1. Comentario de Andrés Boix Palop (25/09/2009 13:46):

   La verdad es que me he mirado por encima la cosa y hay dos cosillas que me llaman la atención:

   – Según las “pruebas” aportadas por la policía a “El País”, consistentes en una serie de grabaciones, cargos del PP valenciano pagaban a las empresas de “El Bigotes” por los diferentes actos que el tío les montaba. Estamos ante el primer caso de financiación ilegal de un partido político consistente en que el partido, en vez de cobrar, paga.

   – ¿A santo de qué esa preocupación por que Camps no se entere de nada?

   Hay un tercer elemento y es que, en cada conversación que saca “El País” entre Bigotes y Correa el primero dice que él pasa de pedir nada a los amigos y el otro no parece muy contento, pero lo sobrelleva.

   O hay algo en las informaciones de hoy que me he perdido o, sinceramente, ¿no entiendo nada? ¿En qué consiste exactamente el escándalo?

   No estoy diciendo que no haya nada o que no acabe habiendo pruebas, simplemente es que, con lo publicado hoy a toda plana, ¿de qué se está acusando exactamente al PP de Valencia y a Camps? Porque si es de hacerse los remolones a la hora de pagarle al Bigotes algunos de los servicios que le contrataban y que el tío tenía que llamar para recordar que le pagaran, estamos ante lo que suele pasar con los ricachones a la hora de pagar las fiestas que se montan. Y, de momento, no veo la relación entre eso y la financiación ilegal del PP.

2. Comentario de Andrés Boix Palop (25/09/2009 14:47):

   Creo que ya he sacado en claro algo más. Una acusación esencial es que la empresa de El Bigotes trabajaba, en parte, con dinero negro y que “el vicepresidente del Consell lo sabía”. Esta acusación tiene dos problemas:
   – es un poco pueril y tampoco significa que el PP haya hecho nada malo.
   – ninguna de las conversaciones transcritas prueba nada de eso.

   Adicionalmente, la policía dice que el PP pagaba actos suyos pagando en B con facturas a nombre de empresas afines. Esta sí es una acusación seria, si se prueba. Pero, de nuevo, las conversaciones transcritas, presentadas a bombo y platillo como definitivas, nada dicen sobre eso. Tampoco se entiende muy bien cómo una empresa se dedica a emitir facturas de su caja B. Pero vamos, si efectivamente había empresas que pagaban los actos que Orange Market organizaba para el PP, la cosa sí tiene importancia. Ocurre que estas cosas, claro, hay que probarlas. No entiendo a santo de qué tenemos en portada unas conversaciones privadas que nada aportan sobre el particular y, que desde ese punto de vista, carecen de interés público.

3. Comentario de galaico67 (25/09/2009 15:34):

   Andrés, las informaciones periodisticas no son un sumario, pero lo que parece afirmar es que empresas que contratan directamente con nuestra santa y católica Generalitat pagaban los actos de campaña del PP. Como no podían ponerlo en la factura – que FACSA, ..hubiera pagado el fiestorro de Camps-Fabra en cualquier sitio – había que generar varias facturas.Una al PP para que constara, otra a FACSA , con otro concepto y , probablemente, alguna anonima donación de las que permite nuestra legislación para cuadrar el beneficio para todos.
   ¿Tu conoces alguna obra pública en Castellón que no haga LUBASA? ¿Alguna obra municipal/diputación que no haga PIAF?
   ¿Casualidad?
   Y la Rita defendiendo la adjudicación directa, sin contrato publico, por cuestiones de eficiencia y agilidad..y no pasa na..

4. Comentario de Andrés Boix Palop (25/09/2009 17:30):

   Sí, galaico, leyendo la noticia, al final, la cosa se supone que va de eso. Pero sigo sin entender qué datos para deducirlo se extraen de las conversaciones publicadas (que son la única prueba que se menciona). Llámame quisquilloso, pero creo que es importante.

5. Comentario de Jordi (25/09/2009 21:48):

   No lo sé, pero no creo que seas quisquilloso sino correcto. Supongo que en los próximos días veremos aparacer nuevos capítulos de la noticia ya que los tiempos periodísticos son distintos de los legales. Claro que ayudaría mucho a tener una cierta confianza en el solución judicial el hecho de que los temas se resuelvan dentro de un tiempo prudencial, que los jueces no se vayan sumando a bandos progresistas versus conservadores y actuando como hombres de paja, se reduciran las filtraciones y, sobretodo, mirando con cierta atención cuales son sus amistades.

6. Comentario de Guillermo López (26/09/2009 10:44):

   Es evidente la implicación, a saco, de Prisa con todo esto. Y que la historia periodística va con unas pautas de actuación y la judicial, con otras. Lo que yo me plantearía es si la historia periodística (que por cierto no es un compartimento estanco, sino que la alargarán y secuenciarán todo lo que puedan; hoy El País publica más “revelaciones”) es irrelevante. A mí, la verdad, no me lo parece. Que un informe de la policía afirme que los pagos a Orange Market se efectuaban a través de cajas B y con empresas valencianas implicadas me parece una cuestión informativamente interesante, también en el plano jurídico. Es sorprendente que el juez del TSJV no lo considerase.

   Y todo lo demás, las grabaciones con las que está hinchando El País, probablemente no tengan valor para estimar si se están cometiendo o no irregularidades; pero, sin duda, sí que tienen relevancia informativa (yo se la veo a constatar las disensiones internas entre Costa y Rambla, la libertad de acción con la que se movía un personaje como el Bigotes por todo el PP valenciano, etc.); podemos discutir, si quieres, si es presentable publicar las conversaciones desde un punto de vista ético; pero de su valor informativo no cabe ninguna duda.

   Un cordial saludo

7. Comentario de Andrés Boix Palop (27/09/2009 01:02):

   Hombre, que las conversaciones privadas de altos dirigentes de un gobierno autonómico o, ya puestos, del Gobierno de la nación tienen interés informativo no tiene ninguna duda. Que si se llevan bien, o mal, o regular. Que si se ponen apodos, que si pagan las facturas a tiempo. Está claro que interés informativo tienen.

   La pregunta aquí es, a la luz de las revelaciones, ¿qué delitos se supone que han cometido los implicados? Porque yo sigo sin ver ninguno. Y por eso no me parece nada sorprendente que el TSJ no prestara atención. El TSJ que, recordemos, investigaba a 4 ó 5 políticos del PP valenciano, ¿qué delitos, a la luz de esas pruebas, tendría que haber investigado? ¿Que no pagaban rapidito los saraos que le encargaban al Bigotes?

   También nos podríamos preguntar si es presentable que la policía pinche los teléfonos de todo el PP valenciano y luego le pase las grabaciones a un periódico, pero sobre esto, como desgraciadamente es muy habitual, no vale la pena ni hacer ademán de comenzar a rasgarse vestiduras.

8. Comentario de galaico67 (27/09/2009 09:57):

   Andrés, una serie de cuestiones
   ¿Has leido el informe policial? Yo no -evidentemente- pero he leido que no es secreto y lo tienen las partes, socialistas incluidos. Sería un detallazo que fuera publico, asi se aplicaría eso de “queremos saber” en toda su extensión.
   ¿A que esperan FACSA, LUBASA y SEDESA para querellarse? Puedo entender que los pperos no lo hagan, no juegan en esa liga, va más el barro, pero una empresa privada no tiene porque retenerse. Las acusan de fraude día si, día tambien.
   Lo de las conversaciones personales si que parece una estrategía de desprestigio a la, por otra parte impermeable, clase dirigente valenciana. Tantas protestas de honradez, tanto yonoleconozcodenada y solo les falta haberse montado un rollito swinger. O quizá no. Pero graznar en los periodicos todo lo que quieran, querellarse nada.
   Bueno, si asi nos libramos de amiguitos del alma, de más que amigos y de pobres chicos que no llegan a final de mes (según su declaración jurada de ingresos) y se ostian, pasados de velocidad, al volante de carracos de 70.000 euros, pues que quieres que te diga. Con la justicia que tenemos es todo a lo que podemos aspirar. A vendettas…

9. Comentario de Jordi (27/09/2009 10:51):

   Para saber si el TSJ valenciano hizo lo correcto mejor que esperemos al capítulo del domingo que se publicará en El País. A ver qué sacan. Digo yo que reservaran algo importante para el domingo que es el día en el que el periódico es más caro.

10. Comentario de Guillermo (LPD) (27/09/2009 12:09):

    En efecto, hoy El País publica documentos provenientes del informe que ya no hablan de si El Bigotes se lleva mejor o peor con Rambla, sino de los pagos a Orange Market de empresas constructoras que “sustituyen” al PP:

    http://www.elpais.com/articulo/espana/Documentos/trama/acreditan/financiacion/PP/elpepuesp/20090926elpepunac_13/Tes

    Y más grabaciones-cotilleo: http://www.elpais.com/articulo/espana/escandalo/seria/grande/hostias/irian/presidente/elpepiesp/20090927elpepinac_5/Tes

    La verdad es que, desde mi irresponsabilidad periodístico-no jurídica, creo que utilizar a empresas constructoras a las que luego les das concesiones para que paguen tus facturas sí que es un delito, con lo que el TSJV una de tres:

    1) No se leyeron el informe.
    2) Se lo leyeron y pensaron que lo había redactado Rubalcaba
    3) Se lo leyeron y llegaron a la conclusión que todos estamos pensado para no tenerlo en cuenta

    En El País han hecho lo que se hace en estos casos cuando te dan un chollito informativo (para joder al PP y no “porque quiero que reluzca la verdad”, que eso está claro): dosificar la información e ir calentando el ambiente (y lo que queda). Es cierto que si el primer día publican un vídeo de Camps, el Bigotes y Juan Soler, en alta resolución, explicitando el trapicheo, la cosa queda clara desde el principio. Pero esta pobre gente se ha quedado sin fútbol y han reñido con el PSOE zapateril, tienen que vender, dales un respiro!

    Un cordial saludo

11. Comentario de Andrés Boix Palop (27/09/2009 13:03):

    Bueno, hay otra posibilidad alternativa:

    4) Se leyeron el informe, concluyeron que del mismo no se deducía la comisión de ningún delito de los aforados que estaban investigando y devolvieron el informe a Madrid, que es donde se investiga la trama de Gúrtel y Orange Market.

