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Una de las consecuencias más evidentes de la crisis económica que nos azota es que las autonomías están en el punto de mira como sospechosas por definición de ser causa de derroche e ineficiencia. En el fondo, es un viejo prejuicio, que resulta sencillo de entender si atendemos a los orígenes de las autonomías y a nuestro modelo de reparto de poder. En los Estados Unidos, donde el federalismo se ha construido desde otras coordenadas, el que suele ser sospechoso de tener cierta tendencia al derroche es el Estado federal. Y probablemente, tanto allí como aquí, este prejuicio en favor de unas Administraciones y en contra, sistemáticamente, de otras, tiene más que ver con la manera social y psicológica con la que se construye el debate público que con la realidad.
Lo cierto es que en nuestro país los datos no avalan el prejuicio de que las Administraciones derrochadoras por excelencia sean las Comunidades Autónomas. Globalmente, y excuida la Seguridad Social, las Comunidades Autónomas tienen a su disposición más o menos el mismo presupuesto en España que el Estado. Teniendo en cuenta que los dos grandes vectores de gasto y presión asistencial existentes, que son sanidad y educación (podría haber un tercero, asistencia social y dependencia, pero de momento no ha sido desarrollado en demasía, en parte porque el Gobierno central ha pretendido que la mayor parte del nuevo gasto que generaría su puesta en marcha lo asumieran también las propias CC.AA., ya bastante exprimidas), corren a cargo de las Comunidades Autónomas, es sencillo entender las razones por las que el Gobierno central, como hemos de reconocer si somos sinceros, suele ir siempre bastante más desahogado que las autonomías. Y se puede permitir, a la hora de la verdad, más gasto suntuorio, más derroche electoral, más cositas como enterrar 10 millones de euros en diccionarios históricos hechos con el único objetivo de repartir dinero entre amigotes, así como ser el único responsable de hacer grandes infraestructuras (lo que permite controlar con puño de hierro ciertos resortes importantes, pues a una comunidad poblada y rica como por ejemplo la Comunidad Valenciana plantearse hacer y pagar 50 kilómetros de vía férrea de prestaciones modernas le cuesta hipotecar cualquier otra obra pública en 10 años)… así como, también, recortar gasto con más facilidad cuando vienen mal dadas. Las Comunidades Autónomas, en cambio, como no se pongan a recortar en Sanidad o Educación (ya vemos qué está pasando desde hace meses en Cataluñam en anticipio de por dónde irán los recortes en breve en todas partes) mal tienen esto de meter la tijera y que la cosa tenga efectos económicos apreciables.
Frente a esta situación, en los últimos tiempos se empieza a escuchar un unánime coro que lo tiene claro. Si no hay dinero, pues que se cierren las televisiones autonómicas, caray, que cuestan una pasta y, a la hora de la verdad, no sirven de nada. Son gasto superfluo, nos dicen, que lo único que pretende es servir a objetivos electorales de los dirigentes regionales cuando no, directamente, a construir y alentar sentimientos antiespañoles sin cumplir con ningún objetivo público a cambio del dinero enterrado en ellas. Para dar servicio público, además, ya está TVE, ¿verdad? Que hace lo mismo o más que las autonómicas y mucho mejor. Pues eso, que se cierren.
La propuesta, sin embargo, desconoce muchas realidades que no conviene perder de vista. La primera, que TVE es mucho más cara que las cadenas autonómicas. La segunda, que es dudoso que competencialmente, desde un punto de vista estrictamente jurídico, TVE esté más legitimada constitucionalmente que las autonómicas, sino más bien al contrario. Y la tercera y principal, que además el hecho de que la Constituciónvaya en esa línea tiene un sentido, y éste es que, por definición, los objetivos de un servicio público audiovisual de calidad y moderno, en un Estado como el nuestro, se cumplen mucho mejor con televisiones autonómicas que con una gran televisión estatal. Veámoslo por partes.
Continúa leyendo Puestos a cerrar teles autonómicas, ¿por qué no cerrar TVE?…
Seguimiento de la campaña electoral valenciana (día 16) para El País Comunitat Valenciana
Bruce Ackerman, uno de los más importantes iuspublicistas del momento, profesor en Yale y conocido defensor de la causa de la democracia y los derechos humanos (por ejemplo, ha sido uno de los más significados opositores a las prácticas de tortura y restricción de derechos que la Administración Bush puso en su momento en marcha) ha publicado hace poco un libro fantástico sobre la decadencia del modelo de democracia liberal y su evolución hacia una partitocracia controlada por las grandes empresas ribeteada de populismo y tendente a ceder a las tentaciones autoritarias cada vez con mayor facilidad. El libro, con el expresivo título de The Decline and Fall of the American Republic es, sencillamente, imprescindible, porque por mucho que algunas de las cosas que allí se cuentan afecten sólo a los Estados Unidos hay otras muchas, casi todas, que de una manera u otra reflejan problemas de todas las democracias occidentales de nuestros días.
