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Mi colaboración de la semana pasada con la edición de la Comunidad Valenciana de El País versó sobre un tema clásico pero que, desgraciadamente, hay que revisitar. Porque probablemente nada más tópico y ritual, desde un cierto punto de vista, que denunciar la situación de nuestro modelo público de escuela. Y es lamentable que, quizás, me temo, suene incliso tan obvia y evidente la queja como que nada hay que hacer para arreglar el problema. Que nada se puede hacer. Mientras tanto, la degradación continua. Y en la Comunidad Valencia, de manera acelerada (los ejemplos son numerosos y se suceden a toda velocidad, el último de ellos en forma de suelo público regalado de manera infame a los empresarios, y a la Iglesia, especializados en la enseñanza privada y concertada).
La escuela pública no sólo es mejor y esencial para construir una sociedad más justa, más igualitaria y más eficiente, por mucho que las dinámicas sociales de los últimos años nos cieguen y nos hagan no darnos cuenta. Es, además, la única que permite que poco a poco una sociedad avance y se desarrolle, alcance cuotas de libertad y de pluralismo modernas y, además, logre, aunque sea en parte, igualar las oportunidades de todos. Que algo va mal en España, mucho peor que en otros países, se ve, mejor que en ningún otro sitio, en lo mal que va la escuela pública en España. Porque la educación pública no sólo es mejor, más importante y a medio y largo plazo más eficiente. Es que, si se me permite copiar la broma de un profesor de mi Facultad, es algo más. Es la única y verdadera.
Mientras no seamos plenamente conscientes de ello las cosas no mejorarán. Pero no basta ser consciente. Porque, a día de hoy, me temo, creo que casi todos lo somos. Hay, además, que rebelarse contra el sentimiento de que, aunque la cosa dé vergüenza ajena y propia, como uno solo nada puede hacer, lo mejor es seguir la corriente general y buscar, dentro del desastre, salvar a tu familia y a tus hijos. La triste realidad española es que todo el mundo, con muy contadas excepciones, es consciente del suicidio colectivo que supone fomentar que con dinero público, de todos, se incentive la enseñanza privada. Pero las clases medias, e incluso las bajas, a pesar de ser conscientes de ello, plenamente conscientes, y de sentir vergüenza por participar en el juego, piensan que el tema no tiene arreglo. Y que, por ello, lo que hay que hacer es tratar de minimizar problemas dentro de ese contexto y, si se puede, lograr que sea a ellos y a sus hijos a quienes el Estado financie, en lugar de una escuela pública de calidad e integradora (quimera a la que se renuncia por imposible), una escuela privada, pagada por todos, pero que excluya a las clases sociales más desfavorecidas. Así el niño va con las monjitas, pero sin pagar, como si esto fuera un público. Pero sin moros, ni gitanos, ni inmigrantes (o con muy poquitos, y muy seleccionados) gracias a unos apaños infames que entre todos consentimos y alentamos. El hecho de que a nadie se le escape lo asqueroso del modelo que construimos y que a pesar de eso tenga la fuerza que tiene hace que la cosa sea más deprimente si cabe.
En fin, que allá va lo que escribí. Sin mucha esperanza de que a corto plazo vayamos a asistir a un cambio, pero con la convicción de que, al menos, hay que decir estas cosas en voz alta a ir tratando de ayudar a que cambien.
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Ha sido noticia el hecho de que un juez, por primera vez en España, haya rechazado la acción ejecutiva instada por una entidad de crédito para recuperar el importe de un préstamo hipotecario y que, además, la Audiencia Provincial haya avalado tal decisión en lugar de revocarla. La idea en que se basa tan insólita (en nuestro país), por presumiblemente ilegal, es que, dado que una hipoteca constituye una garantía real sobre un bien, si el valor del mismo, de acuerdo con la apreciación libre de ambas partes, es superior al del préstamo, no sería justo que el deudor no quedara liberado, en caso de tener problemas económicos para saldar la deuda, haciendo entrega del bien. Por suesto, la dación en pago es posible en España en algunos negocios jurídicos, y además es absolutamente lógica en un contexto de verdadero préstamo con base en una garantía real. Ahora bien, los préstamos hipotecarios en España nunca han sido, de acuerdo con la legislación vigente (y tradicional) créditos de esta naturaleza, a diferencia de lo que ocurre en muchos países de nuestro entorno (tan diferentes como Estados Unidos o Francia).