    “El País” empieza la información mintiendo a sabiendas cuando habla de que los documentos demuestran “un grave delito de financiación ilegal”. La financiación ilegal de partidos políticos está muy fea, es un escandalazo pero, en España, no es delito. Esa irresponsabilidad periodístico-no jurídica es bastante anómalo que la cometa “El País”, que se supone que debe de tener asesores y expertos en estos temas que les asesoren antes de publicar algo así.

    Porque en España, insisto, la financiación ilegal de partidos políticos no es delito (o bueno, hay un caso, marginal, que sí puede serlo, que es cuando de ello se dedujera una desiguladad en campaña electoral que pudiera alterar un resultado, recordad en este sentido por qué le buscaron las cosquillas a ZP con lo del avión). Es una irregularidad que el consenso social plasmado en el CP entiendo como no demasiado grave y que se castiga administrativamente-

    Así que, incluso asumiendo (que, por cierto, a la vista de las pruebas, sigue siendo mucho asumir) que hay financiación ilegal del PP valenciano, la cosa supondría, como es lógico, un enorme escándalo político, pero sigo sin entender a santo de qué el TSJ tendría que hacer nada al respecto.

    Analizado el asunto de manera desapasionada, y desde un punto de vista estrcitamente jurídico, el escandalazo que empezó con delitos de cohecho que suponen años de cárcel e inhabilitación y pasó a ser un delito de cohecho impropio con pena de multa ahora es reconvertido por El País en una cosa que es una irregularidad administrativa y el mal gusto de los dirigentes del PP valenciano poniéndose nombres. No sé, a mí me llama la atención que le den el bombo que le están dado.

    Nota 1. Que la financiación ilegal de partidos políticos no sea delito no significa que, a veces, como con Filesa, se puedan cometer delitos para llevarla a cabo; defraudar a Hacienda, emitir facturas falsas… cosas de esas. Como es obvio, en tal caso los que delinquen son los que realizan esas conductas. Eso justamente es lo que se investiga en Madrid y por eso el TSJ les devuelve el informe, porque entiende que del mismo no se deduce la existencia de ningún elemento que pueda hacer sospechar que hay delito de los 4 ó 5 cargos públicos del PP valencianos que estaban encausados ante el TSJ.

    Nota 2. Veo que El País informa de que la devolución de los papeles al TSJ de Madrid la propone Montero, el juez que votó a favor de que Camps fuera juzgado. Pero no inciden demasiado en el tema. A ver, o Montero es un vendido al PP y a Camps que le quiere hacer un favor más, en cuyo caso no se entiende que votara a favor de juzgar a Camps, o Montero es un juez recto e impoluto (que es lo que venía diciendo hasta ahora “El País” dado que falló como ellos consideraban razonable) tanto cuando falla en un sentido como cuando lo hace en el otro. ¿No es más sencillo pensar que a lo mejor hay alguna razón de sentido común que cualquier jurista detectaría?

    Nota 3. Efectivamente, desde que se envió al TSJ de Valencia, las partes tienen el informe de marras. Esto es, desde hace más de un mes. Porque en este asunto no hay secreto de sumario. Pero que un sumario sea secreto significa que, excepcionalmente, las partes no pueden acceder a él. Cuando no es declarado secreto, que es la situación normal, las partes pueden acceder a él pero siguen teniendo la obligación de no mostrarlo ni comentarlo con nadie ajeno al procedimiento. Y es delito, esto sí, revelarlo. Es decir, sea la policía, sea la fiscalía, sea el PSOE personado como acusación, quien se dedica a poner en los periódicos conversaciones privadas (e irrelevantes excepto a efectos de erosionar la imagen de alguien) comete un delito. Otra cosa es que lo veamos tan normal que nos parezca bien. Pero vamos, el caso es que, sí, PSOE, Policía y Fiscalía tienen el informe en su poder desde hace más de un mes. Y probablemente “El País” también. Que no se le haya dado la más mínima importancia hasta ahora puede obedecer a cuestiones de “timing” político-informativo. O a que no tiene la más mínima importancia.

    En cualquier caso, esperemos que la serie siga, a ver si al fin “El País” publica algo con chicha.

12. Comentario de Andrés Boix Palop (27/09/2009 13:16):

    Si alguien tiene la curiosidad de saber lo que es delito en España:

    http://www.060.es/te_ayudamos_a/legislacion/disposiciones/7734_3-ides-idweb.html

    Podéis buscar “financiación” o “partidos” o “políticos” o “electoral” y enseguida comprobaréis cuáles son las conductas relacionadas con esos términos que son delito.

    También podéis buscar “cohecho” y veréis la regulación.

13. Comentario de Guillermo López (27/09/2009 16:10):

    Discrepamos. A mí, desde mi ignorancia periodística, me sigue pareciendo que es un asunto bastante serio, es legítimo que se publique, y no entiendo muy bien tu énfasis en disparar sobre el mensajero porque, al parecer, no está utilizando los términos con precisión jurídica (que es, por lo visto, lo que debe mover a un medio de comunicación; que la naturaleza del código no se vea alterada en la interpretación periodística), y no los hechos en sí.

    Por otra parte, poner constantemente el acento en lo malo que es El País y cómo manipula está muy bien, pero me imagino que el informe en el que se basa no lo habrán escrito Javier Pradera y la Defensora del Lector codo con codo. Lo digo por recordar que este follón se monta a partir de un informe de la policía, que sí, que sí, que seguro que son también socialistas, pero que en los procedimientos judiciales en principio digo yo que tendrán algo de predicamento para presentar indicios de delito, ¿no?
    ¿A ti te parece bien, lógico y normal, que varias empresas constructoras se dediquen a pagarle facturas al PP como previsible devolución de los servicios prestados? Estoy seguro de que la regulación de la financiación de los partidos políticos constituye un caso práctico interesantísimo. Pero al común de los ciudadanos probablemente le interese más la naturaleza de las relaciones entre poder político y poder empresarial, las características de la práctica política, que se están mostrando en ese informe. Y si luego El País quiere arrimar el ascua a su sardina, a mí es algo que me importa bastante poco.

    Por cierto, sobre el filtrado de informes, hay una teoría divertida que ha sacado hoy Escolar: la de que Zaplana es quien ha filtrado el informe “para vengarse de Camps”. Absurda, pero divertida. ¡Zaplana en el preludio de su retorno a la Generalitat!

    Un cordial saludo

14. Comentario de Mar (27/09/2009 17:17):

    Parece que se desprende que la Generailitat Valenciana adjudicaba contratos a empresas predeterminadas que eran las que pagaban a Orange Market la realización de los actos del PP.
    La financiación ilegal puede no ser delito pero adjudicar contratos y dinero público sin atender a los principios establecidos para ello, sí que lo es.
    http://noticias.juridicas.com/base_datos/Penal/lo10-1995.l2t19.html
    Tráfico de influencias, malversación, prevaricación. O cohecho propio si se prueba que los trajes son el pago por el trato de favor recibido por Orange Market a través de empresas interpuestas.

    Vaya, que puede investigarse si la actuación se enmarca dentro de una conducta de cohecho propio, pero como no tiene relación directa con el objeto del proceso que se vio contra Camps, cohecho impropio, se arrincona el informe.
    Ése, el no tener el informe relación directa con el objeto del proceso, es el argumento jurídico que se da para no entrar a su fondo.

    Pero, al principio, cuando se derivó el caso a Valencia desde Madrid, se relacionaba el regalo de trajes con el cohecho propio. Pero se consideró en el TSJ CCVV que no procedía que se siguiera el proceso como cohecho propio porque no había pruebas.
    Y ahora parece que puede haberlas, pero como no tiene que ver con el objeto del proceso, que es cohecho impropio, pues no se entra a estudiar aquí y se remite a Madrid para ver qué pasa.

    Hay algún tufillo raro dentro de toda esta formalidad jurídica establecida como garantía pero que ahora parece que lo que busca es distorsionar.

    ¿Quién, en un primer momento, rechazó que en Valencia se estudiara el caso como cohecho propio?, ¿cuáles eran las razones para hacerlo?

    La actitud de Montero, sí, es llamativa.
    Igual que esta noticia saltara a EP, edición nacional, el viernes cuando en Valencia, en las radios locales y periódicos de aquí, ya se avanzó el miércoles, http://www.levante-emv.com/comunitat-valenciana/2009/09/23/informe-policial-financiacion-ilegal-pp-senala-altos-cargos/634061.html

    Y sin desperdició las declaraciones de la Consellera de Justicia de la CCVV de hoy en EP también:

    “P. El presidente del Tribunal Superior de Justicia, Juan Luis de la Rúa, y el vicepresidente del Consejo General del Poder Judicial y ex consejero de Justicia, Fernando de Rosa, han sido criticados por intervenir en la parte valenciana del caso Gürtel dada su relación de amistad con el presidente Camps. ¿Qué opina de esas críticas?

    R. Las críticas no es que sean infundadas, que lo son. Es que son una auténtica irresponsabilidad por parte de quien las ha ejercido. Poner en duda el sistema de garantías, que define la Constitución, sin fundamento me parece una irresponsabilidad y una insensatez.”

15. Comentario de galaico67 (27/09/2009 17:33):

    Al común de los ciudadanos no les importa nada. Es una desgraciada realidad, pero a los millones de votantes no les importa. Y a los miles de afiliados – los que deberían mover a algunos señores de sus puestos, ya que los ciudadanos no podemos- aun menos.
    Todos esperando a ver que hay de lo suyo….

16. Comentario de Andrés Boix Palop (27/09/2009 18:05):

    Guillermo, no se trata de discrepar, se trata de que:
    – la policía puede hacer todos los informes e investigar todo lo que quiera, pero ha de hacerlo bajo la dirección de un juez y corresponde a éste, o a éstos, determinar si de los indicios recogidos por la policía se deduce o no que pueda haber habido delito;
    – es fascinante eso de que, como quiero que el resultado final sea A, defiendo a capa y espada el resultado del trabajo policial que puede llevar a A, y declaro ilegítima cualquier crítica a su labor, para a continuación, cuando los jueces (que son los que deciden si hay suficientes indicios de delito) hacen su trabajo en un sentido que no lleva a A, declarar que no es válido, que es una vergüenza, que son del PP y que eso invalida todo lo que hagan y, lo que es mejor de todo, que las consideraciones jurídicas no han de ser tenidas en cuenta por los jueces cuando hacen su trabajo.

