El pasado domingo la Candidatura d’Unitat Popular (CUP), fuerza emergente de la izquierda independentista catalana, anunciaba oficialmente el acuerdo por el cual, y por un estrecho margen de tres votos, resolvía no presentarse a las elecciones europeas de éste mes de mayo [1]. Aunque oficialmente se esgrimen varios motivos para el rechazo a concurrir los comicios, relacionados con el déficit de legitimidad democrática de las instituciones europeas, las razones reales van más por el lado de los equilibrios internos y las obvias dificultades logísticas y organizativas: empiezan a sonar campanas de elecciones autonómicas anticipadas en 2014, ante el rechazo de Rajoy a la consulta catalana, y un partido con pocos recursos como es la CUP piensa en concentrar esfuerzos ante unas encuestas que le auguran doblar su representación [2].
Con la negativa de la CUP a concurrir a las elecciones europeas parece que se descarta la posibilidad de que exista una candidatura netamente euroescéptica desde el campo de la izquierda en estos comicios. La coalición de IU, ICV, CHA, Anova y compañía encabezada por el ilusionante Willy Meyer apuesta abiertamente por una unión fiscal que dote de instituciones políticas a la zona euro y aumente los poderes de la Unión Europea. ERC, Equo y Compromís son formaciones con una militancia mayoritariamente también muy europeísta y que apuestan por una democratización “desde dentro” de la UE y la zona euro. Incluso Bildu, fruto de su diversidad interna, plantea el tema en términos ambiguos y con tesis más cercanas a las de IU [3]. Tampoco Podemos hace de la definición en éste tema algo central, optando por definiciones ambiguas alrededor del concepto democracia.
Nada de ésto es sorprendente si analizamos la trayectoria de cada una de las formaciones: desde la apuesta por el Compromesso Istorico del PCE-PSUC en los 70, por la UE en los 80 y el sí crítico a Maastricht y la Unión Monetaria en los 90; y los diferentes partidos nacionalistas que provienen de una tradición que ha buscado en la UE el deus ex machina que había de venir a desfazer los entuertos provocados por el ogro madrileño. Pero la CUP, producto de una nueva generación más deudora del movimiento antiglobalización que del viejo socialismo histórico, tiene en estas cuestiones un enfoque diferente. Sus organizaciones impulsoras ya advertían hace década y pico, cuál Casandra, que con el euro íbamos a la miseria [4]. Y nada.
En el largo rosario mediático de advertencias sobre el auge de la extrema derecha, el euroescepticismo aparece -cuando lo hace- como un efecto colateral y cuasi mágico, sin aparente relación con la crisis económica. Tal y como se explica en el texto antes enlazado, el hecho de que entre 2002, año de adopción del euro, y 2007 (en plena “bonanza” económica) los precios de productos básicos -la inflación- creciesen a un ritmo tres veces superior a los salarios da al problema europeo una dimensión estructural, y no sólo coyuntural. Unido al comportamiento de la Comisión y el eurogrupo en materia de deuda y “rescates” es absurdo fingir que todo ésto no afecta a la percepción popular: la desconfianza hacia la UE aumentó en 45 puntos de 2004 a 2012 [5]. Con datos de 2012 el 72% de ciudadanos del Estado español tiene una imagen negativa de la UE.
Mientras tanto, en el campo de la izquierda que, al menos teóricamente, está llamada a capitalizar el descontento, la tendencia apunta en la dirección opuesta. En una línea similar a la propuesta por Syriza, aconsejada por su ideólogo, el economista greco-australiano Yannis Varoufakis, la mayoría de la izquierda ibérica -también la portuguesa- apuesta por una mayor de cesión de soberanía a la Unión Europea con vistas a crear un super-estado con presupuesto más robusto capaz de realizar inversiones. Para ello proponen una cierta armonización fiscal y regulatoria en materia bancaria y financiera: en otras palabras, instrumentos que permitan canalizar “excedentes” de los países del “norte” de la zona euro (Alemania, Países Bajos, Austria, Finlandia, etc) hacia los del “sur” (Grecia, Portugal, España, Chipre, Irlanda… y a ratos, Italia).
