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En las dos últimas semanas he estado en dos actos de diferente naturaleza pero similar temática hablando de nuestro modelo constitucional en materia de participación política y de los límites que el modelo actual de democracia representativa, en el caso español, supone. El primero de ellos, organizado por la Coalició Compromís en el Centre Octubre de València, giró en torno a muchos temas de actualidad (las manifestaciones de los últimos meses y los diversos conflictos con la policía, la emergencia de las redes como vehículo de amplificación del espacio público….). Fue un debate muy entretenido y animado en el que, sobre todo, dijeron cosas con mucho sentido Joan Subirats (a quien siempre es un placer escuchar y que es una de las voces más lúcidas a la hora de desentrañar por dónde van los tiros en esto de las nuevas formas de participación) y Carmen Castro (activista con muchísima experiencia en redes que sabe de lo que habla). Lamentablemente, me pilló con exámenes (actividad más exigente para los profesores de lo que muchos creen) y como consecuencia de no tener apenas tiempo ni lo reseñé ni lo comenté. Un pequeño desastre porque mereció mucho la pena.
La semana pasada, en un contexto más académico (la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid) pero con un ambiente distendido, relajado y combativo, nos juntamos varios profesores para hablar de «Crisis, recorte de derechos y Estado democrático» por iniciativa de Julio González (Catedrático de Derecho Administrativo de la UCM) y de Argelia Queralt (Profesora de Derecho Constitucional de la UB). El encuentro fue de lo más intenso, con público llegado incluso desde Twitter (¡un saludo a @alfonstwr desde aquí!) y merece la pena hacer una pequeña referencia al mismo, ahora que tengo un ratito, para no cometer el mismo error del otro día. Porque como podéis comprobar simplemente echando un vistazo programa preparado, la calidad de los ponentes hizo que aprendiéramos todos mucho y que valga la pena reseñar, aunque sea por encima, algo de lo que se dijo allí.
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Decir que la Monarquía en España está pasando por malos momentos a pesar del férreo apoyo de las elites socioeconómicas, políticas y mediáticas del país es una obviedad a estas alturas. Incluso
se habla abiertamente de la necesidad de que el Rey abdique en su hijo y presunto sucesor (al menos mientras no se apruebe una reforma constitucional sobre esto del sexo y la primogenitura que podría perfectamente alterar, si así se dispusiera, el actual status quo) por parte de muchos de los defensores del actual sistema, conscientes de que el grado de deterioro es tal que urge un lavado de cara (y un nuevo Rey bien puede servir para eso, al menos durante unos años, lo que permite usar la estrategia de patada a seguir tan habitual en rugby cuando estás a la defensiva).
Sin embargo, las opciones más sensatas hace tiempo que apuntan a un abanico de opciones más restringido. Conviene empezar a hablar de las más atractivas de entre ellas. A mi juicio, sin duda, estas se reducen a un par: Hendaya, como su tatarabuela o Cartagena, como su abuelo. Aunque también podríamos aceptar cualquier otro puesto fronterizo no empleado en el pasado (Port Bou, La Junquera…), puerto de mar con conexiones internacionales o, en plan moderno, alguno de los muchos aeropuertos que hemos construido estos años. O si quieren, los Borbones se pueden quedar y buscarse un trabajo (en fundaciones varias, consejos de administración y eso) donde sin duda todavía tendrían algo de predicamento aunque hubieran dejado de reinar por eso de que habría todavía muchos que querrían arrimarse a ellos y sus pasados contactos. No es imprescindible que salgan del país si prefieren quedarse. Porque de lo que se trata es de lo otro, de que dejen de reinar. Y de ir explorando la construcción jurídica de una III República española.
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Ayer aprovechaba en mi columna de El País Comunidad Valenciana para hablar de los trepillas, un fenómeno siempre de actualidad pero al que de vez en cuando conviene girar la atención. En Valencia desde hace años tenemos a los dos partidos mayoritarios, PPCV y PSPV, absolutamente secuestrados por unos grupitos de dirigentes de más que dudosa competencia, con las consecuencias nefastas por todos sabidas. Probablemente, además, esto no es una especificidad valenciana. Yo la veo más aquí, simplemente, por tenerla más próxima. Así que hablemos hoy un poco de estiralevitas profesionales.