La injusticia que puede suponer tener una hipoteca, ir pagándola y que, si en un momento tienes un problema y dejas de poder pagar, el banco se quede con la casa y tú pierdas todo lo metido en ella pero, además, que ni así sirva para saldar la deuda, que seguirá obligándote a ti (y a tus posibles avalistas) muchas veces de por vida (pues los intereses en estos casos son tantos que es frecuente que, si la deuda es importante, sólo los intereses crezcan anualmente a un ritmo superior a la capacidad de devolución de un individuo medio), es algo que ya existía antes de la crisis. Quienes nos dedicamos al Derecho tenemos, desgraciadamente, la experiencia de haber visto muchos casos sangramtes, propiciados no pocas veces por el nulo interés del banco acreedor en vender los bienes a un precio digno (¡nosotros no somos inmobiliarias y lo que queremos es sacarnos de encima el piso!, te dicen; pero también es verdad que no tienen el más mínimo incentivo para tratar de sacar un buen precio por el bien, ya que si no lo hacen y subsiste parte de la deuda tendrán entrampados de por vida, y dependientes, casi como si fueran siervos de la gleba, del banco, a los deudores y avalistas). Otras circunstancias concurren, o pueden hacerlo, en la extrema dificultad de que este tipo de pisos se vendan a un precio justo, dejando a los deudores, muchas veces, con cara de tontos o, directamente de estafados. Por ejemplo, la impresentable complacencia judicial con la forma y manera en que se desarrollan muchas subastas y las mafias de «cuervos» que las controlan. Mal que hemos sido incapaces de erradicar. Por supuesto, un contexto recesivo como el actual, además, aumenta mucho las probabilidades de que, al haberse depreciado el bien, el problema se agrave. Pero aunque la crisis económica ha multiplicado el problema, ha hecho que afecta a cada vez más gente y ha puesto sobre la mesa y en el debate público las injusticias de este sistema hay que tener en cuenta que los dramas ya existían antes. Cualquier abogado con sensibilidad les podrá contar una buena colección.
Resulta evidente que este modelo de deuda hipotecaria, dicen sus defensores, facilita el acceso al crédito y, probablemente, baja los tipos de interés en el mercado (dado que las entidades de crédito saben que en la devolución del bien pueden esperar el concurso de todo el patrimonio futuro del deudor y de los posibles avalistas, ello elimina riesgo en la operación de conceder hipotecas y hay que pensar que eso hace que el mercado facilite, por un lado, y favorezca, por otro, el crédito). Al menos, así debiera ser. Aunque las reglas de mercado poco tienen que ver con la realidad del capitalismo que tenemos en estos momentos en Occidente. De hecho, no acaba de ser cierto que la existencia de la dación en pago en EE.UU. frenara muchas hipotecas. Tampoco el blindaje que tienen en España las entidades financieras las ha hecho más generosas en los tipos de interés que fijaban que las entidades francesas (más intervenidas públicamente en esto, y sorprendentemente, a juicio de muchos economistas, ofreciendo mejores alternativas a sus clientes). Todo lo cual hace que cada vez seamos más en España los que creemos que estaría bien tener un sistema más parecido al de otros países. ¡Ya que no tenemos ventajas propias de nuestro especial sistema de supervisión y del descontrol en que vive el sector, al menos no acumulemos garantías para la banca adicionales, que en otros países no existen! Incluso algunos gobiernos, como el catalán, ya se ha apuntado a este carro.