    Yo entiendo el escándalo político que puede suscitar un caso de financiación irregular. Lo que no entiendo es que se critique a los jueces de no investigarlo, porque no es delito. Y no lo es, pura y simplemente, porque nunca el legislador ha entendido que sea una conducta suficientemente grave como para considerarlo como tal. En esos términos, puedo entender que la cosa sea tenida por grave, escandalosa y que se informe de ello. No que se inicie una campaña mentirosa contra jueces acusándoles de no investigar lo que, sencillamente, no son competentes para investigar.

    Tampoco entiendo que, a cuenta de un escándalo de esas características, se estén aireando conversaciones privadas cuyas transcripciones deberían haber sido destruidas por no tener relación con los supuestos delitos investigados, en lo que es un atentado a la intimidad absolutamente gratuito e impresentable en un Estado de Derecho. Y esto no es disparar contra el mensajero: la culpa es de quien filtra, que comete un delito. ¿Alguien imagina en algún otro país, o incluso en España, que se viera como razonable que los medios de comunicación publicaran las conversaciones telefónicas privadas de los dirigentes políticos de forma serializada y tan amplia?

    En resumen: que se investigue cualquier financiación irregular, claro. Pero sigo sin entender, ni qué tienen que ver las conversaciones publicadas con ninguna financiación irregular, ni qué pruebas mínimante sólidas de la misma pueda haber ni, sobre todo, por qué se supone que el TSJ de Valencia debería estar investigando esto.

    Porque, Guillermo, estáis mesándoos los cabellos y poniendo a parir a los jueces porque se negaron a juzgar o a investigar a unos ciudadanos por unos hechos que, incluso aunque fueran ciertos, no son delito y, por ello, no compete al TSJ pronunciarse sobre ellos.

    A mí me parece que el escándalo, por más que se hurga y se insiste no acaba de salir y, a falta de más chicha, se ha decidido incrementar el cuerpo de letra sobre una investigación sobre supuestas irregularidades menores, a ver si la gente acaba creyendo que es muy grave, porque la escandalera mediática lo es, aunque en el fondo no sea un asunto de demasiada entidad.

    Jurídicamente, al menos. Y ahí tienes el link a los delitos vigentes en España. Pero es que aquí se hace mucho hincapié en que estamos ante un escandalazo jurídico, con una justicia corrupta y tal.

17. Comentario de Andrés Boix Palop (27/09/2009 18:06):

    Y lo de Zaplana, me temo, es una prueba más del nivel de credibilidad de gran parte de las informaciones sobre el caso.

    Sigo flipando con el “grave delito de financiación ilegal”.

18. Comentario de Guillermo López (27/09/2009 18:15):

    Eh, eh, calma, que yo me estaba tomando todo esto con bastante distanciamiento hasta que has llegado aquí, cual elefante en cacharrería, y te has puesto a repartir yoyah. Yo no me estoy mesando de los cabellos por esto. A mí me parece sorprendente que se excluyera el informe policial, a la vista de lo que contiene. Creo que es relevante, además, la filiación de los jueces que se encargaron de dictaminar, sobre todo si en público se dedican a alabar a quienes luego enjuician. Creo que los jueces no son de piedra, y hasta ahora no he leído en ningún sitio que los policías que hicieron el informe tengan relaciones tan -o algo- estrechas con el PSOE.

    A ti te parece que lo que está haciendo El País es vergonzoso. Maravilloso, pero no te pongas, a continuación, a hacer algo que a mí siempre me ha resultado particularmente irritante: a ejercer de marisabidillo que invalida cualquier discusión (“no se trata de discrepar, sino de que yo tengo razón y tú, ni puta idea”, que es lo que estás diciendo). Y tampoco te molestes en intentar deducir que los principios jurídicos que adornan una actuación política, si son legales, validan dicha actuación. A mí eso no me vale.

19. Comentario de Jordi (27/09/2009 18:52):

    Sin querer meterme en vuestra discusión sobre un caso del cual varios de vosotros sabeis más, me gustaría plantear algunas cosas que no entiendo y que tal vez me podeis aclarar:

    – De acuerdo tal vez el TSJ de Valencia actuó correctamente al desestimar una investigación, pero si su presidente se había declarado amigo íntimo del presunto responsable ¿no debería haberse inhibido (o como se llame jurídicamente) de la toma de decisión? ¿Y si el tema a tratar hubiera tenido relación con su mujer, su hijo o un pariente próximo? Yo creo que por una cuestión de formas no actuaron correctamente.

    – El País (o cualquier otro medio) no está obligado a publicar sólo delitos probados o indicios de delitos con base. Si un tema tiene interés informativo a nivel político y supone un comportamiento poco ético por parte de un personaje público aunque no sea delito puede publicarlo. Otra cosa es que todo parezca al final un circo y saquen conclusiones en base a material que no permite tales conclusiones. Pero bueno, eso lo hacen de todo desde cuando hablan de cine hasta cuando hablan de fútbol.

    – Lo que plantea Mar me parece bastante razonable. Tal vez las actividades de financiación ilegal no son delito, pero las actuaciones que se hayan podido hacer para compensar a unas empresas dicha financiación sí lo son. ¿No puede ser así?

    – Por último, coincido en que son lamentables las filtraciones, pero no sólo en este caso sino en todos. Pero o yo no me entero o nunca se investiga quién ha sido el responsable de la filtración. Desde mi ignorancia legal al respecto ¿El fiscal no debería actuar de oficio o los afectados por las filtraciones poner denuncia?

20. Comentario de Andrés Boix Palop (27/09/2009 19:17):

    ¿Como elefante en una cacharrería? Lo siento, Guillermo, pero que la financiación ilegal de un partido, en España, se considere delito o no es una cuestión que no pertenece al ámbito de lo opinable. Y empeñarse en que un juez tiene que procesar por ese delito a políticos y que, si no, estamos ante un escandalazo supone no entender que los jueces tienen unas determinadas competencias y que no es su función hacer investigaciones generales más allá de ellas. No creo que indicar eso sea entrar como elefante en una cacharrería ni ponerme en plan “yo lo sé y tú no tienes ni idea”. Es, simplemente, apuntar datos que creo que son relevantes y que, a la vista está, ni el ciudadano medio ni los medios de comunicación parecen manejar. Si tú prefieres no tenerlos en cuenta o no creértelos, perfecto.

    Aquí nadie ha dicho, por lo demás, que una hipotética financiación ilegal no sea un escándalo (es más, creo haber dicho varias veces todo lo contrario). Sí, en cambio, que no se pueda montar semejante algarabía porque los jueces no quieran iniciar una causa penal contra alguien por algo que, por muy escandaloso que sea, no es delito.

    Trato de responder a las preguntas de Jordi:

    – Un juez ha de inhibirse (abstenerse es el nombre técnico) si tiene una relación de parentesco o de amistad manifiesta con algún implicado. Si no lo hace, que es lo que debe, puede ser recusado por alguna de las partes. La cuestión es que la percepción mediática de lo que es una amistad, y más si es construida interesadamente, tiene a veces poco que ver con la realidad. Por ese motivo, ni la Fiscalía ni la acusación particular plantearon la recusación de De la Rúa. Es particularmente lamentable que ahora lo descalifiquen quienes, pudiendo hacerlo, no lo recusaron. ¿Y por qué no lo recusaron? Parece que la respuesta es sencilla. En esta antología del disparate en que estamos embarcados, hoy publica “El País” que la Generalitat Valenciana le paga un piso de 300 metros cuadrados a De la Rúa en el centro de Valencia. La información no lo dice, pero es el piso oficial que tienen todos los presidentes de los TSJ en todas las comunidades. Y también tiene otro pisito el Fiscal jefe, por cierto. Eso, que puede ser anómalo y criticable por otros motivos, no tiene nada que ver con que Camps le pague con el dinero de los valencianos un piso a su amigo juez, a pesar de lo que pretende dar a entender la noticia.

    – Por supuesto. Nadie ha dicho otra cosa. Pero sí creo que si el escándalo es una financiación irregular no debiera publicarse diciendo eso de “grave delito” porque, sencillamente, eso no es delito. Y que un medio de comunicación tiene la obligación de informar con rigor y responsabilidad. Personalmente, la publicación de las conversaciones, que soy el primer en considerar divertidas, me parece de un amarillismo lamentable. Pero es lo que hay. Y las inexactitudes reiteradas respecto de cosas como la del piso que he referido arriba no son de recibo y no hacen ningún favor a la “investigación”. Si se publica como un mega-escándalo algo así, perfectamente normal, y que el medio manipula para que parezca algo turbio, ¿qué credibilidad tiene el resto de datos que da el diario? En cualquier caso, de todos modos, eso es algo personal, supongo.

    – Como he dicho antes, que una empresa decida regalar 20 millones de euros al PP no es delito aunque infrinja lo previsto en materia de financiación de partidos políticos y sea, por ello, ilegal e irregular. Eso sí, si esos 20 millones se desvían empleando procedimientos como el blanqueo de dinero, la emisión de facturas falsas o la defraudación a Hacienda, ahí puede haber múltiples delitos. Ese tipo de cosas son las que, al parecer, se están investigando en Madrid respecto de toda la trama. Por eso el TSJ de Valencia les devuelve a ellos el informe, para que lo usen, si procede, para la averiguación de ese tipo de delitos. Por supuesto, si además de financiar ilegalmente al PP, las empresas que ponen la pasta reciben luego “compensaciones” en forma de adjudicaciones irregulares, etc., sí estaríamos ante conductas delictivas adicionales (por ejemplo, el clásico cohecho).

    – El Fiscal debería actuar de oficio, por supuesto. Y no es tan difícil detectar en algunas ocasiones de dónde sale la filtración. Hay que tener en cuenta que, respecto de cualquier sumario, las posibles fuentes son sólo cuatro: o alguien del órgano judicial, o alguien de la policía, o alguna de las partes o alguien de la Fiscalía. Lo cual reduce la lista de posibles sospechosos y facilita la labor de averiguación, a poca voluntad que se le ponga. Pero el caso es que no se hace y que los fiscales no suelen actuar de oficio, a pesar de que deberían.