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Pues la verdad es que hoy podría hablar de muchas cosas. Del excelente (como siempre) artículo de José Yoldi sobre uno de los muchos efectos disfuncionales de la salvaje ley contra la violencia de género , que demuestra que la paciencia de los operadores jurídicos empieza a estar más que colmada con algunas de las cositas de esta ley. O de la conferencia que hoy han dado en Valencia, invitados por la Academia de Jurisprudencia y Legislación valenciana (o como se llame esa cosa, que la verdad es que no lo sé muy bien), dos penalistas de primer nivel, Córdoba Roda (U. de Barcelona) y Rodríguez Morullo (U. Autónoma de Madrid) sobre el patético estado de las garantías en el proceso penal. Han hablado de detenciones para forzar a los sospechosos a confesar, de escuchas telefónicas a abogados, de registros inconstitucionales, de conformidades que sirven de mecanismo de presión y que se pretenden emplear para condenar a otros sospechosos… Y es que el proceso de degradación es imparable, como el Tribunal Constitucional se encarga de recordar cada dos por tres, con sentencias de esas que abochornan a cualquier juristas con un mínimo sentido de las garantías (véase el ejemplo más reciente, donde justifican que se te meta la policía en el ordenador sin pedir permiso del juez ni nada para ver qué tienes y todo porque el delito -posesión de pornografía infantil- es especialmente odioso y las chorradas al uso que parecen justificar cualquier cosa… ¡cómo si el resto de delitos, un asesinato, por ejemplo, no fueran también odiosos!).
Vamos, todo muy edificante, como es norma en este país en lo últimos y comentábamos hace nada en relación a indultos a banqueros (¡para que luego digan que no hay garantías en este país para los delincuentes!). Pero una noticia se ha cruzado en mi intención de charlar sobre alguno de estos temas. La que informa de la última ocurrencia de la Junta Electoral Provincial de Madrid, que por lo visto está notificando a electores que fueron identificados por la Policía de Madrid por ir a votar con una camiseta verde para que hagan alegaciones respecto de un posible incumplimiento de la legislación electoral, lo que habría supuesto un delito del art. 144 LOREG, por realizar propaganda electoral acabada la campaña.
La cosa viene a ser así, por resumirla de manera fácil para que se entienda:
– En España en 2011 puedes tener que votar en lugares (centros escolares concertados) donde hay mesas electorales debajo de inmensos crucifijos, pósteres conmemorando visitas del Papa o mensajes antiabortistas. A pesar de que el Estado tiene una obligación de neutralidad mucho más fuerte que la de los ciudadanos (por motivos obvios que no vale la pena ni desarrollar), este tipo de mensajes se entienden por las distintas Juntas Electorales como perfectamente apolíticos y, por ello, no se aceptan las reclamaciones de los electores que las hacen (algo que me consta perfectamente porque he estado votando durante años en un asqueroso colegio concertado que llenaba el hall de proclamas contra el matrimonio gay y el aborto para el día de las elecciones -o a lo mejor para todos los días, y que así el Estado pague un concierto para que se adoctrine a los niños a gusto- sin que ninguna de las reclamaciones realizadas haya fructificado nunca).
– En cambio, esas mismas Juntas Electorales consideran que el hecho de que un ciudadano vaya a votar vestido con una camiseta verde con un mensaje a favor de la escuela pública es un acto de campaña, de propaganda, y que por esta razón supone un delito electoral del art. 144 LOREG.
– Mientras tanto, candidatos de diversos partidos políticos, algunos de manera tan notoria como el Presidente de Baleares, han osado pedir el voto en la tele el mismo día de las elecciones. Incluso mediando denuncia de los partidos rivales, la Junta Electoral de Mallorca no ha entendido que esa acción sea un acto de campaña y tampoco que constituya un delito electoral del 144 LOREG.
– Por último, como es sabido, el art. 145 LOREG prohíbe publicar encuestas a partir de cierto día de la campaña y castiga también con penas de cárcel a quien incumpla esta obligación. Una norma absurda, una de tantas, en los tiempos que corren. Lo que no quita para que llame la atención que ciertos diarios o directores de periódicos la incumplan de manera notoria, exhiban su falta de respeto por la norma y que tampoco pase nada.
Las reglas en 2011, al menos según nuestras Juntas Electorales, se resumen en lo siguiente: #anchopamí (es decir, para el Estado, para la Iglesia, para los banqueros importantes del país, para los políticos en activo, para los medios de comunicación potentes, para los directores de periódicos famosos) y #ojodeunaagujapati (es decir, para el ciudadano de a pie). Ya veremos cómo acaba esta historia, pero de momento, con el historial reciente de las Juntas Electorales españolas (por ejemplo, con las acampadas del 15-M) uno se puede esperar cualquier cosa de esta gente. Y no, precisamente, buena.
