No se trata de hacer leer

Una de las cuestiones más interesantes si pretendemos analizar el fallo multiorgánico que estamos viviendo en España es tratar de entender por qué exactamente todo los controles no sólo es que hayan fallado estrepitosamente; es que, además, siguen fallando a día de hoy. A las miserias de nuestros sistemas de control jurídico (tanto en fase judicial como en lo referido a los controles administrativos) nos hemos ya referido en este blog en ocasiones. Se podría hablar mucho, también, del particularmente fallido papel de algunos controladores externos como la prensa, pero otros lo pueden hacer y lo hacen mucho mejor que yo (lean, por ejemplo, este comentario de Guillermo López donde analiza algunas cuestiones estructurales de nuestro ecosistema comunicativo a cuenta de la caída de Pedro Jota Ramírez y entenderán muchos de los problemas que tenemos). Sin embargo, hay un controlador externo, y muy importante, que suele irse de rositas cuando nos referimos al control del poder: la Universidad y, en general, el trabajo que realizamos quienes formamos parte de la comunidad académica.

Cuando digo que la Universidad española suele irse de rositas no me refiero, como es obvio, a que no se la critique por ahí. Se la critica, como es sabido, y por muchas cosas. No pocas veces, con toda la razón. Aquí hemos señalado algunos de los problemas de nuestro sistema universitario en múltiples ocasiones. Sin embargo, y no deja de ser llamativo (al menos, a mí me lo resulta), casi nadie menciona un tema bastante importante y que habla mal por cómo lo resolvemos, en general, de nosotros como académicos. Se trata del hecho de que, a pesar de gozar de un privilegiado estatuto de independencia laboral y personal, hemos demostrado y demostramos un espíritu crítico frente al poder, por lo general, bastante escaso, así como una generalizada tendencia a buscar a los poderosos (ya sea el poder político, ya el poder económico) para que nos mimen, nos hagan carantoñas y nos cuiden. Como resultado, y esto es algo que se puede constatar fácilmente si echamos la vista atrás, no hemos tenido ni demasiados economistas que cuestionarian de forma seria y regular el modelo de crecimiento del país (es más, la comunidad académica, siguiendo al Banco de España, ha jaleado el curso que iban tomando las políticas económicas en este país sacando los pompones en cuanto ha podido) ni demasiados juristas que hayan expresado su preocupación por las carencias en materia de participación, porosidad o efectiva traslación de la voluntad de los ciudadanos, por mencionar sólo dos ejemplos, hasta que estas realidades, convertidas en inmensa bola de nieve que va arrasando todo a su paso, se han hecho tan grandes que ni siquiera el poder político es capaz de negarlas. Quedan ya a estas alturas sólo los obedientes vocacionales cantando ciertas excelencias y poco más a estas alturas, pero es que, incluso para eso, bailamos al compás que nos marcan los acontecimientos. Y no debería ser así. La Universidad, por definición, habría de comportarse (y ser diseñada para eso) como un efectivo contrapoder, contramayoritario para muchas cosas, que sirviera como foco de resistencia crítica frente a los excesos, a las corrientes más en boga, a las tendencias al exceso, a los consensos generalizados, al champagne corriendo desbocado y, en general, a todas las construcciones y visiones de la realidad que, viniendo desde arriba, tratan de imponerse hacia abajo… tengan o no sentido, tengan o no base cierta, sean más o menos populares y de consumo fácil o indigesto.

¿Por qué no ha funcionado así estos años? ¿Qué ha pasado para que hayamos tenido, más bien, todo lo contrario? Como casi siempre, estamos ante una cuestión de diseño y de incentivos. Y aquí es donde, como suele decirse (y recordaba acertadamente @ppsoe2000 en Twitter hace poco), nada es gratis y sorprende que a estas alturas haya quien no lo tenga claro. Porque no, «Nada es Gratis». Pero de verdad.

