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El Ministro de Justicia ha planteado la posibilidad de que, si el PSOE gana las próximas elecciones, el Gobierno se plantee modificar las formas de acceso a la judicatura, que en estos momentos son varias pero que todavía, en la actualidad, giran, con carácter general, en torno a la tradicional oposición. Siempre dejando abiertas las vías que ya existen, el Ministro propone la conveniencia de incorporar una alternativa que actuaría en paralelo a la oposición: establecer un sistema para reclutar a los mejores expedientes académicos de las Universidades públicas, en lo que supondría, según ha explicado, un sistema para tratar de «pescar» en los caladeros donde los grandes despachos y empresas llevan haciéndolo desde hace años.
La propuesta, desde mi punto de vista, es muy buena se mire por donde se mire. Muy sumariamente, tiene ventajas de todo tipo: permite reclutar a más jueces (que falta hace, por lo visto), puede suponer una oportunidad de atracción para gente muy buena que hasta la fecha no ve interesante la carrera judicial por el sacrificio personal y económico que supone la preparación de la oposición (que no todo el mundo puede permitirse), incrementaría la porosidad social en la hasta la fecha todavía muy sesgada judicatura española e implicaría, además, ir minando un sistema muy aberrante en sus perfiles actuales, como es el de la oposición memorística. Por último, como Profesor de una Universidad pública, las repercusiones que sobre los estudios de Derecho tendría esta medida a buen seguro serían positivos. A diferencia de lo que ocurre con los estudiantes de Medicina, los alumnos de Derecho saben que las notas de la carrera no sirven prácticamente para nada, lo que no supone precisamente un incentivo para currar demasiado a lo largo de los años de licenciatura. Quizás el resto de beneficios puedan ser objeto de discusión, pero si hay algo que está claro es que, si las notas de la carrera sirvieran de algo después, el porcentaje de estudiantes motivados e implicados (así como el grado de interés de cada alumno individualmente entendido) se incrementaría. Aunque sólo sea desde una perspectiva egoísta, bienvenida sea la medida.
Sin embargo, vale la pena analizar con algo más de detalle los posibles efectos positivos mencionados y explicar los motivos que me hacen ver con buenos ojos la propuesta.
En primer lugar, creo importante resaltar una cosa que el Ministro de Justicia parece tener claro pero que muchos olvidan: el Estado, en efecto, compite en el mercado por reclutar a los mejores juristas. O habría de hacerlo. Es de gran interés para todos, para la mejor defensa del bien común, que las personas que en el futuro van a defender los intereses de la Administración o van a participar como servidores públicos en funciones tan importantes como son las relacionadas con otros poderes, como el judicial, sean las mejores posibles. Que estén lo mejor formadas que podamos permitirnos, que sean los más capaces y, lo que además es muy importante, que sean mejores que quienes van a prestar sus servicios a las grandes empresas y a aquellos que se pueden pagar un asesoramiento jurídico muy caro. Pues bien, es evidente que el Estado, en casi todos los ámbitos, está fracasando desde hace al menos un par de décadas en esta lucha por quedarse con los mejores, con las mejores cabezas. Donde antes el problema para los poderes públicos radicaba en que, llegado un momento, mucha gente muy buena se les marchaba a ganar dinero (tradición muy española que un Estado como el español, tradicionalmente débil, ha sido incapaz de atajar y a la que sólo ha sabido dar una respuesta que palia quizás daños a corto plazo pero que es nefasta a la larga, como es tratar de «conciliar» la actividad privada, más o menos exhibida y conflictiva con la pública según los casos, con la permanencia en funciones públicas para, de esta manera, incentivar una «medio-permanencia» en cuerpo, que no de alma), ahora las cosas están algo peor: es cada vez más frecuente que los tipos más competentes se marchen desde un primer momento a la empresa privada.
La función pública, el hecho de ser juez, abogado del Estado, técnico de la Administración, letrado del Consejo de Estado… incluso, si nos dejamos embargar por la borrachera de ciudadanía que siempre comporta hablar de estas cosas, en algunos casos, eso de hacerse notario o registrador, tiene un elemento vocacional. Hay mucha gente que quiere dedicar su vida a ser jurista de Estado, más que de mercado, porque por muy diversos motivos se siente más identificado con esas tareas. Pero no se puede olvidar que el mundo en que vivimos es el mundo en que vivimos. Y no puede perderse de vista que, frente a la seguridad y estabilidad en el trabajo que ofrece la función pública, frente a la satisfacción personal que puede conllevar el trabajo, frente a unos sueldos moderadamente buenos (por ejemplo, los de los jueces) y una calidad de vida sensiblemente mejor a la de la empresa privada, lo que ofrece el mercado se revela cada día más tentador. Porque la diferencia retributiva es cada día mayor, porque el prestigio e importancia social de ciertas funciones públicas no es el que era y porque, además, para mucha gente muy buena y muy capacitada hay ciertos peajes que no se quieren o no se pueden pagar. Las grandes empresas, los grandes despachos, ofrecen a los mejores, sin necesidad siquiera de que éstos vayan a buscarlos (son ellos quienes se preocupan de enterarse por distintas vías de quiénes son los mejores expedientes y los localizan), la posibilidad de trabajar para ellos, de desarrollar una carrera, de ganar dinero… Y todo ello, si hablamos de gente buena, con una moderada expectativa de estabilidad laboral, pero sobre todo con unas perspectivas económicas infinitamente mejores que las que ofrece la función pública y sin haber de pagar los peajes que supone el modelo actual de oposición. Es algo que, por otra parte, me consta personalmente. Cuando acabé la carrera un par de empresas se preocuparon de localizarme para ofrecerme ofertas laborales en las que empezaría cobrando, desde el primer día, más de lo que nunca a lo largo de mi vida ganaré como profesor de Universidad, ni aun logrando todos los sexenios, quinquenios y avances en el nivel funcionarial posibles. Supongo que, si lo hicieron conmigo, debe de ser algo más o menos frecuente. En esas condiciones, ¿podemos sentirnos cómodos pensando en qué tipo de sevidores públicos vamos a tener? ¿Hemos de cifrar nuestras esperanzas sólo en la vocación de quienes hayan de venir? ¿Sólo eso podemos hacer, confiar en la vocación del personal, para garantizar que nos vengan los mejores? Sinceramente, me parece suicida.
Por lo demás, las actuales oposiciones, como es sabido, son muy cuestionables desde una perspectiva formativa. No pretenden asegurar los conocimientos de quienes llegan, ni siquiera necesariamente su capacidad aunque ésta, de alguna manera, sí es puesta a prueba. Pero las oposiciones, más o menos complicadas, más o menos duras, examinan, sobre todo, otras cosas. En primer lugar, las ganas de llegar a ser juez, fiscal, notario o lo que sea. Porque constituyen una prueba de resistencia y voluntad que, con unas condiciones mínimas, obviamente, de trabajo y capacidad, son las claves para aprobarla. Por otra parte, adicionalmente, este modelo de oposición plantea otros problemas. Porque requiere poder (y querer) dedicar uno, dos, tres, cinco años de vida a estudiar. Sin ingresos, de forma que o tienes capacidad económica para afrontar este sacrificio a corto plazo o se te vedan las opciones de acceso. Hay muy contadas becas que permitan a gente de acreditada brillantez cobrar mientras prepara la oposición. De forma que se genera inevitablemente un sesgo porque, por mucho que a día de hoy sean muchas más las familias que están dispuestas a realizar estos sacrificios para que sus hijos puedan ser jueces, está claro que la libertad con la que muchas personas deciden opositar o no difiere bastante según el grado de sacrificio familiar que comporte. Al margen de que, obviamente, sigue habiendo mucha gente en situaciones económicas, personales y familiares que no les permiten prepararse estas pruebas u otras de tipo semejante. Ahí radica una de las razones de que la judicatura española siga siendo, todavía a estas alturas, y por mucho que las cosas hayan cambiado notablemente, tan poco porosa socialmente.