Los americanos no sólo escriben libros jurídicos muy,
muy buenos. Además ponen unas portadas chulísimas.
Ackerman no se limita a diagnosticar problemas. También aporta propuestas de solución. Y una de ellas es muy llamativa. Se trata de una figura, llamada Deliberation Day (sobre la que también ha escrito con James Fishkin otro libro, detallando la propuesta), que es esencial a juicio de Ackerman y otros muchos para mejorar la calidad democrática y lograr que los ciudadanos se impliquen en el debate público de forma más madura y responsable, como única vía para tratar de frenar los riesgos que nuestras democracias padecen como consecuencia de la extensión de discursos simplistas y populistas. Planteado de manera resumida, lo que Ackerman pide es que más o menos una semana antes de las elecciones se establezca un día festivo en los Estados Unidos, que permitiría a los ciudadanos reunirse en espacios públicos para charlar, comentar la situación política, intercambiar ideas, plantear debates… La propuesta, incluso, impone que las autoridades se impliquen en facilitar y organizar estos encuentros, no sólo decretando un día festivo sino cediendo equipamientos, instalaciones, etc. Se supone que con algo así se reforzaría la calidad democrática y aunque los resultados serían difíciles de medir es indudable que la idea es muy buena, que mal no podría hacer y que muy probablemente tendría efectos tanto tangibles como intangibles muy positivos. Tiene sólo un problema: es un proyecto muy complicado de poner en práctica, no tanto porque sea difícil establecer un día festivo, sino porque lograr que los ciudadanos lo empleen de forma masiva en discutir y debatir en lugar de en irse a pescar es cuando menos difícil.
En España, de repente, y espontáneamente, hemos montado una especie de Deliberation Day casero. Y ha funcionado. Las concentraciones que desde hace casi una semana se suceden en ciudades y pueblos son foros donde manifestar la indignación ante la esclerosis de nuestro sistema político, pero también están actuando como entornos para la reflexión y el intercambio de pareceres, para la discusión política. En las redes sociales, en Internet, vía Facebook y a través de Twitter, las ideas fluyen, la información se comparte. Se habla de participación política y de derechos sociales, aparecen muchas preguntas y hay quienes las van resolviendo. Han sido muy distribuidos vídeos y explicaciones sobre cómo funciona nuestro sistema electoral y se han comentado propuestas de reforma… La gente que ha estado en las concentraciones, y se cuentan ya por decenas de miles en toda España los que hemos pasado al menos unas horas por ahí con otros ciudadanos brindando por la democracia, ha disfrutado de un entorno reivindicativo pero festivo, donde el debate y el compromiso cívico han sido la norma.
Sorprendentemente, la Junta Electoral Central ha decidido que algo así es incompatible con la jornada de reflexión que determina nuestra ley electoral. Una jornada respecto de la que la única restricción explícitamente recogida en la ley electoral es la prohibición de que los partidos que se presentan a las elecciones pidan el voto se ha convertido, a partir de una interpretación muy restrictiva y retrógrada de cómo es una sociedad democrática, en un día en el que, al parecer, los derechos de participación política y de expresión de los ciudadanos pasarían a estar severamente limitados. De una norma que parece aspirar, con la visión proteccionista pasada de moda que es propia de nuestra norma electoral (por ejemplo, prohibiendo la publicación de encuestas estos últimos días), a proteger a los ciudadanos de la ofensiva publicitaria de los partidos, que éstos se retiren y dejen espacio a la sociedad civil para que «reflexione» sin interferencias externas e interesadas guiadas por el interés y el dinero, hemos pasado a convertir este día en un espacio hipócritamente virginal en lo político donde se limitan derechos de los ciudadanos y se pretende protegerlos… ¿de sí mismos?, ¿del debate?, ¿de la discusión cívica?
La fiesta en Valencia. ¿Hace falta que nos protejan de esto?