Así, el caso del nombramiento de un nuevo jefe para Fedea, el lobby semi-público montado por el Banco de España pasando «amablemente» el platillo a nuestra querida banca (tanto la privada ardientememte dependiente del BOE como la pública), al parecer debido a que el conocido blog que montaron desde la organización, llamado Nada es gratis y que ha adquirido mucha notoriedad, no acababa de ser del agrado de los que mandan ahora. De hecho, el nuevo director, que supongo que no por casualidad es el economista que le ha estado preparando unas novedosas balanzas fiscales al Gobierno, ya ha explicitado que no cree que se deba «hacer política» desde el blog en cuestión. La sensación desde fuera, más allá de si han sido Gobierno y Banco de España de la manita, efectivamente, quienes han forzado el cambio porque criticar desde el blog a ZP era una cosa razonable, sensata y necesaria mientras que manifestar de vez en cuando opiniones moderadamente críticas con los actuales mandatarios es plato de mal gusto, es que este asunto es un reflejo más de cuán larga es la mano de quienes mandan en España y de ciertos poderes económicos. Pero, más allá de esta aproximación al caso concreto, es un buen ejemplo del potencial conflicto que se nos plantea a los universitarios cuando nos dejamos acariciar demasiado por quienes mandan política o económicamente.

Es obvio que la independencia se ejerce o no se ejerce y que, para juzgar los contenidos producidos por Fedea y quienes allí escribían, lo que hay que hacer es analizarlos y valorarlos críticamente. Ahora bien, también lo es que no es lo mismo que un trabajo académico te lo encargue alguien o lo hagas por tu cuenta, que te lo paguen o no, que te paguen mucho o poco, etc. Más que nada porque, como bien enseñaban en el blog en cuestión los economistas que participaban y participan allí, en efecto, nada es gratis. Por esta razón es tan importante, de hecho, informar de estas situaciones. Académicamente es importante señalar cuándo un trabajo es retribuido y por quién o, si se trata de una colaboración más regular, de qué tipo es y quién la paga. En este sentido, una de las cosas que más me ha sorprendido más siempre de la actividad más pública de Fedea (por ejemplo, la del blog, que por otro lado tenía cosas interesantísimas y análisis a veces muy currados, que me ha hecho aprender mucho de muchas cosas y que ha contribuido a aportarme, a mí y a otros muchos, nuevas ópticas sobre no pocos temas) es que no se aplicaran a sí mismos las enseñanzas que predicaban sobre transparencia en este punto. En la web de Fedea la información financiera y legal es más bien escasa (aunque aparezcan enlazados los estatutos) y las referencias a los patronos, que nos permiten saber que ahí mete pasta lo más granado del capitalismo castizo financiero español, tampoco precisan más sobre cuánta pasta se mete y cómo se gasta y distribuye. Eso sí, si husmeamos un poco vía Google se puede encontrar, colgado de un un dominio perdido y hoy ya desactivado, una memoria abreviada con las cuentas de 2009 que permite ilustrar cuánto dinero metían al año las entidades de crédito (a 90.000 euros por barba, destinados a financiar unas llamadas «cátedras»), que les daban premios autonómicos generosamente dotados con el nombre de miembros de la familia real o que en total, en personal, se gastaban unos 700.000 euros al año, lo que permite intuir que no estábamos hablando de salarios cortos. Sin embargo, tampoco eso nos permite desentrañar mucho más sobre si (que supongo que sí) y cómo (y obviamente, tampoco cuánto) se cobraban o no los trabajos académicos. En todo caso, justamente porque hablamos de lo que hablamos, de que nada es gratis, a mí sí me parece que habría estado bien que Fedea nos contara, aunque fuera de forma muy general, quién y cuánto pagaban, y a quiénes, por hacer qué. Quizás eso ayudaría a entender algunas cosas, incluido su viraje reciente… y sobre todo tiene mucha pinta de que puede ayudar a entender, más si cabe, el futuro de lo que será este castizo y peculiar think tank económico pero que, muchísimas veces, se ha metido a hacer propuestas de regulación de todo tipo. Lo cual no significa que las propuestas no fueran, sean o vayan a ser interesantes y de mérito. Pero es bastante obvio que no pueden evaluarse del todo si no sabemos de dónde vienen y quién las paga. Porque, hay que repetirlo aun a costa de ser pesados, como muy bien señalan ellos… nada es gratis (o, como mínimo, no hay que presumir que lo sea o ser tan pretencioso como para pensar que, en tu caso, sí lo es, de modo que mejor ser cuidadoso con esto). Se trata de una regla que, más allá de Fedea, deberíamos tener presente todos en nuestro trabajo cotidiano.