La propuesta, sin embargo, tiene también algunas sombras. La más clara, la primera que aparece, es la quiebra que supone a la teórica igualdad de un modelo de oposición el que haya quienes accedan a partir de notas obtenidas en la carrera. Máxime cuando, también entre las Universidades públicas (e incluso en el seno de una misma Facultad), todos sabemos que las diferencias en cuanto a exigencia y calidad de la enseñanza pueden ser abismales.
La segunda crítica se refiere a la cierta desvalorización que suelen llevar aparejados aquellos sistemas en los que pruebas más o menos objetivas de evaluación de la capacidad, de los conocimientos y del rendimiento se ven sustituidas por un conjunto de valoraciones, de complejidad mayor o menor según los casos, en los que la interferencia subjetiva es inevitable. Entiéndase bien esto, es claro que no hay pruebas «objetivas», que es imposible no introducir sesgos de una u otra forma. Pero la interferencia subjetiva es mucho mayor cuando yo me encargo de examinar a mis alumnos, a los que he dado clase todo el año, que cuando tengo que corregir exámenes de un colega que, tras haberse encargado durante el curso de las clases, tiene un problema y no puede realizar el examen.
Se trata de dos objeciones, a mi juicio, que han de ser tenidas en cuenta. Y, sin embargo, no parece que sean suficientes como para defender la continuidad de un sistema, el actual, que no se ha demostrado precisamente eficaz para seleccionar en condiciones de igualdad, para primar a los mejores ni para asegurar que quienes llegan tenga unos conocimientos mínimos acreditados.
Constatado lo cual, y añadido al hecho de la paulatina, sangrante y más que evidente en estos momentos pérdida de capacidad competitiva del Estado para reclutar a gente buena en número suficiente, parece evidente que conviene pensar en un cambio de modelo. Cambio que, por cierto, no acabo de entender el motivo de restringir sólo a las oposiciones a judicatura. La línea avanzada por el Ministro me parece bien, pero la lógica dice que si es una medida buena para esta oposición, ¿por qué no habría de serlo para otras carreras jurídicas?
Dependiendo de hasta qué punto queramos respetar las tradiciones existentes, se me ocurren dos modelos alternativos, uno que da más cancha a las actuales pruebas de acceso (y a los grupos de interés o de presión que les dan cancha y gestionan el lucrativo negocio en dinero e influencia de la preparación), otra que lo restringe más si cabe. Ambos parten de un supuesto, de una tesis muy personal quizás poco justificada: que me gustan poco los modelos que permiten acceder por vías diferentes a un cuerpo de estas características, que prefiero que, a ser posible, la carrera empiece de igual manera para todos. No sé si es razonable o no, reconozco que es más una sensación de comodidad con un modelo quie otra cosa, pero lo prefiero. Así, las alternativas que me parecerían óptimas, de las que se podría aprovechar el debate generado por el Ministro, tratan de compatibilizar la idea de atraer a la gente, facilitar el acceso a los mejores expedientes y permitir que el trabjo y la valía ya demostrada sirvan de algo.
Un primer modelo sería montar algo semejante a una idea clave subyacente en la estructura del MIR, esto es, que contara la nota, pero adaptado a las diferentes oposiciones jurídicas. Según el cual los estudiantes no partirían de cero y no se lo jugarían todo a una carta. Deberían, en primer lugar, aprobar la oposición, acreditar unos conocimientos mínimos según la concreta función a la que desearan acceder, pero más allá de esta demostración su trabajo y resultados a lo largo de los años de carrera también les serían tenidos en cuenta. Si yo acabo la carrera con muy buenas notas y sé que eso me contará para la oposición a juez, al menos en parte, quizá no lo vea tan lejano e inalcanzable y me anime a opositar, con lo que mucha gente se pondrá a ello, gente que a lo mejor con otros sistema no lo habría hecho.
Como decía antes, este tipo de previsiones cuanta con un rechazo casi intuitivo por parte de quienes conocemos cómo se enseña Derecho en España. ¿Cómo vamos a contar las notas de lo que es, generalizando, un verdadero chachondeo? En Medicina lo cuentan porque la carrera es algo serio, pautado, exigente, con controles en el acceso a la misma, no masificada… pero, ¿nosotros?, ¿de veras podemos garantizar que esa nota media de nuestros alumnos quiera decir en verdad algo, de verdad podemos confiar en que sea algo más que el resultado de una tómbola académica? Lo cierto es que, sin ser catastrofista en exceso, sí ha de reconocerse que las notas de la carrera sí marcan en realidad una tendencia. Y que la misma es fiable. Lo demuestran, al menos, las grandes empresas que se lanzan sobre los mejores expedientes. Por algo será. Así que no tiene demasiado sentido flagelarnos en exceso. Pero es obvio que, a su vez, hemos de procurar que las cosas se hagan mejor. Y ahí radica una ventaja añadida de una reforma así, porque no sólo contribuiría a motivar a los estudiantes sino que obligaría a las Facultades de Derecho a asumir la mayor responsabilidad que estarían ejerciendo. Creo que es justo suponer que, ante semejante reto, la respuesta sería tratar de estar a la altura.
Siguiendo en esta línea, dado que un modelo como el planteado obliga necesariamente a prestar atención a la calidad de la enseñanza superior y acaba poniendo el foco sobre la equidad de trato a los estudiantes, sobre el hecho de que no sea demasiado diferente estudiar en la Complutense que en Granada, en Valencia que en Oviedo, aparece la segunda de las opciones, mucho más ambiciosa, que a cualquier persona le viene a la mente si se apuran las posibilidades lógicas de la propuesta de Bermejo o de la alternativa que acabo de proponer: ir más allá, copiando modelos como los de países europeos con exámenes de estado o directamente replicando lo que, en la práctica, es el MIR para los médicos: tras la carrera, al menos si uno quiere dedicarse a oficios públicos (para ejercer la abogacía ya hay previstos cauces que entrarán en vigor en unos años), ha de pasar un examen global que comprenda la summa de lo aprendido en esos años. Examen que no se pasa ante tu Facultad, examen que no te hacen tus profesores y examen los resultados del cual, lógicamente, tendrán mucho que ver con qué profesión podrás escoger en el futuro. O, al menos, con la situación de partida en la que estará cada cual para acceder a los puestos y funciones más interesantes, atractivos, prestigiosos… Después, para la selección final, puede optarse por un modelo de pruebas adicionales, más en la tradición española; de «mercado público», más propio de la tradición anglosajona e incluso alemana; o de escuela formativa especializada, a la francesa. Pero, en cualquier caso, de esta forma se está facilitando la vida a la gente, se está atrayendo a los mejores y, a la vez, se está teniendo en cuenta la capacidad y el trabajo ya acreditado.
Así pues, bienvenida sea la propuesta de Bermejo, pero vayamos más allá. No sólo para jueces, sino para todos. No sólo como modelo complementario del reclutamiento sino como un paso para su generalización. De lo que se trata es de marcar unas notas de exigencia que permitan además de seleccionar a los mejores, facilitarles la vida, valorarles el esfuerzo que ya han hecho y plantearles un modelo de preparación más útil y apto para poder desarrollar después de forma satisfactoria sus funciones. El mercado tiene claro qué busca y cómo ha de buscar. No tiene sentido que el Estado no lo tenga en cuenta y es suicida que renuncie a tratar de atraer a las mejores cabezas.