(el enlace a la foto nos lo ha pasado orayo en el anterior post)
No nos hace falta una jornada de reflexión destinada a protegernos, como si fuéramos menores de edad, de nuestra capacidad de reflexionar en grupo. Porque, como dicen los concentrados, #estoesreflexión. Precisamente esta es una de las maneras (obviamente, hay otras muchas) de reflexionar, de participar, de comprometerse cívicamente. De hecho, una tan interesante que hay quien aspira a tratar de generar algo semejante, como comentábamos. Aquí, en cambio, como somos así, consideran las estructuras de poder dominantes que lo que hay que hacer es prohibirlo. ¡Los americanos más listos de sus mejores Universidades suspirando por tener algo como esto y a nosotros nos aparece como caído del cielo y nos lo queremos liquidar! Que a chulos no nos gana nadie es indudable.
Afortunadamente parece que el sentido común se va a imponer y el civismo ciudadano, la falta de incidentes, la manifiesta desproporción de emplear violencia para acabar con estos espacios ciudadanos espontáneos… va a conducir a una reacción pausada por las fuerzas de orden público. Aunque sean ilegales, las concentraciones no parece que vayan a ser disueltas. Lo que demuestra desde muchos vectores que sí, que #estoesreflexión y que hay que protegerla, no liquidarla. ¡Ha logrado incluso que cierta dosis de sentido común se introduzca en nuestra vida política y que nadie con dos dedos de frente esté pidiendo que se disuelvan a palos a quienes están de fiesta democrática!
Al contrario, lo que está pasando es que los ciudadanos han hecho suyas las protestas y las concentraciones. Es de prever que el día de hoy sean muchos miles los que se aproximen a las plazas de nuestras ciudades y pueblos a tratar el debate sobre asuntos públicos como una fiesta. Que es lo mejor que le puede pasar al debate público, la verdad.
Seguimiento de la campaña electoral valenciana (día 15) para El País Comunitat Valenciana
Un día más sin campaña electoral. Y van… Bueno, en realidad, sí hay campaña. Alarte está de marathon 24 horas por mercados, pueblos y fábricas tratando de que alguien le conozca y pueda desentrañar las alternativas que ofrece el PSPV mientras Rita Barberá con su desparpajo habitual responde a las condenas judiciales y el espectáculo laxista que es Valencia en temas de ruido prometiendo que si gana se pondrá seria con los excesos. Vamos, nada que logre apartar el foco de la movilización ciudadana que, a estas alturas, tiene ya histerizados a los partidos políticos. Cuando el pasado lunes dediqué este seguimiento a tratar el tema, hubo un par de personas que me comentaron por los pasillos de la Facultad que era un error dar cancha a los «perroflautas» y que quienes tenemos un blog perdemos la pespectiva de las cosas, cegados por los que leemos por aquí, pero que la cosa no tenía ninguna importancia en el mundo real. No tenían razón. Porque en una democracia de verdad nada hay más importante que atender a lo que la gente dice. ¿Incluso en campaña electoral? Especialmente en campaña electoral.
Los partidos políticos que dominan la escena, PP y PSOE, están nerviosos. No tanto porque piensen que todo lo que está ocurriendo pueda tener efectos electorales profundos a corto plazo, que de momento no lo creen. Aunque resulta evidente que en el PP de Madrid sí andan muy preocupados por si de resultas de todo esto IU sube mucho, UPyD recibe voto de los descontenos y logra entrar en el Parlamento de Madrid y al final de la película ello se traduce en una dolorosísima pérdida de la mayoría absoluta que, si bien es una perspectiva poco probable, supondría todo un terremoto político. De una manera semejante, aunque por motivos algo distintos, quienes están preocupados en Valencia son los responsables del PSOE local, pues temen que el efecto incontrolado de las protestas pueda drenarles votos en favor de Esquerra Unida o de Compromís, llegando incluso a facilitar que los dos obtengan representación, lo que se traduciría en un batacazo del PSOE mucho mayor del ya de por sí doloroso e importante bajón que está previsto. Pero, como decía, no es éste el motivo esencial de los nervios de los grandes partidos. No. Ellos, simplemente, están nerviosos porque, acostumbrados a controlarlo todo, es una desagradable novedad que haya un vector, por muy inocuo que pueda ser, que se escape a tus designios. Aquí llevamos muchos años acostumbrados, con una democracia de muy mala calidad, a que todo esté atado y bien atado. Y de repente una serie de ciudadanos revoltosos lo ponen todo patas arriba y los muy díscolos no atienden al sistema de incentivos y palos que de ordinario garantiza el control del cotarro. Por mucho que la lógica diga que el efecto electoral será más bien mínimo reconocerán que la cosa es molesta. Introduce incertidumbre. Y la incertidumbre es un fastidio. Sobre todo si estás acostumbrado a despejarla expeditivamente empleando para ello el Boletín Oficial del Estado. Recordemos, por ejemplo, que vivimos en un país en el que incluso se ha sentido la necesidad de obligar por ley a las televisiones públicas y también a las privadas, por si faltaba algo, a informar unos tiempos tasados para cada partido político, de manera proporcional a los resultados pasados. Da igual que hagan algo o no, que sean noticia o no, que digan cosas de interés o no… nuestras leyes se encargan de disciplinarnos el consumo mediático de información con unas dosis predeterminadas de PP y de PSOE al por mayor, salpimentadas con mínimas referencias a los demás que logran colarse dentro (del resto de opciones, directamente, pues ni informamos).