Los problemas de independencia de la academia española no tienen sólo que ver con de dónde viene la pasta. Este caso sirve para ilustrar algunos déficits pero hay muchos más incentivos perversos que es inevitable que existan y de los que deberíamos por ello ser muy conscientes. Por aislados y blindados que estemos (que lo estamos, al menos desde que somos funcionarios), siempre se puede aspirar a más. Se puede ascender profesionalmente (la cátedra, universidades de más relumbrón, estrellatos de otro tipo…),  se puede aspirar a que te pidan cosas quienes más dinero tienen (y son quienes son) o quienes tienen mando en plaza (y, de nuevo, son quienes son) y, en general, es cierto que hace más frío fuera de ciertos circuitos que bien acomodado en ellos. Como los sueldos de los profesores universitarios en España no son excesivamente elevados (si miramos el contexto comparado, por ejemplo, aunque bien es verdad que el contexto de las retribuciones de los trabajadores españoles es el que es en general) y a nadie le amarga un dulce, hay ahí un inevitable condicionante a la independencia que estoy seguro de que ha jugado y juega mucho en el sorprendente conservadurismo con el que desde la Universidad española se valora el ejercicio del poder público y económico a cargo de quienes lo ostentan en nuestra sociedad. Todo ello provoca que, junto a la propia vanidad profesional, que hace que uno aspire a que le hagan casito, a que le busquen, a que le pidan consejo y, sobre todo, que hace que uno piense que puede ser muy útil ayudando a solucionar (o solucionando directamente) casi todo, haya una cierta tendencia a buscar a quienes mandan y a que estemos en general dispuestos a ponernos, directa o indirectamente a su disposición.

Esto de la vanidad profesional, por cierto, es mucho más importante, también, de lo que pueda pensarse. No se ha de perder de vista que una de las patologías universitarias más comunes es el llamado «síndrome Obama», consistente en que, alcanzado cierto nivel (y ese es un nivel que se alcanza pronto, créanme, incluso en la actualidad, y dado que se puede pontifcar sobre lo divino y lo humano por Internet y que te acaricien el lomo cibernéticamente a la mínima, desde bien pequeñitos, cuando somos apenas aspirantes a obedientes más que obedientes profesionalizados, nos aparecen ya síntomas de la enfermedad como una especie de pubertad muy precoz) el académico (más todavía si es español) vive con una enorme frustración toda suerte de injusticias que se cometen sobre su persona y, entre ellas, el hecho de que una conspiración cósmica provoque que, a pesar de ser quien más sabe del mundo, «todavía no me haya llamado Obama/el Papa/el Gobierno» para arreglar esto o lo otro, «con lo bien que me lo sé yo, en vez de los burros que tienen ahí».

Más allá de la disposición de ánimo que ello genera en nosotros, y que hace que si un día de estos en efecto te llame Obama estés dispuesto a hacerle casi cualquier cosa, como han demostrado los académicos que han rodeado a este peculiar premio Nobel de la Paz en asuntos como Guantánamo o los drones, por ejemplo (y quien dice Obama dice el gobierno autonómico de turno, o el alcalde de Villazascuelos del Peral), ante lo que conviene estar alerta, esto genera un fenómeno si cabe más peculiar. Es eso de que si la montaña no va a Mahoma… Así, muchos profesores universitarios (al menos los españoles, que son los que más conozco) se postulan ellos mismos, directamente, sin rubor ante quienes mandan, hartos de esperar la llamada que no llega. Esto es algo que en mi gremio, que es el de los juristas, es particularmente exagerado porque hay una cierta conciencia corporativist de que «no nos tienen en cuenta quienes toman decisiones» (lo que no es del todo cierto y, además, caso de que lo fuera, tampoco sería necesariamente un drama porque los juristas, la verdad, somos los que somos y nos dedicamos a lo que nos dedicamos, que es arreglar problemas y tratar de entender cómo funcionan los mecanismos para ello, pero no tengo nada claro que debamos ser privilegiados a la hora de decidir cómo resolver conflictos políticos) que tiene que ver probablemente con que en otros tiempos la política española (por ejemplo, duranta la dictadura) sí estuvo muy influida (más que ahora todavía) por gente del gremio. En todo caso, nos merezca la opinión que nos merezca este planteamiento, y estemos más o menos de acuerdo con la conveniencia de que los juristas nos dediquemos también al diseño de políticas públicas cuando así nos lo encarguen (y aceptemos jugar a eso), lo que hay que tener claro es que, si lo hacemos y, sobre todo, si nos postulamos para ello, eso genera indudables sesgos. Los genera cuando nos ponemos a ello, por lo que hay que separar uno y otro ámbito totalmente… pero los genera también antes de que se concrete la «transferencia de conocimiento» a la sociedad en forma de cargos, dictámenes, estudios, informes o lo que sea menester. Y hay que ser muy consciente de ello.

