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Bermejo ya no es Ministro de Justicia y, más allá de las diferentes opiniones que puedan albergarse sobre si, en la política española, dimitir es o no políticamente rentable a efectos de capear ciertos escándalos, es evidente que habrá pocas personas que sientan que la dimisión (o cese) de Bermejo es una reacción exagerada desde el estricto plano de la ética pública. Porque la actuación del ya ex-Ministro era, además de un ejemplo de temeridad política, manifiestamente impresentable.
Con todo, llama la atención hasta qué punto en España hay una enorme tolerancia con lo que podríamos llamar corrupción de baja intensidad, pues lo que ha puesto en el disparadero a Bermejo y ha propiciado su dimisión ha sido, esencialmente, que se fuera de caza con Garzón en vez de con personajes menos relacionados con actuales procesos de investigación judicial en curso, que lo hiciera sin licencia, que pretendiera aducir un error geográfico para excusar su falta y, más en general, la forma en que ha venido gestionando los diversos conflictos relacionados con la Administración de Justicia desde el Ministerio y muy particularmente su peculiar carácter y su bravuconería, que desembocaron en la primera huelga de jueces de la historia de España.
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Hui, a Gandia, tinc una conferència sobre «El trànsit d’un model de contractació centrat en les Administracions Públiques a una llei de contractes per a tot el Sector Públic» (El tránsito de un modelo de contratación centrado en las Administraciones Públicas a una ley de contratos para todo el Sector Público).
La conferència forma part d’un Seminari sobre la Llei del sòl i la Llei de Contractes del Sector Públic, que tindrà lloc, al llarg de tot el dia, al Centre Internacional de Gandia de la Universidad de Valencia i ha estat organitzada amb la col·laboració del Col·legi d’Advocats de València.
Anem a aprofitar per a fer proves tecnològiques i tractar d’oferir el vídeo de la confèrencia amb emissió en directe a les 9.00h i, després, gravació de la xerrada (disculpeu que hi haja publicitat, però és el cost de que siga un servei d’emissió en directe totalment de bades!):
Presentació per a seguir la intervenció
El vídeo és en valència perquè no tenia sentit anar a Gandia, on tothom parla valencià, i fer la intervenció en castellà. Per aquesta mateixa raó, per a que ningú no s’enganye, està escrita aquesta entrada, també, en valencià. Si algú té interés en sentir la conferència en castellà, ja sap que haurà d’esperar a que algú em torne a convidar a parlar sobre aquesta mateixa qüestió en un altre àmbit!
Per altra banda, disculpeu les mancances en matèria de qualitat de la gravació/emissió. Com és evident, està tot pres, no hi havia altra solució, des del meu ordinador i amb un plànol fixe i molt proper. Però tot i això, la gràcia és la facilitat amb la qual, ara per ara, es pot emetre en directe una xerrada, conferència o, fins i tot, si volem, una classe.
Está ya en la calle el nº2 de El Cronista del Estado Social y Democrático de Derecho. Dejo un enlace al índice de la revista y copio los contenidos:
Sumario del número 2
RAMÓN FALCÓN Y TELLA | El Guantánamo tributario: una reflexión crítica sobre algunas medidas recientes y sobre la situación actual del sistema fiscal |
MARC CARRILLO | La libertad de expresión de los Reyes |
IGNACIO RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ | Demolición por delito: el restablecimiento de la legalidad urbanística en la vía penal |
ANTONIO ÁLVAREZ DEL CUVILLO | La regulación de las migraciones laborales en tiempos de crisis |
MIGUEL C. RODRÍGUEZ-PIÑERO ROYO | La huelga de los jueces |
LUCIANO VANDELLI | Anatomía y fisiología de las instituciones públicas |
JAVIER GARCÍA FERNÁNDEZ | ¿Es necesaria una nueva Ley del Patrimonio Histórico Español? |
FERNANDO REINOSO-BARBERO | Ubi ius romanum, ibi Europa |
SANTIAGO MUÑOZ MACHADO | Riofrío – II |
Desde que en diciembre pasado diera cuenta de la aparición del nº 0 de El Cronista del Estado Social y Democrático de Derecho, ha aparecido ya el primer número de la publicación iniciando su andadura definitiva. Dejo un enlace al índice y a ver si a lo largo del fin de semana tengo ocasión de comentar algo sobre los contenidos de estos primeros números.