De diseño, moderno y occidental en las formas, pero esto no deja de ser un embudo.
Los españoles nos merecemos más y podemos hacerlo mejor.
Este modelo de democracia de muy baja calidad, muy impermeable a las demandas de los ciudadanos, muy fortificada frente a la aparición de alternativas y ante la posibilidad de que gente de fuera del sistema de partidos dominantes pueda llegar a pintar algo, una democracia con unos déficits participativos enormes, es precisamente lo que están criticando los acampados. Porque quienes critican a los que protestan por la heterogeneidad de sus reivindicaciones no se han dado cuenta todavía (y es que, caray, hay que repetirse, pero es que sí, es que no se enteran) de que sí hay un potentísimo hilo conductor en la protesta: queremos una democracia de verdad, una en la que cuente la opinión de los ciudadanos y no la de unas minorías supuestamente benévolas que nos dicen lo que es mejor para nosotros. La idea, nada descabellada, que late en toda la acción del movimiento #15M, desde su génesis a su desarrollo actual, es la misma y es muy unitaria. Muchas de las cosas que pasan, de las barbaridades contra colectivos como jóvenes, inmigrantes o trabajadores que hemos visto recientemente, se han producido y están produciendo, sencillamente, porque no tenemos mecanismos particpativos reales que permitan influir en la toma de decisiones y porque además el sistema institucional democrático ordinario (eso de votar cada cuatro años y tal) está diseñado de manera tal que bloquee la aparición de contrapoderes y para asentar a las oligarquías sociales y económicas que llevan el timón. No se trata de definir qué políticas queremos en economía, pensiones, derechos sociales, medio ambiente… No. Se trata de definir qué derechos políticos y de participación real pensamos que es bueno que tengan a su disposición los ciudadanos. Porque esas reglas del juego son básicas y esenciales para articular mayorías de verdad legítimas desde un punto de vista democrático. Que nuestro modelo, diseñado hace casi 40 años en un determinado contexto, está totalmente esclerotizado y ha dejado de funcionar de manera satisfactoria hace mucho tiempo que es una evidencia de la que la generalización de la corrupción de baja intensidad en el país es sólo un síntoma más.
A los ciudadanos los poderes públicos españoles nos quieren callados y poco protestones porque consideran que la política no es cosa nuestra, sino de una serie de personas que ya sea por casta o por dedicación son las que tienen derecho a participar del debate público. Nos dejan votar, sí, cada equis tiempo, pero esencialmente entre una serie de opciones precocinadas previamente gracias a un sistema electoral, tanto a nivel estatal como a nivel autonómico que necesitan urgentísimas reformas porque tienen como vocación fortificar a los partidos hegemónicos antes que representar los votos de los ciudadanos. Tenemos reconocidos algunos derechos de participación en la toma de decisiones públicas que se violan sistemáticamente sin sanción, pues obviarlos es, en realidad, lo que el modelo de tomas de decisiones español aconseja.