Por último, para todo ello, es básico también que el Estado, que la sociedad, sea consciente, que todos lo seamos, de que es un lujo muy caro a largo plazo prescindir de gentes potencialmente excelentes sólo porque su familia o su situación económica no les permiten desarrollar todo su potencial. ¿Para cuándo un sistema de becas que, de acuerdo con el modelo de prueba y evaluación de lo hecho durante la carrera, permitiera asegurar a los mejores (no sé, a los 2.000 ó 3.000 mejores de cada año en toda España, por ejemplo) pasar a la siguiente fase de estudio y preparación de las pruebas ya específicas para juez, abogado del Estado o lo que fuere con un sueldo, con una retribución, que les permitiera vivir y mantenerse? Se trata de una inversión en capital humano que luego revertirá en el Estado y en toda la sociedad, cuya inexistencia a estas alturas sigue siendo una carencia lacerante en nuestro país. Malgastamos talento a espuertas, porque tenemos montado el chiringuito de tal forma que quienes acceden (accedemos) a ciertas posiciones somos siempre, más o menos, gentes de un perfil socioeconómico muy concreto. Y sí, la base social de reclutamiento se ha ampliado, pero la cosa no deja de seguir siendo así. Se necesitan más jueces y se abre la mano, mientras que, en paralelo, las elites socioeconómicas de nuestro mundo jurídico se atrincheran en las posiciones si cabe de más privilegio (opisiciones que requieren de más años de estudio, de más conocimiento del medio, etc.). Muchos compañeros míos muy brillantes, muchos alumnos míos excepcionales, no han podido ni plantearse permitirse el lujo de dedicar años adicionales a formarse, lo que hubiera revertido no sólo en ellos sino en todos, porque, sencillamente, hacerlo sí constituía para ellos, en todo el sentido de la expresión y más allá de la cláusula de estilo al uso, un lujo inconcebible.
PS: Fernández Bermejo tiene razón también en que los jueces necesitan además de cierta experiencia vital y que la formación que reciben en la actualidad tiene graves carencias al respecto. Ha hablado de que debieran saber cómo funcionan los hospitales y cómo se trabaja en ellos. A mí, personalmente, me gustaría que, como mínimo, empezáramos por lograr que supieran cómo funciona una cárcel, cómo es la vida allí, qué supone y cómo de destructiva es la privación de libertad para una persona. Más que nada porque, como todos sabemos, son ellos los que decidirán cuándo mandar a la gente allí y cuándo no. ¡Qué menos que sepan en qué consiste, que sean capaces de evaluarlo en toda su dimensión, estar en prisión! De todas formas, este es otro asunto del que habrá que hablar, largo y tendido, otro día.
22 comentarios en Jueces por oposición
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La propuesta me suscita varias reflexiones.
El sistema actual de oposición memorística es, en efecto, aberrante. Habría que modificar el tipo de pruebas.
En la circunstancia de que no hay tantos opositores, ni de tanta calidad, como antes, es probable que haya influido la pérdida de sex appeal de la carrera judicial. La justicia española está extraordinariamente masificada, los jueces trabajan mucho más que antes y, en términos comparativos, su sueldo ha descendido notablemente.
Desconfío de la posibilidad de sustituir las pruebas de acceso por la valoración del expediente académico, porque el Estado no tiene ninguna garantía de que las Universidades vayan a puntuar uniformemente a sus alumnos, y puede fomentar una competencia para otorgar las mejores notas, una auténtica carrera hacia el fondo.
Lo de pescar exclusivamente en las Universidades Públicas y, por lo tanto, no en las privadas lo veo sencillamente inconstitucional, contrario al art. 23.2 CE. No creo que nadie pueda probar que todos los licenciados en Derecho de todas las Universidades privadas tienen, prima facie, menos méritos y capacidad para acceder a la carrera judicial que todos los licenciados de todas las Universidades públicas. Es más, me consta, por ejemplo, que algunos grandes despachos y empresas, por las razones que sean, prefieren pescar en los caladeros de ciertas Universidades privadas.
Y si en algún caso se considera que los licenciados por una determinada Universidad no están lo suficientemente preparados para acceder, en igualdad de condiciones, a las mismas profesiones jurídicas que los procedentes de otras Universidades (no discuto que esto pueda suceder en algún caso), adóptense las medidas pertinentes.
Comentario escrito por Gabriel — 23 de octubre de 2007 a las 12:09 pm
Aunque la idea pueda sonar bien, sí que es cierto que podría implicar deformaciones serias en los expedientes. Por otro lado, mi experiencia en la educación en general y en la universidad en particular, es que no siempre los mejores son los del mejor expediente, menos aún en un cargo, como el de juez, que no sólo exige conocimientos sino también madurez y criterio.
Personalmente, soy partidario antes de reformar el sistema de oposiciones y adaptarlo más a ese perfil de juez (antes que al de empollón pedante), que de desmantelarlo. Y en todo caso, de sustituirse, que fuera por un sistema de selección diferente, pero siempre lo más riguroso posible, y basado en capacidades reales y no sólo en títulos.
Y finalmente, si se va a hacer así a dedo, sí que estoy de acuerdo en que sean sólo las universidades públicas, que al fin y al cabo son los centros de enseñar leyes del propio estado, y son relativamente menos peligrosas en lo de hinchar expedientes.
Comentario escrito por Perri el Sucio — 23 de octubre de 2007 a las 12:36 pm
Caramba, Andrés, cuando publiqué mi comentario, el tuyo era mucho menor. No habría escrito algunas cosas de haberlo leído antes. Por lo demás, creo que la de los exámenes de Estado (tipo MIR) para todas las profesiones jurídicas es una buena idea. En Alemania, como bien sabes, este sistema funciona de manera relativamente satisfactoria. No cuesta mucho tiempo preparar el primer examen estatal: quizás un año. Todos tienen que aprobarlo, también los que vayan a ejercer como abogados. El periodo de prácticas, una vez superado el primer examen, asegura una formación acorde con las exigencias de la vida jurídica real (a diferencia de la oposición memorística española), permite que los «opositores» cobren un sueldo mientras se forman y les proporciona una formación variada, de manera que puedan elegir la profesión que finalmente ejercerán con conocimiento real de las diferentes alternativas. Luego, el segundo examen estatal permite escalafonar a la gente.
A mí me parece muy bien que las notas del periodo universitario no se tengan formalmente en cuenta. Los alumnos no son tontos, y saben que cuanto más aprendan en la Universidad más probabilidades tendrán de hacer unos buenos exámenes estatales.
Comentario escrito por Gabriel — 23 de octubre de 2007 a las 12:39 pm
Estamos, creo, bastante de acuerdo en casi todo. Por supuesto, un modelo con examen de estado no requiere de que se compute la nota de la carrera y, como es evidente, incentiva que los estudiantes se preocupen de aprender además de de lograr aprobar.
Es evidente que un modelo como el nuestro de Universidad, que acepta la existencia de Universidades privadas, ha de ser coherente y que la fórmula de castigar los de todos conocidos «coladeros» no es reducir las posibilidades de los estudiantes de las Universidades privadas sino eliminar los boquetes al sistema. Por lo demás, como es sabido, las diferencias de exigencia y calidad entre Universidades públicas son también notables.
Como es obvio, también con estos problemas acabaría un sistema de examen de estado. O incluso una prueba del tipo de la del MIR. A expensas de la facultad de medicina de verbena que pueda acabar montando el Arzobispo de Valencia, no se conoce en España el caso de una Universidad privada con estudios de medicina que se dedique a reglar el título. Más que nada porque, al menos hasta la fecha, el valor de esos título regalados era más bien escaso si luego no había manera de aprobar el MIR.
Aunque bueno, eso era hasta hace un tiempo. Ahora las cosas han cambiado un poco porque hay muchas posibilidades de ejercicio de la medicina, cada vez más, sin el MIR. Así como necesidad de médicos aunque no tengan el MIR.