El caso es que, de forma manifiestamente contraria a la legislación vigente, el órgano jurisdiccional navarro referido ha publicado el Auto que transcribimos avalando estas tesis. Les recomendamos la lectura de la resolución, porque es sencilla, ligera y corta. Y explica con mucha claridad el cómo y el por qué de su decisión. Nosotros vamos, además, a resaltar en negrita los argumentos esenciales, que podrán comprobar que tienen en realidad poco de jurídicos, y que demuestran, más allá de la justicia última de la posición defendida, la deriva iusnaturalista en que están embarcados los jueces españoles. Porque es significativo que un juz se permita, en contra de lo que disponen las previsiones de la Ley Hipotecaria y el propio contrato que las partes, en uso de la autonomía de la voluntad de ambas y en ejercicio de la libertad de pactos que tienen, habían suscrito y que plasmaba la tradición jurídica española en la materia: esto es, que una hipotética entrega del bien sólo saldaba la deuda si la venta del mismo permitía liquidarla. Es por ello sumamente revelador que los argumentos no sean, como podrá comprobarse, legales. No hay apelación alguna a artículo o texto legal, más allá de una invocación del art. 3 del Código civil, que obliga a interpretar las normas de modo coherente al sentir de los tiempos. Nada más. El resto son consideraciones de justicia material que, aunque comparto plenamente, creo que no corresponde hacer a un juez sino al legislador
Lo que se empezó a hacer, por medio de un Decreto-ley, en mitad del Mundial de Fútbol del pasado verano, se ha completado en este inicio de 2011, según ha anunciado la Minstra de Economía Elena Salgado esta tarde en rueda de prensa. Ignoramos cómo se plasmará la reforma, pero no es arriegado que de nuevo tendrmeos un Decreto-ley, que es la nueva forma «ordinaria» de legislar». Esperaremos al viernes, en cualquier caso, a ver qué dice el Consejo de Ministros. Lo importante, de todos modos, no es eso. Lo importante es que ya se ha culminado el derribo de las Cajas de Ahorros su puesta a diposición de la banca privada, aprovechando la sensación de que para afrontar la crisis hay que hacer «lo que sea».
Lo que sea, en este caso, se resume en los siguientes pasos, claramente dirigidos a acabar con las Cajas de Ahorros y que ya estaban perfectamente esbozados en los cambios que se introdujeron el verano pasado, que conducían inexorablemente hacia donde conducían, por mucho que nos dijeran que no, que no tenían la intención de acabar con el modelo de entidades financieras públicas que hemos venido construyendo desde hace siglo y medio:
– obligar a las cajas de ahorros a fusionarse para diluir el control regional sobre las mismas y ponerlas en manos de los dos grandes partidos políticos de ámbito nacional, que tienen muy claro que no quieren poner palos en las ruedas al proceso, a diferencia de lo que ocurre con algunos de sus miembros «de provincias» (primer paso ya conseguido a lo largo de 2010 con amenazas de intervención del Banco de España y con el caramelito del dinero del FROB puesto ahí para facilitar liquidez en momentos como éstos, de contracción del circulante);
– incrementar repentinamente las exigencia de solvencia, con la excusa de la crisis, de la desconfianza de los mercados y de Basilea III (que no es tan exigente, y que además da un plazo de adaptación mayor), yendo más allá de lo que se pide a España desde fuera y completándolo, en una vuelta de tuerca asombrosa, según ha explicado hoy en rueda de prensa la Ministra Salgado, con la retorsión, incluso, de exigir más cobertura a las Cajas que a los Bancos y, en concreto, anunciando que serán si cabe más exigentes con las Cajas que «voluntariamente» no se transformen en bancos (la razones de esta exigencia adicional es que, como no están sometidas al escrutino de los mercados, al no cotizar, hay que ser más cuidadosos con ellas… ¡pero no habíamos quedado en que el Banco de España era el mejor supervisor del mundo!, ¡pero no se suponía que los mercados eran irracionales, como cuando atacan la deuda española!, pues no, ahora va y resulta que a las Cajas les metemos más caña que a sus homólogos privados por estar menos expuestas a sus vaivenes, dicen; en la práctica esto servirá para señalar a las cajas como insolventes y a los bancos como una maravilla);
– tras este inopinado incremento de las exigencias por parte del regulador, que lógicamente provoca una tensión adicional en un momento en que la crisis ha hecho que la gestión de cualquier entidad financiera sea muy complicada y ajustada a los límites y márgenes de maniobra (como les pasa a los gobiernos y los límites de déficit, por ejemplo; o a todos nosotros con el presupuesto familiar en un momento de recortes: el colchón de seguridad es menor), el Gobierno declara tajantemente que quien no cumplan estas normas sobrevenidas es que está en situación de insolvencia y, por ello, habrá de ser intervenido, rescatado:- se anuncian unos meses de plazo para ajustar (pero ese ajuste será muy difícil, por no decir imposible en muchos casos, debido a lo que hemos explicado sobre el colchón) las cuentas a las nuevas normas, pero si no se logra en septiembre el Gobierno, sencillamente, nacionalizará las cajas para «sanearlas»;
– vamos, que aquellas Cajas que no se rindan directamente desde un primer momento aceptando ellas mismas convertirse en corderitos bancarios prestos a ser engullidos (que alguna habrá, dado que ahora están ya más que nunca controladas directamente por los partidos estatales) tendrán muchos problemas para justificar ante la opinión pública su solvencia y enormes dificultades, en este contexto recesivo, para incrementar el mínimo de capital exigido hasta el 8% (y el extra anunciado para las Cajas, que no se sabe cuál será), con lo que vamos a asistir a una mortandad brutal;
– el Gobierno meterá dinero en las Cajas, dinero público, dinero de todos, y a continuación (¿alguien lo duda?) las venderá a la banca española, previsiblemente a precio de saldo, alegando que las Cajas están en una situación pésima y que casi nos están haciendo un favor al quitárnoslas de encima; a esto lo está llamando la peña «nacionalización» (algo curioso, porque las Cajas ya son sector público) cuando es una mera inyección de capital destinada, simplemente, a hacer más digerible el bocado.