Esto es lo que ha prohibido la Junta Electoral: concentración ayer noche en Valencia de
peligrosos ciudadanos reuniéndose y protestando, algo inaceptable en democracia
Y por si hay alguna duda respecto de todo lo dicho, ahí tenemos lo que pasó ayer. Estuvimos aquí durante todo el día discutiendo sobre la legalidad de las concentraciones y manifestaciones en campaña electoral, en la jornada de reflexión e incluso en día de elecciones. Y tratamos de explicar qué dice nuestra Constitución, aparentemente, así como las implicaciones de entenderla de una manera o de otra. Porque resulta obvio, como por otra parte ha declarado el Tribunal Constitucional, que los ciudadanos no perdemos en campaña nuestros derechos. Y debiera resultar también evidente que precisamente en campaña electoral, porque la política la hacemos todos, los ciudadanos, y no sólo los partidos, no sólo es que los mantengamos. Es que en ese contexto los derechos de partipación política son más importantes que nunca. Una democracia participativa no prohíbe las manifestaciones en una jornada de reflexión. Sólo lo hace si hay serios y evidentes riesgos para la seguridad de las personas o de los bienes, con el objetivo de evitar la coacción o la violencia. Porque una democracia no funciona bien con violencia o con coacciones. Pero tampoco funciona bien sin debate. Y sin que en el mismo estemos todos. Por esta razón resulta abiertamente delirante la decisión de ayer de la Junta Electoral Central prohibiendo, declarando fuera de la ley, que los españoles nos reunamos el sábado y el domingo para hablar de política, para protestar o para lo que sea por muy cívico y pacífico que sea nuestro comportamiento. Los argumentos de la resolución son de lectura obligada y espeluznada. Se los resumo de forma no jurídica: nuestra más alta institución electoral nos está diciendo que los ciudadanos votemos calladitos, contentos, sin rechistar… a lo que hay, pero que además mejor que no hablemos, que no nos juntemos, que no debatamos en público y que nos abstengamos, por supuesto, de protestar, porque todas esas son actitudes potencialmente peligrosas y disruptivas en una democracia.
Precisamente contra esa visión de la vida política está protestando hoy en España tanta gente. Afortunadamente no es la única manera de organizarnos como sociedad. Ni siquiera la que a juicio de muchos, como es mi caso, se desprende de nuestra Constitución. Lo que ocurre es que unas estructuras rancias, rígidas, burocratizadas, oligárquicas, representativas de una España generacional, social y económicamente hegemónica han secuestrado nuestra democracia y la manejan de la manera más restrcitiva posible, para que no haya sustos. Lo que pasa es que, a este paso, cualquier día tendremos uno bien gordo.
Miguel Ángel Presno ha analizado con urgencia la resolución de la JEC. Me permito enlazar su texto y copiarlo aquí (dado que muy amablemente ya nos lo dejó ayer en los comentarios de la anterior entrada):
(…) la Junta Electoral Central ha decidido que no se pueden celebrar las concentraciones previstas para el sábado. La prohibición se fundamenta, según dicha resolución, en que nuestra legislación prohíbe actos de campaña electoral el día de reflexión y el de las elecciones; también trata de evitar que se formen grupos de personas que impidan el ejercicio del sufragio y, asimismo, no se puede pedir el voto para ninguna de las candidaturas concurrentes ni tampoco la exclusión de cualquiera de ellas. La Junta ignora la propia Ley Orgánica de cuya intepretación es actor autorizado: primero, la finalidad de estas convocatorias no es captar sufragios para las diferentes candidaturas, por lo que no hay un motivo constitucionalmente válido para impedir el ejercicio del derecho fundamental de reunión; segundo: en un Estado democrático el debate político no se reduce al debate electoral ni los únicos legitimados para expresarse políticamente son los concurrentes a unas elecciones; tercero: tal cosa debe ser así incluso en la jornada de reflexión, como declaró el Tribunal Constitucional el año pasado cuando anuló, por inconstitucional, una resolución que había impedido conmemorar el Día Internacional de la Mujer por estar convocada el día previo a unas elecciones autonómicas; cuarto: la Junta Electoral ignora también que en democracia no hay un día del derecho de reunión o de la libertad de expresión; todos los días son días para el ejercicio de los derechos fundamentales, salvo, como ocurre precisamente con el sufragio, que se trate de derechos que por la propia previsión constitucional se ejercen cada cierto tiempo. Pero la democracia -y el ejercicio de derechos fundamentales como la convocatoria de una concentración o la expresión colectiva de una expresión son parte esencial de un sistema democrático-, no se paraliza un día al año; la reflexión política no existe si no se puede expresar de manera pública en cualquier momento y lugar. ¿Dónde está la incompatibilidad entre ejercer, o no, el sufragio y poder ejercer otros derechos? En la mayoría de los Estados democráticos del mundo el debate político prosigue hasta el momento mismo de la votación porque se presume que los ciudadanos son libres y ejercen sus derechos sin miedo. ¿Dónde están esos “grupos susceptibles de entorpecer el acceso a los locales electorales” de los que habla la Junta? ¿Quién, en palabras de esa Junta, ha dificultado o coaccionado el libre ejercicio del derecho de voto? ¿Es que la Junta Electoral Central considera que los ciudadanos que pueden votar el domingo no son libres y necesitan ser protegidos de sí mismos? ¿Es que la Junta Electoral Central le ha perdido el respeto a los ciudadanos?