Comentario escrito por Andrés Boix Palop — 23 de octubre de 2007 a las 2:31 pm
Me parece positivo el argumento de la competitividad y dinamización que una medida así puede suponer para los estudiantes de las Universidades -hoy Públicas-, pero no creo que esto deba conseguirse a través de la justicia.
Para ello podrían utilizarse otros sectores de la actividad pública. Sí, articular sistemas de acceso a determinados cuerpos en los que el peso de la oposición se reduzca o, mejor, se elimine y sustituya por un expediente brillante y por un periodo de trabajo y estudio serio y riguroso en ese sector junto quien ya desarrolle esa actividad. Pienso en abogados, economistas, ingenieros, archiveros, informáticos del estado, inspectores de hacienda, de trabajo. Incluso fiscales, Pero para la jueces no.
Porque el juez es el que al final dice lo que va a ser y visto lo selvático del ordenamiento jurídico que lo decida quien goce de mayor intuición jurídica y en la mayoría de los casos eso no se desarrolla sino a través de mucho contacto con las leyes. Mucho tocarlas, mucho leerlas y mucho aplicarlas desde perspectivas diversas.
Hay que incidir más en eso, en la experiencia, en abrir sin tapujos la judicatura a quienes a través de su trayectoria han demostrado dominio técnico del ordenamiento jurídico y mesura en su trayectoria personal. Y experiencia de vida, que es una de las cosas que busca el ministro y vaya, que eso se consigue precisamente así, viviendo, con tiempo, con años.
Si atendemos a la experiencia del protagonista de Harvard1L, un estudiante de leyes de harvard bien que sea harvard y bien que sea en los años 70, no gozaba de mucho contacto con lo circundante.
Y si atendemos a cómo se orientan los planes de estudios de ahora y lo fácil que es pasar memorizando los temas y sin preguntarte nunca un por qué o un para qué de una institución, otro tanto en contra de la medida de Bermejo.
Respecto al argumento de que se necesita dar un impulso a la justicia, superar el retraso del que hoy adolece: no se acaba con el retraso porque no hay voluntad política. ¿Cuántos funcionarios de la Administración de Justicia puede haber, incluyendo a jueces, fiscales y secretarios judiciales?, ¿cuánta pérdida de poder puede suponer para un partido político exigirles una jornada de trabajo –real- de 35 horas mínimo si no más?
Con tanto retraso en este sector, ¿nos podemos permitir mantener los juzgados y tribunales cerrados por las tardes?.
Los políticos se hinchan de orgullo cada vez que anuncian la apertura de nuevos juzgados. Y a mí me parece cada vez mayor tomadura de pelo.
El argumento de que con medidas como el acceso a la judicatura por expediente brillante se facilita el acceso a la judicatura de personas con diferentes extracciones sociales para lograr un reflejo sociológico real, de acuerdo, pero para conseguir eso hay otras vías.
Comentario escrito por Mar — 23 de octubre de 2007 a las 4:04 pm
«A mí, personalmente, me gustaría que, como mínimo, empezáramos por lograr que supieran cómo funciona una cárcel, cómo es la vida allí, qué supone y cómo de destructiva es la privación de libertad para una persona.»
Te lo puedo resumir yo: es igual de destructiva para el que ha destruido un jarrón falsificado que para el que ha destruido quinientas vidas humanas.
Ahora podéis sacar conclusiones sobre lo que eso supone, los progres.
«Sí, articular sistemas de acceso a determinados cuerpos en los que el peso de la oposición se reduzca o, mejor, se elimine y sustituya por un expediente brillante y por un periodo de trabajo y estudio serio y riguroso en ese sector junto quien ya desarrolle esa actividad. Pienso en abogados, economistas, ingenieros, archiveros, informáticos del estado, inspectores de hacienda, de trabajo. Incluso fiscales, Pero para la jueces no.»
Sí, ya, bueno, bien, vale. ¿Pero y si eres un archivero brillante, aunque quizá no el más brillante, ni siquiera de los diez más brillantes, y quieres hacer un periodo de trabajo pero nadie te da trabajo por falta de enchufes y de expediente superbrillante, y tú única salvación era esforzarte en las oposiciones pero resulta que ya no existen las oposiciones y regalan el puesto al superbrillante, al enchufado, y al afortunado en encontrar trabajo? ¿Te mueres directamente de asco, o si te dedicas a asaltar chalés encontrarás la comprensión de los jueces sin opositar al ver cuán destructiva va a ser la cárcel para tu persona?
Comentario escrito por Sumquodest — 23 de octubre de 2007 a las 5:08 pm
Te mueres directamente del asco o te suicidas
Comentario escrito por Mar — 23 de octubre de 2007 a las 10:41 pm
Cuando estuve en Burdeos hace mucho tiempo visité la escuela nacional de la magistratura francesa y me pareció un sitio muy buen puesto y un sistema muy interesante, aunque no lo conozco suficientemente bien como para tener una opinión clara. Si no lo entendí mal, allí la gente se presenta a un concurso de acceso a la escuela (única para todo el Estado) y quienes son admitidos entran a estudiar a la escuela nacional durante tres años, lo que permite una formación específica para el puesto (teórica, práctica, y por lo que me contaban, también «vivencial», de conocimiento de la realidad, mientras que a un opositor español se le aleja de la vida) Me imagino que entrar en la escuela no es nada fácil, pero que no debe ser algo tan duro como unas oposiciones de judicatura en España y que la preparación del examen de ingreso no debería llevar varios años; me he pasado un momento por la página del sitio:
http://www.enm.justice.fr/
Y he visto que hay pruebas teóricas para entrar, aunque al menos a priori me da más la sensación de que no es el examen de papagayo que tenemos por aquí. Bueno, ponen hasta pruebas físicas, lo que ya para mí es pasarse.
Comentario escrito por Antonio Álvarez — 24 de octubre de 2007 a las 4:03 pm
Lamento estar en completo desacuerdo. El acceso por las notas de la carrera no permite en absoluto respetar los principios de merito, capacidad y, sobre todo, igualdad que exige la CE. Todos sabemos que hay universidades coladero, hijos de catedraticos con magnificos expedientes sin duda debidos a los genes juridicos recibidos de sus progenitores (cuyos apellidos suelen juntar para perpetuar su recuerdo) pero es que ademas el bagaje juridico con el que un alumno sale de la universidad es absolutamente inadecuado para la vida juridica real.
Mucha dogmatica alemana, realismo juridico y poco derecho positivo, desprecio absoluto hacia la jurisprudencia y egocentrismo desmedido.
Es, ademas, incoherente que mientras ponemos una pasantia o superar un examen para acceder al ejercicio de la abogacia permitamos que gente recien salida acceda a la judicatura.
YA tuvimos la mala experiencia de meter turneros y ahora esto…
Y eso por no hablar de la infecta (lamento utilizar terminos tan duros) manera del Excmo. Sr. Ministro de expresar la parida. Resulta que los opositores estan «idos» de la realidad y que a los jueces hay que educarlos en valores (¿esta pensando en los de su ideologia que, segun el, impregnaba su actuacion como fiscal?). Pues mire yo prefiero un opositor que conozca la ley como juez que no un chico formado en valores en la Carlos III (por citar el think tank del actual gobierno).
Y pensar que este sujeto ocupa el sillon que en su dia ocupó Alonso Martinez…
Comentario escrito por Macanaz — 25 de octubre de 2007 a las 11:59 pm
Como siempre, un buen artículo de Andrés.