21. Comentario de Andrés Boix Palop (27/09/2009 19:46):

    Mar, no había visto tu comentario. Tienes razón. Ya había indicado yo que el hecho de que la financiación ilegal en sí misma no sea delito no significa que no puedan producirse, en un contexto de financiación ilegal, otros delitos (he puesto incluso el link a la descripción del cohecho).

    Respecto de lo que te preguntas, un procedimiento judicial comienza, como sabes, con un juez instructor. En este caso, Garzón. Si se encuentra con indicios de delito suficientes respecto de un aforado, envía al TSJ correspondiente el caso para se instruya el correspondiente procedimiento.

    De momento, Garzón encontró indicios de delito contra Camps y otros por el asunto de los trajes y lo remitió al TSJ. Ni Garzón ni el juez que se encarga ahora de la instrucción de la trama, de momento, ha encontrado indicios adicionales de delito de la suficiente entidad, a su juicio. Y, salvo que entendamos que garzón y el juez de Madrid también están a sueldo del PP de la Comunidad Valenciana, parece prudente presumir que, a la vista de los datos del sumario completo, que ellos sí tienen, es la conclusión a la que habrán llegado.

    En el TSJ de Valencia se nombra un instructor, Flors, que tampoco creo que nadie diga que está a sueldo del PP de Valencia, y que concluye que hay indicios de cohecho impropio pero que, a pesar de haber investigado, no los hay de cohecho propio. Y decide cerrar la instrucción considerando que ha de juzgarse el caso. Resolviendo un recurso contra esa decisión, la Sala del TSJ, por 2 votos a 1, entiende que la conducta que en su caso podría ser constitutiva de delito, caso de que pudiere ser probada, no sería en ningún caso delito y decide cerrar el caso. El juez que vota a favor de abrir juicio oral, que supongo que tampoco estará a sueldo de la Generalitat Valenciana, sí que está de acuerdo, en cambio, con el cierre del caso definitivo respecto de Costa (justamente, de Costa, porque lo que investigan es el cohecho y él, al ser cargo del partido pero no cargo público, no podía cometerlo; y eso aunque sea el que pueda estar más pringado, por su posición, en una posible financiación irregular que, como no es lo que se está juzgando, nada tiene que ver con la decisión judicial). Asimismo, y según informa “El País” (dándole una interpretación conspirativa que no acabo de comprender por dónde pretende ir), es este mismo juez, que ya digo que no creo que sea el más querido por Camps y el PP en estos momentos, el que desde un primer momento analiza el informe de la policía y decide devolverlo por no ser procedente a efectos de lo que ellos están analizando, posición en la que los otros dos miembros de la sala le siguen.

    No sé si la descripción del iter procesal ha quedado, más o menos, clara. Por supuesto, si en la investigación que se está desarrollando en Madrid aparecieran datos que avalaran cohechos propios o impropios y que afectaran a aforados se enviaría al TSJ para que realizara una instrucción. Pero de momento no se ha dado el caso. A lo mejor se da en el futuro, o a lo mejor no. El hecho cierto es que, hasta la fecha, no ha ocurrido. Y eso no es culpa, tampoco, del TSJ de Valencia.

    Cuando dices que la actitud de Montero es llamativa, ¿a qué te refieres? ¿Qué te parece llamativo?

    Y, por lo demás, ¿qué es lo que te parece raro o anómalo de lo que declara la consellera respecto de la no recusación de De la Rúa?

22. Comentario de Guillermo López (27/09/2009 19:55):

    El que ha venido aquí montando una algarabía has sido tú, respondiendo indignado a lo que hace y dice El País, como si esto fuese El País, o como si en el artículo que he publicado se comulgase con ello. Para que te quedes tranquilo, a mí me da igual enjuiciar a los jueces, y por enésima vez te digo que lo importante para mí no es eso, ni lo que pretendía discutir en el artículo (como, por lo demás, se deriva con toda evidencia de leérselo).

    Si quieres criticar todos esos asuntos de primer orden que ocupan toda tu atención en este asunto, escribe a la Defensora del Lector de El País y así la distraes de tanta TDT, pero todo este rollo que me estás soltando, en una especie de absurdo ejercicio de apabullamiento jurídico cuyo resumen parece ser “bueno, sí, igual lo de la financiación no es que sea muy ético y puede que sea noticia, pero para mí lo importante es la interpretación jurídica y bla bla bla”, es delirante a la par que molesto.

23. Comentario de Andrés Boix Palop (27/09/2009 20:03):

    Pues disculpa las molestias, si no lo ves interesante ni crees que tenga nada que ver. Me callo ya.

24. Comentario de Jordi (27/09/2009 21:19):

    Aflojad un poco que al fin y al cabo lo que estais diciendo uno y otro no es en absoluto incompatible. El artículo de Guillermo retrata una situación desde un punto de vista de posicionamiento de medios de comunicación y partidos donde la base jurídica es casi lo de menos. Andrés ha comentado que no se cree la base legal de la historia que cuenta El País. Pues vale, las dos cosas pueden ser ciertas. No será el caso, ya que todo esto tal y como ya se ha comentado creo que no les hará ni cosquillas a los del PP, pero no sería el primer político del mundo que se va a freir espárragos por un tema sin base judicial.

    Para mi volviendo al tema de las posiciones de los medios que comentaba Guillermo, lo más sorprendente fue leer la editorial de El Mundo. No acabo de entender el motivo por el cual se mojaron tan rápido. ¿Por no quedarse al margen de una cuestión que tal vez podía ser negocio? ¿Para debilitar a Camps y a Rajoy de rebote? Lo encuentro un poco delirante. A día de hoy si los del PP cambian a Rajoy por Esperanza Aguirre los del PP de Catalunya se cortan las venas y los del PSOE se ponen a tirar cohetes. No sé tal vez tengo una visión muy “regional” de los candidatos pero no veo a Aguirre como una candidata a nivel del estado.

25. Comentario de Mar (27/09/2009 22:28):

    Escribo lo que sigue defendiendo suscribiendo esto:
    “El País (o cualquier otro medio) no está obligado a publicar sólo delitos probados o indicios de delitos con base. Si un tema tiene interés informativo a nivel político y supone un comportamiento poco ético por parte de un personaje público aunque no sea delito puede publicarlo. Otra cosa es que todo parezca al final un circo y saquen conclusiones en base a material que no permite tales conclusiones.
    Pero bueno, eso lo hacen de todo desde cuando hablan de cine hasta cuando hablan de fútbol.”

    Que exageren lo de la financiación ilegal no es motivo para deslegitimar toda la información dada.

    Sobre lo de Zaplana, se oye desde el principio. Se dice que él es quien instigó a concejales o miembros del PP para que alguien de dentro diera un chivatazo.

    Sobre la recusación, la postura de la Consellera es la tuya, Andrés, respecto de la recusación:

    “P. ¿Cree que la oposición fue incoherente al no pedir la recusación de De la Rúa?

    R. Los mecanismos legales y jurídicos -que la ley establece para alguien que piense que ha visto vulnerados sus derechos- están ahí para utilizarlos. Que se acuse al presidente del TSJ y al vocal del poder judicial en los medios de comunicación y no se utilicen los mecanismos legales para plantear una recusación sólo lo puedo interpretar como una utilización partidista de las instituciones públicas.

    P. Entonces considera que no se puede hablar de que exista una relación de amistad.

    R. El que de verdad crea que hay una amistad o que se está produciendo uno de los casos de recusación que preve la ley orgánica del poder judicial tiene los mecanismos legales para utilizarlos. Pero si nadie los utiliza, luego no se puede difamar ni intentar contaminar a la opinión pública. La oposición está buscando permanentemente atajos para desgastar al Gobierno valenciano. Utilizar la justicia para estos fines es de una irresponsabilidad absoluta porque produce el descrédito de las instituciones y les resta garantías y seguridad jurídica. Los socialistas están buscando lo que no consiguieron en las urnas por otros medios y eso me parece intolerable”

    Pero que la Fiscalía o la acusación particular no recusaran a De la Rúa tiene su sentido político.
    Probar esa amistad íntima, con el grado de amistad requerido para que prospere la recusación, http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/lo6-1985.l3t2.html#c5, es difícil de probar.
    Todavía lo es más si esas relaciones se pueden medianamente enmarcar en la “relación institucional” que une a ambas personas, que es lo que mantiene de la Rúa para no abstenerse.
    Tanto los servicios jurídicos del PSOE como la Fiscalía saben eso. Con una recusación que no prospere se ha acabado la baza política de exigir que de la Rúa se abstenga y de señalar eso como algo no ético institucionalmente.
    Actuar así tiene su sentido en el juego político.

    Pero de la Rúa parece, por lo que dice El País, que lo que intenta es buscar de nuevo el apoyo del PP para que lo vuelva a nombrar presidente del TSJ o lo postule para el Supremo, ahora que parece que el Partido se inclina por otro juez, Pedro Castellano, creo. Y que ésa es la razón de su enquistamiento para negarse a investigar más y favorecer así a Camps. Y Ceres, tampoco está muy hinchado de excelencias jurídicas para el puesto que ocupa y parece que le debe la permanencia en el TSJ a De la Rúa.
    Que sea verdad o mentira, a saber, pero que lo de los pisos, que se paguen en todas las CCAA a los presidentes de TSJ no invalida que aquí se critique o se critique el cambio de criterio seguido por el gobierno autonómico que con Eloy Velasco como responsable de la Dirección General de Justicia era el acabar con esos privilegios.

    Respecto a lo de Montero…, he estado pensando esta tarde.
    Me parecía llamativa esta tarde en el sentido que tú, Andrés, exponías. Si el rechaza el informe, no será porque no hay nada jurídicamente con miga en él.
    Pero ahora su actitud me parece más propia de un hombre con rectitud jurídica excesiva:
    – no debió de estar de acuerdo con no juzgar a Camps por cohecho impropio por cómo se perfila este tipo penal en el Auto, que es forzada.
    – y no debe de estar de acuerdo con que se investigue el informe por no tener relación directa con el cohecho impropio.
    Ambas posturas son propias de quien interpreta la ley muy unida a sus términos. El tema está en que fue la Sala la que limitó el objeto al cohecho impropio.
    Lo que digo ahí es un poco aventurado por mi parte. Para ver si esto es así tendríamos que ver las razones de su voto particular, en el que consideraba que sólo debía archivarse el caso respecto de Costa. Pero es una posibilidad razonable. El texto del voto particular no lo he encontrado.