No tengo nada que añadir en Derecho. Porque además este tema, a día de hoy, ya no es esencilamente jurídico sino político. Probablemente las manifestaciones no serán disueltas dado que, aun siendo ilegales según la JEC, mientras no generen problemas de orden público no tendría sentido disolverlas arriesgando, con ello, mucho, pues dispersar por la fuerza a varios miles de personas entraña un riesgo evidente en materia de seguridad pública. Por no mencionar que es dudoso, por mucho que nuestras autoridades se estén cubriendo de chapapote democrático con sus decisiones (disolución a palos de la concentración de Sol el pasado lunes, peticiones de ilegalización, una JEC que se pone en mode liberticida on en cuanto se excitan sus bajas pasiones…), que alcancen ciertos niveles. Como comenta hoy Guillermo López, no parece fácil que lleguemos a presenciar cómo nuestras fuerzas de seguridad desalojan plazas por la fuerza en una actuación que ni el mismísimo régimen militar de Mubarak se atrevió a acometer.
Pero el mal ya está hecho. Nos están diciendo que ir a la concentración mañana es ilegal e incluso delictivo. Con ello, qué duda cabe, pretenden parar las manifestaciones y que mucha gente, como es lógico ante la ilegalización, deje de ir. Pero basta pasear por cualquier plaza española hoy para comprobar qué es lo que hemos prohibido y sentir una enorme vergüenza. Esa es la vergüenza que anima a muchos, cada vez a más, a exigir unos cambios que son, a día de hoy, sencillamente inaplazables. Porque yo quiero votar y voy a votar. Pero quiero hacerlo libremente, discutiendo, hablando y quejándome por las cosas que no me gustan, respetando que los demás lo puedan hacer también y dándonos unos cauces de participación que garanticen que la voluntad de quienes son más porque logran convencer con sus ideas a una mayoría será después articulada a través de leyes y acción política.
Porque hoy nos liquidan prácticamente el derecho de reunión. Pero a saber qué viene después.
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Bonus track jurídico: La Sentencia del Tribunal Constitucional 96/2010, ya comentada ayer, que certifica que los ciudadanos no perdemos el derecho de reunión en campaña electoral o día de reflexión.
El próximo martes 1 de marzo se celebra una mesa redonda, que he organizado junto con el Profesor López García, especialista en Periodismo político y Opinión pública, en la que contaremos con Josep Torrent, director de El País Comunidad Valenciana, el medio en español que ha colaborado con la publicación y difusión de los documentos del Departamento de Estado de los EE.UU., para que nos dé su opinión sobre el impacto de los mismos y nos relate la manera en que han sido obtenidos y los procedimientos periodísticos empleados para su tratamiento por parte de su diario.
Junto a Josep Torrent, tendremos también en la mesa al Prof. Cotino Hueso, coordinador de la mayor red española de juristas dedicados al impacto de las nuevas tecnologías, para que nos ilustre sobre las repercusiones jurídicas y en términos de libertades de la publicación realizada por Wikileaks y por medios como El País. También contaremos con la participación de José Ignacio Pastor, presidente de la Asociación Ciudadanía y Información, para que nos ayude a entender cómo estas nuevas maneras de poner a disposición del público información alteran las relaciones entre los ciudadanos y el Poder.
La mesa redonda, a la que os animamos a venir, comenzará a las 16.00 horas en el Salón de Grados de la Facultad de Comunicación de la Universitat de València. La entrada, por supuesto, es libre. Continúa leyendo Mesa redonda sobre el impacto de Wikileaks en la opinión pública…
Tomando en parte prestada la manera irónica en que el blog Maketo Power viene refiriéndose desde hace meses a los brotes verdes, he escrito en el El País, edición Comunidad Valenciana, una reflexión sobre la para mí insólita pervivencia, contra toda evidencia empírica, de que las sucesivas reformas que vienen «flexibilizando» el mercado laboral, i. e. elimando derechos de los trabajadores, sirven a crear empleo o que son capaces de combatir la temporalidad. Como es evidente, la apabullante exhibición de los fracasos que en los últimos 30 años estas políticas han cosechado no tiene que significar necesariamente que sus contrarias sean la respuesta. Tampoco el hecho de que en Europa haya una correlación evidente entre países con mayor protección para los trabajadores y menos tasas de desempleo (relación que también se da si metemos en juego la temporalidad) significa necesariamente que haya una relación directa entre una cosa y otra. Vale. En plan generoso podemos incluso aceptar eso. Pero lo que sí es alucinante es que estas tozudas realidades ni siquiera sirvan para defendernos frente a la lógica de que, antes al contrario, para crear empleo y riqueza hay que hacer cada vez el despido más fácil y más barato y hay que establecer una creciente subordinación de los trabajadores a los empleadores (a eso que en otros tiempos llamábamos patrón).