Sobre el infecto sistema de oposiciones que hay en este país no creo que nada bueno pueda decirse ya. El problema es luchar contra su prestigio. Aún hay muchos que se quedan boquiabiertos cuando se les dice que Fulano opositó a tal puesto o tal cátedra. Los que han accedido a un puesto tras aprobar un examen o prueba siempre exageran el valor del mismo, y la oposoción memorística tiene más de 100 años de historia. Como ocurre siempre, cualquier reforma será atacada por los actuales jueces, que tratarán( y lograrán en gran medida) de minusvalorar el valor de cualquier reforma. Se extenderá la idea de que es «fácil» o «más fácil» llegar a ser juez. Esto quizás desanimará a los que buscan el prestigio popular, pero fomentará una mayor demanda para los que buscan «salidas asequibles». Habrá muchos años de tristeza y de nostalgia por aquellas oposiciones entrañables, pero tras un tiempo todo el mundo se alegrará de haberse librado de ellas.
Mar defiende mantener vivas las oposiciones para los jueces. Hoy El País trae un artículo interesante, donde se afirma que en las oposiciones actuales se estudian anticuados temas de derecho agrario decimonónico, y que temas de propiedad intelectual o informáticos apenas se exigen. Es muy común a todas las pruebas de este tipo, que se fosilizan y se estancan. Además, hoy en día, donde existen bases de datos y se puede acceder con rapidez a las distintas leyes, me parece mucho menos importante conocerlas a la perfección, sino saber interpretarlas y aplicarlas correctamente. Se suele olvidar que muchas de nuestras tradiciones pedagógicas provienen de un contexto donde era mucho más difícil consultar y acceder a información, y en donde la memoria jugaba un rol vital. Hoy, por el contrario, lo que existe es una sobreabundancia de datos, lo que exige un perfil distinto de persona, uno que sepa discriminar y razonar. Es evidente que uno necesita saber bastantes cosas de memoria para poder hacer esa tarea de discriminación, no soy de los que le niega cualquier función, pero su peso en la oposición es hoy en día excesivo y nocivo.
Yo hasta argumentaría que el papel de la memoria versus racionamiento en la oposición tiene una parte no sólo pedagógica, sino política. En los Estados Unidos, hay un fuerte debate entre los que defienden una interpretación literal y originaria de la Constitución, que suelen ser conservadores, y los que consideran que sus preceptos deben ser interpretados a la luz de la experiencia y vida moderna, lo que se llama «Living Constitution», más favorecida por los liberales. La oposición, al fomentar una memorización exacta de cada ley, está fomentando la primera opción, a mi juicio, ya que una persona a la que no se le incentiva el raciocinio sino la memorización de leyes tendrá una mayor tendencia a hacer una lectura estricta y no interpretativa de las leyes. Me parece que esa es otra de las razones por la que el PP y las asociaciones judiciales afines se oponen a que el sistema de oposiciones sea suplantado, más allá del tradicionalismo y del oportunismo político.
Otras cosas del artículo de El País me han resultado interesantes. Una es que el periodo de formación de jueces en España es el menor de toda Europa:menos de un año. En Holanda son seis. Quiere decir que en España uno dedica muchos años a memorizar a pie juntillas las leyes pero que casi no ha recibido formación específica para su labor como juez. Esto me parece absurdo. Ya sea con un periodo académico mayor, ya sea con experiencia laboral en otro campo de derecho, un juez debería tener una experiencia mayor. En el Reino Unido uno tiene que tener al menos 40 años y haberse dedicado a la abogacía durante 25 años. Me parece un poco exagerado, y se decanta en exceso por gente de una determinada edad, pero quizás tener unos años de experiencia como abogado sería algo deseable.Por tanto,no sólo es importante la prueba preliminar tipo MIR que propone Andrés, sino qué se hace después.
Me ha parecido muy interesante tu sugerencia de ese tipo de examen por otro lado, creo que es muy buena idea, mejor que la de contar también el expediente.
Comentario escrito por Caesitar — 27 de octubre de 2007 a las 5:30 pm
El tema es muy interesante, pero me quedan dos dudas:
– Al final de la historia, Andrés, ¿estás a favor o en contra de la propuesta de Bermejo? Porque eso de decir que es una excelente idea para después argumentar que habría que hacer algo totalmente distinto a lo que ha propuesto el Ministro es un poco contradictorio.
– ¿Cómo es exactamente el modelo alemán? Entre lo que contáis aquí unos y otros y lo que venía ayer en «El País» la cosa no me queda nada clara.
Lo que propone Mar se parece, por lo demás, bastante al modelo inglés, ¿no?
Por cierto, que no hace falta tanta agresividad al responder a nadie, creo, si a nadie le ofende que me meta donde no me llaman. Y, al parecer, sí llevan a los jueces a la cárcel «de excursión». Al menos, eso me contó que hicieron con él un amigo juez.
Comentario escrito por Marta Signes — 28 de octubre de 2007 a las 8:36 pm
la reforma del sistema de acceso a la carrera judicial y fiscal es algo que se está valorando desde hace tiempo, y no solo desde fuera, sino tambien desde dentro de la carrera judicial.
por otro lado lo que no se puede olvidar es que en el sistema actual el acceso a la carrera judicial está compuesto de dos fases, una primera que efectivamente es teorica y esencialmente memoristica, y otra teorica-practica (cuya duracion varía), y que es necesaria aprobar ambas fases.
es cierto que la primera fase exigue mucho esfuerzo, y que no significa que se tengán las aptitudes necesarias para ser juez, pero creo que no es justo decir que se trata de unos conocimientos inutules, ya que dan un conocimiento general del ordenamiento juridico que generalmente no se tiene en la carrera, y por otro lado, y salvo portentos memoristicos, no basta con aprender de memoria, sino que es necesario comprender los temas que se estudian.
desde luego es un sistema que en mi opinion tiene dos problemas:
el primero que genera una volumen de personas que no se incorporan al mercado laboral al finalizar sus estudios, y que tras unos años, y despues de no aprobar se encuentran con que tienen unos conocimientos que no son nada valorados por un mercado laboral, que prefiere o bien gente mas joven, o bien personas con experiencia.
el segundo, que aprobar la oposicion no demuestra que se tengan las aptitudes necesarias para ser un buen juez, si bien este problema se resolvería si el curso teorico-practico fuera mas exiguinte.
lo que no se puede olvidar es que es necesario un sistema que reduzca al maximo la arbitrariedad, y que evite que pueda accederse con poca dificultad a la carrera, como ocurrió con el denominado tercer turno cuando solo era un concurso, y que permitió el acceso en mucos casos teniendo en cuenta el sesgo idiologico de los candidatos.
por último en actualidad y desde hace algunos años, es obligatorio y parte del curso teorico-practico una estancia en centro penitenciarios, que desde luego no puede calificarse de «excursion».
y ya para acabar me gustaria saber en base a que datos se señala en el articulo que:
«Al margen de que, obviamente, sigue habiendo mucha gente en situaciones económicas, personales y familiares que no les permiten prepararse estas pruebas u otras de tipo semejante. Ahí radica una de las razones de que la judicatura española siga siendo, todavía a estas alturas, y por mucho que las cosas hayan cambiado notablemente, tan poco porosa socialmente.»
Comentario escrito por baroja y su amigo Pio — 03 de noviembre de 2007 a las 2:13 am
Los comentarios de Baroja, o de su amigo, son muy atinados. Efectivamente, he preguntado y hace ya años que «forman» a los jueces en qué es una cárcel y cómo se vive en ella. Una de las indudables mejoras de nuestro sistema de selección de jueces ha sido la escuela judicial y la formación que allí se ofrece, aunque sigue teniendo el problema de que es una parte más de formación que se selección, ya que se aprueba a todo el mundo, excepto casos de verdadero escándalo o de problemas psiquiátricos.
En fin, que espero que se note el paso por prisión de los nuevos jueces. Pero vamos, en lo que a mí respecta no sólo jueces y fiscales tendrían que pasar por allí y saber qué es.