    Sí he encontrado el auto. Y le he echado un vistazo. Lo he buscado porque de la explicación de los hechos que haces. Andrés, no me queda claro quien delimitó el objeto del proceso aquí. Parece ser que sí que fue la Sala de lo Civil y Penal del TSJ Valenciano con estos argumentos – pongo en mayúscula el texto del Auto-:

    CUANDO LA SALA DE LO CIVIL Y PENAL YA HABÍA
    DELIMITADO, AL ADMITIR SU COMPETENCIA, EL OBJETO DE ESE PROCESO A LAS CONDUCTAS DEL
    COHECHO PASIVO IMPROPIO, CONOCIENDO DE LAS CONDUCTAS SOBRE LAS QUE SE POSTULA LA
    AMPLIACIÓN –del objeto del recurso que sostiene aquí la fiscalía- OTRO ÓRGANO JURISDICCIONAL, LA SALA DE LO CIVIL Y PENAL DEL TRIBUNAL
    SUPERIOR DE JUSTICIA DE MADRID Y, POR TANTO, DENTRO DEL OBJETO MÁS AMPLIO DE OTRO
    PROCESO EN CURSO.
    (…)

    Pregunta: no pueden investigar unos hechos dos órganos jurisdiccionales y coordinar sus actuaciones?

    En un informe del Ministerio Fiscal de Madrid se decía que eran hechos escindibles de la causa de Madrid y que se trataba de REGALOS QUE, EN EL ESTADO ACTUAL DE LA CAUSA, NO
    APARECEN RELACIONADOS CON UNA ACTIVIDAD CONCRETA DE LAS MERCANTILES VINCULADAS A
    FRANCISCO CORREA”.

    FINALMENTE, Y A MODO CONCLUSIVO, SE DECÍA EN EL APARTADO QUINTO DEL INFORME
    DE 14 DE ABRIL ANTES CITADO: “…LOS HECHOS QUE EL FISCAL CONSIDERA DEBEN SER
    INVESTIGADOS POR EL TSJ DE VALENCIA SON EXCLUSIVAMENTE LOS ATRIBUIDOS A FRANCISCO
    CAMPS ORTIZ Y RICARDO COSTA. DICHOS HECHOS CONSISTEN EN LA RECEPCIÓN DE DÁDIVAS
    PROCEDENTES DE ALGUNO DE LOS IMPUTADOS EN LA PRESENTE CAUSA SIN QUE, EN EL MOMENTO
    PRESENTE Y SIN PERJUICIO DE LO QUE RESULTE DE LA POSTERIOR INVESTIGACIÓN, RESULTEN
    VINCULADOS A UNA CONCRETA ACTIVIDAD DEL ENTORNO DEL FRANCISCO CORREA…”.

    ¿Es que de ese informe no se infieren actuaciones que puedan hacer cambiar ese criterio? ¡!

    Y, finalmente, parece qua la razón del archivo del caso fueron éstas:

    NO CUESTIONÁNDOSE LA POTENCIALIDAD DE QUE LA ENTREGA DE PRENDAS DE VESTIR PUEDA
    CONSIDERARSE DÁDIVA A EFECTOS DEL DELITO DE COHECHO IMPROPIO, HEMOS DE ANALIZAR LA
    CONCURRENCIA DEL CUESTIONADO ELEMENTO CAUSAL, DE LA NECESARIA CONCURRENCIA DE LA
    RELACIÓN DE CAUSALIDAD ENTRE LA ACEPTACIÓN DE LA DÁDIVA POR LA AUTORIDAD O FUNCIONARIO
    PÚBLICO, Y QUE LA FINALIDAD DE LA MISMA SEA “EN CONSIDERACIÓN A LA FUNCIÓN”
    DESEMPEÑADA POR ÉSTE ÚLTIMO. YA VIMOS EN EL RAZONAMIENTO ANTERIOR QUE ESA RELACIÓN
    DE CAUSALIDAD ES, SEGÚN LA JURISPRUDENCIA, ELEMENTO DETERMINANTE DEL TIPO.

    YA INDICAMOS, QUE LA FINALIDAD DE LA REFORMA LEGISLATIVA REALIZADA EN EL AÑO 1991,
    PRECISAMENTE, ABUNDABA EN LA NECESIDAD DE REALZAR Y RECALCAR UNA RELACIÓN CONCRETA
    CON LA “FUNCIÓN“ EJERCIDA. EN ÉSTE SENTIDO, LA RESOLUCIÓN RECURRIDA (FUNDAMENTO
    JURÍDICO SEGUNDO APARTADO C), NO APRECIA QUE EXISTA NINGUNA ESPECIAL RAZÓN QUE
    JUSTIFIQUE EL OBSEQUIO, PUES INDICA: “…NINGUNA CAUSA O RAZÓN DIFERENTE DE LA ATINENTE
    A LA CONDICIÓN PERSONAL DE LOS RECEPTORES DE LAS PRENDAS Y A LA FUNCIÓN PÚBLICA QUE LOS
    MISMOS DESEMPEÑABAN, QUE PERMITA EXPLICAR POR QUÉ MOTIVO ÁLVARO PÉREZ O LAS
    SOCIEDADES A LAS QUE EL MISMO ESTABA VINCULADO TUVIERAN QUE OBSEQUIARLES DE AQUÉL
    MODO”. ES DECIR, QUE SE DESCARTA INCLUSO UN POSIBLE AGRADECIMIENTO POR LA
    ADJUDICACIÓN CONTRACTUAL OBTENIDA, E INCLUSIVE SE REITERA, QUE NO SE TENDÍA A LA
    OBTENCIÓN DE UNA DETERMINADA CONTRAPRESTACIÓN (FUNDAMENTO JURÍDICO SEGUNDO IN
    FINE).
    POR TANTO, NO CABE CONCLUIR QUE SE HAYA LESIONADO O PUESTO MÍNIMAMENTE EN
    PELIGRO EL BIEN JURÍDICO PROTEGIDO POR EL TIPO PENAL Y RELATIVO A LA CORRECTA ACTUACIÓN
    DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y LA IMPARCIALIDAD DE SUS DECISIONES.

    La argumentación anterior que lleva a cerrar el caso para mí evidencia:
    – que el tipo penal dice que no se pueden admitir regalos de ningún tipo ni que lo permitan los usos sociales ni que no, pero luego las interpretaciones modifican el espíritu de la norma
    – que con esa sofisticación jurídica sería muy difícil que prosperara la recusación de De la Rúa
    -que si lo que hace que archiven el caso es que el bien jurídico protegido, el buen funcionamiento de la Administración, esté a salvo. Con ese informe deberían replantearse si por cohecho propio o por blanqueo de dinero o lo que sea…, sigue estando ese bien jurídico tan protegido como afirman.

26. Comentario de Mar (27/09/2009 22:33):

    Siento lo largo que me ha quedado lo anetrior.
    La verdad que este tema lleva atormentándome un tiempo y hoy he aprovecha para centrarme más en él y quería compartir lo visto con vosotros.

    Andrés, quizás por la deriva jurídica de los comentarios, esto es más propio de tu blog. ¿No podrías abrirle allí una entrada para seguir lo que ocurra?

    Por último, galaico 67,quise contestarte en verano a una respuesta que me dabas en el blog de Andrés,pero tras tener escrito el mensaje el ordenador lo borró. Luego ya no pude conectarme.
    Aprovecho ahora para disculparme y decirte que el código penal en principio no admite que se reciba ningún regalo ni que sea aceptado por los usos sociales ni que no porque delimitar lo que para uno es tener dos dedos de frente es difícil cuando a tu vecino leparece que tener dos dedos de frente es otra cosa.
    Pero del auto del TSJ CCVV se desprende que la doctrina jurídica siempre busca cómo perfilar esos tipos en función de esos usos sociales, o que la verdad no sé si es positivo o negativo.
    Ahora mismo y así, en caliente, me parece que atenta contra el espíritu de la norma.

27. Comentario de Guillermo López (27/09/2009 23:06):

    Jordi, yo creo que en El Mundo le tienen bastantes ganas a Camps por estropearles -en el congreso de Valencia y en la fase previa de acoso a Rajoy- el chiringuito que ya tenían montado con Aguirre y que, con esto, con el olfato que caracteriza a Pedro J. para morder, se lanzaron a saco. Luego se han tranquilizado bastante (entre otras cosas porque el que más está marcando la pauta informativa con las grabaciones y demás es El País). Por cierto, hoy Pedro J. dedicaba su homilía dominical a las desavenencias Prisa – Zapatero, qué bien que se lo habrá pasado escribiéndola, el muy J.!

    Coincido contigo en que Aguirre es una candidata demasiado esquinada para caer bien en “provincias”, pero vete tú a saber, que aquí la gente vota mucho a la contra. Ya sabía bien ella lo que se hacía no resignándose tras los resultados de 2008, con la crisis que se avecinaba.

    Un cordial saludo

28. Comentario de xangal (28/09/2009 13:33):

    Por cosas como éstas me encanta esta página. Enhorabuena.

29. Comentario de de ventre (28/09/2009 18:51):

    perdonad mi ignorancia en temas jurídicos, pero me importa poco la consideración de “delito” o “falta”, la financiación ilegal pasaría en este caso por no pagar un duro por los actos del pp y que los pagarán constructoras, recompensadas a su vez con contratas de obra pública, es decir, los valencianos.

    en cuanto a desvincular el informe por no tener relación con el cohecho impropio, en fin, si no me equivoco, el cohecho impropio es recibir regalos sin contrapartida aparente. el informe demostraría que sí habría habido contrapartida, así que, efectivamente no habría sido cohecho impropio, sino más bien cohecho cohecho.

    ah, el pais también cita que el fiscal vive en el palacete y explica que se lleva cierto tiempo queriendo cambiar esa regalía y también a delarúa himself.

    andrés, con todos los respetos, ¿y si te lees el artículo y luego ya cuentas cosas?

    j

30. Comentario de Andrés Boix Palop (28/09/2009 21:56):

    De ventre, no me apetece seguir con el tema, dado que a Guillermo le parece que desvía el tema (disculpas también a Mar por no contestar), pero no me resisto a apuntar una serie de datos que permiten evaluar la “información” dada sobre el asunto del palacete que la Generalitat le paga a De la Rúa.

