hay que ser honrados intelectualmente al trabajar con él. Un buen jurista es el que es perefectamente consciente tanto de que los valores y la política, objetiva y subjetivamente, importan, tienen que ver, y que precisamente por eso es capaz de retraerse cuando sabe que toca, que justamente por este motivo sabe identificar las decisiones que van más allá de la técnica y que orientan la norma de modo que, reconocidas en una ley o en una resolución de quien tiene capacidad para imponer su visión, se atiene a ellas, aunque puedan diferir (¡y mucho!) de las suyas propias. El jurista identifica decisiones, por ejemplo del legislador, y sabe de su raíz política y de la legitimidad de que así sea, por lo que las aplica y explica de manera recta aunque no las comparta. En definitiva, de la misma manera que no es intelectual y jurídicamente honrado hacer un uso partidista de las normas reinterpretándolas en beneficio de las propias ideas, juicios o, si se quiere, pre-juicios; tampoco lo es asignarnos a nosotros, en tanto que gremio, una capacidad sobrenatural de elevarnos sobre nuestros valores y modos de analizar la realidad, concretando las normas jurídicas en producciones y realizaciones supuestamente neutrales.
Además, por último, el Derecho, y más el Derecho administrativo (todo el Derecho público en general) es política (o está relacionado con ella) también en un tercer sentido, que es el que me interesa hoy: lo es en la medida en que se construye con las normas a partir de las cuales se aplican y ponen en marcha visiones de la convivencia y de cómo regularla, ideas sobre cómo ha de organizarse la sociedad y cómo resolver los muchos conflictos que en ella la vida acaba por producir. ¿Alguien puede negar que el Derecho público es un instrumento de concreción y puesta en práctica de visiones del mundo que son, en su misma esencia, políticas? ¿Alguien puede argumentar que es mejor jurista el que estudia el Derecho administrativo pretendiéndose ajeno a las numerosas cuestiones políticas que preñan cualquier norma jurídica en nuestro sector, por no mencionar el funcionamiento de la Administración, desde su mismo origen?
Por todo estos motivos, no creo que planteando medidas que me gustaría que se pusieran en marcha para transformar nuestro ordenamiento jurídico y nuestra sociedad me esté saliendo de los objetivos de este bloc que, recordemos, pretende comentar cuestiones de Derecho público. Durante estas semanas de agitación política máxima previa a las elecciones, junto al análisis de otras cuestiones, propondré también los ejes de algunas reformas a mi juicio importantes. No son análisis los que seguirán demasiado profundos ni detallados, sino meras sugerencias, que, eso sí, tratarán de razonarse en la medida de lo posible. Versarán, como es obvio, sobre aspectos que creo mal resueltos y tratarán de identificar pautas normativas que, quizás, permitirían el establecimiento de prácticas en una línea que se me antoja más adecuada. También trataré de explicar cuáles son esos pretendidos efectos positivos y, en la medida en que crea que es necesario, me dentendré en exponer qué me hace pensar que una reforma como la propuesta podría lograrlos.
Me he marcado como única restricción una regla: las propuestas han de tratar de ser constitucionales. Se trata de plantear reformas legales que afecten al Derecho público español pero que se pretendan fáciles, al menos, en una cosa: en que su puesta en práctica no dependa de un previo cambio en la Constitución española. Esto es, que cualquier mayoría parlamentaria salida de las urnas el próximo 9 de marzo, si tuviera ganas y estuviera decidida, pudiera ponerlas en práctica. He de aclarar también desde un principio que, por supuesto, esta interpretación de los límites que supone la Constitución me permitiré que sea generosa para con mis propuestas (algo que, por lo demás, creo que es coherente con la jurisprudencia constitucional de estos últimos 25 años, pues ésta siempre ha sido, por lo general -y probablemente es bueno que así sea- más bien permisiva con el legislador -especialmente si estamos hablando del legislador estatal cuando se trata de delimitar sus límites competenciales-).
La idea, como es obvio, es tratar de generar cierto debate a partir de mis planteamientos. Se agradecerán por ello, por supuesto, todo tipo de visiones alternativas y críticas, así como que se ponga a parir cada una de las sugerencias con las que yo me descuelgue, se desmonten las razones que doy en apoyo de tal o cual tesis o, sencillamente, se niegue y argumente la mayor: que el supuesto problema en la legislación actual no existe. De eso, como siempre, se trata.
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Edito para añadir una regla más: a pesar de que esta introducción es la perfecta demostración de lo difícil que me resultará, prometo intentar explicar mis propuestas en dos o tres párrafos.
4 comentarios en Propuestas 9-M: introducción a la idea
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Pueden ser ideas para el nuevo partido de Isaura Navarro…. Vaya pastel que tenéis en Valencia, aunque en realidad tampoco creo que desmerezca otros pasteles en otros lugares de nuestra querida geografía, empezando lógicamente – y sin querer ser centralista, pero lo obvio es obvio – por la capital.
Comentario escrito por Susana — 22 de enero de 2008 a las 10:07 am
Tiene muy buena pinta lo que dices. Venga con la primera propuesta.
Comentario escrito por Mar — 22 de enero de 2008 a las 6:07 pm
No puedes tutular el artículo como lo titulas, ennervarte así, estilísticamente, y luego pretender que se te tome en serio.
Comentario escrito por Pablo — 23 de enero de 2008 a las 8:16 am
El partido de Isaura Navarro, que se llama, creo, Iniciativa pel País Valencià (dejando bien a las claras desde su misma denominación que su inspiración es Iniciativa per Catalunya), irá a las elecciones coaligado con el Bloc Nacionalista Valencià (partido nacionalista valenciano «de izquierdas», si eso es posible, que, eso sí, ha virado hacia el centrismo y ahora tiene como referente más a CiU que a ERC, a diferencia de lo que era el caso hace unos años; además, su perfil ahora es más de «nacionalismo valenciano» que de «nacionalismo catalán», esto es, ha renunciado a defender la identidad cultural y política de una nación común a Valencia y Cataluña).
Esta coalición me hace albergar dudas sobre qué será el magma resultante. Esto es, si será más una cosa parecida a Iniciativa per Catalunya, o más parecida a ERC o, no sé, incluso más parecida a CiU.
Así que no tengo ni idea de si podrán servirles de algo las propuestas. A ellos o a otros. Pero, puestos a elegir, ¡ya me gustaría a mí que fueran PP y PSOE los que fueran acercando sus posiciones más a lo que a mí me parece deseable!
Comentario escrito por Andrés Boix Palop — 24 de enero de 2008 a las 3:59 pm