Respecto de lo que comentan Mar o caesitar sobre los modelos de formación de jueces en el extranjero, a mí siempre me ha parecido muy sugerente el modelo de judicatura inglés. De hecho, lo que propone Mar «me suena» porque creo que alguna vez he comentado por ahí que, personalmete, preferiría un sistema de judicatura basado en la selección más a partir de criterios de experiencia.
La cuestión es si las oposiciones, a día de hoy, garantizan bien tanto el principio de igualdad en el acceso como que quienes llegan son gentes formadas y, además, las mejores posibles.
Los problemas que señala Baroja y su amigo Pío están ahí y todo el mundo es consciente de ello. No creo que sea un problema el que plantea Caesitar de que el modelo memorístico favorezca un sesgo ideológico (la historia de la «living constitution» es más compleja, pero eso otro dia). Pero sí insisto, en cambio, en que facilita cierta incapacidad para dotar de más permeabilidad a la carrera judicial (los datos a partir de los que señalo esto son, como es evidente, mi propia experiencia, porque he vivido bastante rodeado de jueces, por un lado y porque, por otro, soy perfectamente consciente de qué tipo de personas que estudian la carrera de Derecho, más allá de notas o de capacidad, acaban opositando a jueces y demás carreras públicas exigentes: lo veo año tras año con mis alumnos, en ocasiones de forma sagrante, cuando una cantidad de estudiantes brillantísimos y trabajadores, curso tras cursso, acaban optando por dedicarse a ejercer la profesión de abogado, con mayor o menor fortuna, porque por su origen socioeconómco es la opción que más les atrae a corto plazo y la que, por otra parte, se pueden permitir sus familias y ellos mismos sin apurar más todavía el sacrificio económico que ha supuesto ya el estudio de la carrera).
Hay dos aproximaciones para solucionar este problema, que todos vemos (los comentarios aquí vertidos son buena prueba de ello):
– Quienes señalan que lo que hay que hacer es mejorar el sistema de oposiciones (modificando temarios, dando más importancia a la fase de escuela judicial, dotando muchas más becas paraa gente con buenos expedientes pero menos posibilidades económicas para que pueda estudiar unos años más y preparar la oposiciión…).
– Quienes pensamos que, ya puestos, podríamos dar una vuelta de tuerca e ir más allá.
Por eso, Mar, la aparente contradicción que me achacas. La propuesta del Ministro me parece bien, porque creo que hay que ir incorporando novedades y cambiando el sistema. Lo cual no quita para que, puestos a cambiar, yo cambiaría más radicalmente tod.
Como mínimo, es evidente que el modelo de oposición hay que modificarlo introduciendo, al menos, las medidas que he apuntado. Pero yo creo que, ya puestos, mejor ir más allá. A mí me atrae un modelo de examen de estado a la alemana (si quieren, piensen en un examen tipo MIR) donde se testen todos los conocimientos adquiridos en la carerra y, a partir de los resultados, se pueda optar a ser juez, fiscal, tecnico de la administración o lo que sea. pero que, a partir de ese momento, el proceso formativo posterior sea sufragado por el Estado.
A este modelo, que sigue respetando las exigencias de igualdad (por cierto, Mcanaz, que las oposiciones también las aprueba un número extrañamente elevado de hijosde, eso no es un problema -o una realidad- que se dé sólo en la Universidad), entre otras cosas porque el examen no sería de cada Universidad. Y permitiría un acceso más poroso a la alta función pública, al estar pagada la fase formativa. Fase que, además, podría ser menos de memoria, más flexible, más práctica y, en general, mejor.
Pero, mientras no estemos ahí, no veo el problema por tratar de «pescar» a los mejores expedientes, en paralelo a la subsistencia de la oposición, siempre y cuando a esa gente luego se les meta mucha caña en la escuela judicial, durante varios años, y hayan de acreditar la superación de diversas pruebas exigentes. No veo en tal caso la quiebra a la igualdad, pues todos pueden aspirar a tener buenas notas pero, a su vez, no podrán ser jueces si no demuestran después capacidad para superar la fase de escuela. Y siempre quedará, para quienes prefieran pasar la carrera sesteando, la opción de la oposición. Que no tiene por qué ser la «opción dura». Como me decía un estudiante, extraordinariamente brillante, que tenía claro que quería ser juez cuando le di clase pero que, en general, se pasó la carrera estudiando lo justito para aprobar luego se sacó la oposición en año y medio, a quien me encontré el otro día: «Andres, qué pesadilla, imagina si para ser juez hubiera tenido que currar los cinco años como un cabrón, en vez de vivir lo bien que viví durante la carrera para después pegarme la «panzada» en un año y pico y punto».
Comentario escrito por Andrés Boix Palop — 05 de noviembre de 2007 a las 5:25 pm
Desde luego y tal como apunta Andres Boix uno de los problemas del sistema actual es que practicamente no se suspende a nadie en la escuela judicial, salvo casos escandalosos y a veces ni asi.
a mi particularmente el sistema aleman me parece bastante bueno.
con lo que no acabo de estar de acuerdo es que de la experiencia personal se pueda deducir que la carrera judicial es poco porosa socialmente.
yo tengo la impresion de todo lo contrario, pero tampoco tengo datos que permite afirmarlo, siempre salvando, que tristemente no todas las personas pueden acudir a la universidad, y por tanto tampoco a la carrera judicial, y que en general para personas de ambitos economicos limitados es dificil, no ya ir a universidad, sino conseguir superar la enseñanza obligatoria, aunque excepciones siempre las hay, como Pascual estivill, persona de una extraccion extremadamente humilde.
No habia visto el comentario de Caesitar y quiero negar la mayor, ya que no aunque la memoria es importante, es necesario saber relacionar los conceptos, y desde luego no creo que eso implique un determinado sesgo ideologico.
Comentario escrito por baroja y su amigo Pio — 05 de noviembre de 2007 a las 11:44 pm
se me ha olvidado.
hace un tiempo lei el comentario de Andres Boix sobre una conferencia en relacion con el deber etico a oponerse al nazismo, y como Andres preguntaba si lo mismo no se podía valorar respecto al franquismo. fue de lo mejor que he leido en internet y aprovecho para felicitar al autor, ya que cuando lo vi ya estaban los comentarios cerrados.
por cierto, esta ese articulo en este blog, porque lo he buscado y no lo encuentro
Comentario escrito por baroja y su amigo Pio — 05 de noviembre de 2007 a las 11:48 pm
La discusión sobre el asunto de la repsonsabilidad de los nazis está en:
http://www.lapaginadefinitiva.com/aboix/?p=76
El asunto de que se cierren los comentarios al cabo del tiempo es una de mis batallas con el gestor de contenidos del blog. No hay forma de que me perita que estén todos los hilos abiertos (o yo no la he encontrado todavía).
Gracias en cualquier caso por la felicitación. Hay una cosa de esa discusión que me alegra especialmente y es que, a la postre, Victòria Camps fuera consciente de que no se trataba de nada contra ella ni de una crítica personal, sino de una relfexión genérica al hilo de lo que dijo y cómo lo dijo, tanto sobre las responsabilidades individuales y colectivas como sobre las formas y modos en que discutimos las personas, cuando lo hacemos.