    La vivienda oficial del presidente del TSJ y del Fiscal jefe es una tradición, quizá absurda (de hecho, así lo creo) pero que, por supuesto, nada tiene que ver con la Generalitat Valenciana. Así era durante el franquismo (con el presidente de la Audiencia de la época y el fiscal jefe), así sigue siendo con otros muchos altos cargos (por ejemplo, los delegados y subdelegados de gobierno) y así lo organizó el Estado en todas las Comunidades Autónomas. Éstas, simplemente, han heredado esa situación. Y la Generalitat Valenciana, por eso, le paga la casa al Fiscal Jefe y al Presidente del TSJ. Tanto a éstos como a los anteriores. Como les pasa al resto de comunidades autónomas, que heredaron esta misma situación.

    Que un periódico informe, escandalizado, de que el Gobierno de Camps paga un palacete al presidente del TSJ y lo ponga como prueba de que ese juez está comprado, a la vista de esos hechos, demuestra muy mala fe (o una ignorancia supina, que no creo). Que oculte que el Fiscal Jefe, que es el que jerárquicamente ordena a los fiscales actuar, también vive en ese mismo palacio, y lo “venda” informativamente como que, para que no cantara el regalo de vivienda gratis en palacete han tenido que hacerle un hueco, es una manipulación muy burda y grosera.

    Por no divagar, antes no he dado la explicación detallada. No sé si esta te vale más. También podemos informar, si lo estimas pertinente, sobre las obras y mudanzas en las viviendas oficiales y los cambios tras el traslado de muchos órganos judiciales a la ciudad de la justicia. Pero vamos, no creo que sean detalles de mucha importancia.

    Ignoro si Eloy de Velasco quiso o no eliminar la regalía. El caso es que no lo hizo. No creo que fuera por presiones de Camps, que si no recuerdo mal, en esa época, ni era President ni tenía nada que decir sobre el tema.

31. Comentario de popota (29/09/2009 14:32):

    A todo esto, la prensa nacionalista española vendió como una represalia del malvado gobierno Ibarretxe que les quitara los pisitos a jueces y fiscales.

32. Comentario de de ventre (29/09/2009 17:40):

    maldito ibarretxe, ya sabía yo que eta tendría algo que ver!

33. Comentario de de ventre (29/09/2009 17:59):

    bueno, ahora más en serio; ¿me podría explicar jurídicamente alguien por qué no se pidió la recusación de De la Rúa?

    ya puestos, según tengo entendido un tipo en plan “abogado-justiciero” ha denunciado a dlrua al CGPJ o al supremo, o a la cccp, ¿esto tiene opciones de prosperar?, ¿quién es el tipo ese?

    también han aparecido unas manchas en mi sofá de naturaleza dudosa. una amiga me ha dicho que con baños de algodón salvaje en tisana de malvasía se irán tras tres semanas de aplicación, ¿qué me recomendáis?

    con que alguien me diga algo de las dos primeras preguntas me conformo

    j

34. Comentario de Andrés Boix Palop (29/09/2009 18:15):

    Joder, popota, eres un pozo sin fondo de datos descacharrantes sobre todo tipo de asuntos. Dime que “El País” formó parte del escuadrón de críticos y le envío el artículo a Lydia Garrido, que es la periodista de tribunales de Valencia que ha escrito lo del “palacete”.

    De ventre, trato de responder sintéticamente a tus preguntas:
    – Porque era imposible que prosperara. La recusación/abstención sólo se entiende jurídicamente debida cuando la relación es de una intimidad personal y no un mero “buen rollo” o incluso “colegueo” derivado de relaciones institucionales (por muy fluidas que puedan ser y por muy cercanos ideológicamente que puedan ser los jueces en cuestión a los políticos de turno). Según la trinchera esto se traducirá en “no se presentó porque sabían que no prosperaría porque, de hecho, NO son amigos” o en “no se presentó porque sabían que no prosperaría porque, de tan exigentes que son los tribunales para aceptarlas y de tan exigentes los requisitos y pruebas de amistad que se requieren, es imposible lograrla salvo que sean, en verdad, no sólo amigos, sino íntimos de toda la vida”. En realidad, si lo piensas, tampoco son ambas interpretaciones tan incompatibles.

    – Normalmente hacer predicciones sobre la solución de cuestiones jurídicas es complicado, pero en este caso no:
    a) no tiene ninguna posibilidad de prosperar salvo si se demostrara, de alguna manera, que Camps y De la Rúa son íntimos de la leche (algo, por otra parte, que no parece que así sea);
    b) parece ser que un loquito con ganas de notoriedad al que, eso sí, el TS, para arrearle una patada en los cojones al constitucional, con quien andaban cabreados, empleó como excusa, reportándole gloria y fama.

35. Comentario de de ventre (29/09/2009 18:30):

    y de lo de las manchas del sofá?

    ahora en serio, gracias

    j

36. Comentario de Mar (29/09/2009 18:45):

    Sorprendente, Andrés, que de todas las cuestiones te quedes con la del piso que fue más o menos anecdótico en el relato de El País.

    Y yo, para ayudar a Rajoy resumo:

    – En Madrid derivan un caso a los Tribunales Valencianos diciendo que hay unos regalos hechos al Presidente de la GVA dudosos.

    – Un informe del Ministerio Fiscal señala que parece que no están relacionados con actividad comercial alguna y por eso el TSJ de la Comunidad Valenciana establece como OBJETO DEL PROCESO el cohecho impropio o pasivo que es aquél por el que no se reciben regalos a cambio –artículo 426 CP-

    – Ése artículo dice: “La autoridad o funcionario público que admitiere dádiva o regalo que le fueren ofrecidos EN CONSIDERACIÓN A SU FUNCIÓN o para la consecución de un acto no prohibido legalmente, incurrirá en la pena de multa de tres a seis meses”. Según la doctrina el bien jurídico que protege este artículo es el BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN

    – Se archiva el caso por considerar que sí, que ha habido regalo de trajes pero que Camps no los recibió EN CONSIDERACIÓN A SU FUNCIÓN y que por su recepción no ha habido daño al bien jurídico que protege el artículo 426 CP, EL BUEN FUNCINAMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN.

    – La policía elabora un informe del que parece que se desprende que quizás los trajes pudieron recibirse por algo y lo envían al TSJCCVV y DECIDEN que no entran a estudiarlo porque NO TIENEN QUE VER CON EL OBJETO DEL PROCESO, el cohecho impropio o aquél por el que se reciben regalos sin ser a cambio de nada. Ése objeto había sido determinado por el mismo Tribunal que ahora rechaza entrar a estudiarlo y lo reenvía al TSJde Madrid

    – Estudiar ese informe puede suponer que el bien jurídico, BUEN FUNCINAMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN sí se haya dañado y el cohecho impropio sea propio o activo, es decir, que los regalos se recibieron a cambio de algo, o que hay otros delitos detrás. Las empresas que supuestamente abonaban el dinero a Orange Market para sufragar los gastos de los actos electorales del PP han recibido muchas adjudicaciones de contratos públicos de la GVA. ¿Habrá detrás un pago por algo?, ¿qué será ese algo?, a ver, a ver… pensemos.

    ¿Se va a estudiar algún día en la CCVV todo este asunto globalmente?, ¿se puede volver a abrir un nuevo proceso a Camps por otro delito si hay nuevas pruebas?

    Hay tufo feo en todo esto y coincido 100% con Guillermo en que los principios jurídicos que adornan una actuación política, por ser legales, no validan dicha actuación política.

37. Comentario de Mar (29/09/2009 19:04):

    de ventre,
    sobre lo de De la Rúa, jurídicamente es difícil que prosperara por la dificultad de la prueba y eso no era una buena baza política.
    ¿Cómo demostrarías tú una amistad íntima? Piénsalo.

    Pero que no se pueda probar la amistad íntima no borra que en la CCVV, antes de todo este follón, en actos institucionales con presencia de ambas figuras, Camps y de la Rúa, había entre los dos más elogios de los deseables para ser uno representante del poder judicial y otro del ejecutivo y ser un principio político sobre el que se inspira nuestro sistema institucional la separación de los tres poderes.
    Ese colegueo debería, auque sólo sea por cuestiones estéticas, empezar a eliminarse ya.
    Y las posiciones institucionales que ambas personas ocupan podría ser un argumento que flexibilizara el grado de detalle necesario para probar la amistad íntima.

38. Comentario de Andrés Boix Palop (29/09/2009 19:05):

    Está bastante bien resumido, Mar. Con algunas matizaciones:
    1. El auto no dice que Camps recibiera los regalos. Dice que, a la vista de la actividad realizada por el instructor, es posible que así sea. Dice también que, a la vista de otros elementos, también es posible que no sea así. Pero que, por no ser irrazonable la deducción del instructor, ellos no entran en eso, que, en su caso, tendría que ser contrastado, o no, en el juicio oral.
    2. Quien determinó el objeto del proceso no fue la Sala, que únicamente resolvía un recurso sobre una actuación del instructor, sino el instructor. La Sala, lógicamente, está vinculada a lo que tenía que analizar, la decisión del instructor sobre un cohecho impropio. Es lógico que no le interese un informe que nada aporta sobre el cohecho impropio.
    3. Si de ese informe policial, o de cualquier otra investigación, se deducen indicios de delito cometido por cualquier aforado, el instructor de ese asunto lo enviará de nuevo al TSJ de Valencia para que se inicie una nueva instrucción. Hasta el momento, no parece que haya sido el caso. Digo yo que será porque el juez que ha imputado a decenas de personas a partir de esos informes no ha visto en los mismos, al menos de momento, indicios de delito de nadie más. Si no, los habría imputado. Y si no podía él, se lo habría enviado al juez correspondiente por ser competente para que éste actuara.

    Desde un primer momento he dicho que una cosa es el escándalo político y otra las consecuencias jurídicas. Coincido pues, también, al 100% con vosotros en eso. Pero si de lo que hablamos es de las consecuencias jurídicas, pues habrá que hacerlo con un mínimo de cuidado (y esto no va por Guillermo, sino por “El País”).