Pues nada, que lo disfruten (y por favor, no me llamen demagógico así como así, que el Expediente X de que sigamos diciendo, contra viento, marea, historia, ejemplos comparados y toda evidencia empírica que la manera de combatir el desempleo es ésta no lo tengo que desmontar yo sino, más bien, tendrían que demostrarlo quienes lo defienden):
Continúa leyendo Los brotes ERE…
La verdad es que yo consumo poco material audiovisual (nada de música, poco cine, alguna serie… y huelga decir que casi nada de lo consumido es español) y que además tengo tendencia a pagarlo, porque es mucho más cómodo (al menos para mí, que soy poco amigo de meterme en líos informáticos). Pero incluso una persona como yo no puede dejar de alucinar ante lo voluntariamente complicado que es conseguir ciertas cosas, rápidamente, de modo sencillo y a un precio decente, en España. La de cosas que hay en la iTunesStore americana que me gustaría tener, por ejemplo, y que en cambio desde la española no se pueden conseguir (y eso por no hablar de las versiones originales, que la industria ha decidido que no vende on-line, al parecer, al menos en España). Así que no puede parecerme más sensato el siguiente manifiesto:
THE CRITERIA
1. Pricing:
In general I want the pricing model to be simple and transparent. I don’t mind a slight difference in pricing between movies with regard to the age of the movie.
Rentals should not exceed 1/3 of the cinema price.
Purchases should not exceed the cinema price.
Monthly flat rate prices should not exceed 3 visits to the cinema.
Pricing of TV shows is about 1/3 of movies.
Payments are for the content, not bandwidth.
2.Languages:I can obtain the audio in every language produced for the content.
After purchasing a movie, all the languages are available.
Fans are legally allowed to create and share subtitles for any content.
3. Convenience:
The content I paid for is instantly available.
Content is delivered without ads, or disrupting infringement warnings.
I can find movies or TV shows by year, director, language, country, genre, IMDB ID, etc.
4. Choice And Release Dates:
The release date is global. There are no limits regarding the country you live in.
I can download nearly every movie ever made.
5. Rights:
I can watch the movie on any device, without any differences in how the movie is presented.
Movies are not bound to the service provider, and must be DRM-free in the case of purchases.
I can easily understand my rights regarding movies that I rent, buy, or stream at a flat rate.
Yo ya he firmado, aunque esto es una cosa americana y a nosotros no nos afecta. Pero, ¿quién sabe? A lo mejor, con suerte, al cabo de 10 ó 15 años de que la industria americana se haya dado cuenta de lo que hay que hacer, pues esta cosa nuestra, tan española, de nuestro artisteo y la Ley Sinde acaba dándose cuenta de que hay que hacer las cosas de otra manera.
Ha sido noticia el hecho de que un juez, por primera vez en España, haya rechazado la acción ejecutiva instada por una entidad de crédito para recuperar el importe de un préstamo hipotecario y que, además, la Audiencia Provincial haya avalado tal decisión en lugar de revocarla. La idea en que se basa tan insólita (en nuestro país), por presumiblemente ilegal, es que, dado que una hipoteca constituye una garantía real sobre un bien, si el valor del mismo, de acuerdo con la apreciación libre de ambas partes, es superior al del préstamo, no sería justo que el deudor no quedara liberado, en caso de tener problemas económicos para saldar la deuda, haciendo entrega del bien. Por suesto, la dación en pago es posible en España en algunos negocios jurídicos, y además es absolutamente lógica en un contexto de verdadero préstamo con base en una garantía real. Ahora bien, los préstamos hipotecarios en España nunca han sido, de acuerdo con la legislación vigente (y tradicional) créditos de esta naturaleza, a diferencia de lo que ocurre en muchos países de nuestro entorno (tan diferentes como Estados Unidos o Francia).