Este planteamiento, si bien sobre el papel parece el más razonable, tiene el pequeño inconveniente de que necesita al menos la aprobación de los países del norte de los que, al final, se solicita que paguen la factura al contado. Y en todos estos países, empezando por la metrópolis, Alemania, parece que el consenso político va por otros derroteros. Excepto Die Linke, el resto de partidos apuesta por profundizar en la agenda de contención salarial aprobada por Schröder y Fischer en 2003, con vistas a mantener la inflación baja. La opinión pública del norte no está por monetizar deuda de los PIGS (imprimir billetes) y tampoco invertir allí los excedentes que apenas generan con su raquítico crecimiento del 1% mientras siguen los recortes en casa. No parece realista.
En definitiva, la inmensa mayoría de la izquierda hispánica pide reeditar el pacto de los 80: abrir aún más la economía y ceder soberanía a cambio de que los alemanes metan la pasta necesaria para salir de la crisis. Pero hay diferencias sustanciales. En primer lugar, el mercado interno de los países del sur, reventado como está, con paro galopante y salarios a la baja, no resulta suculento como antes: los países del norte de la zona euro dirigen sus exportaciones mayoritariamente a mercados emergentes.
En segundo lugar, la mano de obra del sur no es lo suficientemente barata con relación a la del norte como para plantearse deslocalizar grandes fábricas y centros de producción. Precisamente la presión europea actual es para una mayor caída de salarios: no habrá grandes inversiones generadoras de empleo sin un desplome mayor de los salarios reales. También en esto -y especialmente en mano de obra no cualificada- los mercados emergentes son mucho más competitivos.
En tercer lugar, un euro devaluado o vinculado a las emisiones de deuda sindicada de los países del sur y el norte, los denominados eurobonos -el equivalente a vender como DO Ribera del Duero una mezcla 50-50 de Vega Sicilia y Don Simón- podría perder su condición de divisa de reserva para ciertos tipos de transacciones, y con ello comprometer la capacidad de los mercados financieros europeos para atraer capital. Además de la pérdida de poder adquisitivo de la divisa en bienes primarios de importación, como los hidrocarburos, de la que la gran industria del norte es altamente dependiente.
El escenario de ruptura del euro e incluso de la Unión Europea no es nada halagüeño, ciertamente está lleno de dificultades y pocas certezas; con la ya famosa intervención de Draghi en los mercados de deuda parece que el riesgo a corto plazo se disipó. Con la economía estabilizada, solo cabe resignarse a una larga década perdida de desempleo estructural superando el 20% y ninguna perspectiva de mejora o democratización de las instituciones imperantes en materia económica y monetaria. Desde el punto de vista unilateral -lo que desde España, Portugal o Grecia puede hacerse sin esperar milagros en la metrópolis berlinesa- el abanico se reduce a dos opciones: la resignación o un escenario de ruptura. Incluso cualquier propuesta creíble de reforma europea con capacidad para emplazar al norte necesita poner sobre la mesa alguna bomba nuclear que no suene a farol: la amenaza de impago de la deuda y abandono de la zona euro; y alguna remota posibilidad de que se lleve a cabo. De lo contrario, nadie tiene incentivos para ceder.
Sólo en Catalunya, con el proceso independentista en marcha, este tipo de cuestiones han entrado mínimamente en el debate público. La opción independentista sigue siendo la ganadora en las encuestas -aunque con menos margen- cuando se plantea la hipótesis de tenerla que llevar a cabo al margen de la Unión Europea y por tanto de sus instituciones. Las debates sobre la eventual continuidad de la libra esterlina en caso de independencia de Escocia dan algunas pistas sobre la cuestión. Aunque CiU y ERC siguen con su temerario wishful thinking, parte de la sociedad catalana da por hecho el veto español y plantea escenarios económicos alternativos.
Con todo ello, la negativa de la CUP a participar en las elecciones supone una gran pérdida para que el gran debate en el seno de la Unión Europea entrara mínimamente en juego más allá de las luchas partidistas por afianzar el escenario cara a las grandes citas de 2015. La izquierda moralsantinista se congratulaba ayer de que nadie irrazonable en estas cuestiones participara en los comicios: el gran debate sobre si dan más miedo los euroescépticos o los eurobeliebers y la inclusión de la realpolitik en política económica tendrá que esperar aún algunos años. Tratándose de España, seguramente hasta nunca.