    Y no me centro en lo del “palacete”, pero es que esa supuesta “noticia” es para descojonarse. Y si encima, como dice Popota, ese mismo periódico puso a parir a Ibarretxe por eliminar las residencias oficiales, la cosa merece ser recordada, ¿no crees? Además, son cosas relevante, porque el problema es que, si una noticia se basa en construcciones y elucubraciones de un periódico, con base en su credibilidad, y los pocos datos que aporta, a poco que uno rasque, no se corresponden con la realidad…

    De momento, a pesar de ese tufo que dices, hay varios jueces (el de Madrid que dirige la instrucción de Gürtel, el instructor de Valencia y la sala del TSJ) que no han estimado demasiado relevante, a efectos de imputar a ningún alto cargo del PP de Valencia, el informe de marras que tú, dando mucha credibilidad a “El País”, crees que es muy relevante. Y a lo mejor tienes razón. O no, porque incluso aun siendo verdad que todo esté lleno de corruptos pudiera ser que el informe no pruebe nada y que los diversos jueces no sean tan majaderos ni estén todos comprados. Tampoco conviene descartar la hipótesis de que sean inocentes, por cierto, si no se prueba su culpabilidad. Lo digo por eso de que esto es un Estado de Derecho y tal.

    Pero vamos, que tampoco está de más, antes de empezar a acusar a los jueces (y además a jueces que están investigando estos casos) de connivencias raras, darles un voto de confianza y esperar a ver si imputan a alguien (y por qué) o si no imputan a nadie (y por qué).

    GUILLERMO, PERDONA, YO NO QUERÍA, DE VERDAD. PERO ES QUE SIGUEN PLANTEANDO COSAS…. MIL DISCULPAS POR SEGUIR DESVIANDO EL HILO.

39. Comentario de Guillermo López (29/09/2009 19:38):

    Continúa, hombre de Dios, continúa. Yo, como buen español, me doy por contento con que las hostias no me lluevan a mí, que ya me veía desempolvando mis apuntes de derecho de la información, por aquello de contestar a algo!

40. Comentario de Pac-Man (01/10/2009 01:30):

    Como persona ajena al mundo derecho tengo algunos interrogantes que no termino de tener muy claros:

    1. ¿Puede imputar el TSJ a aforados valencianos? ¿Si entran aforados de distintas autonomías no debería pasar el caso al Supremo? ¿No sería más lógico agrupar las dinstintas causas en una?

    2. Sobre el contrato de Fitur parece haber indicios de que la adjudicación no fue muy limpia… Aquí tenéis una muestra, aunque es la versión resumida (ya sabéis, hay que suscribirse…) y faltan la mayoría de los datos:
    http://www.elmundo.es/elmundo/2009/09/29/valencia/1254257274.html

    3. Creo recordar que Garzón sí que advertía en el auto por el que delegaba el caso el TSJCV indicios (o al menos instaba a investigar) sobre otros delitos al margen del cohecho impropio, y aludía a la famosa caja Barcelona. Vamos, que el tufete ya tiene tiempo.

    4. Entiendo que si el TSJ no recibió antes el informe policial en el que supuestamente se documentan indicios de delito (pagos en negro, doble contabilidad, facturas falsas, adjudicaciones dudosas…), quizás fue un poco apresurado zanjar el asunto con tanta celeridad, ¿no?

    Por otra parte, volviendo a la polémica de las filtraciones son denostables pero cabe recordar que en parte gracias a eso vive el periodismo. Y, por degracia, se producen en todas las direcciones. No en vano, tanto El País como El Mundo tienen el dichoso informe.

41. Comentario de Pac-Man (01/10/2009 01:55):

    Y añado, si el juez Pedreira no incluye a Costa, Rambla y cía. en la lista de imputados en la causa ue se instruye en Madrid, ¿significa que tampoco ve delito en la investigación de la Brigada de blanqueo de Capitales? ¿O puede inhibirse en favor de Valencia?

42. Comentario de Andrés Boix Palop (01/10/2009 08:20):

    No, Pac-Man. El TSJ de Madrid no puede imputar a aforados valencianos. Pero si encuentra indicios de delito por cosas distintas al cohecho impropio tendría que enviar la causa, analizando los indicios y haciendo una calificación somera de los posibles delitos, al TSJ de Valencia. De momento, al parecer, no lo ha hecho.
    Es decir, que ni ha imputado, de momento, a no aforados de los que supuestamente el informe probaría esos delitos (Costa…) ni ha enviado nada al TSJ de Valencia.

    Por cierto, sí ha imputado al famoso Sastre “estrella” del caso, principal testigo de cargo en el asunto de los trajes. Y conviene recordar la jurisprudencia del TS sobre la fiabilidad que hay que dar a las declaraciones de personas acusadas de cometer delitos que para exculparse imputan acciones delictivas a otras personas.

    De modo que:
    – O Pedreira, el que acaba de imputar a 70 tíos, es un blando y está vendido al PP, también, como los jueces de Valencia;
    – O, de momento (lo que no significa que en unos días la cosa pueda cambiar), no ha encontrado nada de peso, incluido el famoso informe, para probar delitos de nadie más.

    Yo supongo que será lo primero, y que habrá algún palacete de esos que regala Camps con el dinero de los valencianos a los jueces de por medio.

43. Comentario de de ventre (01/10/2009 10:24):

    andrés, disculpa la confianza pero reconoce que la cosa no tiene buena pinta, a no ser que creas en el rollo de que el informe policial está más apañado que el españa-malta.

    en cuanto a que camps se saliera de rositas por lo del cohecho impropio, podrías aclararme (sin segundas) si el auto reconoce que el traje fue un regalo o si se limita a decir que no se sabe con seguridad?

    j

44. Comentario de Andrés Boix Palop (01/10/2009 13:52):

    Es que yo creo, que es lo que llevo intentando decir desde hace tiempo, que el informe, si lo analizas con ojos críticos (o, al menos, lo que han publicado los distintos medios de información del informe), no contiene pruebas de nada. Contiene muchos elementos que, si los quieres construir desde la “desconfianza”, te permiten afirmar que, en efecto, algo huele mal. O muy mal. Pero que, si los construyes desde una alternativa explicativa exculpatoria, también son razonables. Por eso, desde un análisis jurídico, no prueban nada. Al menos, ya digo, lo ya publicado. Haz tú mismo el ejercicio de analizar críticamente qué prueba de cargo hay en todo lo publicado. Quizás por ese motivo, de momento, Pedreira no ha imputado a nadie por los delitos conexos (facturas falsas, defraudación a Hacienda) que la explicación basada en que hay financiación ilegal provocaría.

    El auto lo puedes encontrar en casi cualquier mediateca de los diferentes periódicos. Mar se lo ha mirado y te podrá decir dónde exactamente. Yo me lo bajé en su día de allí pero ahora no recuerdo de qué site. Lo que dice, más o menos, es lo que comento, que ellos entienden razonable la explicación del instructor y, como sala de apelación, no entran a juzgarla y la dan por buena porque sólo la enmendarían si entendieran que es absolutamente incoherente o irrazonable, que no es el caso. Pero dicen que también puede ser una explicación coherente la que explica los datos que obran en el sumario desde la óptica de que sí se pagaron los trajes. Y que, por ello, en todo caso, eso habría de ser aclarado en el juicio.

45. Comentario de Pac-Man (01/10/2009 16:58):

    Lo que pasa es que el informe policial de marras ‘pringa’, sobre todo, a aforados. Quiero decir, Costa es aforado, Yolanda es aforada, Serra ídem, y Rambla entiendo que también. Por no hablar del ‘curita’. La única que se escaparía de su condición de aforada sería la (primera) ‘dama’ del laboratorio. Vamos, que sí o sí el caso tiene que ir al TSJCV.

46. Comentario de Pac-Man (01/10/2009 16:59):

    Añado, si es que es verdad que el informe prueba algo.

47. Comentario de Andrés Boix Palop (01/10/2009 19:35):

    Sí, en eso tienes razón, si se entiende que los delitos los han cometido ellos. Pero, ¿qué delito? Si se trata de los empresarios que hacían, supuestamente, facturas falsas, en cambio, no son aforados y podrían ser uzgados junto a toda la trama. Vamos, o eso creo (el derecho procesal tiene sus sutilezas y a mí me pilla un poco lejos).

48. Comentario de Jordi (02/10/2009 11:44):

    Hoy ha continuado este embrollo con una denuncia de Iniciativa del Poble Valencià:

    “Iniciativa pel Poble Valencià, uno de los partidos que conforma la coalición Compromí pel País Valencià ha presentado una denuncia contra el presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV), Juan Luis de la Rúa, por prevaricación, al haber archivado la investigación valenciana del caso Gürtel en la que estaba implicado su “más que amigo” Francisco Camps, presidente de la Generalitat y del PP de dicha comunidad.”

    Ignoro si esta denuncia tiene la más mínima posibilidad de prosperar, pero en el texto de la noticia publicada en El País ha habido un párrafo que me ha sorprendido:

    “Dos de los tres magistrados que componían la Sala, entre ellos De la Rúa, consideraron que no existía relación entre los “agasajos” que pudieron recibir los imputados y la adjudicación de contratos públicos a Orange Market.

    El otro magistrado emitió un voto particular en el que cuestionaba la interpretación del artículo 426 del Código Penal (cohecho impropio) que han hecho los otros dos jueces y admitía no estar “convencido” de que los hechos “no sean constitutivos de delito”.”

    Es decir según parece uno de los magistrados no tenía tan claro que los hechos no fueran delictivos, a no ser que el artículo también esté tergiversando la situación que yo ya no sé donde piso la verdad. Además la actitud que están teniendo en los últimos días los dirigentes estatales del PP parec e como si no las tuvieran todas consigo.

    El enlace a la noticia:

    http://www.elpais.com/articulo/espana/Compromis/denuncia/juez/Rua/prevariacion/archivar/causa/contras/Camps/elpepuesp/20091002elpepunac_2/Tes

49. Comentario de gus (02/10/2009 15:57):

    Como deja caer el anterior comentarista,yo también leí las palabras de de la Rúa en las que calificaba, o se calificaba, como “más que amigo” de Camps, así que respecto a la dificultad de la prueba para la recusación del magistrado me pregunto si aún se aplica el aforismo jurídico según el cual “a confesión de parte relevo de prueba”.
    Es que tenemos/sufrimos ahora por esta ínsulas de bananaria un caso sonado con una cuestión similar.