Y ya está. De golpe y porrazo, el sector bancario español se habrá zampado, como lleva 3 décadas pretendiendo hacer (eso sí, siempre esparando para lograrlo contar con la ayuda del legislador y del gobierno, dado que no ha habido manera de expulsarlas del mercado a base de ofrecer mejor servicio y de dar más ventajas a sus clientes, ¡a pesar de las constantes críticas a la ineficiente gestión de las Cajas!, -una sorprendente ineficiencia que les permitía, increíblemente, competir de tú a tú con «la banca más solvente del mundo») a las Cajas de Ahorro, que representan la mitad del sector financiero español, y, además, la mitad más próxima y cercana a la sociedad, a los pequeños ahorradores y, por cierto, las únicas entidades gestionadas desde la periferia y desde núcleos de población no centrales.
Traigo aquí parte de las reflexiones de julio pasado, que como el Mundial lo ocupaba todo, seguro que pasaron inadvertidas, pero que son de plena actualidad, en las que trataba de explicar las razones por las que esto, por mucho que nos digan, no es algo bueno:
¿Por qué es grave que algo así ocurra? Pues al margen de la ausencia de debate, de la espectacular silenciación de cualquier oposición por parte de una prensa española que tiene bien claro quién manda, de la manera en que poco a poco, esos mismos dueños del país han acabado logrando convencer a las elites políticas y funcionariales de que cedan también en su resistencia, de la manera en que se aprueba la norma, del momento elegido… al margen de todo eso, porque las razones de fondo para cambiar el modelo de Cajas de Ahorro no se sostienen. Voy a tratar de trazar una serie de puntos, señalados a vuelapluma y enunciados de modo necesariamente breve, por lo que esto es así. Espero se me disculpe la concisión en cada una de las razones:
En primer lugar porque las Cajas de Ahorro, contra la línea de opinión dominante, han jugado un importantísimo papel en este país y han funcionado moderadamente bien, satisfactoriamente. Son rentables, ganan dinero y están gestionadas de modo más que competente. De hecho, ésa es la razón por la que la gran banca desea cargárselas como competencia y comérselas para quedarse con sus clientes (que se han ganado compitiendo en buena lid en el mercado). Si fueran un desastre no necesitarían ayuda pública, vía una norma que se las ofrece en bandeja, para liquidarlas por medio de su mejor acción en el mercado.
En segundo lugar, porque la tan criticada influencia política en las mismas, que es innegable, no ha generado, si miramos el mapa global del sector, una peor gestión que la que se ha realizado siguiendo criterios puramente “empresariales”. De hecho, si miramos a la historia de los últimos 40 años, y también a la actual crisis, los pufos más espectaculares los han protagonizado, en general, en España, bancos más que Cajas de Ahorro. Otra cosa es que las medidas del Banco de España tengan todo este asunto en el armario y que, de momento, la “entidad supervisora” esté escondiendo las vergüenzas del secrtor (y las suyas propias) tras una sucesión de normas impresentables que permiten no actualizar balances. Eso sí, toda esa “comprensión” con el sector privado se torna exigencia radical cuando miramos a las Cajas, a las que han obligado a fusionar para centralizar en Madrid todo el poder económico posible (el caso de la fusión entre Bancaja y Cajamadrid es probablemente uno de los ejemplos más escandalosos de cómo funcionan las cosas en este país) y están ahora conduciendo con descaro al matadero para que BBVA y Santander se las vayan quedando en un futuro no muy lejano.