Por esta razón conviene tener cuidado y estaría bien tratar de aislar ciertos ámbitos de la influencia política, para lo que hay que actuar activamente para protegerlos. Lo cual es algo que hacemos rematadamente mal. Un ejemplo tonto puede servir para entender a qué me refiero. En mi gremio hay una Asociación de Profesores de Derecho Administrativo (AEPDA) que nos agrupa a más de 300 académicos dedicados a esto del Derecho administrativo. La asociación tiene diez añitos y como es relativamente joven todavía está tanteando a qué y cómo hemos de dedicarnos colectivamente a su través. Ha permitido ya, eso sí, un importante espacio de encuentro y organiza, una vez al año, un congreso de la disciplina que suele ser muy interesante. Se trata de un ejemplo de asociación privada de éxito (los miembros pagamos una cuota de unos 50-60 euros anuales) y eso es la base para funcionar de forma independiente y con autonomía respecto del poder, un activo, a mi juicio, nada desdeñable. Sin embargo, casi desde los inicios pero con más claridad en los últimos tiempos, se ha ido generando una cierta tendencia a cambiar parcelas de independencia (concesiones irrisorias, si se quiere, pero peligrosas por la tendencia que apuntan) por ciertas comodidades. Por ejemplo, patrocinios a cargo del poder público para que los congresos sean más «lujosos» y la cuota de inscripción a los mismos no se dispare. En el trade-off entre renunciar a una copichuela de honor o a un desayuno con más bollería y poner en riesgo la autonomía de la organización gana de momento lo segundo, quizás porque no se percibe el riesgo como cierto o suficientemente relevante.

Por esa razón, poco a poco, la cosa va a más. No puede ser de otra manera cuando no se percibe el riesgo como tal. Por ejemplo, en el último congreso, organizado en Santiago, se habló sobre la nueva Ley de Costas de forma bastante crítica, tal y como comenté en este blog en su día. Pero también, de las medidas de simplificación administrativa, en una sesión donde no sólo participaron profesores sino el responsable político del gobierno que ha estado diseñando la reforma administrativa al mando de la famosa CORA (cuyo informe tuvimos ocasión de comentar aquí). El planteamiento podría haber estado bien si la sesión hubiera permitido el contraste de ideas, el intercambio de pareceres, el debate. Pero lejos de estar montado el tema así, el responsable del gobierno, señor Pérez Renovales, dio un mítin sobre las bondades de su proyecto y ni siquiera consideró necesario quedarse al coloquio posterior donde se podría haber producido ese intercambio de pareceres. La función de los académicos (a la que nos prestamos por razones para mí desconocidas) a juicio de este señor y en general de los gobiernos, es escuchar acríticamente cómo nos cuentan lo mucho y bueno que están haciendo (y, en su caso, aplaudir más o menos fuerte). Me parece por ello un error, aunque se justifique por esa obsesión de que «como colectivo tenemos que pintar más» y para ello hay que acercarse a quienes mandan, dejar que se empleen congresos académicos para este tipo de actuaciones, por muy caro a nuestros políticos que sea aparecer por ahí y soltar su rollo.

De hecho, habría que empezar a cuestionar seriamente esta tendencia nuestra a buscar (¡porque los buscamos nosotros!) cargos y carguitos, tanto universitarios como políticos, para abrir cualquier congreso o jornadas. Yo he llegado a ver a vicerrector, vicedecano, director general autonómico y algún palmero más invitado a «inaugurar» una mesa redonda que duró menos que los discursos protocolarios. Y, sencillamente, no tiene sentido. Los actos académicos no ganan nada con estas apariciones «estelares» de todos los jefecillos. Si no hay más remedio, porque financian y se empeñan, pues se hace de tripas corazón y se pasa por el trago. Pero intentando que pase lo más rápido posible. Y evitando por encima de todo ser nosotros mismos los que invitemos (y, peor aún, luchemos por invitar) a esta gente que nada tiene que decir, ni pinta nada, ni aporta nada, a un debate académico.