Sumario del número 1
RAFAEL NAVARRO-VALLS | La “cuestión religiosa” en las elecciones presidenciales americanas |
JOSÉ MANUEL PÉREZ-PRENDES | Árbol de odio |
A. W. BRADLEY | Relaciones entre ejecutivo, judicial y Parlamento: ¿alguna evolución? |
PABLO SALVADOR CODERCH y ANTONI RUBÍ PUIG |
Negación de genocidio y libertad de expresión |
ANDRÉS DE LA OLIVA SANTOS | Apertura y cierre de una “causa general” (La instrucción del Juzgado Central n.º 5 sobre desapariciones forzadas y “alzamiento nacional”) |
ALICIA GIL GIL | Los niños perdidos del franquismo |
ENRIQUE ANARTE BORRALLO | Mnemósine ante Némesis |
MASSIMO FRANZONI | Los viejos y los nuevos derechos en la sociedad cambiante |
SANTIAGO MUÑOZ MACHADO | Riofrío – I |
Sumario del número 0
SANTIAGO MUÑOZ MACHADO | El Cronista (del Estado Social y Democrático de Derecho): idea y propósitos. |
LUIS ENRIQUE DE LA VILLA GIL | El patrimonio sindical |
MANUEL OLIVENCIA | Los Códigos de Buen Gobierno: valoración |
MANUEL CLAVERO ARÉVALO | Uniformismo y singularidad histórica en el Estado autonómico |
TOMÁS-RAMÓN FERNÁNDEZ | De la banalidad a la incoherencia y la arbitrariedad. Una crónica sobre el proceso, al parecer imparable, de degradación de la Ley |
MANUEL ATIENZA y FRANCISCO LAPORTA |
Diálogo sobre el imperio de la ley y constitucionalismo |
MARIANO DE ORO-PULIDO Y LÓPEZ | El control del planeamiento urbanístico |
PETER M. HUBER | Unificación a través de los derechos fundamentales comunitarios |
MARIANO YZQUIERDO TOLSADA | El canon. Debate sobre los derechos de autor en el audiovisual |
TOMÁS SALA FRANCO | La incapacidad temporal: una visión crítica de su actual régimen jurídico |
JOSÉ MIGUEL EMBID IRUJO | Igualdad de género y poder de decisión en la empresa: la participación de las mujeres en los Consejos de administración de las sociedades mercantiles |
En España hay problemas graves referidos a nuestra legislación antiterrorista, que impiden a cualquier ciudadano mínimamente covencido de las bondades del sistema decantado a lo largo del último siglo por las democracias occidentales y con origen en la Francia de 1789 que solemos llamar «Estado de Derecho» sentirse a gusto con algunas de las previsiones de nuestro ordenamiento jurídico. Así, en concreto, y aunque de modo resumido:
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Como es sabido por todos, el mejor indicador del nivel de desarrollo de un país es su sistema fiscal. Si éste no existe, estamos en Sudán, por ejemplo, y las cosas, es de temer, han de ir más o menos mal a la generalidad de quienes allí viven, luego para nosotros lo más probable es que también. Los que logran cierta autotutela de sus bienes, haciendas e intereses lo hacen porque pueden (y como pueden), lo que equivale a condenar a esa sociedad al imperio de la ley del más fuerte, de la violencia y del subdesarrollo para grandes masas de la población. Muy poca gente con un mínimo de sentido común, velo de la ignorancia mediante, preferiría vivir en una sociedad así a hacerlo, qué sé yo, en Suecia, con su sistema fiscal expoliatorio, que dicen algunos (¡ay, qué tiempos, cuando países tan poco sospechosos como EE.UU. podían tener tipos marginales para rentas muy altas del 60%, y las democracias escandinavas del 80%, permitiendo esos buenos viejos debates sobre qué tipo era constitutivo de «expolio» inconstitucional!).