En tercer lugar, porque, como es obvio, si las Cajas dedican sus beneficios a pagar dividendos habrá mucha menos obra social. Y la obra social de las Cajas ha sido muy importante en este país. Unas instituciones que revertían en la sociedad de donde extraían sus beneficios gran parte de éstos pasarán a funcionar con una lógica estrictamente capitalista. Se supone, sí, que por esos dividendos que reciban los inversores los ciudadanos obtendremos una parte, vía impuestos. Dado cómo está el asunto de las SICAV y, en general, la imposición a las rentas de capital, la cosa es para ponerse a llorar. En todo caso, y dado que la obra social de las Cajas, además de para cosas interesantes, sirve para pagar favores, uno tiene la esperanza de que, al menos, esto conlleve ciertas estrecheces al sector de artistas y Familia Real especializados en vivir de estos dineros. Pero no caerá esa breva. La obra social que primero desaparecerá será la otra.
En cuarto lugar, porque las Cajas han nacido y crecido con el esfuerzo de clientes, impositores, gestores y, en general, sociedad civil. Que ahora se permita que se regale por cuatro duros todo este patrimonio público acumulado al sector privado no tiene nombre. O sí. En cualquier caso, a la vista de la ausencia total de preocupación ciudadana porque este robo a plena luz del día se consume, cuando no el apoyo entusiasta a que se las queden los bancos “para que desaparezcan los chupópteros” (a la vista está que, en estos tiempos, al ciudadano no se la hace posible imaginar que haya chupópteros que viven de nuestro dinero en el sector privado), hay que concluir que es la propia sociedad civil la que parece encantada con regalar su patrimonio.
En quinto lugar, porque el sector financiero funciona mejor con Cajas de Ahorro que sin ellas. La experiencia comparada lo demuestra sin dificultades. Países de la situación, talla y músculo financiero de España sin cajas de ahorro hay pocos, porque es un coste que no se puede uno permitir. En nuestro país, su función de “pequeña banca de proximidad”, que recoge el ahorro privado de muchos ciudadanos y luego lo pone en el mercado del crédito ha sido básica debido a las dificultades de nuestra banca para acceder al mercado del crédito interbancario a tipos de interés asequibles. De hecho, parte de la crisis económica y financiera actual se debe a que, debido a las presiones sufridas por las Cajas en los últimos años, éstas han actuado cada vez más como la banca tradicional, abandonando (en parte) ese negocio de proximidad tradicional. En cuanto han venido mal dadas, eso ha drenado el crédito y los riesgos excesivos han impedido que funcionara el lubricamente para la pequeña y mediana inversión que suponía esa tradicional captación de capitales que hacían las Cajas.
Y, en sexto lugar, porque este proceso, además, fomenta la concentración en el sector financiero. Y a la vista está (tenemos, de hecho, experiencias recientes) que las bancas y cajas que tanto en España como en el mundo, en general, mejor se han comportado, han sido las pequeñas y medianas, mientras que las grandes se han apalancado que da gusto y han pasado (y pasan) por dificultades mucho mayores (eso sí, socorridas con dinero público si es preciso por eso de que son “demasiado grandes para caer”). Por no hablar de la diferente afección al sistema que supone que quiebre alguna entidad pequeña que el que lo haga una grande, que debiera llevar a la conclusión de que es más sano un entorno con diversas entidades medianas que otro con un par de mastodontes. Llama la atención hasta qué punto las leyes sagradas del capitalismo (fomentar la competencia entre los diversos actores del mercado, por un lado; y no poner todos los huevos en la misma cesta, por otro) son normas que el consenso de sabios dedicados a esto de la regulación del sector financiero entiende que no han de aplicarse, precisamente, al propio sector.