Esta tendencia se ha inflitrado en nuestros usos universitarios hasta la médula. Todo lo usamos, si es posible, para agasajar un poquito (o un muchito) al poder y a ver si así cae algo. Por ejemplo, habría que empezar a revisar el formato tradicional generalizado en el franquismo de nuestras inauguraciones de curso académico, que paulatinamente fueron dando más y más presencia a los responsables políticos de turno en un acto que es esencialmente (y debería ser sólo) universitario. ¿Qué pinta un discurso de un presidente de la Comunidad Autónoma o de un Director General de Universidades ahí? A mí me parece muy bien que, si quieren y les interesa, como manifestación de respeto e interés institucional, vayan al acto. Que se les siente en primera fila, que se les trate como lo que son, representantes institucionales de primer nivel. Pero, ¿hablar? ¿Pelearse por abrir o cerrar el acto, por presidirlo? ¿Usar esto para soltar mítines? No, por favor. La inauguración de curso, como pasa en cualquier país civilizado normal, es una cosa que concierne a profesores y estudiantes. Y ellos son quienes deben hablar y protagonizarla. Esta tendencia a dejar que el poder lo infecte todo, quizás porque pensamos que gracias a eso podemos sacar provecho, habría que empezar a erradicarla. Y no es un tema meramente formal o de imagen. Porque, recordemos, de nuevo, que nada es gratis.

El caso es que las tendencias que se han generalizao desde la reinstauración de la democracia son las que son. Y cuesta mucho cambiarlas. Pero tienen muchos riesgos, muchos. Y conviene ser consciente de ellos. Compadrear con el poder es peligroso para la Universidad y para quienes trabajamos en ella. Al menos, lo es (peligroso, y mucho) para poder cumplir bien con esa función de control de la que hablábamos arriba. Deberíamos esforzarnos por separarnos lo más posible de sus ámbitos de influencia y hacer por nuestra cuenta todo lo que sea posible hacer sin recurrir a su dinero, su financiación, sus pompas y sus obras. Es mucho mejor. Desgraciadamente, esta idea está lejos de calar en los académicos españoles. Pensamos, por el contrario, que es mejor que actividades eminentemente universitarias sean «compartidas» o «acercadas» al poder y a la Administración sin ser conscientes todavía a estas alturas de los riesgos y costes que eso tiene. Por mencionar un último ejemplo, volviendo a la AEPDA, para cerrar este ya largo comentario, el próximo congreso de la asociación será el que sirva para celebrar su X aniversario. Y, como es tradición para las fechas señaladas en este país, la reunión se hará, cómo no, en Madrid (nada que oponer, la verdad, pues la AEPDA ha demostrado hasta la fecha, antes al contrario, un muy meritorio esfuerzo por dispersar geográficamente sus actividades)… pero además se organizará, según se nos ha anunciado, en colaboración con el INAP (Instituto Nacional de Administración Pública), un organismo público dependiente de la Administración del Estado. ¿Es necesaria esta colaboración? Evidentemente, no. Con las cuotas de los socios y lo que se paga por la inscripción se puede celebrar un congreso más que digno a buen seguro, aunque quizás con menos lujos y boato. Lujos y boato que ni siquiera son sólo de tipo económico, sino que tienen que ver también con intangibles como que absurdamente pensemos que es más «boato» y «digno» que organismos e instituiones «señeras» nos apadrinen. Pero es que el boato, de uno y otro tipo, es prescindible, por mucho que estemos en un aniversario bonito por redondo con eso de los diez años. Y mucho más importante es, en cambio, preservar la absoluta autonomía de la asociación, dado que una de sus grandes virtudes es esa estricta base privada tan poco habitual en España, de cualquier interferencia. Por mucho que a no pocos todo esto pueda parecer una cosa nimia, sólo simbólica, y a muchos dé la sensación de que hilar tan fino es no sólo absurdo sino contraproducente. Pero es que hay que hilar fino, muy fino, lo más fino que sea posible, con estas cosas. Porque, recuerden, nunca hemos de perder de vista que, en este mundo, nos guste o no… nada es gratis.

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