50. Comentario de Mar (02/10/2009 18:02):

    Éste es el enlace al Auto
    http://estaticos.elmundo.es/documentos/2009/08/03/camps.pdf.
    Lo importante,de la página 56 hasta la 62
    Dice que aunque se pruebe que le regalaron los trajes él no los recibió “por a su función” porque los imputados no son parte de los órganos de contratación de la Generalitat con lo que no estaríamos dentro del tipo de cohecho impropio.
    Efectivamente, puede que los imputados no se sienten en las Mesas de Contratación o en los órganos que formalmente contratan, pero interpretar eso así es formalmente excesivo.
    Y añaden que el bien jurídico que protege ese tipo penal, el del cohecho impropio, que es el buen funcionamiento del a Administración no se ha lesionado y que no hay delito que juzgar.

    Es un posible pronunciamiento basado en una interpretación que procede de la doctrina alemana, esto lo explica el Auto antes de la página 56, pero hay otras interpretaciones posibles.
    Estaría bien leer el voto particular e interpretación del magistrado que no está de acuerdo con el archivo del caso.
    No me hago con él. Si alguien lo tiene, por favor, que lo cuelgue.

    Yo tampoco quiero que se culpabilice alguien que sea inocente pero sí que quiero que se investigue con una visión global y no que se cierren investigaciones antes de tener los máximos datos posibles. O que se vuelva a abrir la investigación, en su caso.
    Pero no me gusta que no prosperen las posibles nuevas investigaciones porque el juez que recibe el informe de la policía considera que no quien se lo ha enviado no es su equivalente jerárquico.

    La devolución del informe se ha producido porque formalmente se planteó por un magistrado y no por una Sala.
    Una incorrección formal que a mí me parece irrelevante, auque quizás con ello me estoy cargando los pilares más hondos y profundos y mejor enraizados del Estado de Derecho.

    Procesalmente esto es lo que el domingo comentaba EP que podría pasar:

    “Pero no es sólo esto: ese informe también llegó al Superior de Valencia por otra vía. Le fue remitido este verano por el magistrado instructor del caso Gürtel en Madrid, que se inhibió de investigar su contenido en favor del Superior de Valencia al constatar que los supuestos implicados eran casi los mismos aforados que ya estaban siendo investigados en esa comunidad. PERO LA SALA DE DE LA RÚA DEVOLVIÓ EL INFORME A MADRID Y SE ESCABULLÓ DE INVESTIGARLO, ESTA VEZ CON EL ARGUMENTO, FORMALIZADO EN UN AUTO, DE QUE PEDREIRA, EN SU CONDICIÓN DE INSTRUCTOR, NO PODÍA PER SE PLANTEAR LA INHIBICIÓN ANTE UNA SALA. Eso sólo podía hacerlo, en su caso, su homónima del Superior de Madrid.

    Por tanto, para que el informe no acabe en la papelera, el camino ahora es que Pedreira eleve a su Sala el informe que le devolvió Valencia, para que ésta decida qué hace con él. Dos son las posibilidades que pueden estar barajando la Fiscalía Anticorrupción y el Superior de Madrid, según expertos en derecho consultados. Una, elevar ese informe al órgano superior de ambos tribunales superiores, al Supremo, y que éste resuelva si se queda el asunto (al haber implicados en la trama Gürtel aforados de dos comunidades diferentes, Madrid y Valencia) o bien que dictamine quién debe investigar ese nutrido informe.

    La otra alternativa, considerada la más factible, pasa porque el Tribunal de Madrid remita ese informe al juzgado decano de Valencia para su reparto. El juzgado al que le tocase iniciaría una investigación, de la que tendría que inhibirse en favor del Superior de Valencia en el momento en que viese indicios contra aforados. Y precisamente indicios contra aforados (contra Camps y algunos de sus hombres de confianza) es lo que sobran en el informe. Conclusión: el asunto puede volver a las manos de De La Rúa, el amigo de Camps”
    http://www.elpais.com/articulo/espana/Ida/vuelta/caso/Gurtel/elpepiesp/20090927elpepinac_7/Tes

51. Comentario de Andrés Boix Palop (07/10/2009 12:20):

    El espectáculo informativo de hoy sobre el sumario de “Gürtel”, supuestamente “publicado” por el juez, es de traca y, de creernos la escandalera mediática organizada, la corrupción del PP afecta a 4 CCAA y varios cientos de políticos de primera fila del PP. Sorprendentemente, el mismo juez que lleva meses con la investigación y de donde se nutre la meritoria labor periodística de denuncia va y resulta que no imputa a esos político. Y de eso no informan los periódicos, o no lo resultan, sino que dan por hecho que los más exóticos comportamientos (que te regale un compañero de partido un reloj, o que te compres un coche) son, por lo visto, delictivos y constituyen un escandalazo tremendo. Tanto, que son portada.

    Jurídicamente, me llaman la atención varias cosas:
    – La desfachatez con la que la Policía en este país graba conversaciones de presos con sus abogados. Esta es una práctica abiertamente inconstitucional y vergonzosa que en España se ha consentido con los abogados de presos de ETA usando todo tipo de excusas a cual más chunga. Frente a las minoritarias denuncias contra estos comportamientos, medios de comunicación y clase política, con el apoyo de un frente judicial dispuesto a lo que sea, han aceptado que así sea. El hecho de que ahora la poli haga lo mismo con esta gente es una bonita parábola de lo que pasa cuando aceptas que las garantías no valen para los etarras. Que tarde o temprano nos olvidamos de ellas para todo el mundo.
    – Un elemento adicional alucinante de todas las pruebas y conversaciones grabadas es que de ellas no resulta, o al menos no de las publicadas, prueba alguna de cohecho en Valencia. ¡Si Correa y el Bigotes andan todo el día quejándose de que no les dan nada! Y además, en ni una sola de las conversaciones aparece la más mínima referencia a trucar alguna adjudicación o a favorecer en alguna licitación. Es extraño, teniendo en cuanta la de grabaciones que hay y la supuesta ingente cantidad de colusiones corruptas, que no aparezca nada. Es más, ni siquiera se prueba el regalo de los trajes de marras. Incluso, como es evidente si uno las lee, parece deducirse todo lo contrario. ¿Por qué los medios no resaltan este dato?
    – Adicionalmente, la declaración de Correa transcrita sólo aporta un caso de tráfico de influencias supuesto: una recalificación en La Nucía. Lo más surrealista del caso es que se pone como ejemplo de tráfico de influencias donde la Generalitat habría actuado para beneficiar a la trama una operación urbanística en la que, finalmente, la Generalitat, apoyada en un informe de la CHJ, no autorizó el plan.

    Eso sí, es obvio que las conversaciones, grabadas para perseguir un delito, dan pie a todo tipo de chanzas y bromas sobre si a fulano le gustan los relojes o si mengano tiene manía al de más allá. Pero elevar eso a cometer delitos es difícil. Y que todo el escándalo quede en algo así sí que sería, en cambio, un escandalazo. Porque violando las normas de reserva que tienen las partes sobre cualquier sumario se están publicando todo tipo de conversaciones irrelevantes penalmente, así como datos penales sin ninguna relación con delito alguno, de muchísima gente. Y si todo el show se justifica sólo en las cuatro cosas que hay hasta ahora, la verdad, es para pensárselo.

52. Comentario de Andrés Boix Palop (07/10/2009 12:22):

    Mar, sobre la cuestión procesal del informe y la actuación de Montero, no acabo de entender lo que explicas. ¿Por qué crees exactamente que actúa mal y, sobre todo, por qué crees que esa actuación es indicio de connivencia con Camps, precisamente cuando él es quien emite el voto particular favorable a que se continúe la investigación? No sé, pero me parece muy difícil presentar a Montero como un magistrado de esos dedicados a salvar el culo a Camps dándole igual el rigor jurídico, dado cómo votó respecto del auto. Con lo que no entiendo la argumentación que convierte la remisión del informe de vuelta a Madrid en una prueba más de cómo e TSJ de Valencia es muy poco fiable.

53. Comentario de popota (08/10/2009 20:59):

    A mí lo que me maravilla más de la cobertura periodística es la desaparición del mundo económico. Una de las empresas del sumario tiene UTEs a porrillo con lo más granado del panorama empresarial español, todas ellas para pillar adjudicaciones de obra pública, y estamos aquí hablando de trajes y relojes.

54. Comentario de Andrés Boix Palop (09/10/2009 08:16):

    Y eso por no hablar del elemento verbenero definitivo: de todas las escuchas sólo hay una conversación en la que se trama explícitamente pedir favores políticos e ir a hablar con un amigo para que den adjudicaciones. Sorprendentemente, esa conversación sólo la he leído, de momento, en un pequeñísimo breve, oculto tras páginas y páginas de cotilleo sobre si fulano piensa que mengano es un hijoputa, sobre si zutano quiere ser conseller, sobre si camps quiere foto con obama…

    ¿Alguien adivina a quién piden el favor Correa y sus amigos?

55. Comentario de popota (09/10/2009 14:35):

    Reig, en Público:

    “De: Espectadores

    Para: Jueces

    Asunto: En las películas no vale

    Dice El País: “La conversación entre Correa y su letrado, registrada el 6 de marzo en un vis a vis en la prisión fue grabada por orden del juez e incorporada al sumario”. Los niños que vemos películas americanas nos quedamos de piedra: ¿no son totalmente confidenciales las conversaciones con el abogado? ¿Ahora puede un juez grabar lo que un acusado habla con su letrado? ¿Puede utilizarse en un juicio esa grabación o sólo en la prensa, para ir “creando ambiente”? ¿Hace falta un juicio o ya se apaña la prensa?”

56. Comentario de Andrés Boix Palop (11/10/2009 11:42):

    Suma y sigue:

    Hoy empiezan a desvelarse datos de que no sólo grababan ilegalmente todo tipo de conversaciones de los sospechosos, a ver si había suerte y les pillaban por algo, sino que con lo que iban obteniendo hacían un simpático corta y pega donde se metía todo lo que podía ser sospechoso y se iban eliminando los datos exculpatorios:

    http://www.elmundo.es/elmundo/2009/10/10/espana/1255211442.html

    La cosa es cada vez más edificante. Recordemos, además, que el fiscal actúa siguiendo órdenes directas del gobierno, como dejó claro De la Vega en su antológica rueda de prensa desde Costa Rica.

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