Pues ya está. Se acabó. Adiós a las Cajas. Ya veremos quién, cómo y a qué precio se las quedan. Y cuánto tardan. Pero la partida ha terminado. Game over. – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
P.S.: En el texto anteriormente enlazado y en parte reproducido de julio del año pasado se inició un muy interesante debate sobre el comentario que realicé y la situación de las Cajas. No he cambiado sustancialmente de opinión y, de hecho, creo que la evolución de los acontecimientos demuestra que muchos de, por no decir todos, los recelos expresados en julio tenían mucho sentido. Pero ello no quita para que en los comentarios se pusieran de manifiesto objeciones muy interesantes y se generara un debate que, aprovechando que el tema vuelve a estar de actualidad, les recomiendo que relean porque, de verdad, vale la pena. También, por cierto, porque hubo quien aportó información muy interesante con evidente conocimiento de lo que estaba hablando. Ya digo, les recomiendo que repasen los comentarios.
Es sabido que en este blog tenemos una opinión muy clara respecto de todos los movimientos en torno a la llamada ley Sinde, de la que hemos hablado en alguna ocasión. La última hace apenas dos semanas, para no dejarnos llevar por el entusiasmo por su fracaso en el Congreso, conscientes de que sería debidamente resucitada. Como acaba de ocurrir. La noticia de hoy es el pacto PP-PSOE, que esperemos que deje tranquilos a cineastas, tipos de la ceja, entidades de derechos de autor, amigos de la ministra y embajada de los Estados Unidos. Ahora bien, precisamente porque ya hemos hablado largo y tendido del tema parece innecesario extendernos en exceso sobre el tema. Recordemos, simplemente, algunas obviedades (como han hecho en otras ocasiones colegas que saben mucho de esto):
– es una norma absurda por su evidente inutilidad, no logrará nada de lo que pretende conseguir,como sabe todo el mundo, empezando por sus promotores;
– es de una técnica jurídica nefasta y de muy dudosa constitucionalidad (es más, repite un esquema de acción administrativa con posterior control judicial limitado que sólo formalmente podemos entender que respeta el principio de control judicial y que repite, paradójicamente, el esquema de funcionamiento de la denostada ley Fraga de prensa e imprenta de 1966);
– convierte a la Administración en sorpredente agente de protección de unos derechos privados que pasan a estar hiper-privilegiados, algo que no se acaba de entender porque ni son los únicos que tenemos los ciudadanos (aunque algunos ciudadanos más que otros) ni son los más importantes;
– demuestra no tener la más mínima idea de cúales son los reales problemas de la propiedad intelectual en el mundo de hoy.
Más o menos las cosas se aprobarán como estaban previstas después de las primeras rectificaciones. El órgano administartivo que retirará enlaces y contenidos de las webs, o incluso las cerrará, deberá contar con permiso del juez, que revisará sumariamente su pretensión, antes de actuar. Todo muy rápido y muy centrado en la acción ejecutiva. Como novedad se añade una farragosa intervención previa del juez para que el órgano gubernamental pueda acceder a ciertos datos. Nada demasiado eficaz, ni que vaya a resolver los problemas. Y, si no, al tiempo. Por lo demás, insisto, la constitucionalidad formal del procedimiento no puede hacer olvidar que materialmente se está desapoderando al juez de una competencia que constitucionalmente es suya.
Tampoco podemos olvidar que, además, muchos jueces están interpretando que las normas actuales hacen que un enlace no sea en sí mismo, no pueda ser, ilícito. Parece que la nueva norma está pensada para puentearlos y, de hecho, introduce una previsión en la LSSCI para que a partir de ahora una violación a la propiedad intelectual sí lo sea, en cualquier caso, y permita la retirada de la web. Vamos, que cuando los jueces interpretan la norma de una forma que no gusta, se hacen dos cosas:
– intentar eliminar a los jueces de la ecuación, acudiendo a un nuevo órgano administrativo;
– se cambia la norma para que la interpretación tenga que sea a partir de ahora otra.
Nada nuevo bajo el sol. Para eso está el legislador, para cambiar las normas que no le gustan. O que no le gusta cómo aplican los jueces. El problema, en nuestro caso, es triple:
1. Que puede que ese desapoderamiento material del juez no sea muy constitucional. No sé si me entienden.
2. Que puede que criminalizar un enlace, una mera puesta en conocimiento de información diponible en la red, no sea muy constitucional. Ni entienda bien qué es Internet. Ni, por cierto, sea muy tranquilizador. Porque se empieza así para proteger la propiedad intelectual y supongo que en breve se podrá apelar a este precedente para obligar a eliminar todo tipo de enlaces a contenidos nocivos, malos, chungos, ilícitos, inmorales, peligrosos, etc.