Pagar impuestos es lo que hace a un pueblo civilizado. Y lo que le libera de la tiranía. Sólo una sociedad que disponga de un sistema fiscal justo, o mínimamente justo, es capaz de mejorar y prosperar. Y sólo en una sociedad así es posible el desarrollo en un mínimo de libertad e igualdad de cualquier persona, con independencia de su origen, de su cuna y de condicionantes adicionales varios. El éxito de Europa y de Occidente en los últimos siglos se basa, en gran parte, precisamente en esto. No es que tengamos sistemas fiscales perfectos (o que los hayamos tenido), pero sí hemos disfrutado de los mejores, comparativamente, disponibles hasta la fecha. Y eso ha permitido a nuestras sociedades convertirse en insólitas islas de prosperidad y de justicia e igualdad social.
Ahora bien, la imperante degradación del compromiso cívico, la «italianización» de la cosa pública que cada día es más evidente, está minando hasta unos extremos hace apenas 30 ó 40 años impensables este elemento básico de la convivencia que es la redistribución fiscal. Porque, como es sabido por todos, y no hace falta explicar con detalle, nuestro actual Derecho se basa en la canonización de todo tipo de ventajas fiscales y vías de escape para quienes más tienen. Las razones y justificaciones que han permitido esta tendencia son muchas y variadas. No ha lugar reiterqarlas aquí. La extraña complacencia con las que las clases medias, a cambio de algunas migajas, han consentido el expolio fiscal de los poderosos, tristísima, tampoco merece mayor glosa. Pero, se comente o no por extenso, y esto es lo que importa, los daños son enormes y serán más graves, si cabe, en el futuro. Indicios de que ésta es la imparable dirección no faltan. Cada día.
Así, mientras los recién nombrados miembros del Gobierno de Obama han de dimitir uno a uno porque a poco que son investigados aparecen numerosas vergüenzas fiscales (todas con un mismo común denominador: la élite política, cultural y económica de ese país, como la de cualquier democracia occidental, a poco que nos pongamos exigentes analizando sus declaraciones de la renta, demuestra ser sospechosamente lerda en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias, aunque con una muy curiosa y selectiva torpeza, pues los errores, olvidos y omisiones se acumulan sistemáticamente de modo que lo que de hecho han pagado es menos de lo que tocaba, y no al revés), la escena se completa con delirantes situaciones a cargo de la clase baja asalariada (sobre la que recae el grueso del esfuerzo impositivo en la actualidad) o de quienes están todavía por debajo: porque la fuerza de trabajo que alimenta la máquina con sudor inmigrante «ilegal» sí paga impuestos. A veces, incluso, se empeña en pagar por todos los medios, cometiendo ilegalidades para poder hacerlo.
El día que en España alguien empiece a contar verdades sobre quién paga aquí y quién no la cosa será de echarse a llorar. No a reír porque, muy, probablemente, será demasiado tarde como para que la cosa pueda tener un remedio no demasiado traumático. Entre otras cosas, por lo mal que funcionan los posibles mecanismos de alerta. Por ejemplo, en la Universidad española, convertida en desgraciado símbolo de estos tiempos de aprovechamiento privado impresentable de lo público, el «utópico» profesorado, rehén de sus miserias y de las ganas de poder comprar, ellos también, el Mercedes, lejos de aprovechar nuestra privilegiada situación (de independencia, de autonomía y de que nuestro trabajo consista precisamente en «estudiar» y denunciar qué cosas pasan) para arrimar el hombro se ha generalizado la opción de, ya puestos, poner también el cazo y cobrar la sumisión con que nos ponemos al servicio de quien manda. Que, para suerte de los profesores de Universidad, todavía se paga algo mejor que otras sumisiones (aunque esto durará poco, claro, porque en el fondo la institución, por esta vía, está perdiendo toda capacidad de influencia, que es de donde viene que se pueda rentabilizar poner su nombre al servicio de la defraudación fiscal). Por eso, entre otras cosas, a veces, hasta se nos «olvida» ir a clase. Siempre que haya algún trabajillo retribuido por ahí al que se pueda dar prioridad, a ser posible fiscalmente opaco, la clase será algo secundario, preterido por la noble actividad de convertirse en asalariado partícipe en cualquier negocio turbio. Así están las cosas, de tristes. Con los universitarios haciendo ímprobos esfuerzos por pasar a ser de esos que no pagan impuestos, o pagan muy pocos, a pesar de ganar más, en vez de denunciar el estado actual de cosas. Y con los inmigrantes, eso sí, deslomándose por trabajar y por pagar a la Seguridad Social.
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