Por otra parte, respecto de la judicatura y la porosidad social, es evidente que las cosas ya no son como fueron. Que los jueces de hoy en día no son lo que vemos, por ejemplo, todavía, en el Tribunal Supremo. Que las clases medias llegan ahora a la Universidad sin problemas y los buenos pueden opositar y se ponen a ello a poco quye las circunstancias familiares lo permitan mínimamente. Y que, a medida que se ha ampliado el cuerpo de jueces y fiscales, así como su prestigio social ha ido decreciendo en paralelo, las cosas han cambiado mucho. No obstante lo cual, sigue siendo cierto que el actual sistema prima en muchas ocasiones, a mi juicio de manera excesiva, el factor «tengo claro que quiero opositar a esto o aquello, porque entre otras cosas mi familia se lo puede permitir y tiene claro lo bueno que será para mi futuro, por lo que no sólo me apoya sino que, hasta cierto punto, me orienta en esa dirección» sobre la mera capacidad e inteligencia. Tiene muchas más posibilidades de acabar siendo juez el tío de inteligencia mediana cuya familia tiene claro que «el chaval, que sea juez» y el más o menos se pone a ello, apoyado económicamente durante esos años (los que sean) que el chaval muy brillante, pero de un entorno humilde, que por mucho que le guste la posibilidad de ser juez, es consciente de que no se puede permitir el riesgo de seguir estudiando y no ingresar dinero mientras tanto, sin saber además si la cosa durará un par de años o más. Porque, además, si bien estudiar la carrera y trabajar es más o menos compatible, no lo es tener que ganarse la vida y opositar (o no es, al menos, tan fácil).
Comentario escrito por Andrés Boix Palop — 06 de noviembre de 2007 a las 11:41 am
Evidentemente en economias limitadas la opcion de retrasar el acceso al mundo laboral un tiempo importante (que en la actualidad ronda en una media de cuatro años) es algo dificilmente asumible.
una solucion es la posiblidad de dar becas a los candidatos, como hacía Cataluña, lo que sucede es que en eset caso no se tenía en cuenta los ingresos de los padres, de tal manera que se dab la paradoja de dar las becas a personas que tenían el respaldo economico suficiente.
por otro lado esta a mi juicio un grupo de candidatos de estudiantes mas o menos brillantes, pero que viven en zonas en las que las posibilidades laborales son limitadas, y que ademas no tienen ninngún contacto en ambitos juridicos y tanto el estudiante como su familia ven la oposicion como una inversion. eso explicaría en parte que exista tantos aprobados de Castilla Leon, y tan pocos de Cataluña, donde en principio hay mas oportunidades.
por supuesto es una opinion, que no está basada en datos objetivos, y que por tanto pretendo pontificar sobre este tema.
por otro lado no estaría mas que existiera un estudio sobre este tema, Juan Jose Toharia ha realizado varios estudios sobre la opinion de la justicia, pero no se si se trata este tema, yo creo que no.
Comentario escrito por baroja y su amigo Pio — 06 de noviembre de 2007 a las 4:45 pm
Como suele ocurrir con las declaraciones de Bermejo, el mensaje es bastante inexacto. La propuesta, por lo que yo sé, que no es mucho, aparte de estar en un proceso embrionario y admitir, por tanto, muchas variaciones -estamos, pues, ante un globo sonda- no significa que, sin más, se invite a los estudiantes con mejor expediente a ocupar un juzgado de instrucción. Se trataría, tan solo, de permitir el acceso a masters de judicatura, organizados por Universidades públicas seleccionadas, a través del correspondiente proceso de homologación, cuya superación determinaría la adquisición de la categoría y el pase a la Escuela Judicial. Parece obvio que esos masters requerirían la participación docente no sólo de profesores universitarios sino de jueces y magistrados y de profesionales diversos relacionados con la función a desarrollar. Y que a su finalización habrían de efectuarse los examenes correspondientes. Así las cosas, no veo más que ventajas en una propuesta que, estoy de acuerdo contigo, debería extenderse a otras profesiones jurídicas. El actual sistema de oposición es indefendible. Podría ser útil -ha prestado excelentes servicios- en el siglo XIX, cuando asistíamos a una aplicación monolítica de un Derecho, por otra parte bastante inmutable. Hoy genera una división estamental socialmente insoportable -como se ha destacado, son muchos los que, sencillamente, no se pueden permitir el lujo de una oposición, cinco años de no ganar dinero, un preparador, etc-, genera, además, un aislamiento respecto de los problemas sociales, un cierto desquiciamiento mental y una propensión conservadora de primer orden. Todo esto puede sonar a tópico. Pero quienes hemos tenido la oportunidad de intervenir, de alguna manera, en actividades con los jueces en prácticas, en la Escuela Judicial, hemos podido apreciar que no son tales tópicos. Y, por cierto, la puesta en marcha de la Escuela -o, mejor dicho, del Centro de Estudios Judiciales- con mucho más sentido que en épocas anteriores constituyó un avance importantísimo en la preparación y, sobre todo, en la sensibilidad social y hasta jurídica, de nuestros jueces. Pero ese papel ha ido languideciendo paulatinamente, ante el desinterés que en su promoción ha manifestado el Consejo General del Poder Judicial, sin duda el órgano constitucional de más vergonzoso funcionamiento de los que prevé nuestro sistema.
En resumen, sí a la propuesta. Muy de acuerdo en casi todo tu planteamiento. Y tiempo hay todavía de trabajar en perfeccionar un cambio radical en el sistema de acceso a la judicatura y, también de acuerdo en eso, a otras profesiones jurídicas públicas. Un abrazo y encantado de entrar, por primera vez, en este espacio para el diálogo.
Comentario escrito por joan carles — 08 de noviembre de 2007 a las 11:36 pm
¿Qué el gobierno de turno elija a dedo a los jueces? Pues claro que si, para que necesitamos la separación de poderes.
Comentario escrito por oblongo — 10 de noviembre de 2007 a las 4:53 pm
Gracias por todos los datos que apuntas, Joan Carles, que, en efecto, matizan bastante y completan los perfiles muy difusos de la propuesta del Ministro.
Respecto de lo que comenta oblongo, es obvio que nadie está diciendo que el Gobierno elija jueces a dedo. Es una crítica injusta que, a mi juicio, de alguna manera es reveladora de la difícil respuesta a propuestas como las que hemos estado discutiendo, de forma que hay que recurrir a una burda manipulación de su contenido para hacerlas pasar por irrazonables frente a la conservación de lo actual. Pablo salvador Coderch, ayer en «El País» (el buscador de la edición digital del periódico es tan nefasto que no me permite encontrar el artículo y enlazarlo), hacía más o menos lo mismo para diferenciar entre el respeto y garantías que procuran a los ciudadanos notarios, registradores o jueces como los que tenemos ahora frente a otros que fueran elegidos a dedo por el Gobierno.
Nadie está hablando de eso ni justificando una medida de tal índole. Creo que no hace falta repetirlo demasiado, por obvio. Por lo demás, el artículo de Pablo Salvador Coderch era una interesante muestra de la posición de quienes, pese a todo, consideran que la mejor opción es mantener las oposiciones. Cuando es gente razonable y sensata quien así argumenta, inevitablemente, como hace el artículo, se señalan dos peros:
– Los temarios y su orientación son demenciales
– No hay suficientes medidas de apoyo a personas brillantes pero sin recursos para que puedan pagarse las oposiciones
Hay gente que dice, oposiciones sí, son un buen sistema, pero hay que arreglar estas dos cosas. Yo puedo estar de acuerdo, es más, me puede gustar mucho, un sistema de oposiciones con esas modificaciones. Pero no es lo que tenemos. Así que se me hace difícil defender lo que hay ahora frente a todo tipo de propuestas de mejora a partir de un modelo que se defiende porque si incoporara ciertos elementos podría estar muy bien cuando la realidad es, sencillamente, que ni los incorpora ni los incorporará en breve.