3. Que, por encima de todo, repitámoslo una vez, la norma es estúpida, inútil, inservible. No se van a resolver así los problemas de la propiedad intelectual.
El texto de la norma pactada por PP y PSOE en el Congreso incorpora como novedad una chorrada adicional: la obligación de modificar la regulación del canon. Vamos, que incluye, en plan tomadura de pelo a la comunidad internauta de cara a la galería, el compromiso de reformar el absurdo canon español. Es decir, lo que ya está obligado a hacer el legislador español como consecuencia de una reciente sentencia. ¡Ya podrían haber trabajado un poco y haber pactado una reforma de mínimos muy obvia que cuesta 5 minutos plasmar en la norma (que las administraciones no paguen canon, que no lo paguen las escuelas, institutos y universidades, que no se pague por soportes usados normalmente para actividades ajenas a la copia…. todo eso para empezar y como mínimo, sin necesidad de hacer una reforma más ambiciosa y que cambiara radicalmente el actual modelo de canon, que es lo que toca)! En fin, que en este otro frente también se anuncian decepciones futuras. Así son las cosas.
PS: No comento nada sobre el show protagonizado durante la última semana por los bloggers que se han convertido en portavoces oficiosos de la comunidad internauta, no se sabe muy bien cómo. Sí recomiendo que se lean la historia, porque es valleinclanesca y demuestra hasta dónde llega el ego de quienes pintan algo en nuestro país, ya sea como ministros, ya como gurús de la Internet. Pero no merece la pena comentar mucho más porque ellos son los primeros que han podido descubrir en sus carnes de cómo se las gastan los políticos y los señores que tienen acceso al Boletín Oficial del Estado. De todos modos, el episodio demuestra que este país tiene sus cosas de verbena. Y que Álex de la Iglesia es un tío listo que ha logrado que empiece cambiar la imagen del sector y, a lo mejor, hasta es responsable del inicio de un cambio que les haga entender la realidad y enfrentarse a ella mejor equipados. De momento, en un gesto teatral que realza más todavía su figura, anuncia que dimite en desacuerdo con la ley.
Us deixe el vídeo de la meua intervenció en la mesa redona de dimarts de la que ja hem parlat.
Esta tarde, a partir de las 19.30, en el Club diario Levante de Valencia, participo en una mesa redonda organizada por la Asociación Ciudadanía y Comunicación (ACICOM) sobre Wikileaks, el derecho a la información y el Poder, cuyos responsables ha tenido la amabilidad de invitarme. Como el tema es importante, y una de las asignaturas pendientes (una de las muchas asignaturas pendientes) de este blog, a ver si logro grabar mi intervención y, a partir de la misma, hilvanar unas ideas sobre cuáles me parece que son las claves jurídicas de todo lo que está pasando más allá de una serie de consideraciones político-sociales muy obvias, especialmente lacerantes en lo referido a nuestro país que ya puso de manifiesto Guillermo López recientemente.
Muy sintéticamente, a mi juicio, el affaire Wikileaks revela:
1. Importantes tensiones entre los paradigmas clásicos en materia de libertad de expresión y las nuevas tendencias restrictivas amparadas en la idea de seguridad nacional. Idea (o excusa), en el fondo, muy vieja. Pero que parece haber recobrado de unos años a esta parte una inusitada vigencia. Este primer punto no deja de ser, por ello, un clásico.
2. La necesidad de adaptar nuestro esquema de intervención jurídica a una nueva realidad, Internet, y a las actividades que se desarrollan en ella. En concreto, Wikileaks, ¿merece en Estados Unidos y en el resto de países que puedan estar afectados, como España, la consideración y la protección que un medio de comunicación tradicional? ¿Le protege la primera enmienda de la Constitución americana? ¿Se puede amparar en el art. 20 CE con todas sus consecuencias, incluyendo la invocación del secreto profesional para no revelar fuentes? Resulta obvio que la importancia de la función cívica y social que puedan realizar organizaciones como ésta requiere de un aggiornamiento de lo que consideramos jurídicamente digno de ser protegido por estos instrumentos que tradicionalmente amparaban a periodistas. Para lo que conviene no perder de vista qué es lo que, en el fondo, han tratado siempre de proteger estas normas. Que no era a una profesión. Sino las condiciones sociales que permitían garantizar que la información circularía, que se protegería a quien la suministrara, como condición imprescindible para garantizar el pluralismo en una sociedad democrática.