Esta campaña electoral, poco emocionante políticamente, es interesante porque está aportando novedades muy significativas sobre el momento que vive nuestra democracia. Mientras cada vez más ciudadanos se manifiestan indignados al grito de «no nos representan»en medio de una crisis económica pavorosa, mientras la parálisis en la Unión Europea se hace cada día más patente frente a unas fuerzas económicas por lo visto imposibles de contener, mientras las líneas de fractura de los modelos democráticos saltan por los aires en Grecia (y también en España)… una batería de normas a cual más cuestionable acompañan esta nueva campaña electoral con el objetivo explícito de dificultar la presentación de candidaturas minoritarias y la visibilidad de las opciones diferentes a las mayoritarias y ya asentadas.
Dos de estas reformas son especialmente importantes y merecen un comentario más detallado: la que impone a aquellos partidos sin representación la recolección de avales para poder presentarse y la que obliga a las televisiones privadas a dar unos tiempos de cobertura informativa determinados y prefijados, durante la campaña electoral, a las diversas opciones políticas en liza.
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Un juez de lo penal de Valencia ha condenado a un concejal de Esquerra Unida, Amadeu Sanchis, por injuriar a España 2000, un partido abiertamente xenófobo, calificándolo, entre otras cosas, de «banda terrorista». La sentencia, en Comic Sans (lo que es siempre un detalle simpático y de agradecer, ¡qué diablos! -un día habrá que investigar a qué se debe esa querencia de la judicatura por ese tipo de letra), la tienen aquí.
Amadeu Sanchis criticó con extrema dureza la convocatoria que realizó España 2000 a una manifestación en el barrio valenciano de Benimaclet contra «la inmigración masiva, los okupas y el paro». En medio de las muchas críticas que se sucedieron durante esos días, por parte de vecinos, comerciantes y políticos, Esquerra Unida solicitó a la Delegación de Gobierno la prohibición de la reunión alegando que se trataba de una convocatoria realizada en realidad por «bandas terroristas que amenazan, coaccionan, torturan y, ya en muchos casos, asesinan». Estas razones se difundieron, además, en una nota pública de Esquerra Unida, de la que ha derivado en condena (suponemos que si estas razones hubieran quedado circunscritas a la petición a la Subdelegación no habrían sido consideradas relevantes a efectos de lesionar honor alguno… o no).
En cualquier caso, este suuesto es interesante para analizar algunos límites de la libertad de expresión en la discusión política. Más que nada porque decir de un partido que es una banda terrorista, aunque sea en sentido figurado (y aunque lo hayamos escuchado muchas veces referido a Batasuna, PNV, Esquerra e incluso del PSOE), es probablemente ir al límite de lo que no es abiertamente injurioso. Y, sin embargo… ¿tiene en verdad sentido la condena por injurias en un contexto como el señalado, de crítica política (por mucho que sea virulenta) a una convocatoria de otro partido?
El pasado día 15, de nuevo, miles de personas desfilaron por las calles para manifestar, otra vez, nuestro disgusto e indignación. Por una crisis económica que, como siempre, se ceba con los más débiles y los menos protegidos. Por unos sistemas democráticos cada vez más formales, donde todos somos muy conscientes de que la opinión de las mayorías (si vienen de abajo) importa poco. O, al menos, importa poco cuando afecta a ciertos intereses. Por la innegable constatación de que las formas de participación política que las democracias liberales pusieron en marcha son insuficientes para canalizar los deseos de integración cívica de unas sociedades de masas muy diferentes, más profundas socialmente, complejas y heterogéneas. En resumen, porque todos tenemos la sensación de que no pintamos demasiado (por ser generosos) ni individual ni colectivamente y porque mientras ciertas elites viven muy bien, cada vez mejor, sin sufrir los costes de la transformación económica en curso, otros se llevan la peor parte sin que el reparto tenga que ver con los méritos, capacidad y trabajo de los respectivos sujetos.
El movimiento 15-M, quienes se dicen indignados y reclaman Democracia Real Ya, han puesto en marcha algo que en la breve historia democrática de España nunca se había intentado: canalizar debates, participación, protestas, reivindicaciones… desde la base y al margen de la agenda social, mediática y política, que en nuestro país ha funcionado siempre de manera muy engrasada para generar una especie de consenso débil que servía de pasaporte democrático para desactivar cualquier atisbo de conflictividad social… y también de discusión política. Es una novedad muy importante, y muy de agradecer. Pero tiene el problema de que si queda en la mera reivindicación y protesta, si se queda en la potente pero desarticulada expresión de indignación será un movimiento, a la hora de la verdad, inane y poco perturbador. Por eso el 85% de la población, dice el CIS, apoya sus reivindicaciones. Porque no hay nada, o casi nada, en las mismas, que sea en verdad conflictivo. Lo que desactiva su potencia renovadora. Habrá servido, eso sí, para recuperar la política para la ciudadanía, sí, pero sólo en sus primeros estadios. ¿Qué es necesario para ir más allá?
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