La injusticia que puede suponer tener una hipoteca, ir pagándola y que, si en un momento tienes un problema y dejas de poder pagar, el banco se quede con la casa y tú pierdas todo lo metido en ella pero, además, que ni así sirva para saldar la deuda, que seguirá obligándote a ti (y a tus posibles avalistas) muchas veces de por vida (pues los intereses en estos casos son tantos que es frecuente que, si la deuda es importante, sólo los intereses crezcan anualmente a un ritmo superior a la capacidad de devolución de un individuo medio), es algo que ya existía antes de la crisis. Quienes nos dedicamos al Derecho tenemos, desgraciadamente, la experiencia de haber visto muchos casos sangramtes, propiciados no pocas veces por el nulo interés del banco acreedor en vender los bienes a un precio digno (¡nosotros no somos inmobiliarias y lo que queremos es sacarnos de encima el piso!, te dicen; pero también es verdad que no tienen el más mínimo incentivo para tratar de sacar un buen precio por el bien, ya que si no lo hacen y subsiste parte de la deuda tendrán entrampados de por vida, y dependientes, casi como si fueran siervos de la gleba, del banco, a los deudores y avalistas). Otras circunstancias concurren, o pueden hacerlo, en la extrema dificultad de que este tipo de pisos se vendan a un precio justo, dejando a los deudores, muchas veces, con cara de tontos o, directamente de estafados. Por ejemplo, la impresentable complacencia judicial con la forma y manera en que se desarrollan muchas subastas y las mafias de «cuervos» que las controlan. Mal que hemos sido incapaces de erradicar. Por supuesto, un contexto recesivo como el actual, además, aumenta mucho las probabilidades de que, al haberse depreciado el bien, el problema se agrave. Pero aunque la crisis económica ha multiplicado el problema, ha hecho que afecta a cada vez más gente y ha puesto sobre la mesa y en el debate público las injusticias de este sistema hay que tener en cuenta que los dramas ya existían antes. Cualquier abogado con sensibilidad les podrá contar una buena colección.
Resulta evidente que este modelo de deuda hipotecaria, dicen sus defensores, facilita el acceso al crédito y, probablemente, baja los tipos de interés en el mercado (dado que las entidades de crédito saben que en la devolución del bien pueden esperar el concurso de todo el patrimonio futuro del deudor y de los posibles avalistas, ello elimina riesgo en la operación de conceder hipotecas y hay que pensar que eso hace que el mercado facilite, por un lado, y favorezca, por otro, el crédito). Al menos, así debiera ser. Aunque las reglas de mercado poco tienen que ver con la realidad del capitalismo que tenemos en estos momentos en Occidente. De hecho, no acaba de ser cierto que la existencia de la dación en pago en EE.UU. frenara muchas hipotecas. Tampoco el blindaje que tienen en España las entidades financieras las ha hecho más generosas en los tipos de interés que fijaban que las entidades francesas (más intervenidas públicamente en esto, y sorprendentemente, a juicio de muchos economistas, ofreciendo mejores alternativas a sus clientes). Todo lo cual hace que cada vez seamos más en España los que creemos que estaría bien tener un sistema más parecido al de otros países. ¡Ya que no tenemos ventajas propias de nuestro especial sistema de supervisión y del descontrol en que vive el sector, al menos no acumulemos garantías para la banca adicionales, que en otros países no existen! Incluso algunos gobiernos, como el catalán, ya se ha apuntado a este carro.
El caso es que, de forma manifiestamente contraria a la legislación vigente, el órgano jurisdiccional navarro referido ha publicado el Auto que transcribimos avalando estas tesis. Les recomendamos la lectura de la resolución, porque es sencilla, ligera y corta. Y explica con mucha claridad el cómo y el por qué de su decisión. Nosotros vamos, además, a resaltar en negrita los argumentos esenciales, que podrán comprobar que tienen en realidad poco de jurídicos, y que demuestran, más allá de la justicia última de la posición defendida, la deriva iusnaturalista en que están embarcados los jueces españoles. Porque es significativo que un juz se permita, en contra de lo que disponen las previsiones de la Ley Hipotecaria y el propio contrato que las partes, en uso de la autonomía de la voluntad de ambas y en ejercicio de la libertad de pactos que tienen, habían suscrito y que plasmaba la tradición jurídica española en la materia: esto es, que una hipotética entrega del bien sólo saldaba la deuda si la venta del mismo permitía liquidarla. Es por ello sumamente revelador que los argumentos no sean, como podrá comprobarse, legales. No hay apelación alguna a artículo o texto legal, más allá de una invocación del art. 3 del Código civil, que obliga a interpretar las normas de modo coherente al sentir de los tiempos. Nada más. El resto son consideraciones de justicia material que, aunque comparto plenamente, creo que no corresponde hacer a un juez sino al legislador
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