3. Jurídicamente, por supuesto, algo se ha de decir sobre la necesidad no sólo de proteger las profesiones o actividades que hacen de la cosa pública algo más transparente sino, como es obvio, y también, en un Estado de Derecho avanzado, de las normas públicas que obligan al propio Estado, a las propias Administraciones públicas, a ser más transparentes. Algo en lo que España desempeña desde hace años un tristísimo papel. La pretensión del Gobierno Zapatero, cuando llegó al poder, de aprobar una serie de leyes para mejorar las cosas en este aspecto ha acabado en nada y los anteproyectos que se prepararon duermen el sueño de los justos.
4. Junto a la transparencia pública, hay también que evaluar qué pueden significar Internet y una sociedad, perdonen la cursilada à la mode, 2.0 en esto de lograr una mayor transparencia y participación ciudadana en la cosa pública. En la medida en que, como es obvio, la potencia comunicativa de un instrumento que convierte a todos en potenciales emisores, no sólo receptores, de información, es enorme, conviene estar especialmente vigilantes ante posibles riesgos de cercenación injustificada de esta capacidad. Y es importante, por ello, sospechar de todas aquellas derivas que, con la pretensión aparente de proteger bienes muy preciados por todos (nuestras intimidad, por ejemplo, en forma de datos personales, o a los menores, etc.), desembocan en ejercicios de poder con repercusiones sorpredentes (recuerdo ahora, por ejemplo, a la Agencia de Protección de Datos sancionando a un sindicato por poner en su páginas web una cosa tan pública ¡como una sentencia judicial que condenaba a una empresa por prácticas contra la libertad sindical!).
5. Por último, me parece muy relevante destacar, en un plano quizás ya metajurídico, que con ser cierto que en España falta transparencia pública e información oficial, lo cierto es que hay mucha más de la que creemos y de la que se aprovecha. La gran carencia de este país no es tanto que no haya información o que ésta no se filtre como que no hay cultura de la indagación en los datos que sí se tienen. Una sociedad 2.0 evolucionada, en España, no será tanto la que logre que aparezcan muchos más datos de los que hay ahora en circulación, sino una sociedad civil activa, crítica y consciente, con colectivos y personas que analicen en serio los datos ya públicos que hoy día hay por cientos de miles. Y que logren, a partir de esa información, movilizarnos y hacer que nos demos cuenta de muchas cosas.
Son reflexiones, ya digo, muy sumarias y necesitadas de desarrollo. A ver si esta tarde, entre todos, les vamos dando más cuerpo.
Por supuesto, y como es evidente, están todos Ustedes invitados a pasarse esta tarde, en apenas dos horitas, por el Club Diario Levante.
Al parecer, concluido el plazo de la prórroga pedida por el Gobierno y concedida por el Congreso de los diputados, se ha estimado por parte de nuestros gobernantes que ya no había más que rascar en este tema y lo han dejado morir con más pena que gloria. Lo que, a mi juicio, la verdad, es un gran éxito. Pensaba que iban a tener más problemas para resolver el entuerto en que andaban metidos. Pero no. Simplemente ha acabado la prórroga, han dejado decaer la emergencia y han publicado un Real Decreto devolviendo el control aéreo a Fomento y dejando que Defensa vuelva a sus tareas ordinarias, sean éstas las que sean.
Bien está. La verdad es que personalmente andaba convencido que la manifiesta desproporción que anidaba en la declaración de la alarma para resolver este conflicto y los tics autoritarios que esbozaba iba a generar un «problema de salida». Es decir, dudas y dificultades para decidir cómo y cuándo acabar con el tema sin suscitar más problemas. Resulta obvio, a estas alturas, que me equivoqué de medio a medio. La propia irrelevancia material de la situación ha conseguido que, Navidades mediante, nos hayamos olvidado colectivamente del tema. Y eso ha permitido liquidar el asunto sin más (aparentes) conflictos ni desgaste. Circulen. No hay nada que ver.
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