Ahora bien, puestos a asumir la necesidad de una reforma, creo que se puede abrir una discusión sobre si esas oposiciones con otros temas y con esas medidas de apoyo sería el mejor sistema, frente a algunos de los que hemos señalado aquí, como el inglés, como el alemán… La discusión sobre el particular me parece posible, es más, reconozco no tener una opinión demasiaod sólida al respecto. Veo ventajas e inconvenientes en cada fórmula, estoy dispuesto a dejarme convencer respecto de las bondades comparativas de unas u otras.
No así, en cambio, respecto a las bondades del actual sistema. Que, como puede verse, en el fondo ni siquiera defienden quienes creen en el modelo de oposición, pues a la vista está de que el subproducto que ha generado el sistema español es más una burla a su esencia que una manifestación de la misma.
Es curioso, por lo demás, que ese mismo día, ayer, en «El País», aparecía una carta al director en una línea radicalmente diferente a la de Pablo S. Coderch. Esta sí que aparece en el buscador:
http://www.elpais.com/articulo/opinion/Magistrados/politizados/elpepiopi/20071114elpepiopi_6/Tes
Comentario escrito por Andrés Boix Palop — 15 de noviembre de 2007 a las 11:28 am
Texto del artículo de Pablo Salvador Coderch, recatado de una newsletter, dado que no hay manera de encontrarlo con el buscador del «El País»:
SOBRE LAS OPOSICIONES; por Pablo Salvador Coderch, Catedrático de Derecho Civil de la Universidad Pompeu Fabra
Antes de encarnar el claroscuro dramático de la España contemporánea, don Manuel Azaña Díaz (1880-1940), segundo presidente de la Segunda República, fue opositor: Azaña ingresaría en 1909 en el escalafón de letrados de la Dirección General del Registros y del Notariado, un cuerpo extraordinario al que, en 1984, confundió para siempre y sin querer un aire levemente jacobino. Fue una lástima, pues los letrados de la Dirección fueron siempre pocos, pero muy bien escogidos. Llámense oposiciones o examen de ingreso, las pruebas objetivas, eliminatorias de verdad y públicas son pruebas esenciales de casi cualquier sistema para seleccionar realmente a los candidatos realmente meritorios a un cuerpo, sea el de marines o el de abogados del Estado.
Las oposiciones cuentan con partidarios, sobre todo entre quienes las hemos ganado, pero también tienen adversarios: el filósofo francés Pierre Bourdieu solía exorcizarlas por clasistas y endogámicas; algunos creen que el fuste del opositor se parece demasiado al del corredor de fondo y unos terceros, que el sistema es un fósil. Algo hay de todo eso, pero sería un error tirar al niño con el agua del baño.
En este país, quien sabe de oposiciones es Manuel F. Bagüés, un economista de la Universidad Carlos III, que escribió un artículo ya celebre sobre ellas (¿Qué determina el éxito en unas oposiciones?, disponible en Internet). Bagüés radiografió en él a todos los opositores de casi todos los cuerpos que cuentan (jueces y fiscales, notarios y registradores, abogados del Estado, inspectores de Hacienda y dipolomáticos) y mostró, con estadística inapelabilidad, que los lunes son un pésimo día para opositar, que las mujeres opositoras lo tienen más fácil con tribunales compuestos por hombres mayores que con los formados por hombres jóvenes o mujeres y que los candidatos con apellidos compuestos tienen ventaja si en el escalafón en el que ansían ingresar cuenta con miembros de igual apellido. Otro resultado de nota es que los tests, como prueba preliminar, son infinitamente superiores a todos los demás.
En España, sectarismo, clientelismo y nepotismo han ido siempre de la mano, por lo que el sistema de oposiciones ha servido para que algunos cuerpos de funcionarios se hayan convertido en instituciones, es decir, en algo reconocido por las gentes de a pie como naturalmente serio y fiable: los compradores de inmuebles saben que el piso sólo es suyo de verdad después de haber pasado por la notaría y el registro, no antes, al infeliz metido en líos jamás se le escapa que únicamente un juez de carrera es capaz de encajar impávido el furor de los medios de información; y el mercado reconoce con sagacidad instantánea que el trabajo de cualquier inspector de Hacienda o abogado del Estado vale algunas veces más de lo que el mismo le paga. ¿Cree alguien seriamente que esto seguiría ocurriendo si a los notarios y a los registradores, pongamos por caso, los eligieran el Gobierno o sus agentes?
Otra cosa es que los temarios y procedimientos no sean antediluvianos, como con frecuencia son. Así las reglas de las oposiciones a judicatura son de este año de gracia de 2007, pero parece de hace cien, prevén tres ejercicios teóricos o exámenes de memoria, pero ninguno teórico o de resolución de casos, cuando un juez es un señor o una señora, cuyo oficio es resolver casos, disputas o conflictos de la vida, con imparcialidad y con arreglo a la ley.
No, no, me objetan sus señorías: los opositores triunfantes acuden luego todo un año a la Escuela Judicial para aprender a resolver casos. No cuela: sus alumnos saben ya que son jueces y, de hecho, no me consta que, en toda su historia, la Escuela haya suspendido a casi nadie.
Una reforma progresista del sistema, fundamentalmente bueno, velaría por corregir sus sesgos sociales, pero no todo el mundo puede financiarse tres o cinco años de oposiciones y los candidatos meritorios deberían de disponer de ayudas claras. Luego, todos los cuerpos tienden a mantener una escasez artificial, algo muy ineficiente y que el Estado tiende a evitar. Por último, sexismo y nepotismo son un desperdicio: en las orquestas norteamericanas, los candidatos se examinan detrás de un biombo y con zapatillas –para que el taconeo no delate el género- el tribunal ignora nombre y apellidos, sexo y género: sólo oye. La justicia es ciega.
Comentario escrito por Andrés Boix Palop — 15 de noviembre de 2007 a las 12:03 pm
En desacuerdo absolutamente con Bermejo y con Andrés y para romper una lanza en favor del actual sistema y de los opositores. A mi parecer y en contra de lo que se ha dicho garantiza como ninguno la movilidad social. No es cierto en absoluto que sólo oposite gente de clase social elevada, pero por favor por lógica si tu familia dispone de dinero, o da la casualidad de que alguien de tu familia es un conocido abogado, seguramente no pasarás 5 añitos estudiando para ser juez y ganar la mitad que ejerciendo una profesión liberal con el apoyo económico o laboral de tu familia, sin embargo si provienes de una familia de clase media, incluso media baja, además de que el actual sistema garantiza la igualdad como ningún otro, no seamos ingenuos y pensemos que el estudiante de derecho con familia conocida en el mundo jurídico, y conociendo como conozco la endogamia y el amiguismo existente en la universidad, parte de la misma posición que el estudiante que es tan sólo un número, se le achaca al actual sistema lo que es su mayor virtud, que el hijo del presidente del gobierno y el de un panadero, como mi padre, tienen que saberse los dos los temas, y son muchos, temas extraidos al azar. Los opositores no son gente rara, en su mayoría no están alejados de la «realidad», a saber que entendeis por «realidad», y tienen una capacidad de reflexión y madurez, fruto del esfuerzo y de las largas horas de estudio, envidiables. Y los que aprueban, como podreis comprender, disponen de una integridad «a prueba de billetes»,pues han luchado mucho por conseguir lo que ahora tienen. Saber además, que en el encuentro que distintos jueces en prácticas de diversos estados europeos hacen en Burdeos, en la escuela de la magistratura francesa, los españoles siempre destacan por el profundo conocimiento legal mostrado, y este año fueron la mejor delegación de las que acudieron allí, por reconocimiento unánime de los representantes de las diversas escuelas. Por último decir que por supuesto el actual sistema debe ser mejorado, no es perfecto, pero sobre la base de lo que ya existe, por favor ¡¡ un sistema que garantice la objetividad e imparcialidad para el acceso a la función de juez!!.
Comentario escrito por manso — 08 de enero de 2008 a las 12:27 am